Utilización del trabajo de la auditoría interna

Fuente de la imagen: rvs/2020

Si eres follower de este sitio sabes de mis facetas como gerente de auditoría externa y de director de auditoría interna. En textos como “Ni seguratas ni chivatos ni detectives”[1] te confesaba lo que les decía a los sorprendidos trabajadores y trabajadoras que veían laborando al equipo de auditoría interna a extemporáneas horas (al alba o al crepúsculo). Y cuando llegaba el momento de las preceptivas auditorías externas, la auditoría interna trabajaba también como “una mula”, pero no he visto ni un informe de auditoría externa donde se reconociera la importante colaboración de la auditoría interna. A ello se une que la actual regulación de la auditoría externa en mi país no recoge la utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo.

Por eso y por otras razones, escruto con interés documentos como el recientemente publicado por el Instituto español de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sobre la Norma Internacional de Auditoría NIA-ES 610 R Utilización del trabajo de los auditores internos[2]. El objetivo de la NIA “hojeada” viene relacionado de manera directa cuando la entidad a auditar externamente dispone de una función de auditoría interna y el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna para modificar la naturaleza o el momento de realización de los procedimientos de auditoría a aplicar directamente por él, o para reducir su extensión, o utilizar la ayuda directa de los auditores internos[3]. 

En ese caso, la NIA entiende que los objetivos del auditor externo son, por un lado, determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos, y, en caso afirmativo, las áreas en las que se puede utilizar y la extensión de dicha utilización; y una vez determinada esta cuestión, determinar si en caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría. Obviamente, en el caso de utilizar la ayuda directa de los auditores internos, supervisar y revisar su trabajo. Finalmente, reiterar que en España aún no resulta aplicable formalmente la utilización de la ayuda directa de la auditoría interna. Fuente de la información: ICAC. Fuente de la imagen: rvs/2020.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Ni seguratas ni chivatos ni detectives. 2006. Sitio visitado el 29/07/2021.

[2] En relación con lo previsto en esta NIA sobre la posibilidad “de utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo”, debe tenerse en cuenta que dicha opción no resulta aplicable en España de conformidad con lo establecido en la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo respecto de la definición de “equipo de encargo” (artículo 3.11 de la Ley) y del régimen de independencia regulado a estos efectos en los artículos 14, 16.1.a.1º y 19.1.b) de la Ley y su normativa de desarrollo.

[3] Si quieres acceder al documento vía ICAC, clickea AQUÍ. Sitio visitado el 29/07/2021.

Del error inherente al error tolerable

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Por motivos docentes y de elaboración de contenidos didácticos, en el fin de semana pasado he estado inventariando bibliografía relacionada con la auditoría externa en España. Si eres follower de este sitio conoces la faceta como gerente de auditoría contable en los prolegómenos de mi actividad profesional. Recuerdo que el último trabajo que coordiné de esta índole fue el de una compañía de seguros, Paraíso Universal, entonces del entorno de Meridiano Seguros. Difícil de olvidar porque la fase de conclusiones y propuesta de informe la realicé en una habitación de hospital, acompañando en las noches a mi madre.

De todos los libros que andan cogiendo polvo en la estantería, quisiera resaltar uno que en los inicios realmente me vino fenomenal, por su tremenda “practicidad”. Se trata del texto técnico de Javier López Aldea, bajo el explícito título “Auditoría Práctica”[1], volumen 2. Como se dice en la presentación, el compendio, además de facilitar el aprendizaje en la elaboración de los papeles de trabajo, pretende ser una pauta de confección o diseño, en cuanto a contenido y objetivos, presentando con todo lujo de detalle la elaboración de unas normas para la formulación de los papeles y abundante documentación a modo de ejemplo.

Apunta López Aldea que la función de la auditoría externa es localizar solo aquellos desajustes que sean materiales y que excedan de un determinado importe, dato que se considerará material en función del riesgo de auditoría que se esté dispuesto a aceptar, así como de la evaluación del “riesgo inherente”, del “riesgo de control interno” y del “riesgo de análisis sustantivo”. Valor que, a su vez, tiene una imputación individual en el área o cuenta auditada, que se denomina “error tolerable". Parte de este texto también se ha editado en el sitio book—post, bajo el título “Auditoría Práctica”. Fuente de la imagen: archivo propio.

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[1] López Aldea, Javier. Auditoría Práctica, Vol. 2. Ed. True and Fair, S.A. 1992.

Transparencia, independencia y garantía

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Recientemente, el Gobierno de España (GE) ha aprobado dos normas que actualizan el marco contable y de auditoría, adaptándolo a la normativa europea, y que supuestamente ayudarán a mejorar la calidad de la información financiera y su supervisión, reforzando con ella la confianza de los inversores y la fortaleza de los mercados de capitales[1]. De dicha aprobación me hice eco en el sitio Contable y Fiscal, texto “Nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas en España”[2]. Se trata de dos Reales Decretos que aprueban, por un lado, el reglamento que desarrolla la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, y, por otro, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. La modificación del marco de auditoría tiene como objetivo principal completar la normativa derivada de las reformas normativas en el ámbito de la Unión Europea adoptadas como consecuencia de la anterior crisis financiera, integrada por la Directiva 2014/56[3]. El objetivo fundamental de este nuevo marco es aumentar la confianza en esta actividad y la credibilidad del informe de auditoría, reforzar la transparencia en la actuación de los auditores, su independencia y la mejora de la calidad, así como impulsar una supervisión pública uniforme en todo el conjunto de la Unión Europea. 

Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MAEyTF), el Reglamento proporcionará más claridad y seguridad en la interpretación y ejecución de las disposiciones de la Ley de Auditoría de Cuentas de 2015, contribuyendo así a incrementar la fiabilidad en la información financiera que se audita y en la que confían los terceros que actúan en el mercado. De este modo la auditoría cumple con su función de interés público[4]. Para llevar a cabo el fortalecimiento de la independencia de los auditores se establecen los mecanismos para evitar conflictos de intereses, así como los requisitos necesarios de documentación en los papeles de trabajo del encargo del análisis de las amenazas a la independencia, así como las posibles medidas de salvaguarda adoptadas. Esa documentación está sujeta a la supervisión pública para garantizar el cumplimiento de las exigencias legales. También se establece el detalle de las reglas de cómputo para determinar los límites a la dependencia económica por alcanzarse un determinado nivel de concentración de honorarios. 

En cuanto a la trasparencia sobre el trabajo de los auditores, la normativa establece un conjunto de requisitos de publicidad, entre los que destacan la obligación de emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público y la obligación de publicar los resultados de las inspecciones periódicas llevadas a cabo a esos auditores por parte del ICAC. Asimismo, en relación a la reforma del Plan General de Contabilidad, se trata de un paso importante en la estrategia de convergencia del derecho contable español con las normas financieras internacionales emitidas por el International Accounting Standards Board, así como a la Directiva de Auditoría y el Reglamento (UE) de auditoría de entidades de interés público de contabilidad financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE)[5]. Esto supone disponer de una normativa contable interna independiente y autónoma por los relevantes efectos fiscales y mercantiles que produce, pero al mismo tiempo adaptada a las NIIF-UE. Los grupos cotizados españoles ya aplican directamente las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE)[6]. Fuente de la información: MAFyTF. Fuente de la imagen: dansamu en pixabay. 

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[1] En el proceso de elaboración de estas dos normas se ha contado con la participación de los supervisores del mercado financiero y de los profesionales de auditoría, a través de las corporaciones que les representan, el Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. También profesionales del ámbito universitario y de las Administraciones Públicas y representantes de inversores y empresas, además de su debate en el Comité Consultivo de Contabilidad y la conformidad del Consejo de la Contabilidad. Esto presumiblemente debe garantizar la calidad del texto aprobado, al incorporar consideraciones de todas las partes afectadas por el mismo. 

[2] Velasco Carretero, Manuel. Nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas en España. iurepost. Sitio visitado el 17/01/2021.

[3] Estas normas tuvieron su transposición en España a través de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, que estaba pendiente del necesario desarrollo reglamentario, al que se da cumplimiento con este Real Decreto. 

[4] Esta adaptación no resulta de aplicación a las PYMEs, dado que éstas están sujetas a un régimen simplificado de presentación de informes. Tampoco se aplica a las entidades financieras, con un marco contable específico elaborado por el Banco de España. 

[5] En concreto en los ámbitos de la contabilización de los instrumentos financieros (NIIF-UE 9) y el reconocimiento de ingresos (NIIF-UE 15). 

[6] Por lo que la adaptación normativa realizada permite a las sociedades integrantes de esos grupos cotizados aplicar en sus cuentas anuales individuales un marco de información financiera adaptado a esos principios y criterios contables internacionales y por tanto más coherente con el marco empleado en el grupo consolidado.

La auditoría legal en la Unión Europea a examen

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Después del fiasco de la auditoría legal en la última crisis financiera global, la Unión Europea (UE) se planteó reformarla, con el fin de recuperar confianza en la integridad de los estados financieros informados y mejorar la calidad del propio trabajo de auditoría. Parte de la tarde del martes la pasé hojeando el informe del Parlamento Europea (PE), sobre la Reforma de la Auditoría legal de la UE. Impacto en costes, concentración y competencia[1] [2]. Aprovechándome del resumen, te transcribo que en el estudio se realiza un análisis de la evolución de la concentración del mercado, competencia y costes en el mercado de la UE para la auditoría estatutaria antes y después de la reforma de la auditoría. El trabajo se ha soportado en información técnica contenida en bases de datos de archivo y una encuesta. Fuente de información PE. Fuente de la imagen: portada del informe. 

Los principales objetivos de la reforma de la auditoría legal fueron: 1) reforzar la independencia del auditor y el escepticismo profesional; 2) hacer que el extremo superior del mercado de auditoría sea más dinámico; 3) reducir las innecesarias cargas sobre las pymes; 4) mejorar la supervisión del auditor; y 5) asegurar un mayor nivel de transparencia en la información financiera de las empresas. Se identifican tres investigaciones en torno a tres cuestiones: ¿Hay un resultado (cuantificable) de la reforma de auditoría en términos de reducción de la concentración del mercado y mayor competencia del mercado en la UE? ¿Hay una diferencia sustancial en los costos para los auditados después de la reforma de auditoría? ¿Existen inconsistencias en la implementación de la reforma de auditoría por parte de los Estados miembros y, de ser así, cuáles son las consecuencias? 

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[1] Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. Directorate-General for Internal Policies. Authors: Marleen WILLEKENS (PI), Simon DEKEYSER, Ines SIMAC PE 631.057 - April 2019.

[2] Si quieres acceder al documento en inglés, clickea AQUÍ, cortesía del ICAC. Sitio visitado el 25/04/2019.

Fin y Objetivo del Reglamento de Auditoría

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El fin que pretende el ICAC[1], con el proyecto de Real Decreto para la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), que recientemente se ha abierto el trámite de audiencia pública (y del que te informé en el sitio Contable y Fiscal, texto “Reglamento que desarrolla Ley de Auditoría de Cuentas”[2]) es cumplir con la previsión recogida en la disposición final octava de la Ley 22/2015[3], por la que se autoriza al Gobierno para que dicte las normas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta Ley.

La citada Ley adaptó la legislación interna española a los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE[4], relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, en lo que no se ajusta a ella. Junto a dicha Directiva, se aprobó el Reglamento (UE) n.º 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, si bien se incorporaron opciones a ejercer por los Estados miembros, que asimismo fueron concretadas en la referida Ley. 

El objetivo principal de este desarrollo reglamentario es dar cumplimiento a la habilitación reglamentaria establecida de forma que el reglamento que se elabore sea congruente con el nuevo marco legal, y permita su aplicación íntegra, ofreciendo a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría una mayor garantía y seguridad a la hora de interpretar y ejecutar las disposiciones de la Ley, lo que redundaría en una mejor ejecución y realización de los trabajos de auditoría, de manera que se alcance una calidad adecuada a la función de interés público que desempeña[5].

Con la nueva regulación se busca proteger la función de interés público que desempeña la auditoría de cuentas al afianzar su calidad. Para ello, se desarrollan, entre otros, los aspectos relacionados con el deber de independencia y las medidas que deben adoptar los auditores para salvaguardarla, y se precisan las normas que limitan la concentración de honorarios respecto a una entidad auditada. Asimismo, se desarrollan los principios que deben seguir los procedimientos y sistemas internos de los auditores y sociedades de auditoría para que cuenten con una sólida organización interna[6].

Finalmente, la nueva regulación desarrolla también las disposiciones específicas para los auditores de menor tamaño en cumplimiento de las habilitaciones contenidas en la Ley. Para su elaboración, se han mantenido numerosas reuniones con representantes de las corporaciones representativas de los auditores, debatiéndose pormenorizadamente su articulado. Las modificaciones entrarán en vigor, con carácter general, a partir del 1 de julio. Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ. Fuente de la información: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC.

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[1] Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de mi país.

[2] Velasco Carretero, Manuel. Reglamento que desarrolla Ley de Auditoría de Cuentas. Sitio Contable y Fiscal. 2018. Visitado el 04/10/2018.

[3]  Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

[4] Por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006.

[5] Así como del cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan de dicha normativa. 

[6]  Con ello, se asegura la efectiva aplicación del principio de responsabilidad proactiva que incorpora la Ley que se desarrolla. 

Pero, realmente ¿a quién afecta?

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Tarde llego a la cita. El motivo no es otro que trasnoché el viernes por culpa de Alex, pero ya te contaré mañana el vino que nos acompañó. Hoy quiero centrarme en las modificaciones contenidas en el Real Decreto-ley 11/2018 en relación con los cambios de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en España. Las modificaciones que se aprobaron en mi país a través del Real Decreto-ley 11/2018 en la Ley 10/2010 son consecuencia de la tardía trasposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que ya informé parcialmente en el sitio Contable y Fiscal, texto “Registro mercantil de los prestadores de servicios”[1], Pues bien, en esta semana he recibido varias consultas de compañeros y compañeras auditores, contables, abogados, economistas y otros asesores y consultores empresariales, acerca de qué prestadores de servicios en verdad están obligados, cuestión nada baladí.

Después de consultar en los distintos registros y corporaciones de profesionales donde me encuentro integrado, mis respuestas se han apoyado en la tesis mantenida por el Registro de Expertos Contables del Consejo General de Economistas de España (REC-CGE), que puntualmente me llegó vía el Colegio de Economistas de mi localidad (Gracias) y que aboga porque los auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales de mi país, sí o sí, son sujetos obligados por esta ley de prevención del blanqueo, por lo que las modificaciones de la misma les afectan con carácter general. Coincido a pie juntillas con el Registro en que los auditores de cuentas, los contables externos y los asesores fiscales (obviamente, incluyo a los asesores jurídicos) son sujetos obligados por esta ley de prevención del blanqueo y que, aparte de otros cambios, el citado RD introduce uno especialmente relevante, que es la obligación de registro de los prestadores de servicios a sociedades en el Registro Mercantil. 

Pero realmente ¿a quién afecta? El Registro de Economistas Expertos contables lo delimita perfectamente: a las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten servicios por cuenta de terceros como pueden ser la constitución de personas jurídicas, el ejercicio de funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos, ejercicio de funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. 

Otros servicios no menos importantes que enumera el Registro son, por ejemplo, el ejercicio de funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. Finalmente, como bien apunta el Registro, hay que tener en cuenta que los sujetos obligados que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, seguirán quedando exceptuados de algunas de las obligaciones referidas[2]. Fuente de la información: REC-CGE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio. 

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Registro mercantil de los prestadores de servicios. Sitio COntable y Fiscal. 2018. Visitado el 15/09/2018.

[2] Como la conservación de documentos exclusivamente por medios electrónicos, de la constitución de un órgano de control interno, de la elaboración de un manual de prevención, del examen periódico por un externo o de las relativas a la formación del personal.

Análisis de la auditoría española en 2017

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La tarde de ayer la pasé hojeando el informe del ICAC[1], del Gobierno de España, sobre la situación de la Auditoría en España en el año 2017, y que ya te avancé en el sitio Contable Fiscal, con el texto del mismo nombre[2]. Partiendo de los informes sobre la situación de la auditoría en España en los años 2016 y 2017, según la información aportada por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, se pueden extraer las siguientes conclusiones: En términos globales para el sector de la auditoría, en opinión del ICAC 2017 ha sido un ejercicio en el cual se ha seguido la senda de recuperación iniciada en los años precedentes, aunque se observa una ralentización del crecimiento respecto al observado en el ejercicio anterior. De esta forma, la facturación total del sector se ha situado en los 663,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2% con respecto al ejercicio precedente 2016 en el que se facturaron 652,5 millones de euros. 

El crecimiento de facturación mencionado se distribuye de manera desigual entre sociedades de auditoría y auditores individuales. Según el ICAC, esta facturación sigue fuertemente concentrada en las sociedades de auditoría, quienes han incrementado su facturación un 2%, y facturan un 96% del total (634,5 millones de euros). Este comportamiento contrasta con el de los auditores individuales, quienes perdieron un 2% de su facturación, al pasar a facturar 28,8 millones de euros en 2017, desde los 29,2 millones de 2016. En términos de facturación por hora se ha producido una ligera disminución del importe medio sectorial por hora facturado (-1,2%), pasando de 65,77 euros por hora en 2016 a 65,01 euros por hora en 2017. Al contrario que en el caso de la facturación total, la disminución de este ratio medio se ha producido por la reducción del -1,3% de la facturación por hora que han experimentado las sociedades de auditoría[3].

Los auditores individuales, por contra, han conseguido elevar ligeramente la facturación por hora un 0,55%, hasta situarla en 57,11 euros por hora en 2017, frente a los 56,82 euros por hora en 2016. En materia de género, el ICAC observa un aumento del porcentaje relativo de auditoras inscritas en los últimos años, si bien aún no alcanza el 26% del total. Por su parte, las 1.394 sociedades inscritas en 2017 supusieron un incremento mínimo frente a las 1.384 sociedades inscritas en 2016. Cabe destacar sin embargo, el significativo incremento del nivel de empleo generado por la actividad, del 14% que se produce en el personal total al servicio de auditores, que se ha situado en las 16.093 personas, frente a las 14.108 personas de 2016. Por último, la estructura del sector permanece prácticamente invariable en relación con los ejercicios precedentes[4] (Fuente de la información: ICAC).

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[1] Instituto de Auditoría y Contabilidad.

[2] Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ. Sitio visitado el 28/06/2018.

[3] Al pasar de 66,26 euros por hora en 2016 a 65,42 euros por hora en 2017. 

[4] En términos de concentración, se constata la tradicional concentración en los auditores de mayores tamaños, tanto en los auditores individuales como en las sociedades de auditoría.

Auditorías externas mejorables

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El IFIAR[1], establecido en 2006, comprende reguladores de auditoría independientes de 52 países que representan África, América del Norte, América del Sur, Asia, Oceanía y Europa. Dice que está dedicado a servir al interés público y mejorar la protección de los inversores, proporcionando una plataforma para el diálogo y el intercambio de información sobre cuestiones de calidad de auditoría y prácticas reguladoras en todo el mundo, y promoviendo la colaboración en la actividad regulatoria. En el sitio Contable y Fiscal, texto "Sexta encuesta anual deficiencias auditoría"[2], referenciaba su informe sobre los resultados de la sexta encuesta anual de deficiencias encontradas en la inspección resultante de las inspecciones individuales realizadas por los reguladores miembros en las firmas de auditoría asociadas a las seis redes de firmas de auditoría más grandes a nivel global. Los resultados confirman las opiniones del IFIAR de que las redes globales deben continuar en sus esfuerzos para reforzar sus sistemas de control de calidad e impulsar la ejecución coherente de auditorías de alta calidad en todo el mundo.

El Foro, recabó información sobre dos categorías de actividades: inspecciones realizadas en sistemas de control de calidad de toda la firma e inspecciones de encargos de auditoría individuales. Cuarenta y dos miembros del IFIAR participaron en la encuesta de 2017. Los miembros del IFIAR informaron en la encuesta de 2017 que el 40% de los encargos de auditoría inspeccionados tenían al menos una deficiencia, en comparación con el 42% de la encuesta de 2016 y el 47% de la primera encuesta que captó este porcentaje[3]. Los resultados de la encuesta no miden con precisión, y no son el único factor a considerar, la evolución del progreso de las firmas en la mejora de la calidad de la auditoría debido a cuestiones tales como la selección de encargos de auditoría basada en el riesgo. Una evaluación integral de la calidad de la auditoría implicaría la consideración de varios factores más allá de la información numérica sobre las deficiencias identificadas e informadas en el transcurso de una inspección. Sin embargo, las altas tasas de deficiencias indican una necesidad de mejora. 

Con ese fin, el IFIAR estableció un objetivo en 2015 para que las seis redes de firmas más grandes redujeran el número de auditorías con deficiencias, informado en conjunto por miembros de este Grupo de Trabajo en la encuesta anual del IFIAR en al menos un 25 por ciento[4] para 2019. Los resultados muestran una tasa de deficiencias del 30% en el punto medio de este período de medición. Las seis redes más grandes[5] han tomado medidas durante varios años con el objetivo de abordar las deficiencias en la realización de la auditoría en estos países, indicando su compromiso con los esfuerzos sostenidos para mantener y reducir aún más el nivel general de deficiencias en el objetivo de 2019. Aunque la frecuencia de las deficiencias surgidas de las inspecciones de los encargos de auditoría individuales se ha reducido de forma general en comparación con la última encuesta, no se ha progresado en todos los países o no se ha hecho a la misma velocidad. Además, no se han observado tendencias definitivas para las deficiencias que surgen de las inspecciones de los sistemas de control de calidad de toda la firma.

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[1] Foro Internacional de Reguladores de Auditoría Independientes.

[2] Velasco Carretero, Manuel. Sexta encuesta anual deficiencias auditoría. 2018. Sitio Contable y Fiscal. Visitado el 27/04/2017.

[3] Encuesta de 2014.

[4] Hasta un 29% o menos.

[5]  Y sus firmas miembro individuales.

Llover sobre mojado

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Me remite Gabriel, de Martínez Echevarría Abogados (Gracias), nota jurídica redactada por su compañero Jorge, abogado del departamento Mercantil, acerca de la incorporación del informe auditor cuando la sociedad, pese a no estar obligada a verificación contable, ha designado e inscrito auditor voluntario. Apunta Jorge la reciente resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), de 15 de marzo de 2016, publicada en BOE el día 6 de abril de 2016, en la que se viene a concluir que, inscrito el nombramiento de auditor voluntario, el depósito de las Cuentas Anuales sólo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas del oportuno informe de verificación.

Sinceramente, no logró captar la controversia suscitada en la DGRN por este tema, cuando en mi opinión (recogida hace un tiempo en el blog Práctica Contable, post “Obligación de depósito de las Cuentas Anuales”[1]), la situación, por si no se dejaba entrever en la Ley de Sociedades de Capital, quedó meridianamente clara en la disposición final cuarta de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE de 21 julio y de aplicación a los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016). Parece como redundar en lo ya legislado previamente o, como dice el refranero, llover sobre mojado, dado que no se aporta nada nuevo.

Recuerdo que lo del informe de auditoría voluntaria acompañando a las Cuentas Anuales, ya me lo plantearon algunos alumnos[3] cuando impartía un curso sobre el nuevo Plan de Contabilidad General Español[2] en el Colegio de Economistas y ya dejé entrever mi parecer, en el sentido de la procedencia de adjuntar el informe de auditoría siempre que se encuentre nombrado auditor, con independencia de que se cumplan o no los requisitos de obligatoriedad de auditoría.  Si quieres acceder a estos esbozos doctrinales, visita “Contable y Fiscal”[4], en específico las publicaciones fechadas en el año 2007, donde fui desgranando opinión sobre la, en su momento, reforma contable española[5]. Fuente de la imagen: pixabay.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Obligación de depósito de las Cuentas Anuales. Sitio Contable y fiscal. 2013. Visitado el 19/07/2016.

[2] Bueno, entonces, todavía era borrador.

[3] Hace más de nueve años.

[4] Velasco Carretero, Manuel. Contable y Fiscal. 2007. Sitio visitado el 19/07/2016.

[5] Son buena prueba de ello, textos como “Un poco de Historia”, “Qué piensa la profesión contable sobre la reforma”, “Necesidad de un instrumento de gestión”, “La igualdad de sexo en las Cuentas Anuales”, “Encaje de las NIC/NIIF en el futuro PGC”, “Nuevo Plan General de Contabilidad Español”, “Reglas para una eficaz transición contable”, “Excepciones”, “Combinaciones de negocios”, “Primeras cuentas Anuales”, “Adaptaciones Sectoriales”, “Plan de Contabilidad para Pymes”, “Peliaguda cuestión”, “Programa de formación”, etc. Sitios visitados el 19/07/2016.

Simulación contractual ¿en diferido?

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Si eres follower de este sitio conocerás que en más de una ocasión se ha tratado directa o indirectamente el tema de los auditores. Textos como “Ni seguratas ni chivatos ni detectives”, “De tendencia, nada”, ¿Qué riesgos, costes o papas fritas?, “Con el culo al aire”, ¿Comoorrrrr? o “Sería bueno”[1] son buena prueba de ello. Pues bien, ayer leía en ABC que “La Audiencia Nacional juzga a 61 socios de PwC acusados de no declarar 41 millones”[2], exigiéndose multas que superan los cien millones de euros, cerca de quince años de cárcel así como responsabilidades civiles subsidiarias. 

Por lo visto, según el fiscal, en la venta de su rama de consultoría a IBM, realizaron una operación simulada con el objetivo de atenuar ilegalmente el coste impositivo. Si esto es así, “los han pillado con el carrito de los helados”, “el cazador cazado” o como diría el amigo: “El consultor digiere consecuencias al igual que la que sufren sus clientes por seguir sus consultorías”. Lo anterior me refrescó lo estudiado en el marco de la disciplina Derecho Privado de los Contratos, cuando Adriana explicó el consentimiento contractual y el caso específico de la simulación. 

Aprovechándome de las ideas clave de la asignatura, brevemente te transcribo que esta situación se da cuando las partes emitían un doble consentimiento o voluntad contractual: una voluntad disimulada, que es la que responde realmente a lo querido, que se pone de manifiesto únicamente entre las partes contratantes quedando oculta para los demás sujetos; y una voluntad simulada que es la que externamente se manifiesta y conocen los terceros y que es aparente, fingida por quien la emite.

Obviamente, entre las partes debe existir un acuerdo simulatorio, es decir, un pacto de externalizar a los demás (terceros) una voluntad cuyos efectos jurídicos realmente no desean, ocultando estas consecuencias jurídicas en su caso realmente queridas con esa declaración de voluntad. Puede darse la situación que no exista ninguna declaración de voluntad disimulada, pues realmente no se quiere que se produzca ningún efecto jurídico. 

Entonces estamos ante una simulación absoluta. Pero si existe efectivamente una voluntad disimulada (esto es, que las partes sí quieren que el contrato produzca efectos jurídicos, pero distintos a los manifestados externamente), nos encontramos ante lo que se conoce como simulación relativa  (Fuente de la imagen: sxc.hu). Imagen incorporada con posterioridad; fuente: azmeyart-design en pixabay.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Ni seguratas ni chivatos ni detectives (2006), De tendencia, nada (2007), ¿Qué riesgos, costes o papas fritas? (2007), Con el culo al aire (2011), ¿Comoorrrrr? (2014), Sería bueno (2014). Sitios visitados el 21/04/2015.

[2] ABC. La Audiencia Nacional juzga a 61 socios de PwC acusados de no declarar 41 millones. 2015. Sitio visitado el 21/04/2015.

Castas por doquier

Fuente de la imagen: Hurca en pixabay

A partir del caso Gowex (ver plataforma de afectados Gowex), según esgrimen los representantes de corporaciones de profesionales (ver noticia en El Periódico[1]), algunas voces parecen empeñarse en poner en tela de juicio el trabajo de todos los auditores de cuentas. Ayer me hicieron llegar comunicado del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas, donde intentan poner en valor la importancia del trabajo que desarrollan esos profesionales, insistiendo en la necesidad de recalcar que la calidad de los trabajos de auditoría es independiente de la dimensión de quien los realiza y de que en el mercado de la auditoría las firmas pequeñas y medianas juegan un papel prioritario, resultando incuestionable su capacidad para llevar a cabo trabajos de auditoría de calidad a un abanico muy amplio de clientes, cumpliendo con los estándares de transparencia y confiabilidad que el mercado exige al sector.

Cierto. Suscribo esa declaración al cien por ciento, pero desgraciadamente la realidad es otra muy distinta a los "Mundos de Yupi" en los que viven las "castas" de los de siempre, donde las firmas nacionales y los lobbies locales son los que se llevan los trabajos importantes cuantitativa o cualitativamente, ejecutados en muchos casos por becarios, subcontratistas y gente mal pagada, por mucho que el profesional autónomo o la pequeña firma de auditoría reúna todas las duras exigencias impuestas por la casta  y suculentamente cobradas por las corporaciones[2] para, teóricamente[3], velar por la calidad de los trabajos[4], exigiéndoles todos los requisitos para ejercer su actividad al igual que una firma de las influyentes. Pero parece que ahora, cuando saltan los desfalcos de turno[5] y las “castas” de auditores ven peligrar su estatus local, regional o nacional, es cuando el corporativismo controlado por los de siempre, saca presumible pecho en pro del trabajo que realizan los pequeños. ¡Ja!

En fin. Más de lo mismo. También hay castas en otras actividades como, por ejemplo, la administración concursal, donde a todos los administradores les exigen lo mismo y, sin embargo, los concursos importantes desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo se asignan a la “casta” de siempre con la excusa de la especialización, la dimensión del despacho… Y, para más inri, aquéllos que intentan realizar su trabajo decentemente son metidos en el mismo saco de inmundicia donde habitan los tiburones sin escrúpulos que van siempre a sus intereses económicos pasando de planes de viabilidad, masas pasivas, liquidación de activos... Dicen que el gobierno de turno quiere cambiar este tema ¿Cambiar para seguir igual? Eso me temo. Entonces, que la normativa regule a administradores de primera división, de segunda, de tercera… y ya está. Pero no pasa nada, estamos en España. Así nos va.

Fuente de las imágenes: Wikimedia Commons.- Autor Anónimo - Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Mexico. Sistema de castas en el Imperio español. Pintura de castas con todas las 16 combinaciones. 1. Español con India, Mestizo 2. Mestizo con Española, Castizo 3. Castizo con Española, Español 4. Español con Mora, Mulato 5. Mulato con Española, Morisca 6. Morisco con Española, Chino 7. Chino con India, Salta atrás 8. Salta atras con Mulata, Lobo 9. Lobo con China, Gíbaro (Jíbaro) 10. Gíbaro con Mulata, Albarazado 11. Albarazado con Negra, Cambujo 12. Cambujo con India, Sambiaga (Zambiaga) 13. Sambiago con Loba, Calpamulato 14. Calpamulto con Cambuja, Tente en el aire 15. Tente en el aire con Mulata, No te entiendo 16. No te entiendo con India, Torna atrás. Imagen incorporada con posterioridad; fuente: Hurca en pixabay.

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[1] Sala, Agusti. Las auditoras se defienden ante las críticas por el caso Gowex. El Periódico. 2014. Sitio visitado el 30/07/2014.

[2] Vía jornadas, cursos, seminarios, registros, certificaciones, cuotas, etc.

[3] O de cara a la galería.

[4] Y luego pasa lo que pasa con los grandes fraudes.

[5] Y no hace mucho las estafas filatélicas, las quiebras inmobiliarias, etc.

Sería bueno

Fuente de la imagen: archivo propio

Demoledor el artículo de Lourdes Lucio en El País, sobre el desbarajuste de las ayudas para formación en mi comunidad autónoma: “Andalucía dio sin control el 89% de las ayudas para formación en 2009”[1]. Los datos son apabullantes y vergonzantes, desde el descontrol en la asignación del 89% de las ayudas para formación en 2009, hasta las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en las subvenciones de cursos para parados. En cuanto a la certificación de gastos de estos cursos, según Lucio, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo afirma que la práctica totalidad de las actividades de formación que se recogen han sido auditadas por empresas externas y que "los informes de auditoría en general no muestran ninguna incidencia". En mentideros (no sé si de buena o mala tinta) se comenta que algunas administraciones públicas están pasando de los informes de auditoría externa porque esos profesionales, fedatarios públicos de la aplicación correcta de las subvenciones conforme a la normativa legal aplicable, firman en barbecho sin realmente verificar la bondad del cien por ciento de los gastos imputados y de los pagos correspondientes, además del resto del numeroso condicionado a comprobar, desde presupuestos alternativos, licitaciones, hasta el espinoso tema de las vinculaciones y subcontrataciones. Deseo que eso no sea cierto y si fuera verdad ¿Por qué no se les exige responsabilidad? En relación a este tema, hace un año y pico le trasladaba a un buen técnico de una delegación provincial, que en vez de revisar de nuevo todo el expediente de justificación, pasando del informe de auditoría, por qué no se le exigía responsabilidad al gestor y se dejaba de cargar contra la entidad solicitante. 

En mi ámbito de relaciones profesionales, conozco auditores que sabían bastante del sector de la formación y las técnicas y normativa de verificación;  a su vez, eran respetados por su cualificación y conocimiento, pero poco a poco, debido a su alta profesionalidad en la revisión y escrupulosidad en la redacción de los informes, unido a la competencia desleal, guerra de precios y puñaladas traperas, se vieron abocados a poner tierra de por medio y centrarse solo en aquellas entidades beneficiarias que no se vendían por un plato de lentejas. Dejando a un lado la presunta publicidad engañosa de aquellos otros que se promocionan a bombo y platillo como “gestores integrales de los expedientes de subvención”, controlando desde la justificación hasta la auditoría (por la incompatibilidad de la gestión con la verificación) y la presunta connivencia de algunas entidades verificadoras, que olvidan que la auditoría siempre debe ser independiente de la gestión, como le decía hace dos años a un auditor, entendía las decisiones de las organizaciones solicitantes a la hora de contratar la auditoría, porque si la empresa realiza bien su trabajo, desde la parte técnica a la parte de justificación, en el fondo le da igual quien verifique el expediente, ya que sabe que éste estará bien, así que si le ofrecen el informe cien euros más barato, pues elegirá la oferta menos costosa. Por la misma regla, el centro que vaya a defraudar, le interesará que el informe vaya firmado por aquél que no compruebe nada y se arriesgue a firmar en erial o en rastrojo, es decir, sin hacer el trabajo de verificación conforme a la guía de justificación y resto de leyes aplicables.

Y luego está que una revisión de un expediente de subvención de un curso de formación para el empleo no es cualquier cosa. Todavía hay algunos profesionales que piensan que con la realización de un muestreo es suficiente. No más lejos de la realidad. Para la confección del informe de verificación, hay que revisar el cien por ciento de los costes, así como sus respectivos pagos, cuenta justificativa, memoria económica y un largo etcétera de requisitos y obligaciones (fiscales, contabilidad separada…). El profesional que quiera hacer el trabajo de verificación, sencillamente, de manera profesional, en mi opinión difícilmente es retribuido adecuadamente con ese uno por ciento (impuestos incluidos), máximo como coste elegible para auditoría en algunas subvenciones. Por todo lo anterior, al igual que a ti, me surgen muchas preguntas y una reflexión global: “de esos polvos estos lodos”. Probablemente esté pidiendo la luna, pero sería bueno para la regeneración del sistema que se investigara todo lo que denuncia la periodista; sería bueno que se verificara el trabajo de los verificadores, espulgando a aquellos individuos que realizan el trabajo “de aquella manera”, expedientando y denunciando a los chapuceros y a sus estructuras organizativas fraudulentas, sería bueno… (escribe tú el siguiente sueño, es gratis).  Fuente de la imagen: sxc.hu. Este texto también se ha publicado en el sitio "Formación para el Empleo", bajo el título "El cachondeo de las verificaciones"[2]. Fuente de la imagen: archivo propio.

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[1] Lucio, Lourdes. Andalucía dio sin control el 89% de las ayudas para formación en 2009. El País. 2014. Sitio visitado el 31/01/2014.

[2] Velasco, Carretero, Manuel. El cachondeo de las verificaciones. Formación para el Empleo. 2014. Sitio visitado el 31/01/2014.

Se acabó lo que se daba

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

El título de este post es una frase cotidiana utilizada cuando se quiere dar por finalizado un tema o cuestión, o bien indicar que se ha terminado la participación, acción o gestión en algo o de algo. Ayer estuve almorzando con dos contactos, de mi ámbito territorial de actuación, de profesión auditores o, como se hacen llamar ellos, fedatarios públicos de la contabilidad y de sus soportes. Pensaban extorsionarme con una comida en un céntrico restaurante de la ciudad, y así me lo dijeron, para conocer mi opinión acerca de la argumentación sobre la imputación y elegibilidad de determinados gastos en un proyecto financiado con fondos europeos. Fue un placer la convivencia profesional. Te confieso que para mí el encuentro fue muy gratificante, porque dado que los dos son una fuente de conocimiento, pero no quiero que se enteren porque se les puede subir pronto a la cabeza y la próxima vez me obligarán a pagar a escote, porque lo aprovechan todo. 

Ya en los postres le trasladé el rumor que circula por la administración pública y que me había llegado por distintas vías, sobre que estaban mirando con lupa el trabajo de los auditores que verifican la justificación económica de subvenciones ejecutadas. Cual fue mi sorpresa cuando ambos me respondieron que eso es lo que se tenía que haber hecho mucho antes. Su cabreo se debe a que existen verificadores de justificaciones que “firman en barbecho”, es decir, presuntamente no realizan el trabajo de cotejo del cien por ciento de las facturas y de sus pagos, no estudiando detenidamente las memorias económicas y técnicas ni analizando la razonabilidad, idoneidad y, por derivación, elegibilidad de los gastos imputados. Y para más inri, en ocasiones tiran los precios. Claro. El auditor o auditora que "realiza su trabajo" y cumple con el procedimiento, soporta una competencia que no es desleal sino fraudalenta de esos mercenarios de turno. 

Mercenarios que al abrigo de sus pseudosociedades de consultoría interpuestas, puestos institucionales de representación y lobbies de presión, “comercian” los servicios de verificación de subvenciones con descaro, intrusismo y hachazos limpios[1], ofreciendo y vendiendo por lo bajini informes impolutos. Por eso, mis contertulios se alegraron de que al menos el funcionario o funcionaria de turno de una vez por todas dedicara tiempo a comprobar la bondad de esas verificaciones, denunciando ante los organismos controladores a esos presuntos advenedizos o temporeros, tapados intermediarios sin ninguna responsabilidad, y expedientando a aquellas entidades solicitantes que se venden por un plato de lentejas. Esperan que en este desbarajuste se cumpla el refranero “Se acabó lo que se daba” y queden los que verdaderamente hacen la verificación conforme a la normativa de aplicación y de forma proactiva (Fuente de la imagen: Wikimedia Commons sxc.hu). Imagen incorporada con posterioridad; fuente: mvc archivo propio.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Hachazos limpios. 2011. Sitio visitado el 30/01/2013.

Con el culo al aire

Si eres un sufrido lector de este blog, sabrás de mi experiencia en auditoría interna y en trabajos de revisión externa. En los últimos años, he colaborado y dirigido proyectos de asistencia técnica en verificación de subvenciones de formación para el empleo, ETCOTE (escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleos) y proyectos europeos. para más información, visita el sitio Formación para el Empleo. Si el auditor o auditora quiere realizar decentemente el trabajo, con calidad, lo cual es de cajón, algunas personas se preguntan si merece la pena la profesión de auditoría externa. Todo son responsabilidades y problemas y ninguna satisfacción, ni tan siquiera en los honorarios o aranceles que la propia competencia desleal los mengua aceleradamente. Esa es la pregunta y la conclusión que saqué ayer por la tarde, al salir de una mesa redonda sobre las nuevas normas técnicas de auditoría en España.

El ponente, Eladio Acevedo Heranz, miembro de la Comisión Nacional de Auditoría del Consejo Superior de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales de España, así como de las Subcomisiones de Formación, Control de Calidad y Nuevas Tecnologías y vocal de la Junta de Gobierno del ICOTME, parlamentó durante más de tres horas sobre las normas técnicas de los informes y de la información comparativa, así como otros interesantes comentarios sobre trabajos de verificación externa. Todo es importante, desde la firma del contrato hasta la entrega personal del informe, pasando por la elaboración de los papeles de trabajo por un equipo de confianza, la verificación de los documentos, la carta de manifestaciones o cada uno de los párrafos del texto definitivo.

Para colmo, en esta crisis que nos ha tocado vivir, el auditor o auditora decente es el malo o la mala de la película y su actividad profesional casi nunca se reconoce por su cliente y casi siempre es por imperativo legal. Si realiza un informe sin salvedades, su trabajo pasa desapercibido o, en todo caso, se le dice que para eso se le paga. Si, por el contrario, pone pegas, todas las críticas van a su tejado, nadie lo defiende, ni tan siquiera el equipo y se queda con el culo al aire a las primeras de cambio. Para colmo, la espada de Damocles de los controles de calidad se hermana con la de la responsabilidad y ambas penden de un hilo durante años en su azotea. Te dejo una foto que me hicieron con Eladio. En síntesis, una tarde bien aprovechada.

Ficticio embellecimiento

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Pensaba que con el cambio de normas contables en España y con la crisis profunda que estamos viviendo, se iba a atenuar el ficticio embellecimiento de las cuentas anuales, pero por lo que veo, los artificios contables, al menos en las PYMEs, están a la orden del día. Esa es la opinión de un equipo de consultores-auditores con los que estuve tomando café el viernes. Para ellos, la transgresión de la normativa es sencilla. La liviana aplicación del valor razonable y otras cuestionables acciones para mejorar los beneficios y los flujos de tesorería o atenuar las pérdidas o los déficits financieros, son prácticas más que habituales.

Este enfoque, presuntamente fraudulento, no lleva a ninguna parte y enmascara graves problemas de gestión y de dirección, pero mientras se detecta, pasa un precioso tiempo y los inversionistas, accionistas, socios, personal, clientes, proveedores, administración pública… sufren las consecuencias del listillo consejero delegado o director general de turno. Algunos ejecutivos, al percibir que no pueden convencer a sus auditores del maquillaje que han puesto a sus estados, propician el cambio de fedatarios contables, pensando que los nuevos van a ser más receptivos o manejables (composición de imágenes-gratis.net).

¿Qué riesgos, costes o papas fritas?

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Según los Censores Jurados de Cuentas españoles, la profesión de la auditoría externa ocupa un puesto clave en la generación de confianza en los mercados[1]. Pues claro que sí, querido sector. Con esa afirmación, hasta tenéis ya una proclama para vuestra Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Me decía el otro día un amigo auditor, que las firmas grandes tienen "más cara que espalda" y que, con eso del nombre y la marca, se forran a costa de aquella pyme[2] que necesita un “informe” firmado por una auditora de primer nivel para lavar su imagen ante terceros[3]. En casos, el trabajo se ha realizado, presuntamente, por becarios sin una formación adecuada a la labor que realizan. Reflexiono. Si se tienen que lavar la cara es porque no la tienen limpia y si no la tienen limpia a qué vienen conjeturales e inmaculados informes de auditoría. 

¡Ah! ¡Ya! Que utilizan a esas firmas como "toallas". Dice mi respetado auditor, socio de una empresa pequeña de auditoría, que son entidades como la suya las que ponen más salvedades y realizan su trabajo mucho más profesional, por eso de la proximidad al cliente e, imagino, por lo de la responsabilidad del auditor ¿no? El caso es que el colectivo de empresas de auditoría de tamaño grande anda preocupado con esto de la Reforma Contable, porque dicen que existen muchos riesgos y, ¡cómo no! altos costes para adaptarse a las normas contables. Pero bueno, si sois grandes, auditaréis a grupos empresariales que, por ejemplo, aplican las Normas Internacionales de Contabilidad ¿Sí? Entonces ¿Qué riesgos, costes o papas fritas? ¡Ay! ¡Ay! que se nos ve, de nuevo, el plumero[4]. Imagen incorporada con posterioridad; fuente: mvc archivo propio.

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[1] leído en la pág. 7 de la Gaceta de los Negocios de 31/10/07.
[2] Pequeña y mediana empresa española.

[3] Entidades financieras, instituciones públicas y accionistas, fundamentalmente.

[4] Imagen del MEC. Fuente de la imagen: sxc.hu.

Clarity Project

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Y en todo este mare mágnum de normas internacionales de contabilidad, NIIF, nuevo plan contable, etc., llega la IFAC[1] y anuncia que está ultimando la publicación de sus estándares profesionales, preocupados por un posible retraso en su aplicación en la Unión Europea[2]. Parece que la carrera que se inició hace años para conseguir la armonización de las NIIF[3], y de auditoría, ISA en inglés, llega a su fin.

Según el presidente del IFAC, la iniciativa “Clarity Project” aspira a fijar los objetivos de las normas de la revisión contable, facilitar su integración en las legislaciones nacionales, reducir las posibles ambigüedades y ayudar a su interpretación y traducción. Pues ¡Hala! A ver si materializan lo que, por ejemplo, no han conseguido los legisladores con la armonización de las NIIIF en la reforma contable española.

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[1] Federación Internacional de Auditores.

[2] Leído en Expansión.

[3] Normas contables internacionales.

El control a los auditores

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Leo que la Unión Europea quiere reforzar el control sobre los auditores y los sistemas de supervisión[1]. La octava directiva, que entrará en vigor el año próximo, sugiere la adopción de modelos de supervisión de calidad públicos e independientes, por lo que Bruselas ha preguntado a los auditores acerca de sus sistemas de control de calidad, dejando abierta la posibilidad de ampliar las investigaciones a este colectivo de “fedatarios contables”. El siguiente paso informativo será que los auditores se pongan de nuevo en pie de guerra y estas acciones, al igual que otras, se queden en agua de borraja (Fuente de la imagen; sxc.hu).

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[1] Pág. 7 de Expansión de 25/6/07.

Reduciendo, rebajando y atenuando

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

En línea con lo que hemos comentado y denunciado en este sitio en varias ocasiones (M. Velasco, 2007)[1], el grupo parlamentario catalán CIU ha propuesto en el congreso español la reforma de la ley de Auditoria[2], reduciendo las facultades de control del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, rebajando las sanciones y atenuando las responsabilidades (Fuente de la imagen: sxc.hu).

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2007). La pena del incumplimiento, Y la casa sin barrer, Más especializados y más caros, Oligopolio europeo auditor, ¡Vamos, a limitar responsabilidades! Sitios visitados el 09/06/2007.

[2] Leído en la pág. 31 de Expansión del 8/6/07.

La pena del incumplimiento

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

La falta de consenso entre empresarios, corporaciones profesionales y sindicatos parece que ha sido el motivo por el que el ministro de Economía español ha paralizado la reforma de la justicia que crea el delito penal en las empresas. Y es que grupos de profesionales, como los auditores, no están de acuerdo con los escarmientos y condenas de penas de uno a tres años, con las correspondientes suculentas multas, para aquéllos que quebranten sus deberes al percatarse de la tergiversación, falacia y embuste de las cuentas anuales de sus clientes y, sin embargo, escriban un informe favorable a sus auditados. ¿Se pretende la impunidad en el incumplimiento de sus obligaciones profesionales? ¿Se quiere que las penas sean sólo un tironcito de orejas y una palmadita en la espalda? Ay, ay, ay. Me huele que con la excusa de que se ataca a una profesión, en este caso la de los auditores de cuentas, lo que en verdad se procura es que no se criminalice ese tipo de indignas, vergonzosas, censurables y, en síntesis, punibles conductas. Nuevamente, se nos ve el plumero (Fuente de la imagen: sxc.hu).