El espejo roto de la democracia

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La creciente desnaturalización y deshumanización del oponente político en la sociedad española contemporánea se manifiesta como una seria y preocupante alteración que está socavando la convivencia democrática y fracturando el tejido social, ante la mirada hacia otro lado o connivencia por acción u omisión, de algunos estamentos del Estado y de parte de la sociedad "adulta" en general: La fábrica de sombras (Velasco, 2025). Este proceso psicológico e ideológico opera despojando al contradictor de su condición de interlocutor válido y, por supuesto, de persona, de humanidad, reduciendo el debate público a una descalificación constante donde la discrepancia no es debatida, al contrario, directamente es calificada de traición, patología o amenaza existencial. La psicología social explica que esta dinámica actúa mediante dos modalidades principales: la deshumanización animalística, que niega la civilidad y la racionalidad al rival comparándolo con fieras o plagas, y la deshumanización mecanicista, que despoja al individuo de empatía e individualidad, tratándolo como un objeto carente de sensibilidad (Haslam, 2006; Haslam y Loughnan, 2014). Privando al adversario de sus emociones complejas y catalogándolo como un elemento nocivo, las barreras éticas que previenen la agresión sufren un severo debilitamiento (Kelman, 1976; Leyens et al., 2000). En la vida pública española, la estigmatización verbal y el insulto clínico transforman la pugna partidista en una hostilidad que cala en diversas capas de la ciudadanía, generando un amplificador social que sustituye el contraste de proyectos por la humillación moral del antagonista (Bar-Tal, 1989; Opotow, 1990). Esta deslegitimación sistemática convierte la política en un terreno inhóspito donde el oponente deja de ser percibido como un semejante con ideas contrapuestas para ser tratado como un peligro que debe ser neutralizado (Bar-Tal, 1989).

Fuente de la imagen: La fábrica de sombras. Sitio politi-post (Velasco, 2025)

El impacto de estas narrativas polarizadoras se agrava por medio de la difusión masiva en plataformas digitales y estrategias de difusión y expresión política de algunos medios de comunicación que conscientemente multiplican bulos, infundios, insultos y caricaturas denigrantes con el propósito deliberado de agitar al electorado. La trayectoria histórica demuestra que la descalificación sistemática del opositor ha servido precedentemente de antesala para la violencia colectiva y el desmantelamiento de las instituciones cívicas, remitiendo a las dinámicas totalitarias del período de entreguerras previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial (Arendt, 1951). Cuando las organizaciones políticas catalogan al competidor democrático como una amenaza existencial para la integridad de la nación, se desencadena un mecanismo de desconexión moral colectiva que facilita la aceptación de medidas punitivas e invalida las garantías básicas del pluralismo (Bandura, 1996; Bruneau y Kteily, 2017). En la escena política española, la amplificación de la agresividad discursiva mediante algoritmos diseñados para premiar el enfrentamiento y la indignación desgasta la estabilidad de la comunidad ciudadana, erosionando la confianza popular en las instituciones de representación parlamentaria (De Ruiter, 2024; Smith, 2011). De igual modo, el progresivo eclipse de la empatía cívica afianza la percepción del rival ideológico como una entidad despojada de valor democrático, impidiendo la construcción de acuerdos compartidos y extendiendo patrones de intolerancia a la convivencia diaria (Haslam y Loughnan, 2014). La superación de esta peligrosa deriva exige la articulación de un compromiso ciudadano intransigente con el respeto mutuo que restituya la dignidad moral del oponente y preserve la convivencia pacífica frente a las recurrentes tentaciones de autoritarismo, señalamiento y exclusión (De Ruiter, 2024).

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Bibliografía

Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. Schocken Books.

Bandura, A. (1996). Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 364–374.

Bar-Tal, D. (1989). Delegitimization: The extreme case of stereotyping and prejudice. En D. Bar-Tal, C. F. Graumann, A. W. Kruglanski, & W. Stroebe (Eds.), Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions (pp. 169–182). Springer.

Bruneau, E., & Kteily, N. (2017). The enemy as animal: Symmetric dehumanization during asymmetric warfare. PLOS ONE, 12(7), e0181422.

De Ruiter, A. (2024). Dehumanisation in the Global Migration Crisis. Oxford University Press.

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social Psychology Review, 10(3), 252–264.

Haslam, N., & Loughnan, S. (2014). Dehumanization and infrahumanization. Annual Review of Psychology, 65(1), 399–423.

Kelman, H. C. (1976). Violence without restraint: Reflections on the dehumanization of victims and victimizers. En G. M. Kren & L. H. Rappoport (Eds.), Varieties of Psychohistory (pp. 282–314). Springer.

Leyens, J.-P., Paladino, P. M., Rodriguez-Torres, R., Vaes, J., Demoulin, S., Rodriguez-Perez, A., & Gaunt, R. (2000). The emotional side of prejudice: The attribution of secondary emotions to ingroups and outgroups. Personality and Social Psychology Review, 4(2), 186–197.

Opotow, S. (1990). Moral exclusion and injustice: An introduction. Journal of Social Issues, 46(1), 1–20.

Smith, D. L. (2011). Less Than Human: Why We Demean, Enslave, and Exterminate Others. St. Martin's Press.

Velasco-Carretero, M. (2025). La fábrica de sombras. Sitio politi-post. Visitado el 14/10/2026.

Anatomía del declive: Alerta global y aviso a España

Fuente de la imagen: mvc realizada con el recurso notebook

El Varieties of Democracy Institute[1], con sede en la Universidad de Gotemburgo, cuenta con una sólida estructura operativa que involucra a coordinadores nacionales, directores regionales y evaluadores de gran reputación para validar la información que recopilan respecto a la salud de la democracia en el mundo (Coppedge et al., 2024). Este esfuerzo metodológico genera la base de información más extensa existente sobre la materia, superando los treinta y un millones de puntos de datos que abarcan más de doscientos países y territorios desde el año 1789 hasta el presente (Coppedge et al., 2024). El diseño conceptual de la plataforma se gestó en una etapa preparatoria entre los años 2008 y 2013, y el acopio anual de información se formalizó a partir de 2014 con la participación de más de cuatro mil doscientos expertos de diversas latitudes (Coppedge et al., 2024). A diferencia de otros intentos de clasificación unidimensionales, este modelo descompone la democracia en múltiples dimensiones operacionales y publica cinco índices centrales que miden las cualidades electorales, liberales, participativas, deliberativas e igualitarias de los sistemas políticos (Coppedge et al., 2021). La dimensión electoral se sitúa en el centro de todas las mediciones, tomando como base las garantías institucionales de la poliarquía formuladas originalmente en el siglo pasado (Dahl, 1971). A partir de este andamiaje conceptual, se ha estructurado una taxonomía que clasifica a los gobiernos en cuatro categorías diferenciadas: autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales, lo que permite trazar la trayectoria histórica de los regímenes mundiales (Lührmann et al., 2018). Adicionalmente, el proyecto ha incorporado mediciones sobre la esfera digital, evaluando áreas como la difusión de desinformación estatal, la polarización de los medios en línea y el control gubernamental sobre la infraestructura de internet (Mechkova et al., 2021).

La publicación de la décima edición del informe anual de esta institución, titulado de forma sugerente sobre el resquebrajamiento de la era democrática, revela un proceso de regresión autoritaria que afecta a múltiples regiones del planeta (Nord et al., 2026). Las investigaciones demuestran que la calidad democrática global experimentada por el ciudadano medio ha retrocedido a los niveles registrados a finales de la década de los setenta, lo que prácticamente disuelve los avances logrados tras la ola democratizadora que se inició en el año 1974 (Nord et al., 2026). En la actualidad, el sistema identifica noventa y dos autocracias frente a ochenta y siete democracias, albergando las primeras a un setenta y cuatro por ciento de la población del planeta, lo que muestra que la autocracia electoral se ha constituido como la estructura gubernamental más extendida del globo (Nord et al., 2026). El fenómeno de la autocratización no se restringe a regímenes tradicionalmente inestables, pero afecta directamente a democracias consolidadas que históricamente actuaron como referentes liberales (Lührmann & Lindberg, 2019). El ejemplo más ilustrativo de esta tendencia de declive acelerado se sitúa en los Estados Unidos de América, nación que ha perdido su estatus histórico de democracia liberal debido a un marcado proceso de concentración de atribuciones en el poder ejecutivo y a la erosión de las libertades de expresión (Nord et al., 2026). El informe documenta que la censura a los medios de comunicación y la hostilidad gubernamental hacia las organizaciones de la sociedad civil constituyen las tácticas más recurrentes implementadas por los regímenes autocráticos contemporáneos (Nord et al., 2026). Además de la situación estadounidense, el continente europeo registra retrocesos notables en varios de sus miembros y aliados cercanos como Italia, Croacia, Eslovaquia y el Reino Unido, evidenciando que las regresiones no respetan fronteras geográficas ni democracias de larga data (Nord et al., 2026). 

Esta forma de retroceso, de acuerdo con la literatura científica, debilita paulatinamente los contrapesos institucionales desde el interior del propio sistema estatal (Bermeo, 2016). La versión en lengua castellana de este volumen, incorpora una sección inédita dedicada específicamente al análisis de las fuerzas políticas de extrema derecha en el contexto latinoamericano (González Ruiz & Villalobos-Machuca, 2026). Este apartado especial examina minuciosamente los casos de Argentina, Brasil y El Salvador, identificando que estos gobiernos suelen sostener una vinculación conflictiva con los principios constitucionales y el Estado de derecho (González Ruiz & Villalobos-Machuca, 2026). El estudio revela que no existe una única corriente de derecha radical en el continente, debido a que el ritmo y el grado de erosión de las garantías democráticas dependen directamente de la interacción entre el liderazgo de los mandatarios y el marco de instituciones donde operan (González Ruiz & Villalobos-Machuca, 2026). Los autores sugieren que la contención de estos proyectos autoritarios y la preservación de la estabilidad democrática dependen de la vigencia de contrapesos judiciales y legislativos autónomos, unidos a organismos de gobernanza electoral que gocen de plena confianza ciudadana (González Ruiz & Villalobos-Machuca, 2026). En el caso salvadoreño, se evidencia una considerable concentración del poder estatal mediante reformas judiciales y alteración de los límites a la reelección, lo que ha conducido a una drástica caída en su puntuación democrática (González Ruiz & Villalobos-Machuca, 2026). En contraste, la experiencia brasileña reciente muestra el papel defensivo que pueden desempeñar las coaliciones políticas amplias y los tribunales independientes para encauzar un proceso de transición pacífica del poder (González Ruiz & Villalobos-Machuca, 2026). Estas dinámicas regionales subrayan que la contención institucional eficaz no sigue un esquema uniforme.

Requieren más bien la adaptación de los mecanismos de fiscalización de cada estado a las presiones del entorno (González Ruiz, 2026). La comprensión de estos movimientos de transición requiere acudir a la metodología de episodios de transformación de régimen, que ayuda a identificar con precisión los momentos de avance y retroceso institucional (Maerz et al., 2024). Dentro de este marco conceptual se sitúan los giros en U, descritos como procesos donde un país que sufre autocratización logra detener el deterioro y recuperar su senda democrática en un periodo breve (Nord et al., 2025). Los expertos diferencian entre dos modalidades de esta capacidad defensiva: la resistencia ante la ruptura, que permite frenar la deriva autoritaria antes de que ocurra un colapso del sistema democrático —como se evidenció en los procesos políticos de Brasil, Polonia y Botsuana—, y la resistencia de recuperación, donde el orden democrático se restablece velozmente tras haberse consumado una quiebra institucional, con Mauricio como un ejemplo notable de este segundo tipo (Nord et al., 2025). Pese a estos éxitos, estos giros demuestran una preocupante fragilidad, puesto que naciones como Zambia, que habían logrado recuperar su condición democrática electoral, han vuelto a caer recientemente bajo categorías autocráticas debido a nuevos ataques estatales contra las libertades civiles (Nord et al., 2025). Las investigaciones evidencian que el éxito de un giro democrático reside en una combinación de salvaguardas legales fuertes, una acción social cohesionada mediante protestas pacíficas y oposición unificada, y una intervención temprana para frenar los abusos ejecutivos (Nord & Lindberg, 2025). El análisis de los procesos exitosos de democratización aislada[2] muestra que la recuperación suele iniciarse con mejoras sustanciales en la administración pública imparcial y el restablecimiento de la libertad de expresión académica y cultural (Nord et al., 2025). 

Del mismo modo, la consolidación democrática en estos entornos se fortalece mediante la reforma de las altas cortes para asegurar su independencia respecto al poder central y la reducción del hostigamiento estatal hacia los profesionales del periodismo (Nord et al., 2025). Estos ejemplos empíricos ratifican la existencia de trayectorias diversas hacia la reconstrucción institucional democrática (Nord et al., 2025). En el ámbito europeo, la situación de España dentro de este análisis de la calidad institucional ofrece lecturas complejas que demandan atención por el camino que está cogiendo la situación política. Ciertamente, el país conserva su clasificación histórica bajo la categoría de democracia liberal, registrando una puntuación de cero coma setenta y cuatro en el índice de democracia liberal y ocupando la posición número veintiuno a nivel mundial (Nord et al., 2026). Pero el informe sitúa al estado en el grupo de los denominados "casos cercanos" a experimentar un proceso de autocratización, debido a una alteración a la baja en su índice electoral que oscila entre el cero coma y pico de diferencia (Nord et al., 2026). Al examinar los componentes específicos del sistema político español, se observa que la dimensión deliberativa alcanza un valor de cero coma ochenta y tres, mientras que el cimiento participativo se reduce a cero coma sesenta y cuatro, evidenciando ciertas asimetrías en el funcionamiento de las instituciones (Coppedge et al., 2021). Estas dinámicas sugieren que las democracias consolidadas del sur de Europa no se encuentran exentas de las tensiones políticas que caracterizan la actual marea regresiva global (Lührmann & Lindberg, 2019). De este modo, la posición española ilustra la fragilidad de los sistemas liberales frente a la erosión gradual de las garantías procedimentales, requiriendo un constante escrutinio social para evitar un desplazamiento indeseado hacia categorías de menor calidad gubernamental (Nord et al., 2026). Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Sitio visitado el 9/9/2026.

[2] Como los documentados en Fiji, Gambia y Sri Lanka.

Bibliografía

Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. Journal of Democracy, 27(1), 5-19.

Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Teorell, J., Altman, D., ... & Ziblatt, D. (2021). V-Dem Codebook v11. Varieties of Democracy (V-Dem) Project.

Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Skaaning, S.-E., Teorell, J., ... & Verkhovtseva, M. (2024). V-Dem Organization and Management v14. Varieties of Democracy (V-Dem) Project.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

González Ruiz, A., & Villalobos-Machuca, F. (2026). ¿Cuánto importan las instituciones y la gobernanza electoral? Radicalización y contención de la extrema derecha en América Latina. En M. Nord, D. Altman, T. Fernandes, A. G. God, & S. I. Lindberg (Eds.), Informe sobre la democracia 2026: ¿El fin de la era democrática? V-Dem Institute.

Lindberg, S. I. (2026). Fifty years of the third wave(s): from democratization to autocratization. Democratization, 33(1), 1-24.

Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? Democratization, 26(7), 1095-1113.

Lührmann, A., Tannenberg, M., & Lindberg, S. I. (2018). Regimes of the World (RoW): Opening new avenues for the comparative study of political regimes. Politics and Governance, 6(1), 60-77.

Maerz, S. F., Edgell, A. B., Wilson, M. C., Hellmeier, S., & Lindberg, S. I. (2024). Episodes of regime transformation. Journal of Peace Research, 61(6), 867-882.

Mechkova, V., Pemstein, D., Seim, B., & Wilson, S. (2021). Digital Society Survey Codebook. Digital Society Project.

Nord, M., Altman, D., Fernandes, T., Good God, A., & Lindberg, S. I. (2026). Democracy Report 2026: Unraveling The Democratic Era? V-Dem Institute, University of Gothenburg.

Nord, M., Angiolillo, F., Lundstedt, M., Wiebrecht, F., & Lindberg, S. I. (2025). When autocratization is reversed: episodes of U-turns since 1900. Democratization, 32(5), 1136-1159.

Gobernar con Saber

Fuente de la imagen: mvc realizada con elr ecurso notebook

Las instituciones que gestionan los servicios públicos en mi país viven una realidad donde la política y la administración se mezclan de forma constante: Hacia la Consolidación de la Gestión Pública Profesionalizada (Velasco, 2025). Antiguamente se pensaba que los políticos tomaban las decisiones y los empleados públicos las cumplían sin opinar (Wilson, 1887, citado en Román Masedo, 1997). Esta visión ha demostrado ser irreal en las democracias actuales. Los altos funcionarios poseen un conocimiento técnico que influye de manera directa en los planes de los gobiernos (Román Masedo, 1997). En el territorio español, aparece una dificultad cuando los partidos políticos ocupan puestos técnicos para colocar a personas de su confianza (Román Masedo, 2016). Esta práctica, conocida como partidización, provoca que la gestión se aleje del beneficio de todos para servir a intereses particulares (Román Masedo, 2016). La calidad de las instituciones depende de que los empleados actúen de forma imparcial, aplicando las normas de igual manera para cualquier ciudadano (Rothstein y Teorell, 2008, citados en Román Masedo, 2016). Cuando el ascenso de un trabajador depende de su lealtad a un partido, el riesgo de que aparezcan conductas inapropiadas aumenta de forma considerable (Román Masedo, 2016). Resulta necesario que el funcionamiento estatal sea previsible y ajeno a los cambios de gobierno mediante cuerpos de funcionarios seleccionados por su preparación (Hernández de la Torre y García, 2006).

Fuente de la imagen: El latido de la Gestión Pública (Velasco, 2025)

Para mejorar el funcionamiento de los servicios que recibe la ciudadanía, aparece la figura del directivo público profesional. Se trata de un gestor que actúa como un puente entre los representantes elegidos y el resto de los trabajadores (Arenilla Sáez y Llorente Márquez, 2025). Su labor consiste en convertir las promesas políticas en resultados reales y medibles a través de una gestión técnica (Hernández de la Torre y García, 2006). En el escenario español, el uso de la libre designación permite que muchos de estos puestos se ocupen de forma discrecional, sin publicidad ni competencia (Cabrera Domínguez, 2022). Un sistema moderno requiere que estos directivos se elijan mediante convocatorias abiertas donde se valore su formación y su experiencia previa (Arenilla Sáez y Llorente Márquez, 2025). La evaluación del trabajo realizado permite que la permanencia en el cargo dependa de los logros alcanzados y no de quién gane las elecciones (Arenilla Sáez y Llorente Márquez, 2025). Una administración que apuesta por el mérito y la transparencia asegura que los recursos de todos se utilicen de la mejor forma posible (Cabrera Domínguez, 2022). La innovación en el sector público nace de liderazgos capaces de motivar a los equipos y de adaptar las instituciones a las nuevas necesidades sociales (Canales-Aliende y Romero-Tarín, 2017). El futuro de la gestión de lo público exige alejar la burocracia de la captura por parte de intereses ajenos a la colectividad (Arenilla Sáez y Llorente Márquez, 2025). Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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Bibliografía

Arenilla Sáez, M., y Llorente Márquez, J. (2025). La dirección pública profesional en España: institucionalización incompleta y claves para su consolidación. Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público, 73(1), 85-118.

Cabrera Domínguez, J. M. (2022). La desaparición de la Ley de Cabildos de 2015 de la principal herramienta de modernización administrativa: el personal directivo profesional. Cosmológica, (2), 225-255.

Canales-Aliende, J. M., y Romero-Tarín, A. (2017). La relevancia de la innovación administrativa y el liderazgo en la gestión pública y las políticas públicas. Revista Encrucijada Americana, 9(1), 103-121.

Hernández de la Torre y García, J. M. (2006). Algunas consideraciones sobre la función pública directiva. Ponencia presentada al XI Congreso del CLAD, Ciudad de Guatemala.

Román Masedo, L. (1997). Política y Administración, algunas notas sobre el origen y la evolución del debate teórico. Revista de Estudios Políticos, (98), 115-135.

Román Masedo, L. (2016). Burocracia, política y corrupción en España. Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública, (27), 117-141.

Velasco-Carretero, M. (2025). Hacia la Consolidación de la Gestión Pública Profesionalizada. Sitio politi-post. Visitado el 11/8/2026.

Señores de la nube, reglas de la tierra

Fuente de la imagen: El hombre del tiempo (Velasco, 2007)

El mundo vive una transformación donde las grandes empresas de tecnología funcionan como señores de épocas pasadas, dueños de las tierras digitales donde transcurre nuestra existencia. Este sistema, denominado tecnofeudalismo (Velasco, 2025), genera una situación donde las personas actúan como trabajadores que no reciben sueldo, entregando su información personal cada vez que utilizan una aplicación o un buscador (Varoufakis, 2023). Estas plataformas no son simples mercados donde se intercambian bienes de forma libre, son territorios cerrados donde los propietarios cobran una renta a todo aquel que necesite estar ahí para trabajar, comprar o comunicarse (Baruphakēs & Zumpulakēs, 2023). Debido a que estos gigantes poseen más poder que muchas naciones, las reglas de la democracia y los derechos básicos de la gente se ven desplazados por los intereses de quienes son dueños de las máquinas y la nube (Osorio Amaya, 2026). La forma en que nos relacionamos y lo que vemos en nuestras pantallas se decide mediante cálculos matemáticos que priorizan ganar dinero por encima del bienestar común (Vaca Pereira Roca, 2025). Esta acumulación de autoridad en pocas manos impide que los ciudadanos mantengan su independencia o protejan su vida privada de la vigilancia corporativa que ocurre a cada segundo (Yüksel, 2025). Los usuarios se convierten en siervos digitales que alimentan con su actividad diaria el capital de corporaciones que operan fuera del control de las leyes tradicionales, estableciendo una nueva jerarquía social basada en quién posee la infraestructura técnica (Varoufakis, 2024). Las personas ya no son clientes que compran productos, son parte de un engranaje que genera riqueza para otros sin obtener nada a cambio más que el permiso de existir en el espacio virtual (Tello, 2023).

Frente a esta realidad, el constitucionalismo digital (Velasco, 2026) surge como una propuesta para llevar las protecciones de la ley al entorno de internet. Este movimiento busca asegurar que los derechos humanos y el equilibrio de fuerzas estén presentes en cada rincón virtual, adaptando los valores democráticos a las novedades técnicas (Celeste, 2020). Intenta crear normas que pongan límites a lo que estos gigantes tecnológicos pueden hacer, tratando de devolver a las personas la capacidad de decidir sobre sus propias vidas frente al dominio de los algoritmos (De Gregorio & Radu, 2022). Algunos intentos, como las nuevas leyes europeas de servicios digitales, tratan de obligar a las plataformas a ser más transparentes y responsables de lo que ocurre en sus espacios cerrados (Iglesias Keller & Pereira, 2025). Existen también grupos de ciudadanos que redactan sus propias declaraciones de derechos para exigir un trato más justo y equitativo (Gill, Redeker & Gasser, 2015). Aun así, hay expertos que advierten sobre un riesgo: llamar "constituciones" a las reglas internas de estas empresas puede ayudar a que estas parezcan legítimas mientras conservan su control total sobre la población (Iglesias Keller & Pereira, 2025). Construir un mundo digital justo requiere más que palabras bonitas; necesita un esfuerzo real para que la tecnología pertenezca a la comunidad y respete la dignidad de cada sujeto (Tello, 2023). De este modo, el derecho debe evolucionar para frenar la explotación y garantizar que el espacio público no sea una propiedad privada donde la libertad dependa de aceptar condiciones que nadie puede negociar (Celeste, 2019). Este camino consiste en un proceso constante donde diferentes leyes y acuerdos se unen como piezas de un dibujo mayor para someter la técnica a la justicia (Celeste, 2020).

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Bibliografía

Baruphakēs, G., & Zumpulakēs, M. (2023). On technofeudalism: What killed capitalism? An interview with Yanis Varoufakis. Economic Thought, 11(2), 25-30.

Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. International Review of Law, Computers & Technology, 33(1), 76-99.

Celeste, E. (2020). Constitutionalism in the Digital Age. Dublín: Dublin City University.

De Gregorio, G., & Radu, R. (2022). Digital constitutionalism in the new era of Internet governance. International Journal of Law and Information Technology, 30(1), 68-87.

Gill, L., Redeker, D., & Gasser, U. (2015). Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights. Berkman Center Research Publication, No. 2015-15.

Iglesias Keller, C., & Pereira, J. R. G. (2025). Digital constitutionalism as an online speech governance framework: A critical approach. En SSOAR Open Access Repository. Berlín: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

Osorio Amaya, J. C. (2026). Tecnofeudalismo y pensamiento complejo: Edgar Morin en resistencia epistemológica, social y cultural. Región Científica, 5(1), 2026528.

Tello, A. (2023). Sobre el colonialismo digital. Datos, algoritmos y colonialidad tecnológica del poder en el sur global. InMediaciones de la Comunicación, 18(2), 89-110.

Vaca Pereira Roca, D. (2025). La batalla cultural en la era del Tecnofeudalismo. Aportes de la Comunicación y la Cultura, (38), 85-94.

Varoufakis, Y. (2023). Technofeudalism: What Killed Capitalism?. Londres: Bodley Head.

Varoufakis, Y. (2024). Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo. Bilbao: Deusto.

Velasco-Carretero, M. (2025). Convergencia de Poder. Sitio Esclavos del Social Media. Visitado el 91/7/2026.

Velasco-Carretero, M. (2026). El constitucionalismo digital. Sitio politi-post. Visitado el 29/7/2026.

Yüksel, Ç. (2025). Technofeudal Lord: Elon Musk and the Rise of a New Digital Empire. Estambul: TRT World Research Centre.

Frente al Hedor: Crónica de una Estrategia Inteligente

Fuente de la imagen: captura de pantalla del sitio politi-post

Paco critica politi-post, comentándome con frecuencia que esos escritos que edito en el sitio virtual, carecen de una implicación directa contra la mala política, ya sea ésta de corte progresista o conservador (Gracias, amigo). Él desearía ver ataques más frontales hacia las siglas de turno. Mi intención con esas publicaciones consiste en examinar la raíz de los problemas que afectan a nuestra convivencia, evitando caer en la simple gresca partidista que agota el debate público. Intento exponer con claridad el hedor institucional que emana de la corrupción en España, un fenómeno que deja un rastro digital inmenso en procesos judiciales de gran magnitud y que no conoce de colores ideológicos. Denuncio con firmeza la falta de integridad de aquellos representantes que exhiben currículos fantasma, falseando méritos para ocupar cargos públicos, mientras que en el mundo laboral ordinario la acreditación de títulos representa un requisito obligado para cualquier profesional. Considero que la garantía de una sociedad justa reside en el ejercicio de una economía responsable, premisa que guía cada una de mis entradas y define la identidad como editor. Utilizo la Constitución de 1978 como la norma suprema que debe regir las instituciones, entendiéndola como el gran pacto que permite organizar el funcionamiento del Estado y fijar principios de respeto mutuo. Analizo la diferencia entre el individuo simplemente listo, que busca su beneficio mediante la astucia del momento, y el sujeto inteligente que actúa con una estrategia de futuro para el país. La proliferación de hechos alternativos actúa como una herramienta perversa para encubrir mentiras bajo eufemismos diseñados por asesores de comunicación, una práctica que critico con dureza por su capacidad para erosionar la verdad necesaria en democracia. El sitio contiene años de reflexiones que intentan aportar cordura, centrando la mirada en la solvencia institucional y la reputación personal como valores que deben recuperar su lugar en la esfera pública.

Y es que, Paco, vivimos tiempos donde el poder se reconfigura bajo formas que escapan a las categorías clásicas del siglo pasado. Nos hallamos inmersos en el tecnofeudalismo, un sistema donde la propiedad de las infraestructuras digitales permite una extracción de rentas basada en el control del comportamiento y la atención humana de todos los usuarios. El capital de la nube ha sustituido a los medios de producción tradicionales, otorgando una hegemonía algorítmica que redefine quién manda realmente en este mundo globalizado. Ante esta realidad, abogo por un constitucionalismo digital capaz de proyectar los valores democráticos en el espacio virtual, estableciendo límites claros al poder dentro de la sociedad conectada para proteger nuestra autonomía. Observo la digitalización de las administraciones públicas con cautela; reconozco que agiliza trámites y permite gestiones más económicas para el erario, pero advierto sobre los riesgos para las libertades individuales si estos procesos no respetan la privacidad desde su mismo origen. El orden mundial ha girado hacia un modelo donde la seguridad nacional y la capacidad de resistencia estratégica se anteponen a la simple búsqueda de eficiencia comercial globalizada. El lugar digital que edito funciona como un centro de pensamiento crítico que sugiere reflexionar sobre estos cambios estructurales, huyendo de soluciones mágicas o discursos populistas vacíos. Amigo, no busco otra cosa que aportar una visión técnica y ética que ayude a comprender las causas de la deriva política actual, convencido de que la responsabilidad económica es el único camino para proteger nuestro futuro colectivo. Acepto tus críticas sobre mi supuesta tibieza, pero prefiero mantener esta distancia analítica que permite examinar tanto la astucia cortoplacista como los engaños de la ficción virtual que nublan el juicio crítico de la población. Fuente de la imagen: captura de pantalla del sitio politi-post; mvc archivo propio.

¿Evolución o espejismo del constitucionalismo digital?

Fuente de la imagen: Portón de entrada a la Carta Magna (Velasco, 2020)

Por un momento piensa que Internet es un nuevo mundo que creció mucho más rápido que las leyes. Tradicionalmente, las constituciones se crearon para evitar que los reyes o los gobiernos abusaran de la ciudadanía, pero hoy vivimos un "momento constitucional" único: gran parte de la vida pública y privada ocurre en plataformas digitales controladas por gigantes tecnológicos (Celeste, 2020). El constitucionalismo digital (Velasco, 2026), no es una revolución que borra el pasado, más bien es una evolución necesaria para que valores como la libertad de expresión y la privacidad no desaparezcan en el ciberespacio (Celeste, 2019). El gran reto actual es que estos "gigantes de silicio" han acumulado tanto poder que actúan como si fueran estados propios, decidiendo qué podemos decir o qué se hace con nuestros datos, a menudo sin que tengamos herramientas claras para defendernos o pedir cuentas (De Gregorio y Radu, 2022). Pero debemos tener cuidado con las soluciones que parecen justas pero no lo son.

Y es que algunas instituciones tecnológicas privadas han creado sus propios sistemas de apelación, llamándolos incluso "Cortes Supremas", pero esto puede ser una "trampa de legitimidad", es decir un intento o camuflaje de parecer democráticos mientras mantienen el control absoluto sobre sus reglas y su dinero (Iglesias Keller y Pereira, 2022). Además, solemos creer que lo digital es "limpio", pero la realidad es que entrenar una Inteligencia Artificial consume enormes cantidades de agua y energía, lo que ha dado lugar al constitucionalismo eco-digital, que busca que la tecnología no avance a costa de destruir el planeta (Quintavalla et al., 2026). La solución es pasar a leyes reales y vinculantes que nos devuelvan la soberanía, obligando a las plataformas a ser transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos y cómo afectan tanto a los derechos como al medio ambiente (Gill et al., 2015; Quintavalla et al., 2026). Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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Bibliografía

Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. International Review of Law, Computers & Technology, 33(1), 76-99.

Celeste, E. (2020). Constitutionalism in the Digital Age. En Liber Amicorum for Ingolf Pernice. Dublin City University.

De Gregorio, G., y Radu, R. (2022). Digital constitutionalism in the new era of Internet governance. International Journal of Law and Information Technology, 30(1), 68-87.

Gill, L., Redeker, D., y Gasser, U. (2015). Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights. Berkman Center Research Publication No. 2015-15.

Iglesias Keller, C., y Pereira, J. R. G. (2022). Digital constitutionalism as an online speech governance framework: A critical approach. Revista Direito e Praxis, 13(4).

Quintavalla, A., Celeste, E., y Perez Victorio, A. (2026). Operationalising the Twin Transition: From EU Constitutional Principles to National AI Strategies. European Journal of Risk Regulation. Cambridge University Press.

Velasco-Carretero, M. (2026). El constitucionalismo digital. Sitio politi-post. Visitado el 15/7/2026.

Imperios invisibles: La rebelión del siervo conectado

Fuente de la imagen: Bajo el recuerdo del TRUENO (Velasco, 2012)

Para entender el mundo actual, debemos conjeturar que ya no vivimos en un capitalismo tradicional, más bien en algo llamado "tecnofeudalismo" (Velasco, 2026), donde los mercados han sido reemplazados por inmensos "feudos digitales" controlados por unos pocos dueños de la tecnología (Varoufakis, 2023). A diferencia de las antiguas fábricas que producían objetos, estas nuevas potencias poseen el "capital de la nube", un sistema diseñado para conectarnos, modificando la conducta y capturar nuestra atención como si fuera una materia prima estratégica (Baruphakēs y Zumpulakēs, 2023). En este escenario, cada vez que usamos una red social o buscamos una dirección en el mapa, actuamos como "siervos de la nube", entregando nuestro tiempo y datos de forma gratuita para que los algoritmos se vuelvan más inteligentes y valiosos para sus dueños (Varoufakis, 2024). Esta relación de poder es tan insondable que algunos individuos han logrado construir imperios que desafían la soberanía de las naciones, controlando desde redes de satélites hasta los flujos de información que moldean la opinión pública global (Yüksel, 2025). Así, la economía ha pasado de buscar beneficios por vender productos a extraer "rentas digitales", cobrándonos a todos una especie de peaje invisible por el simple hecho de habitar y comunicarnos en estos espacios virtuales (Vaca, 2025).

Pero este sistema no es neutral y ha dado paso a lo que se denomina "colonialismo digital", un proceso donde las grandes corporaciones extraen datos de los países del Sur Global de la misma forma en que históricamente se extrajeron recursos naturales (Tello, 2023). Esta dinámica genera dependencia económica y tecnológica, erosionando las democracias al utilizar algoritmos que premian el escándalo y la polarización afectiva para mantenernos conectados por más tiempo (Vaca Pereira Roca, 2025). Ante esta situación, la propuesta para recuperar la autonomía no consiste en rechazar la tecnología, hay que abordarla con un "pensamiento complejo" que nos permita actuar como ciudadanía con derechos y no como simples usuarios pasivos (Osorio Amaya, 2026). La clave para el futuro reside en fomentar la soberanía tecnológica, lo que implica desarrollar plataformas de código abierto que pertenezcan a la comunidad y establecer alianzas entre países para proteger la producción científica y cultural frente al extractivismo de datos (Osorio Amaya, 2026). Y es que solamente mediante una educación que promueva una ética planetaria y el control social de las infraestructuras digitales podremos transformar estos feudos en espacios comunes que sirvan al bienestar humano y no solo a la acumulación de poder (Osorio Amaya, 2026).

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Bibliografía

Baruphakēs, G., y Zumpulakēs, M. (2023). On technofeudalism: What killed capitalism? An interview with Yanis Varoufakis. Economic Thought, 11(2), 25-30.

Osorio Amaya, J. C. (2026). Tecnofeudalismo y pensamiento complejo: Edgar Morin en resistencia epistemológica, social y cultural. Región Científica, 5(1), 2026528. https://doi.org/10.58763/rc2026528

Tello, A. (2023). Sobre el colonialismo digital. Datos, algoritmos y colonialidad tecnológica del poder en el sur global. InMediaciones de la Comunicación, 18(2), 89-110. https://doi.org/10.18861/ic.2023.18.2.3523

Vaca Pereira Roca, D. (2025). La batalla cultural en la era del Tecnofeudalismo. Revista Aportes de la Comunicación y la Cultura, (38), 85-94.

Varoufakis, Y. (2024). Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo. Deusto.

Velasco-Carretero, M. (2026). La Reconfiguración del Poder en la Era del Tecnofeudalismo. Sitio politi-post. Visitado el 10/7/2026.

Yüksel, Ç. (2025). Technofeudal Lord: Elon Musk and the Rise of a New Digital Empire. TRT World Research Centre.

Resiliencia: El nuevo ADN del poder global

Fuente de la imagen: mvc realizada con el recurso Notebook

En el convulso escenario internacional actual, ya no basta con que una nación sea rica o eficiente económicamente; ahora es vital que sea "resiliente": ¿Seguridad Primero? (Velasco-Carretero, 2026). Este concepto ha dejado de ser no solamente una palabra técnica para convertirse en la capacidad de un país para resistir y adaptarse y "avanzar con fuerza" después de un golpe inesperado, como una guerra o una crisis energética (Sizeland, 2025). Y es que durante décadas, el mundo operó bajo un orden basado en la globalización que buscaba el mayor beneficio al menor coste posible, pero los recientes conflictos, especialmente la invasión de Ucrania, Gaza, Irán o Líbano, han demostrado que la dependencia económica de otros países puede ser usada como un arma contra nosotros (NYLIM, 2026; Cosidó, 2023). Esto ha forzado a los gobiernos a adoptar una estrategia de "Seguridad Primero", donde proteger el acceso a recursos básicos y asegurar la tecnología nacional es más importante que la simple ganancia financiera. De hecho, la estabilidad de un país puede medirse hoy por su "soberanía estratégica", es decir, qué tan capaz es de tomar sus propias decisiones sin depender críticamente de rivales que puedan cortarle el suministro en cualquier momento (Prombo, 2026; Ramos Josa, 2023).

Fuente de la imagen: ¿Seguridad Primero? Sitio politi-post (Velasco, 2026)

Pero construir esta fortaleza nacional no se trata solamente de comprar armas o aprobar leyes complejas que, a veces, terminan siendo meros documentos "estéticos" sin capacidad real de acción (Portero, 2023). Un reto crítico actual es la transición hacia energías verdes; aunque buscamos el sol y el viento para no depender de combustibles extranjeros, a menudo terminamos dependiendo de otros países, como China, para conseguir los paneles solares o los componentes tecnológicos necesarios (Barrios Pérez-Coca, 2025). Por ello, la verdadera resiliencia debe empezar desde abajo, fortaleciendo a la ciudadanía para que esté preparada y sus comunidades sean capaces de colaborar ante las crisis (Sizeland, 2025). No es suficiente con tener buenos indicadores económicos si la población se siente vulnerable o desinformada. Al final, la seguridad de una nación como España depende de un equilibrio delicado: no se trata de aislarnos del mundo, consiste en gestionar la complejidad de un sistema global donde los inversores reaccionan con rapidez ante el miedo, pero los Estados deben mirar a largo plazo para asegurar la supervivencia de su sociedad (Fernández Cela, 2026; Prombo, 2026). En este nuevo mundo, la seguridad ya no debe verse como un gasto, debe conceptualizarse como una inversión para el futuro.

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Bibliografía

Barrios Pérez-Coca, R. (2025). Crisis energética y transición verde (Trabajo de Fin de Grado). Universidad Pontificia Comillas.

Cosidó, I. (2023). Estrategias para un cambio de época. En Documento de Investigación IEEE 02/2023 (pp. 325-339). Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Fernández Cela, J. C. (2026). Finanzas en pie de guerra: estrategias geopolíticas de los fondos de inversión ante el conflicto en Ucrania. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (142), 177-199.

New York Life Investment Management (NYLIM). (2026, marzo). Geopolitical risk in a shifting world order. Global Market Strategy.

Portero, F. (2023). Introducción. En Documento de Investigación IEEE 02/2023 (pp. 17-21). Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Prombo, M. (2026). Geopolitical resilience of nations: a systemic model of power, sovereignty and strategic fragility. Munich Personal RePEc Archive (MPRA Paper No. 128370).

Ramos Josa, P. F. (2023). Estados Unidos. En Documento de Investigación IEEE 02/2023 (pp. 23-41). Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Sizeland, E. (2025). Resilience first: Strengthening individuals, securing the United States, and protecting the free world. Atlantic Council (Adrienne Arsht National Security Resilience Initiative).

Velasco-Carretero, M. (2026). ¿Seguridad Primero? Sitio politi-post. Visitado el 17/6/2026.

Símbolo y No Poder

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

En el marco de la docencia de la asignatura Administración y Legislación Ambiental, del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA), la tarde la pasé explicando la forma política del Estado Español, que no es otra que la monarquía parlamentaria. Y es que, para comprender cómo se organiza un país, una de las primeras cosas que debemos mirar es quién ocupa la jefatura del Estado, es decir, la máxima representación de ese territorio. En las democracias modernas, existen principalmente dos grandes modelos para esta figura: la república y la monarquía. En una república, la jefatura del Estado la ocupa una presidencia que es elegida, ya sea directamente por la ciudadanía o a través de sus representantes en el parlamento, para un período de tiempo concreto. Ejemplos de ello son Francia, Portugal o Alemania. El segundo modelo es la monarquía parlamentaria, que es precisamente la forma política que adopta el Estado español, tal y como establece su Constitución. ¿Qué significa exactamente que España sea una monarquía parlamentaria? A diferencia de las antiguas monarquías absolutistas, donde el rey o la reina concentraban todo el poder, en el modelo parlamentario el poder real no reside en la Corona, sino en el pueblo. La soberanía, es decir, la capacidad de tomar las decisiones más importantes está en la ciudadanía, que la ejerce a través de sus representantes en el Parlamento. Por eso, la denominación oficial de nuestro país es "Reino de España", pero el poder lo ostentan las instituciones democráticas. Esta idea se resume en una frase muy conocida: "el rey reina, pero no gobierna".

El papel del Rey, actualmente Felipe VI, es fundamentalmente simbólico. Actúa como jefe del Estado y es un símbolo de la unidad y permanencia del país, asumiendo su más alta representación en las relaciones internacionales. Pensemos en él como la cabeza visible del Estado ante otros países. La Constitución le asigna una serie de funciones, como firmar y promulgar las leyes que aprueba el Parlamento, convocar las elecciones, o proponer al candidato a la presidencia del Gobierno. Pero es necesario entender que éstas no son decisiones personales. Se trata de actos que está obligado a realizar; no puede negarse a firmar una ley aprobada por las Cortes Generales, por ejemplo. La responsabilidad de esos actos no recae sobre él, sino sobre quien los refrenda, que generalmente es la persona que preside el Gobierno. Sin esa firma de refrendo, los actos del Rey no tienen ninguna validez. Un ejemplo histórico que ilustra este límite al poder real ocurrió en Bélgica en 1990, cuando el rey Balduino, por convicciones personales, se negó a firmar la ley del aborto. La solución fue que abdicara durante un día para que el gobierno pudiera promulgar la ley, demostrando que la voluntad del monarca no puede imponerse a la del parlamento. De igual modo, en Luxemburgo se modificó la Constitución después de que el Gran Duque se negara a sancionar la ley de la eutanasia, eliminando la necesidad de su sanción para que las leyes entren en vigor. Una de las características más singulares de la figura del Rey es que es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Esto significa que, mientras ejerce como jefe de Estado, no puede ser juzgado por ningún tribunal por actos relacionados con sus funciones como rey.

Esa "inviolabilidad política" es lógica puesto que las acciones del monarca, además de que le vienen impuestas por el ordenamiento jurídico, deben ser siempre refrendadas por el Presidente del Gobierno, por los Ministros competentes o, en ciertos casos, por el Presidente del Congreso. Pero luego llega lo que algunos expertos denominan generalización del término. Es decir: ¿Significa que si privadamente el rey roba o mata, esos actos tendrían que estar firmados por el Poder Ejecutivo? Aunque parezca absurda la pregunta e inconcebible una respuesta afirmativa, el caso es que esa situación se ha dado durante el reinado de Juan Carlos I, donde, por ejemplo, los tribunales no admitieron a trámite demandas de paternidad presentadas contra él, basándose en ese principio. Al menos parece que esa protección solamente se aplica a la persona del Rey y no al resto de la familia real. En todo caso, tras su abdicación en 2014, Juan Carlos I perdió esa inviolabilidad para los actos cometidos a partir de ese momento. La jefatura del Estado en la monarquía es un cargo vitalicio y hereditario. La sucesión a la Corona sigue unas reglas establecidas, entre las que destaca la preferencia del varón sobre la mujer, aunque sean de la misma línea y grado. Actualmente, la heredera al trono es la princesa de Asturias, Leonor, seguida de su hermana, la infanta Sofía. Concluyendo, la monarquía parlamentaria es un sistema en el que la figura del monarca se mantiene como un símbolo de la tradición y la unidad del Estado, pero conviviendo plenamente con un sistema democrático donde las decisiones y la responsabilidad política residen exclusivamente en las instituciones elegidas por la ciudadanía.

Por qué la esperanza liberal no basta

Fuente de la imagen:  The New Leviathans. Sitiobook—post (M. Velasco, 2023)

Los continuos, cansados y aburridos desencuentros políticos a los que tristemente nos tienen acostumbrado los partidos políticos mayoritarios de mi país, acrecentados aún más cuando hay desgracias como el Covid, la Dana o ahora los incendios, me empujan a refugiarme en “rehojeos” como el de "The New Leviathans" (referenciado en book—post, M. Velasco, 2023)[1], de J. Gray (2023)[2], que más que ofrecerme consuelo ante el caos del mundo moderno, es como una mirada cruda y directa a por qué las supuestas certezas liberales no logran explicar la realidad en la que vivimos. Gray, un filósofo conocido por su pesimismo inquebrantable, utiliza una relectura del clásico de Thomas Hobbes, el "Leviatán", como una lente para diseccionar los fracasos morales y políticos del siglo XXI, argumentando que la era posterior a la Guerra Fría, marcada por la creencia triunfalista en la inevitable expansión de la democracia liberal, fue un período de peligrosa autoilusión, ya que, según él, los eventos que han sucedido desde entonces —como el auge del autoritarismo, el fervor nacionalista y los conflictos continuos— no son simples contratiempos temporales. Son, en realidad, los resultados previsibles de una naturaleza humana defectuosa y la inestabilidad inherente de los proyectos políticos, una realidad que Hobbes comprendió hace siglos. El "Leviatán" de Hobbes postula que los humanos, movidos por el interés propio y el miedo a la muerte, necesitan un Estado poderoso para evitar que la sociedad se hunda en el caos.

Para Gray, esta visión fría y pragmática ofrece un marco más preciso para entender los eventos actuales y las narrativas optimistas del pensamiento liberal, sugiriendo el autor que seguimos viviendo bajo "nuevos leviatanes", no necesariamente en la forma de un único soberano, sino como una compleja red de fuerzas políticas y económicas modernas que prometen orden y racionalidad, mientras a menudo producen lo contrario. No te confundas, "The New Leviathans" no es una lectura ligera, pero es gratificante para quienes estén dispuestos a confrontar sus ideas desafiantes, obligándonos a cuestionar nuestras creencias más básicas sobre el progreso y la moralidad, criticando la idea de que podemos simplemente "solucionar" nuestros problemas con una mejor gestión o tecnología, reflexionado acerca de que una dosis de realismo hobbesiano —un reconocimiento de nuestros instintos básicos y a menudo irracionales— podría ser un punto de partida útil para construir una ética más honesta y autoconsciente. Concluyendo, el libro es una meditación sobre las locuras históricas y actuales, desafiándome a ir más allá de las explicaciones superficiales de los eventos globales y a aceptar que gran parte de lo que considero progreso moderno es, en realidad, una repetición de viejos errores. Las reflexiones de Gray son, a la vez, fascinantes e inquietantes, lo que convierte a esta obra en una lectura necesaria para cualquiera que se enfrente a las contradicciones y decepciones del mundo contemporáneo.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2023). The New Leviathans. Sitio book—post. Visitado el 25/08/2025.

[2] Gray, John (2023). The New Leviathans. Ed. Penguin Random House.

De diplomaturas, especialidades y titulaciones

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Bajo el título “Yo también soy Diplomado” (J. Sarria, 2025)[1], que me ha hecho recordar el texto “De corazón Diplomado” (M. Velasco, 2007)[2], escribe Pepe (2025)[3] en su muro de Facebook una reflexión matizada sobre un tema de gran actualidad en mi país: la caza de brujas en torno a las titulaciones de los políticos, sobre la que escribí en “Mentir en Política: El Currículum Vitae Fantasma” (M. Velasco, 2025)[4]. En su texto, Pepe utiliza su propia experiencia (Diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal), para contextualizar el debate. Al presentarse como "diplomado" por un centro privado en una época donde la terminología era más ambigua, defiende que no toda discrepancia en la denominación de un título implica una intención de mentir. Su argumento central es que se está confundiendo la gimnasia con la magnesia; es decir, que no es lo mismo un engaño flagrante, como el caso de la política que mintió sobre sus inexistentes estudios y títulos, que una imprecisión semántica o una denominación anticuada de unos estudios. El amigo aboga por un debate político más sano y constructivo, criticando duramente los insultos y la "vendetta" política y sugiriendo que la oposición haría mejor en centrar sus esfuerzos en la gestión, las propuestas y el programa electoral, en lugar de desatar una "montería" por aspectos que considera "baladíes" y de escaso "calado social". En definitiva, su texto es una llamada a la proporcionalidad, a la sensatez y a evitar los juicios sumarios, defendiendo la nobleza de la democracia incluso cuando se está en las antípodas ideológicas. Estoy de acuerdo con casi todo lo que dice Pepe y especialmente lo relativo a que las personas que se dedican a la política deberían dedicarse a eso, a hacer política: los que gobiernan a gobernar, consensuando y aprobando presupuestos generales, por ejemplo, y los que están en la oposición en generar alternativas y propuestas constructivas. 

Fuente de la imagen:  De corazón Diplomado (M. Velasco, 2007).

Sólo hay una cosita en la que no es que no esté de acuerdo con el amigo, sino recordar que antes había títulos universitarios, como el de Diplomado en Empresariales, que sí era una diplomatura universitaria en toda regla. También, se suele diferenciar entre titulaciones universitarias[5] y especialidades[6], siendo habitual que nos encontremos con estos dos términos y que los usemos casi como sinónimos, pero en realidad, no son lo mismo. Pensemos en ellos como si fueran dos niveles distintos en la formación universitaria. La titulación es el objetivo final, el diploma que te dan cuando terminas un ciclo de estudios completo y oficial. Es el título que pones en tu currículum[7]. Por ejemplo, cuando alguien dice que es "Graduado en Derecho", "Máster en Psicología" o "Doctor en Físicas", está mencionando su titulación. Es el gran logro, la meta que has alcanzado después de varios años de estudio. La especialidad, por otro lado, no es un título por sí mismo, sino una rama o un área de conocimiento muy concreta en la que te has centrado. Podríamos decir que es el "sabor" que eliges dentro de un gran pastel. Por ejemplo, dentro de un Grado de Derecho, puedes especializarte en Derecho Penal, Compliance, Derecho Concursal... El diploma que recibes sigue siendo el de "Grado en Derecho", pero la especialidad es esa área en la que te has hecho un experto. En algunos casos, como con los médicos, la especialidad es un paso posterior y muy riguroso, que se obtiene después de la titulación y tras años de residencia hospitalaria[8]. En síntesis, la titulación es el título principal que te certifica como profesional en un campo amplio, mientras que la especialidad es esa subárea en la que has decidido profundizar para ser un experto en algo muy concreto. El primero es la llave que te permite entrar en una habitación, y el segundo es el mapa detallado para moverte por un rincón específico de esa misma habitación. Fuente de la imagen: mvc.

Una de las especialidades: Gestor Administrativo. Fuente de la imagen: mvc archivo propio

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[1] Sarria Cuevas, José (2025). Yo también soy Diplomado. Sitio Facebook. Visitado el 12/8/2025. 

[2] Velasco-Carretero, Manuel (2007). De corazón Diplomado. Sitio visitado el 12/8/2025.

[3] Sarria Cuevas, José. Economista, asesor fiscal. Poeta.

[4] Velasco-Carretero, Manuel (2025). Mentir en Política: El Currículum Vitae Fantasma. Sitio visitado el 12/8/2025.

[5] En mi caso dispongo de cuatro.

[6] Como mínimo contabilizo seis.

[7] Y el que te abre la puerta a un mundo profesional.

[8] Como la especialidad de Pediatría o de Cardiología.

Mentir en Política: El Currículum Vitae Fantasma

Fuente de la imagen: Insistencia (M. Velasco, 2007)

No hace tanto tiempo cuando me presentaba a una oferta de trabajo, pasaba por un filtro riguroso. Recuerdo con claridad aquellos procesos de selección, ya fuera para director de auditoría interna en Euromarket (M. Velasco, 2006)[1], para Secretario General de la Federación Andaluza de Centros de Estudios Privados (M. Velasco, 2010)[2] o en las convocatorias públicas de la Junta de Andalucía para director de proyectos formativos-laborales (M. Velasco, 2010-2013)[3]. Lo habitual, una vez superadas las primeras fases, era que te pidieran copias de las titulaciones universitarias, certificados de la experiencia laboral, incluso en aquella ocasión de la vinculación societaria con la entidad de capital riesgo M Capital (Unicaja, Cajamar, Caja Sur…) en Interempleo Andalucía (M. Velasco, 2018)[4], previamente el departamento de recursos humanos de la entidad matriz exigió un "bastanteo" de las titulaciones universitarias. Solo Álvaro, aquel socio titular del bufete de abogados y economistas donde comencé mi andadura profesional en esto de la economía, el derecho y la empresa, no me pidió justificación; claro, él jugaba con la ventaja de que yo iba por recomendación directa de Luis, profesor de la Escuela de Estudios Empresariales (M. Velasco, 2007)[5]. La verdad es que nunca me extrañó que se solicitaran esos soportes documentales; era lo normal, lo que se esperaba, la forma de demostrar con hechos lo que se decía en un papel o en una entrevista. Por eso, resulta desolador ver lo que está sucediendo a nivel político en España, con esa controvertida afición de algunas personas a los currículos inflados o directamente falseados. 

Se habla de licenciaturas que no son tal, de carreras que se quedan en un mero estudio, de abogados que nunca lo fueron o de másteres realizados de manera "exprés" que carecen de la más mínima sustancia académica. Varios nombres conocidos han sido "pillados con el carrito de los helados", como decimos coloquialmente, y la sensación que queda es de una profunda tristeza. No es que para dedicarse a la política se necesite una carrera universitaria, ni mucho menos un máster o un doctorado. La valía de una persona servidora de lo público se mide por su capacidad de gestión, su visión, su compromiso y, fundamentalmente, su integridad. La educación formal es una herramienta, no un fin en sí mismo. Pero mentir sobre ella, aparentar lo que no se es, eso es otra cosa muy distinta. Es una falta de honestidad que empaña la imagen individual, pero, sobre todo, corroe la ya frágil confianza de la ciudadanía en sus representantes y en las instituciones. Cuando la verdad se manipula en lo pequeño ¿Qué garantía hay de que no se hará en lo grande? La política es un ejercicio de servicio público que demanda ejemplaridad y la mentira, por muy "pequeña" que parezca, es un virus que se propaga rápidamente, debilitando el tejido de nuestra democracia. Asistimos a una suerte de espectáculo donde la impostura parece normalizarse y eso, al que ha crecido en la cultura del esfuerzo y la honestidad, le duele profundamente. Es necesario reflexionar sobre los valores y las bajezas que, como sociedad, estamos priorizando. Fuente de la imagen: Insistencia (M. Velasco, 2007)[6], mvc archivo propio.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2006). Ni seguratas ni chivatos ni detectives. Sitio visitado el 26/7/2025.

[2] Velasco-Carretero, Manuel (2010). Secretaría General. Sitio visitado el 2/07/2025.

[3] Velasco-Carretero, Manuel. Casa de Oficios (2010), Medioambiente (2011), Les echaré de menos (2011), Málaga Recurso Enológico (2012), Reír, llorar… (2013). Sitios visitados el 26/07/2025.

[4] Velasco-Carretero, Manuel (2018). El sufrido rol de accionista minoritario. Sitio visitado el 26/07/2025.
[5] Velasco-Carretero, Manuel (2007). De corazón Diplomado. Sitio visitado el 26/07/2025.

[6] Velasco-Carretero, Manuel (2007). Insistencia. Sitio visitado el 26/07/2025.

Plan Anticorrupción ¿Novedad o Infructuosa Realidad?

Fuente de la imagen: mvc archivo propio, insertada en el texto Corrupción en Marbella (M. Velasco, 2006)

A raíz de la publicación del texto “Innovación Legislativa o Cuestión de Voluntad Política” (M. Velasco, 2025)[1], sobre el anuncio del Gobierno de mi país respecto a su Plan estatal Anticorrupción de 15 medidas, diseñado junto a la OCDE, en la tarde del miércoles contactaron varios medios de comunicación para interesarse por mi opinión y me parece fundamental aclararlo de forma sencilla. Y es que el análisis, desde la perspectiva de alguien que trabaja en compliance, derecho administrativo, canales de denuncia, medidas anticorrupción y prevención del blanqueo, es que, si bien cualquier iniciativa contra la corrupción es bienvenida, la mayoría de estas medidas ya están recogidas en el ordenamiento jurídico español (OJE). Es decir, no es que no tengamos normas; es que, en muchos casos, lo que falta es que se apliquen de verdad y con contundencia. Pensemos, por ejemplo, en los controles patrimoniales a altos cargos. Ya existen leyes que obligan a los políticos a declarar sus bienes y actividades. La novedad del plan es que se hagan de forma "aleatoria y anual"[2]. El problema real es si los organismos encargados de esto tienen los recursos y la independencia para investigar a fondo. Lo mismo ocurre con la protección a los denunciantes. Hace muy poco entró en vigor una ley específica que protege a quienes informan sobre corrupción, garantizando su confidencialidad y evitando represalias, pero el reto es que se implemente y funcione en la práctica[3].

Cuando hablamos de perseguir a las empresas corruptoras, que el Presidente ha destacado, es un punto clave. Es cierto que a menudo "se van de rositas". Pero nuestras leyes ya contemplan la responsabilidad penal de las empresas y la posibilidad de imponerles multas y, muy importante, prohibirles contratar con la Administración Pública (las famosas "listas negras"). La cuestión es si se usan estas herramientas con la firmeza necesaria. Endurecer penas o cambiar cómo se calculan las multas son ajustes legislativos, sí, pero el fondo de la cuestión es la voluntad de aplicar lo que ya tenemos. En definitiva, mi mensaje es claro: el problema de la corrupción en España no es principalmente una falta de leyes. Tenemos un marco jurídico bastante completo y alineado con estándares internacionales. La verdadera batalla está en la regeneración de quienes tienen que aplicar esas leyes (judicatura, fiscalía, funcionariado de control...) y en una voluntad política inquebrantable que garantice que la ley se cumpla para todos, sin excepciones ni interferencias. La lucha contra la corrupción es una maratón, no un sprint de anuncios. Necesitamos un compromiso constante, dotar de recursos a los que trabajan para erradicarla, asegurar su independencia y, sobre todo, fomentar una cultura de integridad que impregne todas las instituciones. Solo así recuperaremos la confianza y construiremos una sociedad más justa. Fuente de la información: texto referenciado. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2025). Innovación Legislativa o Cuestión de Voluntad Política. Sitio Compliance. Visitado el 10/07/2025.

[2] Lo cual es un matiz en la metodología, pero no es que antes no se controlara. 

[3] No tanto que se añadan más garantías a una Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) en proceso de reforma.

¿Quién Paga la Cuenta?

Fuente de la imagen: Compliance de paripé (M. Velasco, 2023)

Una vez más, el foco de la atención pública en mi país se posa sobre la corrupción, esta vez con el mediático caso Koldo acaparando titulares. Las noticias se desglosan en detalles sobre presuntos sobornos, malversación y la figura de quienes supuestamente se dejaron corromper. Es una narrativa familiar, casi un guion preestablecido que se repite con cada nuevo escándalo: se señalan a los intermediarios, a los funcionarios, a los políticos que supuestamente sucumbieron a la tentación del dinero ilegal. Sin embargo, en medio de este clamor, una sombra persistente se cierne sobre la escena: el silencio y la impunidad de los corruptores. La paradoja es sangrante. Mientras se persigue con cierto y presuntamente subjetivo ahínco a uno de los eslabones de la cadena, a aquéllos que aceptaron las "mordidas" o facilitaron los tejemanejes, las empresas que ofrecieron las comisiones, las que idearon las tramas para conseguir contratos o licencias, las que regaron el dinero ilícito, a menudo parecen esfumarse del escrutinio público, o al menos de la condena efectiva. 

Fuente de la imagen: Corrupción en Marbella (M. Velasco, 2006)

Y lo más inquietante es que casi siempre son los mismos actores o estructuras corporativas que ya aparecieron en casos de corrupción pasados. Como si el dramatis personae de la ilegalidad tuviera un elenco fijo de entidades que, pase lo que pase, logran surfear la ola de los escándalos, reinventarse y volver a las andadas. Aquí surge la pregunta obligada: ¿de qué sirven entonces los espléndidos órganos de compliance de esas empresas? Esas sofisticadas estructuras, esos códigos éticos relucientes, esas auditorías internas que, se supone, deberían garantizar el cumplimiento normativo y prevenir justamente estos deslices. Parecen meras fachadas, un adorno institucional que se desmorona ante la mínima presión del beneficio ilícito. ¿Es que son ineficaces, son ignorados deliberadamente o, peor aún, son cómplices tácitos de una cultura empresarial que prioriza la ganancia rápida sobre la legalidad? La teoría nos dice que un programa de compliance robusto debería proteger a la empresa de ser utilizada para fines delictivos y, en última instancia, atenuar o eximir su responsabilidad penal. 

Fuente de la imagen: Lo extemporáneo y lo constructivo (M. Velasco, 2006)

Pero si las empresas corruptoras se van de rositas una y otra vez, ¿Qué mensaje está enviando la Justicia? Y esto nos lleva directamente a interpelar a los órganos judiciales y a esa judicatura supuestamente experta en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con una legislación cada vez más desarrollada en esta materia, ¿por qué la balanza de la justicia parece inclinarse de forma tan notoria hacia el castigo de los individuos, mientras que la entidad corporativa que se benefició de la corrupción, que probablemente la instigó o la permitió, rara vez recibe el golpe que le corresponde? ¿Dónde está la ejemplaridad en la sanción a la persona jurídica? Es una pregunta que resuena con amargura cada vez que un nuevo caso de corrupción sale a la luz, dejando la sensación de que, al final del día, los corruptores, esos invisibles pero poderosos titiriteros del dinero ilegal, siguen operando con una impunidad desoladora. Y mientras esa dinámica persista, la batalla contra la corrupción estará condenada a ser una lucha con un solo brazo. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

Fuente de la imagen: Reciclaje formativo en la ISO 37001 (M. Velasco, 2021)