¿Eco o impostura?

Instante de la ponencia. De izq. a dcha.: Dña. Vanessa Robles, Directora de Promoción y Comunicación del Consejo Regulador y Gerente de la Ruta del Vino Ronda Málaga, D. José Luis Palma,  Letrado Mayor del Consejo de Estado y Of Counsel en GOMEZ-ACEBO & POMBO, el que te escribe (Manuel Velasco), D. Juan Muñoz, de la institución vitivinícola Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe), y D. Javier Aranda, Secretario General del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Invitado por Javier (Gracias), la mañana del viernes la pasé asistiendo a la ponencia impartida por José Luis Palma[1], sobre la Ley de Consumo Sostenible en el sector de la industria y distribución alimentaria, evento formativo organizado por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, ofreciendo el ponente un generoso análisis sobre el nuevo ecosistema legal del consumo sostenible en la industria alimentaria. El núcleo de la sesión giró en torno a la Directiva (UE) 2024/825 y el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, herramientas normativas diseñadas para erradicar el greenwashing o ecoimpostura, que ha erosionado gravemente la confianza de los consumidores. Palma destacó que, según estudios de la Comisión Europea, más del 53 % de las alegaciones medioambientales en la Unión resultan ser vagas o engañosas, lo que justifica una regulación estricta para garantizar que las decisiones de compra sean realmente informadas. Un punto de inflexión comentado fue la transición desde la Ley de Competencia Desleal vigente hacia el nuevo marco; se citó como ejemplo la sentencia de febrero de 2025 entre Iberdrola y Repsol, que, aunque desestimada bajo la normativa anterior, ilustra la creciente litigiosidad en este ámbito. Bajo el nuevo régimen, el greenwashing deja de ser un mero riesgo reputacional para convertirse en un ilícito jurídico con consecuencias directas, especialmente en el sector agroalimentario donde el uso de términos como «eco», «natural» o «sostenible» es constante y ahora requerirá de un respaldo verificable y planes de ejecución supervisados por terceros independientes.

Durante la sesión se detallaron medidas técnicas que transformarán la comunicación comercial, como la prohibición absoluta de exhibir distintivos de sostenibilidad que no emanen de sistemas de certificación oficiales o verificados de forma transparente y objetiva. Palma hizo especial hincapié en que las afirmaciones medioambientales genéricas —tales como calificar un producto de «verde» o «biodegradable»— quedarán prohibidas si el comerciante no puede demostrar un comportamiento medioambiental excelente reconocido. Para el sector alimentario, resultó de gran interés la regulación de la reduflación, un objetivo adicional español que obligará a los fabricantes a informar durante un periodo de 90 días cuando se reduzca la cantidad neta de un producto manteniendo su precio. Asimismo, se introducen instrumentos como el aviso y la etiqueta armonizados para informar sobre garantías de durabilidad y derechos de los consumidores. No obstante, la ponencia concluyó con una advertencia sobre la situación administrativa en España: el país ya ha incumplido el plazo de transposición de la directiva europea, fijado para marzo de 2026, lo que ha derivado en un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. Ante este escenario de "incumplimiento", se anticipa la posibilidad de una vía normativa acelerada mediante Real Decreto-Ley para adaptar con urgencia un texto que, aunque todavía abierto a cambios en su fase parlamentaria, obliga a las empresas a profesionalizar sus sellos y a ser mucho más rigurosas en sus alegaciones de sostenibilidad. Fuente de la imagen: instante de la ponencia impartida por José Luis Palma.

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[1] Palma Fernández, José Luis. Of Counsel en GOMEZ-ACEBO & POMBO,ABOGADOS S.L.P Letrado Mayor del Consejo de Estado. Administrador Civil del Estado (excedente).