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En mi país el procedimiento administrativo (M. Velasco, 2020)
[1] es el cauce formal o el conjunto de trámites establecidos a través del cual la Administración Pública española (AP) adopta todas sus decisiones, entendiendo que casi todas las actuaciones administrativas, a excepción de la coacción directa y de ciertas actividades técnicas, se llevan a cabo necesariamente mediante un procedimiento previo que no es un mero formalismo, sino que configura la resolución final, siendo una sucesión de actos administrativos de trámite que culminan en un acto administrativo resolutorio que contiene la decisión final sobre un asunto. A menudo, se considera que este procedimiento entorpece la actuación administrativa porque la hace más lenta y, por tanto, menos eficaz, pero su existencia es una garantía básica para la ciudadanía y para el sistema en general. ¿Por qué? Porque el procedimiento asegura la legalidad, la coherencia y la objetividad de la actuación administrativa. Es necesario prevenir que la AP tome decisiones que no se ajusten a derecho, ya que una vez tomada una decisión, ésta surte efecto y puede causar perjuicios que son verdaderamente irreparables
[2].
Además de ser una herramienta de legalidad, el procedimiento garantiza que las personas interesadas puedan ser escuchadas antes de que se tome la decisión y que colaboren en la justicia de la misma. Desde esta óptica, el procedimiento contribuye a la democratización de la toma de decisiones, acercándolas a la ciudadanía. Fíjate si es tan importante que su necesidad está recogida en la propia Constitución Española (CE), que exige que la ley regule el procedimiento para garantizar, cuando proceda, la audiencia de la persona interesada. Aunque las disposiciones generales están en la Ley 39/2015 (LPAC), casi todas las materias importantes
[3] cuentan con sus propias especialidades que complementan la ley general. En este marco actual, la tendencia es que la tramitación sea electrónica, facilitada a través de las sedes electrónicas de cada Administración. De hecho, la Ley concibe la tramitación electrónica como la forma habitual, permitiendo la existencia de actuaciones administrativas automatizadas, como la emisión automática de un certificado de empadronamiento. Es un hecho que la AP del futuro se apoyará en la inteligencia artificial (IA) para cubrir las demandas ciudadanas
[4].
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[2] Como molestias, preocupaciones o pérdidas de tiempo.
[3] Como procedimientos sancionatorios, de contratación, de otorgamiento de subvenciones o urbanísticos.
[4] Lo que implica, a su vez, la necesidad de crear mecanismos para controlar estos nuevos sistemas.
