viernes, 23 de junio de 2017

Conocimiento imprescindible

Desde el visitado “Corrupción en Marbella”, publicado hace más de once años (2006), hasta el reciente “Consumidores y Clausulas Abusivas”, han sido varios los textos que han tenido como protagonista directo o indirecto al sector inmobiliario. Atrás quedan ¡El que calla, otorga!Una realidad”, “La moneda bin laden”, “Tierra quemada”, “Lo extemporáneo y lo constructivo”… Hace más de dos años, en “Costumbres arrendaticias”, apuntaba la reflexión de Antonio Gallardo sobre que los cambios en la fiscalidad de la vivienda en 2015 afectaban especialmente al mercado de alquiler. Finalmente, “En modo formación termino el año”, comentaba mi experiencia formativa de final de año en el mercado inmobiliario. Sin embargo, poco he tratado la fiscalidad en ese importante sector de mi ámbito territorial de actuación: la Costa del Sol, “Hacienda y el alquiler de viviendas turísticas” y poco más (Fuente de la imagen: pixabay). 

Es por ello que brevemente quiero escribirte sobre la ponencia a la que asistí el jueves de la semana pasada, sobre fiscalidad inmobiliaria en mi país, impartida por Félix, que ya te lo referencié en el texto “No puede resultarnos ajeno”. Aprovechándome de los apuntes, para el ponente, “tradicionalmente, los inmuebles siempre se han visto acompañados de una importante fiscalidad que ha sido y sigue siendo un recurso permanente de la Hacienda estatal, autonómica y local” española. De un vistazo a la extensa normativa fiscal, puede comprobarse fácilmente que “todos los impuestos tienen relación con los inmuebles”. Por otro lado, “tanto a la persona física que desarrolle una actividad económica o no, como a una persona jurídica, le afectará en el día a día la fiscalidad inmobiliaria”, pudiendo afirmar sin tapujos que "en cualquier asesoramiento legal referido a inmuebles”, se verá “acompañado de una fiscalidad que, normalmente, afectará a más de un tributo”. 

En opinión de Félix, son muchos los gremios profesionales en España en general y en Andalucía en particular, para los que “el conocimiento de esta materia, se hace imprescindible”. A su modo de ver, la actuación del profesional que asesora a un particular o empresario en un asunto referido a inmuebles, debe tener un doble objetivo, desde un punto de vista fiscal: cumplir adecuadamente con las normas fiscales y detectar, planificar y formalizar operaciones con ahorro fiscal. Discriminando previamente si se es residente o no, para los impuestos que les resulte de aplicación, esta distinción puede tener el mismo tratamiento (no siempre en los impuestos indirectos y locales ) o distinto en los impuestos directos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Patrimonio o Impuesto Renta No Residentes). En síntesis, durante la ponencia fue desgranando Félix aquellos aspectos más relevantes de la fiscalidad en el sector mobiliario, por ejemplo, la tributación de los arrendamientos en las viviendas turísticas, que ya en mayo te avancé en el texto “Hacienda y el alquiler de viviendas turísticas”.

jueves, 22 de junio de 2017

En modo Prejudicial

En mayo de 2015, en el texto “Micheletti y Otros”, reflexionaba sobre la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la conocida como "Sentencia Micheletti"[1], que tuvo el fruto de conferir preeminencia al ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea frente a la normativa de los estados miembros sobre nacionalidad, al discutir el carácter propio y absolutista ancestralmente imputado a los “imperios nacionales”. Siguiendo a Pilar Juárez Pérez[2], el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea encumbró a la condición de principio general una consideración efectuada con anterioridad en el asunto Auer[3], donde ya había declarado que ninguna disposición del Tratado admitía discriminaciones en el trato otorgado a los nacionales de un Estado miembro en función del momento o modo de adquisición de su nacionalidad. En diciembre del año pasado, escribía sobre otra cuestión prejudicial, texto “Prejudiciales Propiedad Intelectual”, Sentencia del TJUE, de 14 de julio de 2016[4], que trataba de un litigio respecto a la anulación de una marca de la que era titular la demandante, petición de decisión prejudicial que tenía por objeto la interpretación de los artículos 22, punto 4, y 71 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

Te comento lo anterior porque ambas sentencias las he vuelto a referenciar en un trabajo que, en el marco de un máster jurídico que estoy realizando, tema Derecho Comunitario, ponentes AugustoRafael, fue propuesto por este último. Para la Unión Europea[5], el modo prejudicial es un “procedimiento que se ejerce ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" que permite a un "órgano jurisdiccional nacional consultar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación o validez del Derecho europeo, por lo que suele garantizar la seguridad jurídica mediante la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea”. A diferencia de otros procedimientos jurisdiccionales, el procedimiento prejudicial “no es un recurso interpuesto contra un acto europeo o nacional, sino una consulta sobre la aplicación del Derecho europeo”, facilitando la “cooperación activa entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia y la aplicación uniforme del Derecho europeo en toda la UE”. 

En cuanto a su naturaleza, siguiendo con la fuente europea antes referenciada, expresar que “todo órgano jurisdiccional nacional que esté conociendo de un litigio en el cual la aplicación de una norma de Derecho europeo plantee cuestiones (litigio principal) podrá decidir consultar al Tribunal de Justicia para resolverlas. Existen dos tipos de procedimiento prejudicial: la solicitud de interpretación de la norma europea (fuentes primarias y fuentes derivadas): el juez nacional solicita al Tribunal que especifique un punto de interpretación del Derecho europeo para poder aplicarlo correctamente; la cuestión sobre la validez de un instrumento europeo de Derecho derivado: el juez nacional solicita al Tribunal que controle la validez de un acto del Derecho europeo”. Finalmente, hay que tener siempre presente los Reglamentos Internos y de Procedimiento del tribunal de Justicia[6] (Fuente de la imagen: pixbay).

[1] SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. de 7 de julio de 1992. Asunto C-369/90. Acceso al pdf en el siguiente link: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97581&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2946046 Sitio visitado por última vez el 22/06/2017. 
[2] Juárez Pérez, Pilar. Profesora titular de Derecho Internacional Privado. Universidad Carlos III de Madrid. “Dieciocho años de ciudadanía de la Unión. Cuadernos de Derecho Transnacional. 2010. Universidad Carlos II de Madrid. 
[3] Asunto 136/78 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Ministère Public v. Vincent Auer, Rec. 1979, p. 437. 
[4] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 22, punto 4 — Competencia judicial respecto de los litigios en materia de propiedad intelectual — Artículo 71 — Convenios celebrados entre Estados miembros sobre materias específicas — Convención del Benelux sobre propiedad intelectual — Competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux - CBPI — Artículo 350 TFUE.