El Poder Para la Gente

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El Estado Social y Democrático de Derecho (M. Velasco, 2025)[1] es algo complejo que moldea la vida, siendo una institución con un poder político superior que se asienta sobre un territorio específico y ejerce su autoridad legítima sobre la comunidad que reside en él. La concepción moderna de este Estado[2] ha evolucionado drásticamente desde sus orígenes absolutistas, donde el poder se concentraba en la figura del monarca y su finalidad era satisfacer los deseos del soberano. Hoy, tras transformaciones inspiradas en revoluciones como la francesa y la americana, se concibe como un Estado donde la soberanía[3] reside en el pueblo, actuando no contra la ciudadanía, sino para el pueblo y al servicio de los intereses generales y el bienestar de todas las personas. Este modelo se define por tres adjetivos. En primer lugar, es un Estado de Derecho, es decir, el Derecho, las normas, gobiernan los comportamientos de todas las personas[4], lo que se conoce como "el imperio de la ley", dotando a la ciudadanía de herramientas legales para defender sus derechos incluso frente al Estado mismo. En segundo lugar, es democrático, lo que implica que el poder reside en la gente, siendo su verdadera finalidad servir al bienestar colectivo. Y en tercer lugar, es Social, compromiso añadido para conseguir que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, lo que conlleva garantizar un "estado de bienestar" que cubra las necesidades de la ciudadanía, luchando contra las desigualdades y promoviendo derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda digna y el trabajo, lo que requiere la intervención de los poderes públicos en la vida social y económica.

En el corazón de cualquier Estado que se considere democrático se encuentra un principio fundamental: la división de poderes, ideada para evitar la concentración y proteger la libertad individual a través de un sistema de equilibrios y contrapesos. Este sistema asigna las funciones esenciales del Estado a tres ramas distintas que se controlan mutuamente. El poder legislativo, que emana directamente de la voluntad popular, tiene la misión de crear las leyes que rigen la convivencia, y es ejercido por las personas que elegimos como nuestras representantes. El poder ejecutivo es el encargado de la "acción de gobierno", poniendo en práctica las políticas públicas y ejecutando lo dictado por las leyes para atender las necesidades de la ciudadanía. Finalmente, el poder judicial se encarga de impartir justicia, resolviendo conflictos mediante la aplicación del derecho. Este poder está formado por juezas, jueces, magistradas y magistrados que son independientes y están sometidos solo a la ley, garantizando que las actuaciones del Gobierno se ajusten a la legalidad. En el caso específico español, la forma política adoptada es la monarquía parlamentaria, donde la soberanía reside en la ciudadanía, que la ejerce a través de sus representantes en el Parlamento. La figura del Rey, quien ostenta la jefatura del Estado, es fundamentalmente simbólica y representa la unidad y permanencia del país, asumiendo su más alta representación internacional. La conocida frase de que "el rey reina, pero no gobierna" resume esta realidad, puesto que el poder real lo ostentan las instituciones democráticas. 

La organización territorial es igualmente singular, configurada como un Estado de las Autonomías, un modelo mixto que combina el principio de la indisoluble unidad de la Nación con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Esto se traduce en diecisiete Comunidades Autónomas que gozan de autonomía política, cada una con su propio poder legislativo y ejecutivo para gestionar sus competencias, aunque el poder judicial sigue siendo único para todo el Estado. Este Estado Social y Democrático de Derecho se sitúa, además, en el contexto de la Unión Europea (UE), una organización especial que agrupa a diversos Estados europeos con el fin de lograr una mayor cohesión económica y social, diseñando políticas comunes y unitarias. Lo que empezó como una cooperación económica para evitar conflictos, evolucionó para convertirse en una entidad que amplía sus competencias a ámbitos que afectan directamente a todas las personas, como la justicia, la seguridad, el empleo y el medio ambiente, incluso llegando a compartir una moneda única como el euro. La UE funciona a través de instituciones principales como el Parlamento Europeo, la voz de la ciudadanía, y la Comisión Europea, el órgano ejecutivo que propone y vela por el cumplimiento de las leyes europeas, las cuales son obligatorias para todos los países miembros. Así, el Estado moderno se consolida como un garante de la legalidad, un reflejo de la voluntad popular y un motor de la justicia social, operando dentro de un complejo marco de controles internos y colaboración supranacional para buscar el bienestar y el desarrollo pleno de todas las personas.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2025). El Estado Social Explicado. Sitio book—post. Visitado el 14/2/2026.

[2] Surgida en Europa en torno al siglo XV.

[3] El poder supremo.

[4] Incluidas las propias gobernantes y las administraciones públicas.