Visto Bueno a la libertad de emprender en turismo

Fuente de la imagen: esquema desarrollado en la clase de la asignatura Derecho Administrativo Turístico (DAT), de tercero del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA; mvc

La libertad de establecimiento en el sector turístico de Andalucía (M. Velasco, 2012)[1] constituye un principio esencial, al permitir a los prestadores de servicios turísticos desarrollar su actividad en la comunidad autónoma con libertad y sin restricciones excesivas. La normativa andaluza instituye que cualquier persona que realice una actividad económica relacionada con los servicios turísticos puede establecerse libremente en la comunidad, siempre que cumpla con las normas legales y reglamentarias aplicables. Este derecho facilita el acceso al ejercicio de muchas actividades mediante la presentación de una declaración responsable. En ella, se manifiesta el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del servicio o la explotación del establecimiento, así como la clasificación correspondiente. La declaración responsable simplifica los trámites administrativos y promueve la entrada de nuevos operadores en el mercado turístico. En determinados casos, la legislación permite que quienes ejerzan legalmente una actividad turística en otra comunidad autónoma puedan desarrollarla en Andalucía sin un nuevo trámite de declaración, obviamente, todo ello supeditado al respeto de las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico aplicable.

La autorización para ejercer la actividad puede concederse también mediante la habilitación, en ciertos casos, como en el de guías turísticos, que requieren la correspondiente autorización administrativa. La libertad de establecimiento implica que los prestadores de servicios turísticos tienen la facultad de decidir su ubicación y forma de operación, todo ello condicionado al cumplimiento de los requisitos sanitarios, urbanísticos, de seguridad y calidad establecidos por la normativa. Esta libertad no es absoluta, ya que está sujeta a la vigilancia y control de las administraciones públicas de comunidad autónoma y locales. El objetivo es garantizar un orden correcto y proteger los derechos de los consumidores y usuarios. en síntesis, la normativa andaluza refuerza el carácter abierto y competitivo del sector turístico. Promueve un marco legal que favorece la entrada de nuevos actores e impulsa la diversidad en la oferta. De este modo, contribuye a la dinamización económica de la comunidad y a la mejora continua de los servicios turísticos ofrecidos a los visitantes. Fuente de la imagen: esquema desarrollado en la clase de la asignatura Derecho Administrativo Turístico (DAT), de tercero del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA; mvc elaboración propia.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2012). Libertad de establecimiento turístico. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 15/05/2025.