jueves, 19 de octubre de 2017

Bienvenidas sean las medidas eléctricas

Si eres follower de este sitio, por textos como “Autonomía y consentimiento”, “Consumidores y Clausulas Abusivas”, “Distintivo de adhesión al SAC”, “Reembolso ente Desistimiento” o ¿Consuelo de tonto?, conoces mi interés por todo lo que rodea al derecho de los consumidores y usuarios. Igualmente, textos como “Patologías de la competencia”, “Renovable fotovoltaica” o el explícito “Sube la luz”, echo a ver mi sensibilidad con el consumo eléctrico en general y el presunto oligopolio o cártel, trust (o vete tú a saber) de las eléctricas en particular. Te focalizo lo anterior porque me ha comentado Antonio (Gracias) que el Gobierno de España recientemente ha promovido una serie de medidas para reforzar la protección del consumidor en la comercialización eléctrica y ante los cortes de suministro.

Parece que a partir de ahora, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores. Igualmente, las compañías eléctricas deberán informar expresamente al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre, de que está renunciando a su derecho a percibir el bono social. En el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago. Así será posible actuar con mayor eficacia en la detección de los casos donde deban adoptarse medidas de política social para atender a los hogares en peor situación (Fuente de las imágenes: pixabay)..

Asimismo, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una primera medida para recuperar la normalidad de los pagos, regulándose, también, un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social. Aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, debido a su especial protección, serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. Bienvenidas sean estas medidas, aunque ya sabes que el verdadero problema es otro.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Cambio de Sede Social Entidades Jurídicas

Me consultó ayer Esther si el Real Decreto Ley (RDL) de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio español, recientemente aprobado por el Gobierno de mi país (si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ), es de aplicación en todo el territorio nacional. Mi respuesta fue afirmativa, entendiendo la duda de mi interlocutora porque presuntamente la motivación del ejecutivo surge por los acontecimientos que se viven en Cataluña. Según el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la norma aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan, facilitando los trámites de manera que, salvo que exista una declaración expresa en contrario por parte de los Estatutos de la sociedad, será el Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

El RDL pretende dar plena efectividad al artículo 285 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital mediante una aclaración de su contenido, para así facilitar su aplicación. En aquella norma del año 2010 se estableció que cualquier modificación de los estatutos sería competencia de la junta general y que, salvo disposición en contrario de los mismos Estatutos, sería el órgano de administración el competente para cambiar el domicilio social dentro del término municipal. En una norma posterior, de mayo de 2015, se amplió el ámbito de aplicación a todo el territorio nacional y se estableció que “…salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.

Esa “disposición contraria” existirá solo cuando los Estatutos “dispongan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia”. Es decir, se necesitará una mención expresa de los Estatutos de la sociedad para que el consejo de administración no sea el competente para decidir el traslado de la sede social de la empresa. El RDL contiene además una disposición transitoria para referirse a los traslados de domicilios de sociedades cuyos Estatutos se hubiesen aprobado antes de esta reforma. En este caso, se entenderá que hay “disposición contraria” a los Estatutos cuando “con posterioridad a la entrada en vigor de este RDL se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social”.

Como el propio Gobierno de España reconoce en el Preámbulo, la extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos, ambos preceptos recogidos en la Constitución. Responde además a la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional. Estos párrafos se han redactado a partir del texto editado en el sitio "Contable y Fiscal", bajo el título  "Medidas en materia de movilidad operadores económicos" (Fuente de la información, BOE y MEIyC; fuente de la imagen: pixabay).

martes, 17 de octubre de 2017

Turismo de compras en las ciudades

Si eres follower de este sitio, probablemente conocerás mi interés por todo lo que rodea a la “industria del turismo” en mi país. Textos como “Gestión y Difusión Turística”, “Inexistente modelo de turismo sostenible”, “Apartamentos turísticos y Hacienda”, “Gestión de instituciones vitivinícolas”, ¡Que viva el empleo!, “No puede resultarnos ajeno”, “Hacienda y alquiler de viviendas turísticas” o el explícito “La industria del turismo”, son buena prueba de ello. También lo sabe Paco, que este verano me invitó (Gracias) a asistir al Summit Shopping Tourism & Economy Madrid 2017, a celebrar en el mes de octubre en CaixaForum Madrid, bajo el título “El Turismo de Compras y de Calidad en la Agenda de Futuro de las Ciudades Globales”.

Según el folleto de presentación, iba a confluir la comunidad vinculada al turismo de calidad y compras. Acepté el envite, pero, desgraciadamente, se me complicó la primera semana de octubre con el laboratorio jurídico que te comenté en “Practicando Penal en Sala”, de obligada asistencia, y el Congreso de la Abogacía, que te referencié en “Puesta de largo de la formación jurídica”, por lo que, a muy pesar, finalmente tuve que declinar la invitación y Paco pudo derivarla a otro asistente. El fin de semana pasado, el amigo me puso al día, entregándome algún que otro obsequio promocional, que igualmente agradezco (Fuente de la imagen: pixabay). 

El objetivo perseguido por los organizadores ha sido concretar un plan de acción público-privado que posibilite incremento del turismo de calidad y de compras en España, vinculando a “todos los actores empresariales e institucionales que, de un modo u otro, forman parte del ecosistema de este tipo de turismo, que involucra a diversos sectores, debido a la capilaridad del impacto que genera económica y socialmente”, todo ello soportado en la “capacidad del turismo de calidad y de compras para impulsar la economía española, así como desde la identificación de los actores y segmentos involucrados en dicho turismo”. 

En las sesiones de trabajo se tenía previsto abordar los siguientes temas: una oportunidad de crecimiento para España, el compromiso de las grandes empresas; el turismo de calidad y compras como generador de inversiones y valor país; el gran reto, ¿cómo conseguir una mayor rentabilidad?; la visibilidad de ciudades y países ante los mercados emisores en un mundo global; la inteligencia del turismo de calidad: información, tecnología y conocimiento; la gobernanza turística y la colaboración público-privada como factor determinante para la sostenibilidad del territorio; una visión transversal de la oferta sostenible para el viajero cosmopolita; Turismo de calidad = Empleo de calidad, y geopolítica y sociedad en un mundo nuevo.