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La falta de consenso entre empresarios, corporaciones profesionales y sindicatos parece que ha sido el motivo por el que el ministro de Economía español ha paralizado la reforma de la justicia que crea el delito penal en las empresas. Y es que grupos de profesionales, como los auditores, no están de acuerdo con los escarmientos y condenas de penas de uno a tres años, con las correspondientes suculentas multas, para aquéllos que quebranten sus deberes al percatarse de la tergiversación, falacia y embuste de las cuentas anuales de sus clientes y, sin embargo, escriban un informe favorable a sus auditados. ¿Se pretende la impunidad en el incumplimiento de sus obligaciones profesionales? ¿Se quiere que las penas sean sólo un tironcito de orejas y una palmadita en la espalda? Ay, ay, ay. Me huele que con la excusa de que se ataca a una profesión, en este caso la de los auditores de cuentas, lo que en verdad se procura es que no se criminalice ese tipo de indignas, vergonzosas, censurables y, en síntesis, punibles conductas. Nuevamente, se nos ve el plumero (
Fuente de la imagen: sxc.hu).
