Sería bueno

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Demoledor el artículo de Lourdes Lucio en El País, sobre el desbarajuste de las ayudas para formación en mi comunidad autónoma: “Andalucía dio sin control el 89% de las ayudas para formación en 2009”[1]. Los datos son apabullantes y vergonzantes, desde el descontrol en la asignación del 89% de las ayudas para formación en 2009, hasta las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en las subvenciones de cursos para parados. En cuanto a la certificación de gastos de estos cursos, según Lucio, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo afirma que la práctica totalidad de las actividades de formación que se recogen han sido auditadas por empresas externas y que "los informes de auditoría en general no muestran ninguna incidencia". En mentideros (no sé si de buena o mala tinta) se comenta que algunas administraciones públicas están pasando de los informes de auditoría externa porque esos profesionales, fedatarios públicos de la aplicación correcta de las subvenciones conforme a la normativa legal aplicable, firman en barbecho sin realmente verificar la bondad del cien por ciento de los gastos imputados y de los pagos correspondientes, además del resto del numeroso condicionado a comprobar, desde presupuestos alternativos, licitaciones, hasta el espinoso tema de las vinculaciones y subcontrataciones. Deseo que eso no sea cierto y si fuera verdad ¿Por qué no se les exige responsabilidad? En relación a este tema, hace un año y pico le trasladaba a un buen técnico de una delegación provincial, que en vez de revisar de nuevo todo el expediente de justificación, pasando del informe de auditoría, por qué no se le exigía responsabilidad al gestor y se dejaba de cargar contra la entidad solicitante. 

En mi ámbito de relaciones profesionales, conozco auditores que sabían bastante del sector de la formación y las técnicas y normativa de verificación;  a su vez, eran respetados por su cualificación y conocimiento, pero poco a poco, debido a su alta profesionalidad en la revisión y escrupulosidad en la redacción de los informes, unido a la competencia desleal, guerra de precios y puñaladas traperas, se vieron abocados a poner tierra de por medio y centrarse solo en aquellas entidades beneficiarias que no se vendían por un plato de lentejas. Dejando a un lado la presunta publicidad engañosa de aquellos otros que se promocionan a bombo y platillo como “gestores integrales de los expedientes de subvención”, controlando desde la justificación hasta la auditoría (por la incompatibilidad de la gestión con la verificación) y la presunta connivencia de algunas entidades verificadoras, que olvidan que la auditoría siempre debe ser independiente de la gestión, como le decía hace dos años a un auditor, entendía las decisiones de las organizaciones solicitantes a la hora de contratar la auditoría, porque si la empresa realiza bien su trabajo, desde la parte técnica a la parte de justificación, en el fondo le da igual quien verifique el expediente, ya que sabe que éste estará bien, así que si le ofrecen el informe cien euros más barato, pues elegirá la oferta menos costosa. Por la misma regla, el centro que vaya a defraudar, le interesará que el informe vaya firmado por aquél que no compruebe nada y se arriesgue a firmar en erial o en rastrojo, es decir, sin hacer el trabajo de verificación conforme a la guía de justificación y resto de leyes aplicables.

Y luego está que una revisión de un expediente de subvención de un curso de formación para el empleo no es cualquier cosa. Todavía hay algunos profesionales que piensan que con la realización de un muestreo es suficiente. No más lejos de la realidad. Para la confección del informe de verificación, hay que revisar el cien por ciento de los costes, así como sus respectivos pagos, cuenta justificativa, memoria económica y un largo etcétera de requisitos y obligaciones (fiscales, contabilidad separada…). El profesional que quiera hacer el trabajo de verificación, sencillamente, de manera profesional, en mi opinión difícilmente es retribuido adecuadamente con ese uno por ciento (impuestos incluidos), máximo como coste elegible para auditoría en algunas subvenciones. Por todo lo anterior, al igual que a ti, me surgen muchas preguntas y una reflexión global: “de esos polvos estos lodos”. Probablemente esté pidiendo la luna, pero sería bueno para la regeneración del sistema que se investigara todo lo que denuncia la periodista; sería bueno que se verificara el trabajo de los verificadores, espulgando a aquellos individuos que realizan el trabajo “de aquella manera”, expedientando y denunciando a los chapuceros y a sus estructuras organizativas fraudulentas, sería bueno… (escribe tú el siguiente sueño, es gratis).  Fuente de la imagen: sxc.hu. Este texto también se ha publicado en el sitio "Formación para el Empleo", bajo el título "El cachondeo de las verificaciones"[2]. Fuente de la imagen: archivo propio.

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[1] Lucio, Lourdes. Andalucía dio sin control el 89% de las ayudas para formación en 2009. El País. 2014. Sitio visitado el 31/01/2014.

[2] Velasco, Carretero, Manuel. El cachondeo de las verificaciones. Formación para el Empleo. 2014. Sitio visitado el 31/01/2014.