En lugares inadecuados

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Vía el muro de Antonio, refresqué la historia de autoría anónima que, de vez en cuando, circula en las redes sociales, acerca de ese hijo que terminó los estudios universitarios y al que los padres pensaron regalarle una desvencijada motocicleta (el amigo lo cuenta con un automóvil, pero a mí me gusta más la versión "motera"), que adquirieron cuando eran jóvenes y que andaba en la cochera cogiendo moho. Pero antes de entregarle el obsequio, sugirieron que trasladara la antigualla a un establecimiento de compraventa de vehículos usados, para constatar su valor económico. Volvió alicaído porque le habían ofrecido tres mil euros, debido a que la moto se encontraba bastante "corroída". 

Los padres le animaron a que la llevara a una de esas casas televisivas de “empeños a lo bestia”, pero regresó más desanimado si cabe, puesto que la cantidad que le prestaban no superaba los quinientos euros. Así que los progenitores le pidieron una última misión, transportarla a uno de esos círculos de vehículos antiguos donde se reúnen “amantes de antiguallas con dos ruedas”. Realizada la gestión, la cara del hijo transmitía alegría, gozo, felicidad. Un socio del club de motocicletas clásicas le ofrecía la estratosférica cifra de treinta mil euros, debido a que la moto era distintiva en su gama y fabricación, cotizando al alza. 

Y es que los ascendientes, además del regalo físico de la moto, le estaban proporcionando otra dádiva más importante aún, en formato moraleja: “hijo, en el sitio, lugar, entorno… adecuado se te valorará apropiadamente”. Coincido con el amigo Antonio que en ocasiones, ya sea trabajando en una empresa, realizando un servicio profesional a un cliente, colaborando con una institución, participando en una organización… realmente estamos en el lugar equivocado, porque no se valora nuestro trabajo adecuadamente y no nos hemos dado cuenta. En esos casos, hay que "picar billete" en el momento más propicio para nuestros intereses. Fuente de la imagen: InnrSky en pixabay.

Alquiler de vivienda en tiempos de COVID-19

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España (Mitma), impulsó una línea de microcréditos avalados y al 0% de interés para el pago del alquiler de vivienda habitual, vía Real Decreto-ley 15/2020[1]. Pues bien, recientemente informaba que han formalizado el contrato de adhesión a la Línea Avales Arrendamiento con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, Unicaja, Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caja Onteniente y próximamente se espera que más entidades se adhieran a esta línea crediticia[2]. Las personas que hayan visto mermados significativamente sus ingresos, o que hayan sido despedidos del trabajo, o que tengan menores o dependientes a su cargo se pueden beneficiar de estas ayudas. Estos préstamos cubren un máximo de seis mensualidades, con un tope de hasta 900 euros por mensualidad, y con retroactividad a 1 de abril. 

Informa el Mitma que estos microcréditos son finalistas, de tal modo que los solicita el inquilino -que tiene hasta 6 años para devolverlos (y excepcionalmente 4 años más)- y se ingresan en la cuenta del arrendador. De este modo, se protege a arrendatarios y arrendadores en una situación de crisis económica, en la que es de crucial importancia preservar la estabilidad del mercado del alquiler y garantizar el derecho a la vivienda. Por otro lado, los préstamos cuentan con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Para su implementación el Ministerio aumentó su techo de gasto en 1.200 millones de euros. La previsión es que hasta 450.000 familias puedan beneficiarse de estos microcréditos a interés cero para hacer frente al pago del alquiler. 

En línea con esa medida, el Gobierno de España (GE), también aprobó a principios de abril un paquete de acciones que sirviera de paraguas social en materia de vivienda para hacer frente a esta crisis de la COVID-19. Entre ellas destacan la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento. Asimismo, se aprobó una dotación extraordinaria de 100 millones de euros para incrementar la cuantía de 346 millones de euros prevista para el Plan Estatal de Vivienda 2018-22[3]. Fuente de la información: Mitma. Fuente de la imagen: mvc archivo propio. 

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[1] Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4554-consolidado.pdf 

[2] La lista de entidades adheridas se puede consultar en la web del ICO, que actualiza diariamente la información. 

[3] Los 446 millones de euros resultantes se han adelantado ya a las Comunidades Autónomas.

Reconocimiento facial no es solo captar imágenes

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Parte de la tarde del jueves la pasé hojeando el informe publicado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ya referencié en el sitio Protección de Datos, texto “Reconocimiento facial en tiempos de la COVID-19”, en el que se analizan varias cuestiones que se le han planteado relacionadas con la seguridad privada, entre las que se encuentra la licitud de incorporar sistemas de reconocimiento facial en los servicios de videovigilancia proporcionados por empresas seguridad privada[1]. Para la AEPD, esta tecnología supone un tratamiento que, en principio, se encuentra prohibido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)[2], ya que el empleo de tecnologías de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia implica el tratamiento de datos biométricos, a los que se aplica el RGPD, que los cataloga como categorías especiales[3].

La instalación de los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad, que captan y graban imágenes y sonidos, podría ampararse en el interés público, pero si se tratan categorías especiales de datos, como en el caso de la utilización de tecnologías de reconocimiento facial, la normativa requiere que exista un “interés público esencial” para que pueda ser legítimo, profundizando así en la importancia y necesidad de mayor protección de los datos tratados. La aplicación del interés público esencial como base de legitimación requiere de una norma con rango de ley que justifique en qué medida y en qué supuestos el empleo de la biometría respondería al mismo. La norma con rango de Ley que ampararía ese tratamiento de categorías especiales de datos no existe en el actual ordenamiento jurídico[4]. 

La AEPD rechaza que la legitimación reconocida para los sistemas de videovigilancia que sólo captan y graban imágenes y sonidos pueda abarcar otras tecnologías mucho más intrusivas para la privacidad como el reconocimiento facial u otras medidas biométricas como el reconocimiento de la forma de andar o el reconocimiento de voz[5]. No obstante, la AEPD considera que existen supuestos excepcionales en los que podría quedar justificado su empleo siempre que la legislación lo prevea[6]. Sin embargo, la autorización, con carácter general carece de base jurídica y sería desproporcionada, dada la intrusión y los riesgos que supone para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Fuente de la información: AEPD. Fuente de la imagen: teguhjatipras en pixabay.

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[1] https://www.aepd.es/es/documento/2019-0031.pdf Sitio visitado el 29/05/2020. 

[2] También conocido como Reglamente Europeo de Protección de Datos (REPD). 

[3]  Al tratarse de datos “dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física”.

[4] En el caso de tramitarse, tendría que justificar específicamente en qué medida y en qué supuestos la utilización de dichos sistemas respondería a un interés público esencial, así como incorporar garantías específicas como exige el Tribunal Constitucional. Asimismo, debería cumplir con el principio de proporcionalidad y superar el juicio de necesidad, en el sentido de que no exista otra medida más moderada con la que se consiguiera el mismo propósito con igual eficacia. La existencia de otras medidas que permiten la protección de las personas, bienes e instalaciones con una menor intrusión en el derecho de los afectados, exigiría una especial justificación de la necesidad de optar por el reconocimiento facial respecto de dichas otras medidas, estableciendo asimismo garantías reforzadas. 

[5] La regulación actual es insuficiente para permitir la utilización de técnicas de reconocimiento facial en sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada, al no cumplir los requisitos anteriormente señalados. 

[6] Como en el caso de infraestructuras críticas.

Invertir en la próxima generación

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Recientemente, la Comisión Europea (CE), ha presentado su propuesta de plan exhaustivo de recuperación. Para garantizar que esa recuperación es sostenible, uniforme, inclusiva y justa para todos los Estados miembros, ha propuesto crear un nuevo instrumento de recuperación, Next Generation EU, integrado en un presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (UE) potente, moderno y renovado. Además, ha revelado su programa de trabajo de 2020 ajustado, en el que se dará prioridad a las medidas necesarias para relanzar la recuperación y la resiliencia de Europa Next Generation EU, dotado con 750000 millones de euros, y los refuerzos específicos del presupuesto a largo plazo de la UE para el período 2021-2027 elevarán la capacidad financiera total del presupuesto de la Unión a 1,85 billones de euros.

La CE expresa que, como complemento de los esfuerzos nacionales, el presupuesto de la UE está en una situación incomparable para desencadenar una recuperación socioeconómica justa, reparar y revitalizar el mercado único, garantizar unas condiciones equitativas de competencia y dar apoyo a las inversiones urgentes, en particular las destinadas a las transiciones ecológica y digital, que son la clave para la prosperidad y resiliencia futuras de Europa. Para ello, Next Generation EU reunirá fondos elevando temporalmente el límite máximo de los recursos propios hasta el 2 % de la renta nacional bruta de la UE, lo que permitirá a la Comisión hacer uso de su potente calificación crediticia para tomar prestados 750 000 millones de euros en los mercados financieros. 

Finalmente, la CE informa que esa financiación adicional se canalizará a través de los programas de la UE y se reembolsará a lo largo de un período de tiempo prolongado mediante los futuros presupuestos de la UE, no antes de 2028 ni después de 2058. Para que esto pueda hacerse de forma justa y compartida, la Comisión propone una serie de nuevos recursos propios. Con el fin de que los fondos se pongan lo antes posible a disposición de la respuesta a las necesidades más acuciantes, la Comisión propone modificar el actual marco financiero plurianual 2014-2020 para que pueda disponerse de 11500 millones de euros adicionales de financiación ya en 2020. Fuente de la información: CE. Fuente de la imagen: QuinceCreative en pixabay.

Complejo sudoku laboral en tiempos de COVID19

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Siguiendo a Tony Crilly[1], el sudoku es un juego matemático que se inventó a finales de la década de 1970, adquiriendo popularidad internacional a mediados de la primera década de este siglo, vía sección de pasatiempos en la prensa. Las claves matemáticas para resolverlo nos las descubría hace unos años ABC en su suplemento de Ciencia[2], mencionando al matemático de la Universidad de Dublín, Gary McGuire, que utilizó “un algoritmo para determinar que un sudoku no se puede resolver si no hay un mínimo de 17 cifras-pista en su inicio, ya que con menos no existe una solución única". 

Realizo la tasación anterior porque, siguiendo con el reciclaje formativo en materia laboral, que te he ido informando en textos como “Hojeando el Acuerdo en Defensa del Empleo”, parte de la tarde del martes, invitado por Sonia[3] (Gracias), responsable de Comunicación de CEOE Campus, la pasé asistiendo a la web conferencia sobre las cuestiones clave de los expedientes de regulación temporal del empleo, ERTE, en España en tiempo de la COVID-19, impartida por Pedro[4], Consejero del área Laboral de Cuatrecasas, especializado en materia laboral, en estrategias de recursos humanos y experto en derecho social administrativo. 

Interesante disertación, agradeciendo también su sinceridad profesional ante tantas fases y actividades o ámbitos afectados, ya sea en el trabajo en oficina-teletrabajo o el sector del turismo, pasando por el comercio o la prestación de servicios. En algún momento de la ponencia comentó que la aplicación del plan de transición, configurado por la aplicación del reciente ordenamiento jurídico en materia laboral, es un "auténtico sudoku", por su complejidad, aristas, matices y, en mi opinión, complicado algoritmo que permita su resolución con garantías para cada caso concreto. Fuente de la imagen: Marijakes en pixabay. 

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[1] Tony Crilly. 50 cosas que hay que saber sobre matemáticas. Editorial Ariel. 2011. 

[2] Gary McGuire. Las claves matemáticas para resolver un sudoku. Splemento ABC Ciencia. 2012. https://www.abc.es/ciencia/abci-claves-matematicas-para-resolver-201201100000_noticia.html Sitio visitado el 27/05/2020. 

[3] Sonia Pascual Granados. Comunicación y Redes Sociales en CEOE Campus. 

[4] Pedro Llorente. Consejero del área Laboral de Cuatrecasas, experto en derecho social administrativo (actuaciones ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social), relaciones laborales en el sector público, y cumplimiento laboral y movilidad internacional.

Los plazos procesales calientan motores

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Después de la fase judicial denominada "Inicio de la reincorporación programada", que implicaba la vuelta al servicio del 30% o 40% de la plantilla tanto en los órganos judiciales y fiscalías españoles, como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, hoy se activa en mi país la fase II de la desescalada en la Administración de Justicia, llamada "Preparación para la reactivación de los plazos procesales", conforme a los criterios de implantación, medida que presumiblemente supondrá un refuerzo importante de efectivos en la prestación del servicio público durante la transición a la nueva normalidad desde criterios de salud laboral. Dicho paso fue acordado por la Comisión de Coordinación de Crisis del COVID-19 en la Administración de Justicia, lo que implica que durante quince días acudirá a sus centros de trabajo, con carácter general, el 60-70% del personal[1]. 

El Ministerio de Justicia (MJ) señaló que, junto a esta desescalada gradual y progresiva, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio será clave en la reactivación judicial[2]. La medida quedó formalmente aprobada el viernes pasado por el Consejo de Ministros tras la autorización dada por el Congreso de los Diputados a la prórroga del estado de alarma. Recordar la Fase 3, "Actividad ordinaria con plazos procesales activados", que contempla la vuelta al trabajo del 100% de las plantillas, y la fase 4, "Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma", que comenzará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, permitiendo que se retome al funcionamiento ordinario de cada órgano. Fuente de la información: MJ. Fuente de la imagen: dd_music en pixabay. 

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[1] Estableciéndose turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad. 

[2] El MJ trabaja ya en el diseño y planificación de planes de choque en los órdenes de lo social, contencioso-administrativo y mercantil, los más afectados por el parón de actividad. La idea es identificar desde diferentes parámetros estadísticos donde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos para ayudar a la recuperación económica.

Pensamiento positivo en tiempos de COVID-19

Fuente de la imagen: archivo propio

Hace más de una década, en “Lo que suma”, reseñé el texto de Edward De Bono, "Factor +"[1], que he estado rehojeando en el fin de semana pasado para reforzar el “factor positivo” necesario para afrontar la situación generada por la Covid-19. El autor, conocido por haber acuñado el término “pensamiento lateral”[2], referenciado en “Divergente o lateral”, con los “seis sombreros pensantes” y su versión “seis pares de zapatos para la acción”, que te comenté en “Calzado para la acción”[3], me plantea una forma de vivir basada en una filosofía completamente positiva: alcanzar la felicidad a través de acciones que suman, desde ofrecer una sonrisa hasta atender a una persona mayor que necesita que le lleven la compra a casa. Lo firmo. Según Edward, todos estos pequeños actos altruistas me proporcionarán un sentimiento de satisfacción, consolidando mi autoestima y la confianza en mí mismo. 

De Bono me dice que el “factor +” solo contempla la creencia en mi propio potencial y en el de los demás, estableciendo un marco mental para el desarrollo de ese potencial en el que creeré que puede actuar de un modo concreto o con el que, con el tiempo, seré capaz de actuar de ese modo. El sistema intrínseco de creencias se basa exclusivamente en la creencia en mí mismo, no como soy en la actualidad, sino tal y como puedo ser. Modo de vida que no prioriza lo que no debo hacer, sino las cosas que tengo que hacer (las acciones positivas), enfatizándose lo positivo, lo constructivo y lo contributivo. ¿Cómo me ayudo? Por ejemplo, practicando con énfasis y actitud acciones positivas, que generarán un sentimiento de realización y, por derivación, de felicidad. Parte de este texto también se ha editado en el sitio book--post, bajo el título “Factor +”. Fuente de la imagen: archivo propio. 

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[1] De Bono, Edward. El Factor +. Editorial Integral. 2007. 

[2] En su libros The use of Lateral Thinking (1967), Lateral Thinking (1970), desarrollado posteriormente en "Seis sombreros para pensar" (1985). 

[3] De Bono, Edward. Six Action Shoes. Ediciones Harpercollins. 1992.

La Biodiversidad en tiempos de COVID-19

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Atribuye García Olmedo[1] el término “biodiversidad” a Walter G. Rosen, que parece que lo utilizó por primera vez en 1986, con motivo de la conferencia National Forum on BioDiversity, concepto que la directora de la Fundación Biodiversidad[2] lo considera “esencial para el desarrollo de la vida, clave para mantener nuestro bienestar y una oportunidad para la generación de economía y empleo". Desde su institución trabajan "para su protección desde un enfoque sostenible e integrador". En 1992, en el Convenio sobre Diversidad Biológica, se definió como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. 

Recientemente, la Comisión Europea (CE) ha adoptado una nueva Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente. En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos de la Unión Europea (UE) para poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria. Y es que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad y es crucial un sistema alimentario que funcione correctamente para nuestra sociedad[3]. 

Según la CE, la nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda los factores clave de la pérdida de biodiversidad, como el uso insostenible del suelo y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Esta estrategia, adoptada durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, es un elemento central del plan de recuperación de la UE y reviste una importancia crucial para prevenir y reforzar la resiliencia ante pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio e inversión inmediatas a efectos de la recuperación de la economía de la UE. También, persigue integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad en la estrategia global de crecimiento económico de la UE. La estrategia propone, entre otras cosas, definir objetivos vinculantes para regenerar los ríos y los ecosistemas degradados, mejorar la salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la contaminación, hacer más ecológicas las ciudades, aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad, y mejorar la salud de los bosques europeos[4]. 

Entiende la CE que las acciones previstas en materia de protección de la naturaleza, uso sostenible y regeneración aportarán beneficios económicos a las comunidades locales gracias a la generación de puestos de trabajo y crecimiento sostenibles[5]. Se destinarán 20 millones de euros cada año a la biodiversidad a través de diversas fuentes, tales como fondos de la UE, nacionales y privados. La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la transición a un sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano. Reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los agentes económicos. La estrategia establece objetivos concretos para transformar el sistema alimentario de la UE[6]. 

Como parte fundamental del Pacto Verde Europeo, las dos estrategias también apoyarán la recuperación económica. En el contexto de la pandemia de coronavirus, su objeto es reforzar la resiliencia de nuestras sociedades ante futuras amenazas como el impacto climático, los incendios forestales, la inseguridad alimentaria o los brotes de enfermedades, en particular apoyando prácticas más sostenibles en la agricultura, la pesca y la acuicultura, y ocupándose de la protección de la fauna silvestre y el comercio de especies silvestres. Las estrategias también tienen una importante dimensión internacional. La Estrategia sobre la biodiversidad reafirma la determinación de la UE de dar ejemplo al hacer frente a la crisis mundial de la biodiversidad. La Comisión tratará de movilizar todos los instrumentos de acción exterior y de cooperación internacional para contribuir a fomentar un nuevo y ambicioso marco de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad en la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2021[7]. Fuente de la información: CE. Fuente de la imagen: maximammarelli en pixabay. 

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[1] García Olmedo, Francisco. La biodiversidad invisible. Revista de Libros. 2009. 

[2] Sibua Castañeda. https://fundacion-biodiversidad.es/ Sitio visitado el 24/05/2020. 

[3] Las dos estrategias dan prioridad a los ciudadanos en su compromiso de aumentar la protección del suelo y el mar, regenerar los ecosistemas degradados y hacer que la UE lidere la escena internacional, tanto en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad como a la creación de una cadena alimentaria sostenible. 

[4] La estrategia presenta medidas concretas para acometer la regeneración de la biodiversidad de Europa de aquí a 2030, lo que incluye transformar un mínimo del 30 % de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas administradas con eficacia y devolver a un mínimo del 10 % de la superficie agrícola unos elementos paisajísticos muy variados. 

[5] Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos desempeñan un papel clave en la transición hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán apoyo de la política agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos flujos de financiación y regímenes ecológicos para que adopten prácticas sostenibles. Hacer de la sostenibilidad una marca europea abrirá nuevas oportunidades de negocio y diversificará las fuentes de ingresos para los agricultores y los pescadores europeos. 

[6] Por ejemplo, reducir un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. También propone medidas ambiciosas para velar por que lo saludable sea también lo más sencillo para los ciudadanos de la UE, con una mejora del etiquetado para satisfacer mejor las necesidades de información de los consumidores sobre los alimentos saludables y sostenibles. 

[7] La Estrategia «de la granja a la mesa» tiene por objeto promover una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles, en estrecha cooperación con los socios internacionales.

No es momento de criticar, sino de ayudar

Fuente de la imagen: díptico informativo de la campaña

Parte de la tarde del viernes la pasé leyendo las “Reflexiones sobre el gasto sanitario en España y el covid 19”[1], del compañero economista del Colegio Profesional de Málaga (España), Juan Manuel Ruiz Galdón, texto basado en los artículos aparecidos en el diario La Opinión de Málaga los días 13, 18 y 20 de mayo de 2020, actualizados y con aportes de cuadros estadísticos y otras informaciones. El informe se encuentra disponible en la sección especial que sobre COVID-19 tiene abierta el Colegio en su página web. Reflexiona el autor acerca del “hecho de que a este virus aún no se le ha vencido, y habrá que esperar a contar con una vacuna que inmunice a la humanidad, o una medicación o protocolos sanitarios que venzan al virus, por ello, la única solución ante su espectacular contagio es protegerse en el refugio antivirus del distanciamiento físico, la precaución y la higiene”. En relación al gasto público en sanidad en España, según Expansión[2], creció 2.355,8 millones en 2018, es decir un 7,91%, hasta 75.435,4 millones de euros, con lo que representó el 15,14% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en sanidad en 2018 alcanzó el 6,24% del PIB, una caída de 0,03 puntos respecto a 2017, cuando el gasto fue el 6,27% del PIB. Para Ruiz Galdón, la cuantía “depende de la decisión de los gobiernos competentes, dentro de un marco de recursos limitados y del escenario económico existente, entre otras circunstancias”. 

Acreditación para los
MEMBER CLUB V.S.F.

¿Mucho o poco gasto sanitario? ¿Inadecuada o adecuada gestión de las partidas presupuestarias de sanidad por parte de las comunidades autónomas que tienen transferidas esas competencias? La actual pandemia nos está dando una “bofetada de realidad” en lo que a la sanidad española se refiere. Como percibo que eres inteligente, no voy a seguir metiendo el dedo en la llaga porque entiendo que es tiempo de arrimar el hombro. Menos mal que el Tercer Sector, si bien con escasos medios, acude en ayuda, como, por ejemplo, la campaña a nivel autonómico que te comenté en “Volver a ser lo que fuimos”, lanzada por Funddatec y recogida ampliamente en las redes sociales (RRSS), para sufragar la adquisición de test que serán entregados a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Las personas, empresas o instituciones que participen en #volveraserloquefuimos adheriéndose como #MemberClubVSF, serán receptores de un kit de BIO Seguridad que además de proporcionar dos Test, recibirán un plan de contingencia sectorial (kit básico de contingencia contra la Covid-19) para que activen su negocio como espacio libre de virus, expedido por el Samu, siendo incluidos como fotograma en el vídeo promocional junto con las intervenciones de artistas que apoyan la campaña, otorgándoles el sello “Member Club V.S.F”, con el consiguiente certificado de Funddatec y Pacto Mundial. Fuente de la imagen: díptico informativo de la campaña.

_________________________ [1] Juan Manuel Ruiz Galdón. “Reflexiones sobre el gasto sanitario en España y el covid 19”. Colegio de Economistas de Málaga. 2020. [2] Fuente. Expansión. Datos macro.  https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/espana Sitio visitado el 23/05/2020.

La #Justicia2030

Fuente de la imagen: rastaemmler en pixabay

Como ya te avancé en ¿Obligatoriedad de las mascarillas en mi país? parte de la tarde del miércoles la pasé asistiendo a la sesión sobre Juicios Virtuales: ¿hacia una nueva normalidad jurídica? organizada por Legal Hackers Málaga, donde se analizaron experiencias recientes para definir el alcance de los retos a los que se enfrenta el sector y estudiar las soluciones que se están probando, recabándose opiniones cualificadas de personalidades como el Excmo, Sr. D. Francisco Javier Lara Pelaez, Decano del Colegio de Abogados de Málaga, la Ilustrísima Sra. Dña. Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, Sección territorial de Manzanares, Adjunta a las secciones contra Criminalidad Informática y contra Delincuencia Económica o el Ilustrísimo Sr. D. Luis Acayro Sánchez, Magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Santander. Interesantes experiencias la de algunos juzgados de provincia que, contra viento y marea, están trabajando en poner en marcha los juicios virtuales, con escasos recursos pero con mucha ilusión. 

Y en estas que el máximo representante del Ministerio de Justicia de mi país (MJ)[1] apela a la lealtad y al consenso con las fuerzas políticas para "hacer un frente común y conseguir que la Justicia salga transformada porque el objetivo no puede ser regresar a la vieja normalidad". También, defendió el programa de transformación de la Justicia #Justicia2030, plan en el que parece que está trabajando el Ministerio para transformar y fortalecer el servicio público en un horizonte de diez años. Según el MJ, uno de los proyectos que se pretenden llevar a cabo en el marco de #Justicia2030 es el relativo a la transformación digital y organizativa de la Justicia, como la implantación "completa y definitiva" del proyecto de Oficina Judicial, la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la consolidación del expediente judicial digital y la integración de las plataformas de gestión procesal. Vamos a ver si al menos nuestros nietos lo pueden disfrutar. Fuente de la información: MJ. Fuente de la imagen: rastaemmler en pixabay. 

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[1] Ante la Comisión de Justicia del Senado para explicar las líneas generales de la política de su departamento y las medidas puestas en marcha en la Administración de Justicia durante la crisis sanitaria.

¿Obligatoriedad de las mascarillas en mi país?

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Tarde de reciclaje formativo la del miércoles. Después de asistir a la sesión sobre Juicios Virtuales, organizada por Legal Hackers Málaga, me metí en el webinar organizado por la Cátedra Jorge Muñoz de Transparencia, Segunda Oportunidad y Derecho Concursal, donde se trabajó el tema de la "Crisis Sanitaria COVID-19 y Contratos: la aplicación de la Cláusula “rebus sic stantibus". Y antes de visitar a Morfeo, volví a repasar la normativa que regula en España las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, puesto que por la mañana entendí que había que ponérsela siempre que se saliera, pero apuntó un participante en un hilo conversacional en Linkedin que no era obligatorio, excepto en lugares donde no se pueda mantener la distancia dos metros de separación, poniéndome en duda lo que había hojeado previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE)[1]. 

Según el Gobierno de España (GE), por un lado se establece que las personas de seis años en adelante deberán llevar mascarilla cuando se dé esa circunstancia en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público[2]. Pero, por otro, no será exigible su uso en las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso, las que tengan motivos de salud debidamente justificados o aquellas que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que lo hagan inviable. Además, el texto indica que no será exigible tampoco en el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible su uso o si existe una causa de fuerza mayor o situación de necesidad[3]. Fuente de la información: BOE. Fuente de la imagen: geralt en pixabay. 

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[1] Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf Sitio visitado el 21/05/2020. 

[2] Siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, siendo recomendable su uso para la población infantil de entre tres y cinco años. La Orden señala que preferentemente deberán usarse las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, que cubran nariz y boca. 

[3] Tampoco será obligatorio en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas.

Unión Europea: Hazlo rápido, pero hazlo bien

Fuente de la imagen: iXimus en pixabay

Para el Parlamento Europeo (PE), los últimos pronósticos económicos, presentados por la Comisión Europea (CE) a principios de mayo, muestran que la economía ha sufrido un duro golpe debido a la Covid-19. A medida que la gente se queda en casa y sectores enteros se han cerrado abruptamente, la economía de la Unión Europea (UE) se enfrenta a la perspectiva de al menos una contracción del 7,4% este año, que es significativamente peor que la caída de 2009. Incluso este pronóstico sombrío podría subestimar la escala real de la recesión, ya que cualquier relanzamiento de la actividad económica será gradual y podría ser fácilmente interrumpido por una segunda ola del coronavirus. Todos se ven afectados: muchas personas temen perder sus empleos y no están dispuestas a gastar, mientras que las empresas enfrentan interrupciones en sus cadenas de suministro. Los gobiernos ven caer los ingresos fiscales y aumentar el gasto en asistencia social, lo que traerá déficit presupuestarios, mayores niveles de deuda y elevará los costos de los préstamos. Frente a la magnitud de las dificultades económicas, y bajo el slogan "Hazlo rápido, pero hazlo bien", los eurodiputados argumentan una acción audaz y decisiva de Europa en una resolución adoptada el 15 de mayo[1]. Palabras, palabras… pero pocos hechos. 

Parece que por fin la Unión Europea empieza a ser consciente y arremangarse ante el monumental descalabro económico que ha supuesto la pandemia originada por la COVID-19 y su Consejo (CUE) ha adoptado un apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE), como parte de su paquete de ayuda de emergencia para abordar el impacto económico de la crisis, esquema que puede proporcionar hasta 100 mil millones de euros de préstamos en condiciones favorables a los estados miembros. El instrumento permite a los Estados miembros solicitar ayuda financiera de la UE para ayudar a financiar los aumentos repentinos y severos del gasto público nacional, relacionados con esquemas locales de trabajo a corto plazo y medidas similares[2]. SURE es una de las tres redes de seguridad, con un valor de 540 mil millones de euros, para empleos y trabajadores, empresas y estados miembros, contenida en el informe del Eurogrupo[3]. Como colofón, el martes se informaba en varios medios públicos[4] de la propuesta de Alemania y Francia de poner en marcha un fondo de reconstrucción de 500.000 millones de euros, destinado a las regiones y los sectores más golpeados por el coronavirus COVID-19 en Europa. Fuente de la información: PE, CE y TVE. Fuente de la imagen: iXimus en  pixabay. 

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[1] La UE está elaborando su próximo presupuesto a largo plazo y, como la respuesta a la crisis actual definirá la evolución en los próximos años, tiene sentido agregar medidas de recuperación a los planes. Pero el Parlamento insiste en que el paquete de recuperación debe cubrir las necesidades de los programas existentes de la UE y no quitarles fondos. Si no se satisfacen las demandas del Parlamento de un mayor presupuesto a largo plazo, los eurodiputados advierten que están listos para usar su poder para vetar el presupuesto a largo plazo. 

[2] incluso para trabajadores independientes, o para algunas medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo en respuesta a la crisis. 

[3] Acordado el 9 de abril de 2020. 

[4] Fuente TVE.

La interdependencia en tiempos de COVID-19

Fuente de la imagen: geralt en pixabay

Nos recuerda Ana María, en el sitio Cuestión de Ideas[1], la atribución a Gandhi de “la utilización del término interdependencia por primera vez en 1929 para referirse a esta palabra como un ideal que nos hace autosuficientes”, cuando supuestamente afirmó que la interdependencia debía estructurarse como el ideal de toda persona. Para Mahatma, las personas, al conformarnos como seres sociales, sin la interrelación con la sociedad no podemos percibir la “unicidad” con el universo ni desarraigar nuestro egoísmo; la interdependencia con la sociedad posibilita examinar nuestra fe. Después llegó mi respetado Covey y su libro “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva”[2], que te referencié hace más de una década en “Los siete hábitos” y sus paradigmas de interdependencia, dentro del marco de las victorias públicas, con sus hábitos de interdepedencia: ganar / ganar, comprender primero y sinergizar. 

Mientras reflexionaba junto al alumnado del curso Habilidades Comerciales (referenciado en “Habilidades Comerciales en tiempos de COVID-19”), sobre la no confusión de los términos proactividad e interdependencia (abajo te dejo una instantánea, alojada en el canal de youtube), caí en la cuenta que este último concepto tiene una relación estrecha con el estudio interdisciplinario de sistemas, al ser éstos un conjunto adherente de partes interrelacionadas e “interdependientes”. La idea no es mía. Esa supuestamente privilegiada memoria que, dice mi entorno familiar, tengo para algunas cosas (que casualmente no me dan de comer, jeje), rememora el manifiesto para la tesis de la equifinalidad[3], que tuve el gusto de hojear en 2009, cuando Kevin Beven especulaba acerca de que cambiar una parte de un sistema puede afectar otras partes o todo el sistema, siendo predecible esos cambios en los patrones de comportamiento. 

Pero lo que me interesa resaltar hoy de Kevin y que puede interesar de cara a lo que se nos viene encima en la era COVID-19, es que en los sistemas que aprenden y se adaptan, el crecimiento y el grado de adaptación dependen de la optimización del compromiso del sistema con su entorno, compromiso que lo traduje y entendí como “interdependencia”. Según el autor, algunos sistemas admiten otros sistemas, manteniéndolos para evitar desajustes, a modo de "seguro". Los objetivos de la teoría de sistemas son modelar la dinámica, las restricciones, las condiciones de un sistema... y dilucidar principios (como propósito, medida, métodos, herramientas...) que pueden discernirse y aplicarse a otros sistemas en todos los niveles de anidamiento y en una amplia gama de campos para lograr lo que Beven denomina “equifinalidad[4] optimizada”. Fuente de la imagen: geralt en pixabay.

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[1] López de San Román, Ana María. Interdependientes. Cuestiondeideas.com. 2018. Sitio visitado el 19/05/2020. 

[2] Covey, Stephen. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ediciones Paidos Ibérica, 1989. 

[3] Beven, K. A manifesto for the equifinality thesis. Journal of hydrology, 2006. 

[4] Principio por el que en los sistemas abiertos se puede alcanzar un estado final dado por muchos medios potenciales (Cummings y Worley, Desarrollo y cambio de organización, Thomson, 2005).

Cuidando el alma en tiempos de la COVID-19

Fuente de la imagen: archivo propio

En estos sensibles y difíciles tiempos que estamos viviendo consecuencia de la COVID-19, más que nunca debo cuidar mi alma, en el sentido de respetar mis emociones, ilusiones… incluso mis utopías, por muy discutibles que sean desde las ópticas económicas, sociales o medioambientales. Por lo anterior, en el fin de semana pasado he vuelto a hojear el texto del psicoterapeuta Thomas Moore, “El cuidado del alma”[1], que me regalaron en los inicios de la anterior crisis económica (2009) y que tan bien le vino a mi alma en aquellos complicados momentos. Y es que, como se escribe en la contraportada, el gran mal de nuestro tiempo es la “pérdida del alma”, que se manifiesta en forma de vacío, depresión, desilusión... respecto de cuestiones tales como el futuro laboral, la actividad profesional, las relaciones personales... 

Sin embargo, parafraseando a Moore, cuidar mi alma no consiste en abstraerme en una existencia ideal, libre de los problemas que nos acucian, sino en permanecer en el crudo presente, cerca de la actual vida tal y como se expresa ella, otorgando un espacio a la reflexión, la meditación y la acción en pro del beneficio del colectivo donde me encuentro integrado y, por derivación, de la ciudadanía. Dice Thomas que mi alma está conformada tanto de luz como de sombras, y solo cuando acepte esta realidad me acercaré a su verdadera naturaleza. El autor intenta ofrecerme en las páginas un programa para ubicar mi alma en el centro de la vida y ahondar en sus secretos a través de la mitología, las bellas artes o los sueños. Parte de este texto también se ha editado en el sitio book—post, bajo el texto “El cuidado del alma”. Fuente de la imagen: elaboración propia. 

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[1] Moore, Thomas. El cuidado del alma. Ediciones Urano. 2005.

Volver a ser lo que fuimos

Quiero centrar tu atención en la campaña solidaria contra la COVID-19, que, bajo el hashtag #Volveraserloquefuimos, han lanzado Funddatec, que ya te presenté en el texto "En clave sostenible, y la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla, “Volver a ser lo que fuimos”. Ambas instituciones desean colaborar con la sociedad para aliviar esta situación tan dolorosa que se está viviendo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Comparto el mensaje de no quedarse con los brazos cruzados, sino aportar nuestro grano de arena desde el ámbito de la cultura para que la sociedad supere cuanto antes esta pesadilla y pueda volver a su vida cotidiana, a pasear, a disfrutar de sus calles y cuanto antes a llenar teatros, escuelas de música, bibliotecas y museos. 

Y es que se necesita que la vida en general y el ámbito cultural en particular se revitalicen lo antes posible. Nuestro primer paso ha sido ponernos en contacto con las autoridades sanitarias para que nos guíen por el camino correcto, trasladándonos que para conseguir que la población se sienta segura y pueda volver lo antes posible a su rutina, es imprescindible adquirir determinados modelos de test rápidos para evitar más contagios y conseguir llevar a cabo los estudios necesarios de cara a preparar las estrategias que eviten los temidos repuntes. Estas pruebas son de mayor fiabilidad que las usadas habitualmente y son por tanto reclamadas por los centros sanitarios desde el principio de esta crisis.

La campaña solidaria de captación de fondos dura dos semanas. Comenzó el día 9 de mayo con el estreno en el programa “Tierra de Talento”, de Canal Sur Televisión, de un vídeo del Himno de Andalucía, interpretado por la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla, dirigida por Pedro Vázquez, y los artistas que protagonizan semanalmente ese programa televisivo, Manu Sánchez, José Mercé, Carlos Álvarez, India Martínez, María Villalón y Jesús Reina, que, desde sus respectivos confinamientos pero simultáneamente, han conseguido este noble propósito. A continuación te dejo el vídeo, alojado en Youtube por Funddatec Fundación Andalucía Tecnológica. 

Junto al himno, se grabará y difundirá por todos los medios de comunicación el vídeo de la canción “Volver a ser lo que fuimos”, título de nuestra campaña, escrita por Enrique Casellas y compuesta por Eustaquio Álvarez, así como interpretada por un importante elenco de artistas andaluces. Esta obra, inédita y exclusiva, de la que sus autores han cedido sus derechos, pretende profundizar en el mensaje de sensibilización a todos los ciudadanos a través de su mensaje positivo. Paralelamente se llevará a cabo una importante campaña en RRSS y otros medios de comunicación junto a artistas, deportistas y personalidades de diferentes instituciones andaluzas. Abajo te dejo el díptico informativo.

La Tecnología 5G y la Privacidad

Fuente de la imagen: pixundfertig en pixabay

Entiende la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que la quinta generación de comunicaciones móviles (5G)[1], ofrece mejoras a los usuarios como alta velocidad de transferencia, mayor capacidad de conexión o baja latencia[2], lo que permitirá la puesta en marcha de aplicaciones multimedia o de realidad aumentada, el despegue definitivo del internet de las cosas (IoT) o la cirugía remota asistida, entre otras. No obstante, la implantación de esta tecnología podría incrementar los riesgos para la privacidad, como la geolocalización, el perfilado o la toma de decisiones automatizadas sobre las personas. 

En ese sentido, recientemente la AEPD ha publicado una nota técnica[3] en la que se presenta un primer análisis de los riesgos para la privacidad que puede entrañar el 5G y las tecnologías que hagan uso de ella, así como un conjunto de recomendaciones, que ya referencié en el sitio Protección de Datos y que en la tarde del viernes estuve hojeando. El documento está dirigido a personas interesadas en conocer las implicaciones para la privacidad derivadas de su implantación generalizada pero también a fabricantes, proveedores, operadores de servicios, empresas de telecomunicaciones y desarrolladores de aplicaciones que establezcan modelos de negocio en 5G. 

La nota técnica de la AEPD repasa la evolución de esta tecnología desde su implantación, exponiendo sus nuevas posibilidades, identificando sus riesgos y proponiendo un decálogo de recomendaciones, entre otras, proporcionar información clara y comprensible a los usuarios de las nuevas aplicaciones y servicios basados en el 5G; definir cuidadosamente los roles y ámbitos de responsabilidad[4]; garantizar comunicaciones cifradas extremo a extremo; adecuar el uso de decisiones automatizadas a lo establecido en el RGPD[5], y establecer las necesarias garantías en el caso de transferencias internacionales de datos[6]. Fuente de la información: AEPD. Fuente de la imagen: pixundfertig en  pixabay. 

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[1] Cuyo despliegue en Europa comenzó a principios de 2019. 

[2] El tiempo de respuesta que necesita un dispositivo para llevar a cabo la acción que le pedimos. 

[3] https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/nota-tecnica-privacidad-5g.pdf Sitio visitado el 13/05/2020. 

[4] delimitando de forma nítida las obligaciones de desarrolladores, fabricantes, operadores y agentes en materia de protección de datos 

[5] Reglamento General de Protección de Datos. 

[6] Finalmente, la AEPD insta a reflexionar acerca de las normativas y estándares relativos al tratamiento y conservación de datos de tráfico por los operadores de telecomunicaciones, en particular, con relación a la georreferenciación. Actualmente, las redes 4G proporcionan resoluciones con una media de 50 metros, pero con 5G se alcanzarán resoluciones inferiores a un metro en tres dimensiones.

Justicia y Hackers en tiempos de COVID-19

Fuente de la imagen: captura de pantalla del site Legal Hackers

Parte de la tarde del jueves la pasé asistiendo a la reunión virtual de la Comisión de Derecho Digital e Innovación y Gestión de despachos del Colegio de Abogados de Málaga, de la que tengo el gusto de ser miembro. Entre las interesantes aportaciones realizadas por los compañeros y compañeras, por si es de interés, traigo a colación esta mañana la comunidad virtual Legal Hackers Málaga, comentada por María, coordinadora de la comisión, y que tiene abierto site en meetup. Así que solicité le membresía a través de mi perfil en ese entorno. En el encabezado te dejo una captura de pantalla de la comunidad. Según se lee en su presentación, Legal Hackers nace con la idea de promover una comunidad de profesionales (abogados, tecnólogos, políticos, académicos...), donde analizar, debatir y proponer soluciones para que la ley, la práctica legal y la política puedan adaptarse a una tecnología que avanza a pasos agigantados. Salvo lo de "política" y "políticos", que todavía no lo tengo claro (por lo de “profesionales”), el resto de perfiles me parecen oportunos. 

Por lo visto, se trata de buscar un punto de encuentro común a través de debates organizados a nivel local en diferentes formatos como mesas redondas, talleres y charlas presenciales, hackatones, congresos…. y todas aquellas modalidades que permitan y faciliten el entorno apropiado para compartir ideas y puntos de vista en torno al sector digital y todo los aspectos adicionales que conlleva su avance en la sociedad. Entre los próximos eventos que se han programado, se encuentran la sesión sobre Juicios virtuales: ¿hacia una nueva normalidad jurídica? segundo evento del ciclo de MeetUps titulado “La Tecnología al rescate de la Justicia” coorganizado por Legal Hackers Madrid y Legal Hackers Málaga, y “Covid-19: La Tecnología al rescate de la Justicia”, donde se tiene previsto abordar el panorama actual de la justicia en los tiempos de la COVID-19 y buscar soluciones concretas a estos retos. En síntesis un proactivo programa formativo. "Justicia" y "Hackers", curiosa combinación. Fuente de la imagen: captura de pantalla del perfil de la comunidad en internet.

Gestión de Stocks en tiempos de COVID-19

Fuente de la imagen: Alexas_Fotos en pixabay

Si eres follower de este sitio, conoces mi experiencia en la gestión de almacenes y logística, en sectores que van desde el comercio (supermercados e hipermercados), hasta el transporte y la distribución, pasando por el agroindustrial o constructor. Textos como “Parece que fue ayer”, "Ni seguratas ni chivatos ni detectives" o "Si el vino viene, viene la vida", son prueba de ello. Igualmente, he reflexionado acerca de la optimización de costes y su habitual confusión con la reducción indiscriminada de gastos, sobre todo en momentos de crisis. En ediciones como “Soluciones rápidas”, apuntaba la opinión de expertos, como el caso de Hermann Simon[1], que respecto a la crisis económica anterior a la pandémica, entiende que la reducción de costes por sí sola no aseguraría la supervivencia de las empresas en aquellos momentos. 

Para Simon, aquella crisis no era de costes, sino de ventas, consecuencia del cambio en el comportamiento de los consumidores, los cuales tenían miedo al futuro, gastaban menos y ahorraban más, mientras las entidades financieras no soltaban un euro ni a los que pretendían comprar ni a los que pretendían vender. No obstante, recomendaba que la reducción inteligente y flexible de los costes debía ser una prioridad, a base de costes fijos pequeños y altos costes variables, cuidando no recortar aquellos gastos que impactaban de forma positiva en las ventas y en los rendimientos netos[2]. "Peritas" reflexiones que perfectamente pueden tenerse en cuenta y estudiar su aplicación en la actual crisis económica consecuencia de la COVID-19. 

Lo anterior lo refresqué en la tarde del miércoles, mientras actualizaba material para un curso sobre “Mejora de la Gestión de Stocks y Beneficios en el Comercio”, cuya docencia virtual me ha encomendado Tádel Formación y que comienza próximamente (abajo te dejo un vídeo con la presentación del profesor, alojado en el canal de Youtube). Al igual que con “Habilidades Comerciales en tiempos de COVID-19”, he procurado adaptar el contenido programático a la situación de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que vivimos consecuencia de la pandemia. Si quieres más información de la acción formativa, tienes que contactar con Tádel Formación. Fuente de la imagen: Alexas_Fotos en pixabay.

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[1] Autor alemán, presidente de Simon-Kucher & Partners, consultores de estrategia y marketing y experto en estrategia, marketing y precios. 

[2] En cuanto a la reducción de los precios, Hermann apostaba por menguar el volumen y capacidad, ampliando la cadena de valor a través de la oferta de servicios. Respecto a la consultoría externa, opinaba que puede añadir valor a la empresa, ya que, además de la experiencia que se aporta, incorporan metodología de trabajo y sistemática de análisis de situaciones, para llegar a conclusiones apropiadas y sugerencias proporcionadas.

Hojeando el Acuerdo en Defensa del Empleo

Fuente de la imagen: geralt en pixabay

Hace unos días, invitado por el Centro de Formación Garrigues (Gracias), asistí a un web seminario sobre el "Impacto del #COVID19 en las relaciones laborales", moderado por el experto Federico Durán López[1]. En la tarde del martes, mientras hojeaba el Acuerdo Social en Defensa del Empleo, alcanzado por el Gobierno de España (GE) con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas, que se aprobó el mismo día mediante Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo (RDL)[2], me acordé de las reflexiones que nos ofreció Federico y resto de participantes en el webinar. La norma prorroga hasta el 30 de junio las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor para aquellas empresas que todavía no puedan reanudar su actividad, es decir, que estas compañías y autónomos seguirán disfrutando de una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social.

En el caso de que la empresa tenga 50 o más trabajadores, la exoneración se mantiene como hasta ahora en el 75%. Igualmente, con el fin de adecuar la normativa a la fase de desescalada, el RDL contempla una nueva categoría de ERTE, denominada de fuerza mayor parcial, cuya vigencia también se extenderá hasta el 30 de junio. Esta figura permitirá a las empresas reincorporar a parte de su plantilla y mantener otra parte con su contrato suspendido. Tanto para el trabajador que regrese como para el que se mantenga en el ERTE, se mantendrán las exoneraciones en las cotizaciones sociales[3]. Las empresas de menos de 50 empleados tendrán derecho a una exención del 85% en el mes mayo y del 70% en junio para los trabajadores que se reincorporen a la actividad productiva. Para los que continúen suspendidos, el porcentaje será menor. 

En el caso de empresas con 50 o más empleados, la bonificación alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio para los trabajadores que se reincorporen y será del 45% y del 30% para los que permanezcan suspendidos. Asimismo, los trabajadores afectados por un ERTE percibirán prestaciones por desempleo incluso en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente para poder percibirlas. La norma incluye cláusulas que determinan que ninguna empresa que tenga su domicilio fiscal en un paraíso fiscal podrá acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor. Además, veta la posibilidad de que las compañías que han disfrutado de las exoneraciones sociales puedan repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE[4]. Fuente de la información: GE. Fuente de la imagen: geralt en pixabay. 

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[1] Catedrático y Abogado en Derecho Laboral

[2]  SI quieres acceder al Acuerdo, clickea AQUÍ.

[3] El Acuerdo contempla la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de estas medidas. 

[4] Salvo que devuelvan la parte correspondiente a la bonificación recibida.

El "tu cara me suena" en los exámenes virtuales

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Mientras observaba al querubín realizar un examen desde su ipad, pensaba si el resto de los compañeros y compañeras de clase también seguirían las mismas pautas de comportamiento ético. Tiempos difíciles para aquéllos que, ante tal desbarajuste consecuencia de la pandemia, ni se les ocurre saltarse las reglas, todo lo contrario, las refuerzan aún más. En algunos casos estos seres compiten en clara inferioridad de condiciones con el resto (si bien, realmente, están compitiendo con ellos mismos). Con la tecnología actual, seguro existen métodos fiables de control y gestión de las pruebas, exámenes, oposiciones, controles… en modo online o virtual, como prefieras y no el "tu cara me suena" actual. Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha publicado un informe, que referencié en el sitio “Educación, Formación y Empleo”, título “Reconocimiento facial para realizar exámenes”, en el que se analizan cuestiones relativas al uso de técnicas de reconocimiento facial para realizar pruebas de evaluación online ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19[1]. 

Para la AEPD, la situación actual en España no implica la suspensión del derecho fundamental a la protección de datos, por lo que todo tratamiento de datos personales debe ajustarse a las previsiones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En cuanto a la utilización del consentimiento como base legal para utilizar el reconocimiento facial, el Reglamento establece que el consentimiento del afectado debe ser libre y que no puede considerarse prestado de forma libre y, por tanto, válida cuando el afectado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno. Tampoco puede considerarse libre cuando existe un desequilibro claro entre el interesado y el responsable del tratamiento. La posibilidad de admitir un consentimiento libre de los alumnos que permitiera el empleo de técnicas de reconocimiento facial para tratar sus datos biométricos en las evaluaciones online requeriría que a los mismos se les ofreciera la posibilidad de realizar dichas evaluaciones en una situación equiparable en la que no fuera necesario su tratamiento[2] u ofreciendo otras alternativas que no requieran el tratamiento de sus datos biométricos y que fueran equiparables en cuanto a su duración y dificultad respecto a las que se realicen con reconocimiento facial. 

En otro caso como, por ejemplo, si las actividades alternativas ofrecidas fueran más gravosas o implicaran una mayor dificultad, el consentimiento no podría considerarse libremente prestado. Y lo que no sería admisible, en ningún caso, es que como consecuencia de la denegación del consentimiento se denegara la posibilidad de matriculación o de acceder a la evaluación o cualquier otra consecuencia negativa importante para el alumno[3]. Entiende la AEPD que si bien el tratamiento de datos personales necesarios para la prestación del servicio público de educación se legitima, con carácter general, en la existencia de un interés público, en el caso del reconocimiento facial, al tratarse de categorías especiales de datos, el Reglamento requiere la existencia de un “interés público esencial” para que pueda ser legítimo, profundizando así en la importancia y necesidad de mayor protección de los datos tratados. La aplicación del interés público esencial como base de legitimación requiere de una norma con rango de ley que justifique en qué medida y en qué supuestos la identificación de los alumnos mediante el empleo de la biometría respondería al mismo. 

En opinión de la AEPD, dicha norma[4] exigiría una especial justificación de la necesidad de optar por el reconocimiento facial respecto otras medidas que permiten acreditar la identidad de los alumnos y supervisar los procesos de evaluación con una menor intrusión en los derechos de los afectados, definiendo asimismo las garantías técnicas, organizativas y procedimentales adecuadas y respetando el principio de proporcionalidad y la necesidad. Por otro lado, las técnicas de reconocimiento facial[5] implican el tratamiento de datos biométricos con la finalidad de identificar de forma unívoca a una persona física, por lo que exigen garantías reforzadas[6]. Por tanto, debe primar un criterio de prudencia que permita un análisis de sus implicaciones y, en todo caso, un riguroso estudio de los riesgos que implican esos tratamientos y de las garantías necesarias para proteger el derecho a la protección de datos personales, atendiendo al principio de responsabilidad proactiva, la necesidad de realizar los correspondientes análisis de riesgos, evaluaciones de impacto en la protección de datos y, si correspondiese, consulta previa a la autoridad de control. Fuente de la información: AEPD. Fuente de la imagen: lukaszdylka en pixabay. 

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[1] Si quieres acceder al documento completo, clickea AQUÍ. Link activo el 08/05/2020. 

[2] Como pudiera ser la realización de la misma actividad presencialmente. 

[3] El informe añade que corresponde a las universidades, en virtud del principio de autonomía universitaria y como responsables del tratamiento, determinar en sus normas de evaluación y en sus planes de formación los procedimientos de evaluación que acrediten la igualdad entre los alumnos que consientan el tratamiento de sus datos biométricos y los que no lo hagan. Sólo así el tratamiento podría estar basado en el consentimiento. 

[4] Inexistente en la actualidad en el ordenamiento jurídico. 

[5] Que se realizan de forma continuada para la comparación del alumno con terceros al objeto de identificar una posible suplantación. 

[6] A este respecto, la propia comunidad universitaria ha planteado medidas alternativas para la evaluación online menos intrusivas que permiten hacer frente a la situación generada por la declaración del estado de alarma. A ello se suma que el Gobierno ya ha iniciado el plan de desescalada que podría permitir realizar, con las restricciones que establezcan las autoridades sanitarias, pruebas presenciales.