Alquiler de vivienda en tiempos de COVID-19

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España (Mitma), impulsó una línea de microcréditos avalados y al 0% de interés para el pago del alquiler de vivienda habitual, vía Real Decreto-ley 15/2020[1]. Pues bien, recientemente informaba que han formalizado el contrato de adhesión a la Línea Avales Arrendamiento con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, Unicaja, Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caja Onteniente y próximamente se espera que más entidades se adhieran a esta línea crediticia[2]. Las personas que hayan visto mermados significativamente sus ingresos, o que hayan sido despedidos del trabajo, o que tengan menores o dependientes a su cargo se pueden beneficiar de estas ayudas. Estos préstamos cubren un máximo de seis mensualidades, con un tope de hasta 900 euros por mensualidad, y con retroactividad a 1 de abril. 

Informa el Mitma que estos microcréditos son finalistas, de tal modo que los solicita el inquilino -que tiene hasta 6 años para devolverlos (y excepcionalmente 4 años más)- y se ingresan en la cuenta del arrendador. De este modo, se protege a arrendatarios y arrendadores en una situación de crisis económica, en la que es de crucial importancia preservar la estabilidad del mercado del alquiler y garantizar el derecho a la vivienda. Por otro lado, los préstamos cuentan con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Para su implementación el Ministerio aumentó su techo de gasto en 1.200 millones de euros. La previsión es que hasta 450.000 familias puedan beneficiarse de estos microcréditos a interés cero para hacer frente al pago del alquiler. 

En línea con esa medida, el Gobierno de España (GE), también aprobó a principios de abril un paquete de acciones que sirviera de paraguas social en materia de vivienda para hacer frente a esta crisis de la COVID-19. Entre ellas destacan la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento. Asimismo, se aprobó una dotación extraordinaria de 100 millones de euros para incrementar la cuantía de 346 millones de euros prevista para el Plan Estatal de Vivienda 2018-22[3]. Fuente de la información: Mitma. Fuente de la imagen: mvc archivo propio. 

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[1] Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4554-consolidado.pdf 

[2] La lista de entidades adheridas se puede consultar en la web del ICO, que actualiza diariamente la información. 

[3] Los 446 millones de euros resultantes se han adelantado ya a las Comunidades Autónomas.