La Corona: símbolo y no poder

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En el marco de la docencia de la asignatura Administración y Legislación Ambiental, del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA), la tarde la pasé explicando la forma política del Estado Español, que no es otra que la monarquía parlamentaria. Y es que, para comprender cómo se organiza un país, una de las primeras cosas que debemos mirar es quién ocupa la jefatura del Estado, es decir, la máxima representación de ese territorio. En las democracias modernas, existen principalmente dos grandes modelos para esta figura: la república y la monarquía. En una república, la jefatura del Estado la ocupa una presidencia que es elegida, ya sea directamente por la ciudadanía o a través de sus representantes en el parlamento, para un período de tiempo concreto. Ejemplos de ello son Francia, Portugal o Alemania. El segundo modelo es la monarquía parlamentaria, que es precisamente la forma política que adopta el Estado español, tal y como establece su Constitución. ¿Qué significa exactamente que España sea una monarquía parlamentaria? A diferencia de las antiguas monarquías absolutistas, donde el rey o la reina concentraban todo el poder, en el modelo parlamentario el poder real no reside en la Corona, sino en el pueblo. La soberanía, es decir, la capacidad de tomar las decisiones más importantes está en la ciudadanía, que la ejerce a través de sus representantes en el Parlamento. Por eso, la denominación oficial de nuestro país es "Reino de España", pero el poder lo ostentan las instituciones democráticas. Esta idea se resume en una frase muy conocida: "el rey reina, pero no gobierna".

El papel del Rey, actualmente Felipe VI, es fundamentalmente simbólico. Actúa como jefe del Estado y es un símbolo de la unidad y permanencia del país, asumiendo su más alta representación en las relaciones internacionales. Pensemos en él como la cabeza visible del Estado ante otros países. La Constitución le asigna una serie de funciones, como firmar y promulgar las leyes que aprueba el Parlamento, convocar las elecciones, o proponer al candidato a la presidencia del Gobierno. Pero es necesario entender que éstas no son decisiones personales. Se trata de actos que está obligado a realizar; no puede negarse a firmar una ley aprobada por las Cortes Generales, por ejemplo. La responsabilidad de esos actos no recae sobre él, sino sobre quien los refrenda, que generalmente es la persona que preside el Gobierno. Sin esa firma de refrendo, los actos del Rey no tienen ninguna validez. Un ejemplo histórico que ilustra este límite al poder real ocurrió en Bélgica en 1990, cuando el rey Balduino, por convicciones personales, se negó a firmar la ley del aborto. La solución fue que abdicara durante un día para que el gobierno pudiera promulgar la ley, demostrando que la voluntad del monarca no puede imponerse a la del parlamento. De igual modo, en Luxemburgo se modificó la Constitución después de que el Gran Duque se negara a sancionar la ley de la eutanasia, eliminando la necesidad de su sanción para que las leyes entren en vigor. Una de las características más singulares de la figura del Rey es que es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Esto significa que, mientras ejerce como jefe de Estado, no puede ser juzgado por ningún tribunal por actos relacionados con sus funciones como rey.

Esa "inviolabilidad política" es lógica puesto que las acciones del monarca, además de que le vienen impuestas por el ordenamiento jurídico, deben ser siempre refrendadas por el Presidente del Gobierno, por los Ministros competentes o, en ciertos casos, por el Presidente del Congreso. Pero luego llega lo que algunos expertos denominan generalización del término. Es decir: ¿Significa que si privadamente el rey roba o mata, esos actos tendrían que estar firmados por el Poder Ejecutivo? Aunque parezca absurda la pregunta e inconcebible una respuesta afirmativa, el caso es que esa situación se ha dado durante el reinado de Juan Carlos I, donde, por ejemplo, los tribunales no admitieron a trámite demandas de paternidad presentadas contra él, basándose en ese principio. Al menos parece que esa protección solamente se aplica a la persona del Rey y no al resto de la familia real. En todo caso, tras su abdicación en 2014, Juan Carlos I perdió esa inviolabilidad para los actos cometidos a partir de ese momento. La jefatura del Estado en la monarquía es un cargo vitalicio y hereditario. La sucesión a la Corona sigue unas reglas establecidas, entre las que destaca la preferencia del varón sobre la mujer, aunque sean de la misma línea y grado. Actualmente, la heredera al trono es la princesa de Asturias, Leonor, seguida de su hermana, la infanta Sofía. Concluyendo, la monarquía parlamentaria es un sistema en el que la figura del monarca se mantiene como un símbolo de la tradición y la unidad del Estado, pero conviviendo plenamente con un sistema democrático donde las decisiones y la responsabilidad política residen exclusivamente en las instituciones elegidas por la ciudadanía.