El latido de la Gestión Pública

Fuente del esquema: mvc archivo propio

En el marco de la asignatura Derecho Administrativo Turístico (DAT), del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA, el lunes comencé a impartir en lo grupos de la mañana el tema relativo a la actividad administrativa de la Administración Pública (AP). En el grupo de la tarde, lo desarrollé hace unos días (M. Velasco, 2024)[1]. Pero, realmente, de qué va esto de la actividad administrativa. Le trasladaba al alumnado que es algo así como el corazón palpitante de la gestión pública, ese conjunto de acciones y decisiones que busca servir a la ciudadanía y garantizar el bienestar general. En esta sociedad “contemporánea”, donde la relación entre la AP y la ciudadanía es más relevante que nunca, resultando decisivo entender los principios y formas que estructuran esta actividad. Todo comienza con el principio de legalidad, concepto que sienta las bases de la actuación administrativa y que establece que toda acción de la Administración debe estar enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, garantizando que cada decisión, cada acto, es ejercido dentro de los límites que el ordenamiento jurídico (OJ) aplicable establece. A su vez, las potestades administrativas son las herramientas que permiten a la AP cumplir con su función, otorgándole la capacidad de regular, gestionar y proteger los derechos e intereses de la ciudadanía. Imagina un mundo donde cada acción de la AP es respaldada por la ley (OJ), donde la ciudadanía puede confiar en que sus derechos serán respetados. 

Esa es la esencia de la legalidad administrativa y su comprensión es básica para fomentar una AP eficiente y justa. Ahora bien, la actividad administrativa no se limita a un solo enfoque, manifestándose en tres formas principales, cada una con su propia relevancia y función: la actividad de limitación o policía, la actividad administrativa de fomento y la actividad de prestación o servicio público. La actividad de limitación, a menudo malinterpretada, es esencial para garantizar el orden y la seguridad. A través de ella, la Administración impone restricciones necesarias que buscan proteger derechos de cada individuo y el bienestar colectivo. Es aquí donde se evidencia un delicado equilibrio: proteger a la ciudadanía manteniendo a la vez su autonomía y libertad. Por otro lado, la actividad administrativa de fomento representa el “lado positivo” de la gestión pública, potenciando el desarrollo social y económico. Esta forma de acción es la que impulsa iniciativas, estimula la creación de empresas, promueve actividades culturales, y busca incentivar el bienestar comunal. Es un recordatorio de que la AP es un ente regulador, pero, también, un aliado en la búsqueda de un futuro mejor. Finalmente, la actividad de prestación o servicio público es el compromiso de la AP de garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y el transporte. Estos servicios constituyen derechos fundamentales que permiten a los individuos vivir con dignidad y contribuir a la sociedad. 

Y en esta vivencia digna y contributiva, la eficacia y la calidad en la prestación se convierten en prioridades que cada AP debería perseguir sin descanso. Asimismo, toda acción administrativa se concreta a través de los conocidos como "actos administrativos". Comprender su concepto, sus elementos y su clasificación es clave para entender cómo se materializan esas acciones. Cada acto administrativo, desde el más simple hasta el más complejo, tiene una eficacia garantizada por la presunción de validez, lo que significa que se considera válido hasta que se demuestre lo contrario. No obstante, como casi todo en la vida, no todo acto es perfecto, por lo que puede ser catalogado de nulo o anulable.. La invalidez de estos actos nos recuerda la importancia de actuar siempre dentro de los marcos legales y éticos, asegurando que cada decisión sea justa y adecuada. En síntesis, la actividad administrativa es un conjunto de procedimientos y regulaciones y el reflejo del compromiso con la justicia, la igualdad y el servicio a la ciudadanía. Entender estas modalidades de actuación es esencial para construir una AP que cumpla y que inspire a las generaciones futuras. Con ello, se sientan las bases para forjar un futuro donde la confianza en la AP y su capacidad de respuesta sea la norma, y donde cada ciudadano o ciudadana sea un actor activo en la construcción de su comunidad. ¡Juntos, hacia una mejor gestión pública! Fuente de la información: apuntes del tema y disertación en la clase.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2025). La Legalidad y el Turismo, una Alianza Indisoluble. Sitio visitado el 18/03/2025.