Sinfonía de Poder: Gobierno y Administración en Acción

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Otro de los puntos sobre los que he impartido docencia (M. Velasco, 2025)[1], ha sido al análisis del Gobierno y la Administración (M. Velasco, 2013)[2] en el contexto del Derecho Administrativo Turístico (DAT), revelando la estructura básica que rige la organización política y administrativa de un Estado español. El Gobierno, como ente director de la política interior y exterior del país, tiene la responsabilidad primordial de garantizar la defensa del Estado y ejercer las funciones ejecutivas y reglamentarias conforme a lo estipulado por la Constitución y la legislación vigente. Esta función ejecutiva es coordinada por la Presidencia del Gobierno, quien dirige la acción gubernamental y coordina las labores de los responsables de los ministerios y otros miembros del Gobierno, asegurando así la cohesión y el buen funcionamiento del sistema administrativo. Los miembros del Gobierno, bajo un marco normativo estricto, no pueden realizar otras funciones públicas o actividades privadas que pudieran entrar en conflicto con sus responsabilidades administrativas. Este principio busca mantener la integridad y la eficacia del modelo político, evitando posibles irregularidades o conflictos de intereses que puedan comprometer la gestión pública. La Administración Pública (AP), articulada a través de distintos niveles de gobierno como la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL), juega un rol esencial en la implementación de políticas y la gestión de recursos.

Esta minería administrativa comprende desde la organización y gobierno hasta la potestad reglamentaria, incluyendo aspectos vitales como el procedimiento administrativo y la gestión de actos administrativos. En este sentido, la AP se enfrenta a retos complejos en un marco normativo que incluye la reglamentación general, así como disposiciones sectoriales que afectan a campos como el turismo, la salud o la educación. Las interacciones entre Gobierno y AP son cruciales para la efectividad de políticas públicas y su adecuada ejecución en el ámbito turístico. La relevancia del ordenamiento jurídico sectorial se vuelve evidente cuando se considera que éste regula aspectos fundamentales de la vida social y económica. Las leyes, reglamentos, jurisprudencia y doctrina se entrelazan en un sistema que determina las relaciones entre la Administración y la ciudadanía, estableciendo derechos, deberes y garantías. De este modo, la labor del Gobierno supera la creación de políticas y se extiende a la creación de un entorno normativo que facilite la convivencia y el desarrollo económico y social. En síntesis, constituyen dos pilares interrelacionados que garantizan la funcionalidad del Estado y la calidad de los servicios públicos, reflejando en su estructura y operación los principios democráticos que fundamentan el Estado de Derecho. En el ámbito turístico, la adecuada gestión de estas instituciones se traduce en un impacto positivo en el desarrollo sostenible y en la promoción del bienestar social.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2025). Equilibrio de Poder: La Clave de la Democracia. Sitio visitado el 2/03/2025.

[2] Velasco-Carretero, Manuel (2013). El control parlamentario del gobierno. Sitio visitado el 2/03/2025.

¿Cómo articular la intervención Estatal en la economía?

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Antes de responder, es necesario pararse en el concepto intervencionismo económico del Estado. Uno de los elementos que construyen el Derecho Administrativo Económico (DAE) es el referido al intervencionismo económico estatal, que para el caso que nos ocupa y apoyándonos en una de las acepciones de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se define como la tendencia de los poderes públicos a intervenir en el ámbito económico en un marco de motivación y razonamiento de la intervención.

Este fundamento se refuerza con la entrada de España en la Unión Europea (UE), estableciendo que los Estados miembros deben coordinar sus políticas económicas y de empleo[1], disponiendo la UE de la respectiva competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos[2]. En esa línea (M. Velasco, 2014)[3], la intervención del Estado en la economía se manifiesta de varias formas.

Por ejemplo, desde el establecimiento de hojas de ruta a medio plazo[4], hasta la imposición de ordenamiento jurídico específico[5], con fomento de la competencia y protección de los usuarios o consumidores, pasando por la atención de aquellos servicios públicos necesarios para la sociedad o la promoción o ayuda a sectores de la economía que en determinado momento se puedan calificar de estratégicos y todo ello bajo el paraguas de seguridad jurídica, libertad de empresa e intervención mínima.

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[1] Art. 2.3 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

[2] Art. 2.5 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

[3] Velasco Carretero, Manuel (2014). Manifestación del intervencionismo económico. Sitio iurepost. Visitado el 08/05/2024.

[4] Mediante lo que se conoce como planificación económica.

[5] Para propiciar un funcionamiento legal y justo de los mercados.

Lo que verdaderamente debería importar del Gobierno

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Lo que verdaderamente debería importar no es que el Gobierno fuera progresista, conservador o liberal, sino su carácter eminentemente democrático, es decir, constitucional. En el caso de mi país (M. Velasco, 2013)[1], el Gobierno (GE) dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo, como Poder Ejecutivo (PE), la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución Española (CE) y las leyes[2]. Se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El Presidente dirige la acción del GE y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. Los miembros del GE no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna[3].

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados (CDD)[4], el Rey[5] propone un candidato a la Presidencia del GE. El candidato propuesto expone ante el Congreso de los Diputados el programa político del GE que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara. Si el CDD, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombra Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se somete la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entiende otorgada si obtuviere la mayoría simple[6]. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitan sucesivas propuestas. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del CDD, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Los demás miembros del GE son nombrados y separados por el Rey[7]. El GE cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la CE (por ejemplo, una moción de censura que en España hemos tenido seis), o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El GE cesante continua en funciones hasta la toma de posesión del nuevo GE[8]. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del GE es exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo puede ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no es aplicable a ninguno de los supuestos descritos[9]. Fuente de la información: CE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco Carretero, Manuel (2013). El Gobierno de España. Sitio iurepost. Visitado el 13/02/2024.

[2] Art. 97 CE.

[3] La ley regula el estatuto e incompatibilidades de los miembros del GE Art. 98 CE.

[4] Y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda.

[5] Previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso

[6] Art. 99 CE.

[7]  A propuesta de su Presidente. Art. 100 CE.

[8] Art. 101 CE.

[9] Art. 102 CE.

¿Lista Más Votada o Mayoría Parlamentaria?

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En sala de espera previa a la sesión de la asignatura Economía Aplicada, de una maestría universitaria, preguntó Liz por qué en España no respetábamos que gobernara la lista más votada. Le respondí que, según la Constitución Española (CE), el modelo político del Estado Español es la Democracia Parlamentaria, donde el Poder Legislativo (Parlamento) surge de la votación universal, libre y secreta del Pueblo Español. El Poder Ejecutivo (Gobierno), se elige vía "Mayoría Parlamentaria", lo que significa que un Partido Político puede haber sido el más votado, pero, sin embargo, no reunir los apoyos necesarios en el Parlamento para que salga elegido como Poder Ejecutivo. En cuanto al procedimiento ordinario de nombramiento del Presidente del Gobierno a través de la “Confianza Parlamentaria”, viene recogido en el artículo 99 de la CE, que, en el caso de mi país, se le asigna a una de las Cámaras: el Congreso de los Diputados.

El referido artículo establece que “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Este candidato propuesto “expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”, la cual, si le otorgare su confianza por “mayoría absoluta”, será nombrado Presidente por el Rey. “De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple”[1]. Si transcurrido el plazo de dos meses[2], ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones Con el refrendo del Presidente del Congreso.

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[1] Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

[2] A partir de la primera votación de investidura.

Se agradecen estos puntos de encuentro

Fuente de la imagen: geralt en pixabay

En estos momentos de incertidumbre a nivel mundial, consecuencia de la pandemia en el corto plazo y la insostenibilidad del planeta en el medio plazo, se agradecen puntos de encuentro como el conocido en la tarde del jueves en España, entre las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y el Gobierno de mi país (GE), materializado en un acuerdo de reforma estructural del mercado de trabajo en España, fruto de la Mesa de Diálogo Social que retomó sus trabajos el día 17 de marzo de 2021. Cataloga el GE de un acuerdo histórico en materia de relaciones laborales que intenta homologar el mercado de trabajo español al europeo y restablecer el equilibrio en las relaciones laborales, hacia una recuperación económica.

Parece que aborda los principales problemas del mercado de trabajo español[1], con la simplificación de los contratos retomando la causalidad, incrementando las sanciones a su uso irregular y fomentando la estabilidad en el empleo, estableciendo un cambio de paradigma en la formación para trabajadores y trabajadoras, impulsando la contratación formativa[2] y garantizando su coordinación con el sistema de Formación Profesional y con los estudios universitarios. Se recupera la ultraactividad indefinida y se acaba con la prioridad de convenio de empresa en material salarial para desterrar el mecanismo de devaluación salarial[3], garantizando los derechos de las personas subcontratadas. Fuente de la información: GE; fuente de la imagen: geralt en pixabay.

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[1] Singularmente la temporalidad.

[2] Inspirándose en el modelo dual alemán.

[3] Instaurado por la Reforma del RDL 3/2012.

Semana de la Administración Abierta

Fuente de la imagen: cartel informativo de la Semana

Desde el lunes y hasta el viernes estamos celebrando en mi país la Semana de la Administración Abierta, iniciativa que pretende reunir entre el 7 y el 11 de mayo de 2018, jornadas de puertas abiertas y otro tipo de eventos en torno a un mismo hilo conductor, los principios del Gobierno Abierto: transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración (Fuente de la información y de la imagen del encabezado: Portal de la Transparencia del Gobierno de España). Esta semana se enmarca dentro de las acciones de formación, sensibilización y educación del Tercer Plan de Gobierno Abierto de España y responde también a una iniciativa que se está impulsando a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que España forma parte. 

Las actividades que se celebran en todo el territorio español[1], a iniciativa tanto de las distintas Administraciones Públicas como de la Sociedad Civil y otros interesados[2]. La Jornada Inaugural de la Semana de la Administración Abierta se celebró el día 7 de mayo en la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública. Durante la semana se podrán realizar distintos tipos de actividades: cursos / Seminarios, debates públicos, webminars (seminarios web), presentación de Buenas Prácticas, concursos / hackathons [3], jornadas de Puertas Abiertas, presentación de Publicaciones, entrega de datos en Formato Abierto (datos abiertos) y otras Iniciativas. A continuación te dejo un vídeo, alojado en Youtube cortesía de injuvejuventud, con la propuesta de Injuve.

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[1] Consulta AQUÍ Sitio visitado el 10/05/2018.

[2] Descarga aquí el folleto. Sitio visitado el 10/05/2018.

[3] Encuentros para buscar soluciones a un problema.

Alianza para el Gobierno Abierto

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Hace unos años, en el explícito “Gobierno Abierto de Calidad”[1], te escribía sobre esa doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben encontrarse abiertos a todos los niveles posibles, en cuanto a transparencia, que debe ir unido a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. También, se entiende por gobierno abierto esa corriente que aboga por una evolución del actual sistema de democracia representativa hacia un modelo de democracia participativa, mediante el establecimiento de mecanismos de transparencia de los gobiernos, así como espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. El objetivo final es la mejora de la democracia y de la calidad de vida de los habitantes. Te comento lo anterior porque recientemente el Gobierno español, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha presentado el Tercer Plan de acción de Gobierno abierto, que compromete al Gobierno a desarrollar 20 medidas en transparencia y participación en el periodo 2017-2019[2]. 

El plan se estructura en cinco grandes ejes: colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación, y para el desarrollo del mismo se contará con la participación de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y la sociedad civil. Entre las medidas del plan, figura el compromiso de mejorar y ampliar los contenidos del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado así como acometer el desarrollo reglamentario en esta Legislatura de la Ley de Transparencia. Se fortalecerá el programa Aporta, de apertura a la información del sector público, para lo que se desarrollará la Ley sobre reutilización de la información del sector público y se ampliará el catálogo nacional de datos abiertos en un mínimo del 20%. En el ámbito de la Justicia, se pretende mejorar el acceso a la información judicial con medidas como la puesta a disposición de los ciudadanos de mayor información sobre vistas orales, documentos de expedientes judiciales, entre otros, así como ofrecer el servicio de retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales.

Igualmente, se formará a los empleados públicos en los principios, y estrategias de gobierno abierto, se sensibilizará a la sociedad civil a través de recursos informativos abiertos y gratuitos, y se incluirán medidas de educación en Gobierno abierto con actividades en los colegios. Para desarrollar todas las medidas se ha constituido una Comisión sectorial para trabajar con las Comunidades Autónomas y una Red de entidades locales para promover las políticas de transparencia en el ámbito local. Además, se pondrá en marcha un Foro de Gobierno Abierto para trabajar en consenso con los actores implicados de la sociedad civil: representantes del mundo académico, de las organizaciones de consumidores y usuarios, de las asociaciones sin ánimo de lucro y organizaciones del Tercer Sector. Si quieres acceder al documento de noventa páginas, clickea AQUÍ[3] (Fuente de la información: Gobierno de España. Fuente de la imagen: mvc archivo propio).

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Gobierno Abierto de Calidad. 2013. Sitio visitado el 29/06/2017.

[2] Y que enviará a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), máximo órgano internacional que regula esta materia y que engloba a 70 países.

[3] Sitio visitado el 29/06/2017.

O lo hizo bien o acertó cual pelícano

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Si eres follower de este sitio, conocerás que en más de una ocasión he escrito sobre expropiación en mi país. En “Visión y oportunidad”[1], después de contarte mi odisea[2] en un trabajo sobre investigación y desarrollo, te dejaba un flujograma doméstico del procedimiento expropiatorio aplicable en aquellos momentos[3]. En “Expropiación y Reversión”[4], apuntaba los pormenores de la participación en un foro, propuesto por Andrea, sobre los límites que tenía la actuación de la Administración Pública (AP), si ésta puede en todo caso hacer uso de sus potestades ablatorias, cuándo y por qué o qué medios de defensa dispone el administrado frente al abuso de poder de la AP. Igualmente, en “Expropiación viviendas del SAREB”[5], te preguntaba ¿Por qué no se expropian las viviendas del SAREB, financiadas con nuestros impuestos, vía rescate, cuando más flagrante aún es el pisoteo de otros derechos, no menos importantes, del pueblo español? Finalmente, en el explícito “Expropiación forzosa”[6] estudiaba la exposición de motivos de la Ley de 16/12/1954, esa colisión entre el interés público y el privado, acto administrativo dictado en el ejercicio de una potestad, que otorga poder de actuación concreto a sus titulares, derechos subjetivos de las personas privadas y de las personas públicas, donde el expropiado, persona privada, tiene el derecho a recibir una indemnización por el bien mueble o inmueble expropiado y la AP, persona pública, tiene el derecho a que se le entregue el bien objeto de expropiación.

Te comento lo anterior porque, a final de mayo de este año, asistí a una ponencia sobre Expropiación Forzosa en mi país, impartida por M. Garrido[7], que ya te referencié en el texto “En clave Administrativo”[8] y que nos recomendó el libro que te insinué en “Tecnología y Procedimiento Administrativo”[9]. Ya en la justificación de la reforma que se consolidó con la Ley de 16 de diciembre de 1954, se decía que la expropiación se regía en España por una Ley promulgada en diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve y que eso justificaba por sí solo la preocupación en torno a un posible y grave desajuste entre el orden real de fines y medios que enmarcaba en 1956 —casi setenta y cinco años más tarde— la acción de la Administración y el sistema de preceptos que integraban la normativa vigente. Pues bien, más de sesenta años de vigencia de esa reforma, seguimos teniendo ese texto como base o referencia a la expropiación forzosa en mi país, lo que me hace pensar que el legislador de esa ley hizo bien su trabajo o acertó por casualidad, cual pelícano ¿No te parece? Hoy, cuando observamos, por ejemplo en las leyes 39/2015 y 40/2015 sobre Procedimiento Administrativo, que se vuelve a las filosofías administrativas de etapas preconstitucionales, el legislador actual debería reflexionar sobre la importancia de anteponer los intereses de la ciudadanía a los suyos doctrinales, partidistas o personales. A buen entendedor… 

Y es que[10], junto a la preocupación por alcanzar los horizontes de aquellas fechas respecto a la expropiación, la Ley fue concebida bajo el signo de la eficacia, teniendo en cuenta que “el imperativo del interés público que gobierna toda la institución no se agota en la transmisión imperativa del derecho o bien expropiado, sino que da por supuesto que esto ha de conseguirse en plazo que no perjudique la oportunidad de la medida”. Las dificultades en ese orden procedían de que la Ley de Expropiación debía de concebirse en forma que proporcionara al particular interesado un adecuado sistema de garantías[11]. Una solución simplista, que sacrificara ese último aspecto, venía a ignorar el hecho de que no luchar el interés público, que impulsa a consumar la expropiación, y el interés privado, que tiende a demorarla. “Planteada de esta forma la oposición de intereses, no se ofrecería duda acerca del criterio llamado a prevalecer. Mas, en realidad, el legislador ha de arbitrar aquí entre las exigencias del ritmo de la ejecución de la obra o servicio y las de no menor interés público, ni inferior rango, de conseguir la justa indemnización que por principio se reconoce al particular afectado”. La Ley procuraba eliminar todos los obstáculos procesales que pudieran alzarse, siquiera fuera lateralmente, contra el hecho de la expropiación; moderando los utilizables contra la necesidad de ocupación y, finalmente, tendía a asegurarse contra un empleo malicioso de los medios reconocidos, evitando su utilización con ánimo meramente perturbador”.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Visión y oportunidad. 2015. Sitio visitado el 16/06/2017.

[2] En compañía de otros compañeros y compañeras.

[3] Año 2015.

[4] Velasco Carretero, Manuel. Expropiación y Reversión. 2014. Sitio visitado el 16/06/2017.

[5] Velasco Carretero, Manuel. Expropiación viviendas del SAREB. 2014. Sitio visitado el 16/06/2017.

[6] Velasco Carretero, Manuel. Expropiación forzosa. 2014. Sitio visitado el 16/06/2017.

[7] Garrido, Manuel. Socio director del Departamento de Derecho Administrativo de Martínez-Echevarría Abogados.

[8] Velasco Carretero, Manuel. En clave Administrativo. 2017. Sitio visitado el 16/06/2017.

[9] Velasco Carretero, Manuel. Tecnología y Procedimiento Administrativo. 2017. Sitio visitado el 16/06/2017.

[10] Como bien apunta el legislador de 1956 en el Preámbulo.

[11] Lo que exigía medios procesales proporcionados.

¡El PAPE ya está aquí!

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Ayer, en “Plan Anual Español de Política de Empleo 2016”[1], de “Formación para el Empleo”, informaba de la publicación en el Boletín Oficial de España, BOE el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 2016, donde se aprobó el Plan Anual de Política de Empleo para 2016[2], según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre[3]. 

El documento[4] plantea los objetivos a conseguir en 2016 en España, tanto a nivel estatal como de las Comunidades Autónomas, en materia de políticas activas de empleo, además de los indicadores que se van a esgrimir en la valoración de su grado de consecución, valiendo como instrumento de evaluación de los servicios y programas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas. 

En específico, el Plan Anual de Política de Empleo 2016, conocido ya por las siglas PAPE[5], intenta mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración, optimizar la calidad de la formación profesional para el empleo, robustecer la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo y promover el emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación del empleo (Fuente de la imagen: pixabay).

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Plan Anual Español de Política de Empleo 2016. Sitio Educación; Formación y Empleo. 2016. Sitio visitado el 01/09/2016.

[2] Boletín Oficial de España, BOE, de la Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se difunde el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 2016, donde se aprobó el Plan Anual de Política de Empleo para 2016.

[3] Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ. Sitio visitado el 01/09/2016.

[4] Publicado en plena interinidad del Gobierno Español.

[5]  A partir de cada letra inicial del título.

Nuevo Ius penale

Me ha regalado Teófilo (Gracias), el texto “Código Penal”, edición actualizada a 1 de julio de 2015 de la editorial Técnica Avicam, compilación jurídica privada de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal español. Felizmente, hace unos cuatrimestres superé las disciplinas Derecho Penal I y II, atendiendo las clases de los profesores Sergio Cámara Arroyo y Pablo Gómez Díaz (a los que desde aquí les mando un afectuoso saludo), que ya me adelantaron pinceladas de la reforma. Aprovechándome de las ideas claves de esos foros de conocimiento, te transcribo que el Derecho penal se suele dividir en Derecho penal objetivo (Ius penale), que está constituido por el conjunto de normas jurídicas que son objeto de estudio por la Ciencia del Derecho penal y el Derecho penal subjetivo (Ius puniendi) o derecho de castigar, que es la facultad que posee el Estado para imponer penas, medidas de seguridad o, en su caso, consecuencias accesorias y el cumplimiento de la responsabilidad civil, a las personas que han infringido el Derecho penal objetivo.

A su vez, el Derecho penal objetivo lo definían los profesores como el conjunto de normas jurídico penales que definen los hechos delictivos o estados peligrosos, señalando las consecuencias jurídicas que han de ser aplicadas a los mismos, esto es, las penas, las medidas de seguridad o, en su caso, las denominadas consecuencias accesorias, además de determinar la responsabilidad civil derivada del delito. En España, hasta el 30 de junio de 2015 este Derecho penal objetivo se contiene fundamentalmente en el Código Penal de 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), aunque también existen numerosas Leyes penales especiales, estructurándose en un Título Preliminar, tres Libros, tres disposiciones Adicionales, 11 Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y siete Disposiciones Finales. En la reforma, que entrará en vigor el uno de julio de 2015, desaparece el Libro III y sólo queda el Libro I, Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal, y el Libro II, Delitos y sus penas, además del Título Preliminar y las Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria y Finales. En los veinte años de vigencia de esa codificación, se ha reformado en más de treinta ocasiones. El abogado y profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Granada, Carlos Aránguez Sánchez, apunta en el prólogo del libro que me ha obsequiado Teófilo, que lo importante es la errática política criminal que ha arrasado con las líneas generales de la primera codificación penal de la democracia.

En la exposición de motivos de la referenciada Ley Orgánica 1/2015, se reflexiona sobre la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia, lo que hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas. Con esa finalidad,el legislador introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. En ese mismo sentido, se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición, ampliándose los marcos penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena de manera más ajustada a las circunstancias del caso concreto. Igualmente, entre otras cuestiones, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se adoptan mejoras técnicas para ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, y se introducen nuevas figuras delictivas o se adecuan los tipos penales ya existentes, con el fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las nuevas formas de delincuencia, suprimiendo aquellas otras infracciones que, por su escasa gravedad, no merecen reproche penal. Gran parte de la reforma está también orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España. Finalmente, según leí en varios medios de comunicación (te dejo la referencia de noticias.judídicas.com), la aprobación de la reforma del Código Penal ha generado fuertes ataques por parte del Consejo de la Abogacía Española. Asimismo, más de cincuenta catedráticos de Derecho Penal, criticaron duramente el texto del legislador (Fuente de la imagen: portada del libro).

Sólo unas cuantas

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Durante unas semanas he estado participando en un foro, propuesto por Andrea, sobre la polémica creada en España con la aplicación de las tasas judiciales. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses define la tasa judicial como “un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos los usuarios, ya sean personas físicas o jurídicas, por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia, cuya gestión está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.

Pese a la polémica generada por la posible inconstitucionalidad de las tasas judiciales, el Tribunal Constitucional (TC) confirmó en un primer momento la constitucionalidad de la existencia de las mismas, además de reconocer expresamente la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia debe ser soportado por quienes más se benefician de ella. Sin embargo, sigue estando en duda si la cuantía establecida para las mismas es muy elevada. En fecha reciente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se declaro incompetente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas en materia de tasas judiciales[1]. 

“El Tribunal de Justicia sólo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias que le son atribuidas (…). Cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (…).En el marco de la presente petición de decisión prejudicial, la normativa nacional de que se trata regula, con carácter general, determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia. Tal normativa no tiene por objeto aplicar disposiciones del Derecho de la Unión. Por otro lado, este último Derecho no contiene ninguna normativa específica en la materia o que pueda afectar a la normativa nacional”[2].

Opina Miquel Roca Junyent[3], que la aplicación de las tasas judiciales ha abierto una crisis profunda en la Administración de Justicia española, con una participación beligerante de la práctica totalidad de los operadores judiciales que, con argumentos y motivaciones no siempre coincidentes, manifiestan pública y rotundamente su oposición al Proyecto. El acceso a la justicia puede verse perjudicado por costes que lo dificulten y que pongan así en cuestión el principio de la tutela judicial efectiva, resultando comprensible la polémica suscitada. Según el abogado, en materia tan sensible resultaba evidente que debía escucharse con atención y sensibilidad a todos cuantos viven a diario y directamente el servicio de la Administración de Justicia en España. La voz de los magistrados, jueces y fiscales debía ser atendida y contrastada con la de abogados y procuradores más próximos, en ocasiones, a los intereses que pueden verse comprometidos por una aplicación de tasas disuasoria. 

La unanimidad con la que se está rechazando la pretensión del Ministerio debería invitar a una reflexión que ponderase las características de la reforma, con una gradual aplicación de sus objetivos y, sobre todo, preservando que no pueda producirse ningún perjuicio o situación que genere indefensión. Presiente el letrado de la Infanta que el problema es delicado, requiriendo, para su correcta aplicación, de una amplia coincidencia de voluntades por parte de todos los servidores de la Justicia. En mi opinión, con la normativa actual de las tasas judiciales, solamente aquellas personas e instituciones privadas que dispongan de una situación económica desahogada, serán las que puedan concurrir a la Justicia: sólo unas cuantas. El resto de la ciudadanía tendrá más difícil solicitar, por ejemplo, el derecho de petitoria de reconocimiento de un derecho o abolición de actos o resoluciones ilícitas o desmedidas.

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[1] Fuente: http://merellesperez.blogspot.com Sitio visitado el 06/05/2014.

[2] Fuente de la sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149921&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=65614 Sitio visitado el 06/05/2014.

[3] Boletín informativo Derecho & Sociedad ENERO-MARZO 2013.

Vestir a la mona

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En el post “Estimación sincera”[1] (y la versión audio “Vestirse de seda”[2]), te trasladaba la siguiente reflexión: “La estimación sincera de cualquier proyecto empresarial es un importante menester para ser conscientes de saber cómo estamos y hasta dónde podemos llegar. Este acto de honradez íntima no implica, cuando interese, “vestirse de seda”, ocultando las deficiencias estructurales y coyunturales, sino todo lo contrario, es decir: reconocer los errores cometidos y aplicar las acciones correctoras que los técnicos y especialistas estimen adecuadas”. Me acordé de estas ideas la semana pasada, en el marco de Fundamentos de Derecho Público, al leer el artículo, sugerido por Mercedes del catedrático José Antonio Portero Molina, “El control parlamentario del gobierno”[3]. Cuando existen mayorías, no sé si es el parlamento el que controla al gobierno o más bien al revés. El paisaje constitucional en Europa brinda un repertorio de contextos políticos, que van desde la Monarquía constitucional hasta la República parlamentaria, con muestras de influjo del principio monárquico, de preponderancia neta del Parlamento sobre el Gobierno y de armonía y contribución entre ambos poderes. 

La tiesura entre las dos legalidades revela el heterogéneo signo de las relaciones entre ejecutivo y legislativo, tirantez que no es sino la expresión del continuo esparcimiento del sufragio, del protagonismo progresivo de los partidos y de la importancia que va adquiriendo la opinión pública, que renuncia a ser solo la simple expresión de la opinión privada de grupos ilustrados (siglos XVIII y, sobre todo XIX). En opinión de José Antonio Portero, el control y la constitucionalización de un Gobierno garante y cumplidor ante el Parlamento, constituyen la consecuencia del dilatado proceso de confrontación entre el principio monárquico y el democrático. Sólo cuando el democrático se encarna en un régimen parlamentario de partidos y legitima íntegramente el funcionamiento del Estado, puede hablarse con firmeza de control y responsabilidad del gobierno ante las cámaras. Portero trata de forma individualizada el control parlamentario, lo que le hace conjeturar la existencia de una función de control diferenciada de las restantes funciones parlamentarias y la distinción de este oficio de la actuación del parlamento, encaminada a exigir la responsabilidad al gobierno y, llegado el caso, influirlo a renunciar o dimitir. 

El fundamento de la función de control se encuentra en que es, políticamente, una general reivindicación democrática, y, jurídicamente, la expresión del ejercicio de los derechos y facultades del parlamentario, sin los que no se podría hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a participar por medio de esos representantes políticos. Esas son las razones para el profesor por las que no puede dejar de practicarse permanentemente la función de control, porque ello induciría, al mismo tiempo, el doble efecto de que se menoscabe la democracia y se quebranten los derechos del diputado o senador y del ciudadano. Sin embargo, los efectos políticos que sobre el Gobierno provoca la acción de control son inciertos y variados, siendo difusas las consecuencias que esa acción genera, en última instancia, en el electorado. Por ahora, lo único objetivo es que, mediante la actividad de control, el parlamento proporciona información sobre la acción del ejecutivo. No obstante, existen unos específicos instrumentos de control[4], mediante los que se obtiene una información que no se alcanza, porque no emerge, en el ejercicio de otras actividades parlamentarias, como las propias de la función legislativa, los debates generales o las votaciones sobre propuestas de nombramientos. 

Ahora bien, para el autor la disciplina de grupo, correspondiente a cada partido político, se deja sentir en el uso de esos instrumentos, al igual que las comisiones de investigación sobre asuntos complejos y delicados se convierten en enojosas o deseables, según la óptica de unos u otros, aunque lo que debería importar es la visual del parlamento como institución de representación popular, debiéndose potenciar en vez de ningunear y, por derivación, desprestigiar. En mi opinión, siempre que exista una mayoría política suficiente del partido que encumbra al Gobierno, se diluye la función de control del ejecutivo por parte del Parlamento, por mucho que se intente vestir a la moda de seda, moda se queda. Habría que evitar esta inconsistencia parlamentaria, puesto que realmente esa función de control es una de las características más importantes del poder legislativo, por lo que es imprescindible promover cuanto antes la plenitud de un control parlamentario eficaz. Este texto, se ha editado también en el sitio iurepost, bajo el título "El control parlamentario del gobierno"[5] (Imagen del Congreso de los Diputados de España; fuente: Wikimedia Commons). Imagen incorporada con posterioridad; fuente: mvc archivo propio.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Estimación sincera. 2005. Sitio visitado el 24/11/2013.

[2] Velasco Carretero, Manuel. Vestirse de seda. 2008. Sitio visitado el 24/11/2013.

[3] Portero Molina, José Antonio. El control parlamentario del gobierno. Universidad de La Coruña, Working Paper n.142, Barcelona 1998. Sitio visitado el 24/11/2013.

[4] Citación a los miembros del gobierno a que comparezcan en el Pleno, derecho a preguntar, a interpelar, a solicitar ayudas, a investigar…

[5] Velasco Carretero, Manuel. El control parlamentario del gobierno. Sitio iurepost. 2013. Visitado el 24/11/2013.

Gobierno Abierto de Calidad

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Es una corriente que aboga por una evolución del actual sistema de democracia representativa hacia un modelo de democracia participativa, mediante el establecimiento de mecanismos de transparencia de los gobiernos, así como espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. El objetivo final es la mejora de la democracia y de la calidad de vida de los habitantes. En la tarde de ayer, intentaba mi interlocutor convencerme de que tal político de mi ámbito territorial estaba promocionando el gobierno abierto, mediante la difusión continua de las acciones realizadas por su partido y crítica a sus contrincantes, vía Twitter y Facebook. Después de escucharlo, le reiteraba que eso no es OpenGovernment, sólo es comunicación a través de Internet. El gobierno abierto consiste en mucho más. Básicamente es la doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles, en cuanto a transparencia, que debe ir unido a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana (Fuente: Ramírez-Alujas[1]).

Una de las bases para lograr un gobierno abierto es conseguir que las personas puedan acceder a la información que poseen las instituciones públicas. En un gobierno abierto esto se hace preferiblemente a través de Internet, en lo que se denomina Open Data. Con la apertura de la información y el acceso de los ciudadanos a ella se consigue mejorar los niveles de transparencia. Igualmente, los ciudadanos pueden formarse una opinión objetiva sobre el estado de la sociedad, las instituciones públicas y la gestión de éstas; se evita la corrupción; se fomenta la participación pública en las decisiones de gobierno… En opinión de Nagore de los Ríos, que fue directora del Gobierno Abierto y comunicación en Internet de Euskadi, para disfrutar de los beneficios de un gobierno abierto, lo más importante es el liderazgo. Cuando ese liderazgo se dé en un presidente del gobierno, entonces tendremos Open Government en España. Mientras tanto tendremos anuncios, gestos, temas de marketing, etcétera, pero no un Open Government de calidad (Fuente: portalprogramas.com). Te dejo un vídeo[2], subido a Youtube por jcyl (Fuente de la imagen: elaboración propia).

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[1] Ramirez Alujas, Álvaro. Gobierno Abierto y Modernización de la Gestión Pública: Tendencias Actuales y el (Inevitable) Camino que Viene. Reflexiones Seminales. Revista Enfoques. Volumen IX. 2011.[

2] Sitio visitado el 15/1/2013.

¿Quién Gobierna?

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Hace unos años, leía en el blog Destructopia Dual[1], la respuesta de los editores, Julio Lleonart y Yuri Aguilar, a la pregunta “Quién Gobierna el Mundo”, que me tomo la libertad de transcribirte esta mañana: “El mundo está gobernado por intereses particulares, ocultos, por compañías multinacionales adscritas a territorios concretos, por grupos de presión, por lobbies, todo ello conformando un complejo entramado territorial en el que el mal llamado Primer Mundo, pretende mantener encerrado, subdesarrollado, a un Tercer Mundo que podría suponer de ser posible una alternativa, el desbancamiento del Primer Mundo como dominante poder económico mundial.”

Rowan (2012), “For LinkedIn Founder Reid Hoffman, Relationships Rule the World”[2], apunta la respuesta a la misma pregunta, del fundador de Linkedin, Hoffman, que parece que desde muy tempano, este gurú ya tenía claro muchas cuestiones sociales que yo aún reflexiono. Para él:“las relaciones gobiernan el mundo”. Piensa Reid que cada uno de nosotros somos como un negocio en diminuto, dependiendo como se entienda la magnitud de un emprendimiento o actividad empresarial, y que debemos aplicar las técnicas y herramientas de todo negocio a nosotros mismos, por lo que si queremos mejorar nuestra empresa personal, debemos hacer networking. 

Bueno, Hoffman propone que nos inscribamos en Linkedin (lógica la propuesta por su parte). Si bien no es descabellado el enfoque de Hoffman, me inclino más por la opinión de los autores de Destructopia Dual, cambiando el concepto “Primer Mundo” por “Élite” y “Segundo" y “Tercer Mundo”, por “Masa”, en línea con los defensores de la Teoría de élites, Caetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels y Wright Mills y un poco en discordancia con la definición de masa y minoría en el raciovitalismo del filósofo Ortega y Gasset (Fuente del dibujo: e-faro.info). Imagen incorporada con posterioridad; fuente: mvc archivo propio.

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[1] Julio Lleonart, Yuri Aguilar. Quién Gobierna el Mundo. Destructopia Dual. 2010. Sitio visitado el 13/11/2012.

[2] Rowan, David.  For LinkedIn Founder Reid Hoffman, Relationships Rule the World. Wired. Sitio visitado el 13/11/2012.

Cultivando

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Si cultivo relaciones con los clientes, los proveedores, los colaboradores... basadas en la confianza, la sinceridad, la honradez y la decencia empresarial, propiciarán lazos duraderos con ellos y una empresa altamente capaz, enfocada y comprometida. 

Si, a su vez, mi proyecto cultiva una ética empresarial basada en el compromiso, la confianza y la decencia, fructificaremos más y mejor que aquéllos que solo se interesan por el dinero.

Pero si el gobierno de turno no cultiva y defiende unas reglas del juego que consigan y mantengan una economía responsable como garantía de una sociedad justa, apaga y vámonos (imagen de sxc.hu)[1]. 

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[1] Imagen incorporada posteriormente; fuente: mvc archivo propio.

Equilibrios

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Ya llevamos ciento un días de este año y no levantamos cabeza. Me di cuenta por el contador de post de este blog, que ayer registraba cien escritos y hoy, con éste, uno más. Pasa el tiempo y seguimos metidos en el saco sin fondo de esta crisis que nos ahoga. En esta mañana de abril, me tomo la libertad de desahogarme contigo. Y es que por mucha teoría y especialización económica que mi cerebro haya recibido en los años mozos universitarios, o no estudié lo suficiente o esto no lo entiende nadie, por lo que sigo sin concebir las medidas adoptadas por los gobiernos de turno y el perenne alejamiento de los resultados pretendidos.

Vale que las cuatro últimas legislaturas son responsables de este desaguisado y están por ver los resultados de las cuestionadas medidas de la actual, pero de ahí a la búsqueda de culpables por parte de algunos medios de comunicación, adentrándose en los albores de la democracia española, hay un trecho. Por otro lado, un ciudadano de a pié (que mal suena la frase para este tema), no entiende como en Grecia, Portugal, España… no se dejan quebrar a las entidades financieras, como sucedió en la crisis financiera de Islandia. Si son sociedades anónimas. Dicen. Y, la verdad, cuesta explicar lo difícilmente explicable. 

De acuerdo que el tamaño y la población de Islandia no es la de España, pero las leyes mercantiles son las mismas ¿No? Me preguntará. El caso es que, según los analistas, tres años después del colapso de los bancos islandeses, la economía de la isla se recupera y se erige como una prueba de que los gobiernos, en lugar de rescatar a estas entidades, deberían dejarlas quebrar y proteger a los contribuyentes (fuente: Eleconomista.es). Mientras tanto, tendremos que actuar de equilibristas, como el de la foto, que me la hicieron hace unos años, en mi peregrinaje por las iglesias del románico palentino (España). Si quieres más instantáneas, clickea AQUÍ.

¿Quién los salvará?

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Los gobiernos siguen intentando salvar a los bancos, pero ¿Quién salvará a los gobiernos? 

Te dejo el siguiente vídeo[1], subido a Youtube por victormilan93, que trata sobre lo que aún está por venir.

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[1] Sitio visitado el 16/11/2011.

Ley de transparencia informativa

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Si eres uno de los sufridores seguidores lectores de este blog, sabrás mi opinión acerca de lo rácano que son los gobiernos de cualquier color político, a la hora de dar información. Comprendo que determinadas parcelas, como la seguridad, tengan su baremo restrictivo, pero el resultado de una licitación, los presupuestos de una entidad pública o, en resumen, un sinfín de datos “públicos” que pueden ser de interés, aunque sea sólo para un solo ciudadano, deben estar a su disposición dentro del “sistema democrático” en el que convivimos ¿No? (composición de imagenes-gratis.net). 

Pues bien, escribe González (2010), “Una ley regulará el 'derecho a saber' de los ciudadanos ante la Administración”[1], sobre el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, que parece va a ser aprobado por el gobierno español después de las vacaciones. Me gusta la introducción que hace González y que me tomo la libertad de transcribirte a continuación: “La información es poder. Y el poder se resiste a compartirla, como si fuera de su propiedad y no perteneciera al conjunto de los ciudadanos, que la sufragan con sus impuestos”[2]. 

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[1] González, Miguel. Una ley regulará el 'derecho a saber' de los ciudadanos ante la Administración”. 2010. Sitio visitado el 16/08/2010.

[2] Fuente de la imagen: mvc.

Nuestra Causa

Carátula de la presentación de M. J. Salido (2009), alojada en slideshare.net

Me sugirió un contacto que visitara Nuestra Causa, red de ciudadanía para la identificación y solución de problemas que busca y propicia gobiernos colaborativos. 

Después de visualizar la página, sus promotores y algunos miembros, decidí solicitar el registro. Te dejo el mapa conceptual[1]. Fuente de la imagen: carátula de la presentación. 

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[1] Elaborado por María Jesús Salido, presentación alojada en slideshare.net. Sitio visitado el 31/08/2009.

Obsolescencia

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Todo se vuelve obsoleto en algún instante. Hace un tiempo se hablaba de la obsolescencia de los sindicatos. Más tarde, ayudado por las ingentes cantidades de fondos europeos para la formación continua, utilizados en parte para, presuntamente, pagar sus infinitos cuadros organizativos y faraónicos proyectos sindicales, se decía que habían entrado en un proceso de búsqueda de su “yo” interior. Hoy, después de leer y escuchar a los medios de comunicación sobre las abandonadas mesas de negociación en España, tal vez ha comenzado la obsolescencia de las organizaciones empresariales, las cuales, también parecen haber estado narcotizadas por ingentes caudales de ayudas y fondos de la Administración Pública, ya sea ésta estatal, regional, provincial o local y que, presuntamente, posibilitan el mantenimiento de sus ricos organigramas funcionales, stafs incluidos, así como sedes y demás infraestructuras operativas. Me pregunto, si el respetado y extinto José María Cuevas expresaría: Seguid negociando (M. Velasco, 2008)[1]. Puede que si seguimos a este ritmo de desencuentros, hipocresías y vanidades, mañana entre en obsolescencia la propia Administración Pública y los gobiernos de turno que la gestionan (gif de gifanimados.com).

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2008). Seguid negociando. Sitio visitado el 29/7/2009.