Equilibrio de Poder: La Clave de la Democracia

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En el marco de la impartición de la asignatura Derecho Administrativo Turístico, del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA, y bajo el método “docencia participativa” (M. Velasco, 2024)[1], en esta esta semana he estado trabajando en los dos grupos de la mañana la “división de poderes” (M. Velasco 2013)[2], principio fundamental que organiza la estructura del Estado moderno, siendo crucial para el funcionamiento del sistema democrático en mi país. Este concepto, inspirado en las ideas del filósofo Montesquieu, establece que las funciones del poder estatal deben ser separadas y distribuidas entre diferentes órganos, evitando así la acumulación de poder en una única entidad o persona. En el contexto español, la división se manifiesta a través de tres poderes principales: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El poder Legislativo recae en las Cortes Generales, que se encuentran compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, poder responsable de elaborar y aprobar las leyes que rigen el ordenamiento jurídico del país, así como de controlar la acción del Ejecutivo.

Las Cortes son elegidas en España por sufragio universal, garantizando que la representación refleje la voluntad del pueblo, ya que el poder es suyo[3]. El mecanismo permite la creación de leyes, al tiempo que asegura la participación activa de la ciudadanía en la vida política, proporcionando un canal a través del cual se puede manifestar el pluralismo político. Por su parte, el poder Ejecutivo es ejercido por el Gobierno, que ejecuta las leyes y dirige la administración pública, siendo responsable de la implementación de políticas y de la gestión cotidiana del país, actuando de acuerdo con el ordenamiento jurídico y bajo la supervisión del poder Legislativo. La Constitución Española otorga al Gobierno la iniciativa legislativa, permitiéndole proponer proyectos de ley ante las Cortes Generales. Finalmente, el poder Judicial se encarga de la interpretación y aplicación de las leyes a través de jueces y tribunales. Su independencia es básica para garantizar un sistema judicial justo y equitativo donde se protejan los derechos de los ciudadanos y se mantenga el Estado de derecho.

Este último poder actúa como garante de la legalidad y supervisa que tanto el Legislativo como el Ejecutivo actúen dentro de sus competencias y respeten los derechos fundamentales. La efectividad de la división de poderes en España reside en la separación funcional de las instituciones y en los mecanismos de control y equilibrio que permiten a cada uno de estos poderes revisar y limitar las acciones de los otros. Por ejemplo, el poder Legislativo puede imponer controles sobre el Gobierno, mientras que el Judicial puede revisar la constitucionalidad de las leyes promulgadas. A través de estos procesos, se garantiza un sistema de frenos y contrapesos que protege a la ciudadanía y fortalece la democracia. En suma, se pretende prevenir la tiranía y promover la justicia a través de un sistema organizado que respete la soberanía nacional, defienda el Estado de derecho y garantice los derechos fundamentales de todos los españoles. Esta estructura es la columna vertebral del sistema democrático, representando un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2024). Donde alumnado y docente cambian roles. Sitio visitado el 26/02/2025.

[2] Velasco Carretero, Manuel (2013). La división de Poderes en España. Sitio iurepost. Visitado el 26/02/2025.

[3] Democracia viene de dēmokratía, dēmos, "pueblo" y kratos, "poder".