Sinfonía de Poder: Gobierno y Administración en Acción

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Otro de los puntos sobre los que he impartido docencia (M. Velasco, 2025)[1], ha sido al análisis del Gobierno y la Administración (M. Velasco, 2013)[2] en el contexto del Derecho Administrativo Turístico (DAT), revelando la estructura básica que rige la organización política y administrativa de un Estado español. El Gobierno, como ente director de la política interior y exterior del país, tiene la responsabilidad primordial de garantizar la defensa del Estado y ejercer las funciones ejecutivas y reglamentarias conforme a lo estipulado por la Constitución y la legislación vigente. Esta función ejecutiva es coordinada por la Presidencia del Gobierno, quien dirige la acción gubernamental y coordina las labores de los responsables de los ministerios y otros miembros del Gobierno, asegurando así la cohesión y el buen funcionamiento del sistema administrativo. Los miembros del Gobierno, bajo un marco normativo estricto, no pueden realizar otras funciones públicas o actividades privadas que pudieran entrar en conflicto con sus responsabilidades administrativas. Este principio busca mantener la integridad y la eficacia del modelo político, evitando posibles irregularidades o conflictos de intereses que puedan comprometer la gestión pública. La Administración Pública (AP), articulada a través de distintos niveles de gobierno como la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL), juega un rol esencial en la implementación de políticas y la gestión de recursos.

Esta minería administrativa comprende desde la organización y gobierno hasta la potestad reglamentaria, incluyendo aspectos vitales como el procedimiento administrativo y la gestión de actos administrativos. En este sentido, la AP se enfrenta a retos complejos en un marco normativo que incluye la reglamentación general, así como disposiciones sectoriales que afectan a campos como el turismo, la salud o la educación. Las interacciones entre Gobierno y AP son cruciales para la efectividad de políticas públicas y su adecuada ejecución en el ámbito turístico. La relevancia del ordenamiento jurídico sectorial se vuelve evidente cuando se considera que éste regula aspectos fundamentales de la vida social y económica. Las leyes, reglamentos, jurisprudencia y doctrina se entrelazan en un sistema que determina las relaciones entre la Administración y la ciudadanía, estableciendo derechos, deberes y garantías. De este modo, la labor del Gobierno supera la creación de políticas y se extiende a la creación de un entorno normativo que facilite la convivencia y el desarrollo económico y social. En síntesis, constituyen dos pilares interrelacionados que garantizan la funcionalidad del Estado y la calidad de los servicios públicos, reflejando en su estructura y operación los principios democráticos que fundamentan el Estado de Derecho. En el ámbito turístico, la adecuada gestión de estas instituciones se traduce en un impacto positivo en el desarrollo sostenible y en la promoción del bienestar social.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2025). Equilibrio de Poder: La Clave de la Democracia. Sitio visitado el 2/03/2025.

[2] Velasco-Carretero, Manuel (2013). El control parlamentario del gobierno. Sitio visitado el 2/03/2025.