¿Cómo articular la intervención Estatal en la economía?

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Antes de responder, es necesario pararse en el concepto intervencionismo económico del Estado. Uno de los elementos que construyen el Derecho Administrativo Económico (DAE) es el referido al intervencionismo económico estatal, que para el caso que nos ocupa y apoyándonos en una de las acepciones de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se define como la tendencia de los poderes públicos a intervenir en el ámbito económico en un marco de motivación y razonamiento de la intervención.

Este fundamento se refuerza con la entrada de España en la Unión Europea (UE), estableciendo que los Estados miembros deben coordinar sus políticas económicas y de empleo[1], disponiendo la UE de la respectiva competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos[2]. En esa línea (M. Velasco, 2014)[3], la intervención del Estado en la economía se manifiesta de varias formas.

Por ejemplo, desde el establecimiento de hojas de ruta a medio plazo[4], hasta la imposición de ordenamiento jurídico específico[5], con fomento de la competencia y protección de los usuarios o consumidores, pasando por la atención de aquellos servicios públicos necesarios para la sociedad o la promoción o ayuda a sectores de la economía que en determinado momento se puedan calificar de estratégicos y todo ello bajo el paraguas de seguridad jurídica, libertad de empresa e intervención mínima.

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[1] Art. 2.3 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

[2] Art. 2.5 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

[3] Velasco Carretero, Manuel (2014). Manifestación del intervencionismo económico. Sitio iurepost. Visitado el 08/05/2024.

[4] Mediante lo que se conoce como planificación económica.

[5] Para propiciar un funcionamiento legal y justo de los mercados.