Indemnización por fraude de phishing

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Define el INCIBE el término phishing como la técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario, simulando ser una entidad legítima[1], con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) pone a disposición del interesado una serie de recursos pedagógicos para evitarlo o defenderse. Uno de los fraudes más comunes es el phishing bancario, donde se suplanta al perjudicado y se detraen importes económicos de las cuentas financieras afectadas. ¿Es responsable la entidad financiera? Informa el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ), de la condena[2] de una Audiencia Provincial (AP) a una entidad financiera a abonar a la persona afectada las cantidades detraídas consecuencia de haber sido víctima de esta técnica.

Apunta la AP que la propia entidad bancaria reconoció en su respuesta a la reclamación que su cliente había sido víctima de phishing, pero no procedió a indemnizarlo, reconocimiento que evidencia que la entidad financiera “no había implementado todas las medidas o mecanismos necesarios para proteger a su cliente[3]”, siendo igualmente relevante que a pesar del gran número de operaciones realizadas[4]”, “no tuviese capacidad para detectar que su cliente podía estar siendo víctima de un fraude informático”. La AP le recuerda al banco que “salvo actuación fraudulenta, incumplimiento deliberado o negligencia grave del usuario, la responsabilidad será del proveedor del servicio de pago”, entendiendo que el funcionamiento de esta modalidad de estafa informática, “producido el ataque el usuario pierde todo control de sus credenciales”, “situación en la que no puede imputársele negligencia alguna, ni siquiera inicialmente”. Fuente de la información: CGPJ.

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[1] Red social, banco, institución pública, etc.

[2] La sentencia no es firme.

[3] De tales ataques por ciberdelicuentes, cada vez más frecuentes.

[4] Con las claves o credenciales de la actora en solo dos días.

Inidoneidad del objeto, medios o sujeto

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¿Es punible la introducción de una tarjeta robada en la correspondiente ranura de un cajero automático de entidad financiera y la fallida y sucesiva inserción de códigos de números pin[1]? Según el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ), para la Audiencia Provincial de las Palmas (APP) no es una acción punible. Inicialmente los imputados fueron condenados en el Juzgado de lo Penal por un delito continuado de estafa en grado de tentativa[2], pero la APP ha emitido una sentencia absolutoria. ¿Por qué? La APP entiende que los hechos se deben encuadrar dentro de la tentativa “inidónea” y, por tanto, la acción no es punible. A partir de la máxima jurisprudencial “la tentativa, para ser punible, ha de revelar un mínimo de peligrosidad”, la APP apunta que el actuar de los acusados “está muy lejos de producir la lesión patrimonial por ellos pretendida”[3].

Si bien la APP reconoce que los demandados “se acercan a un cajero de una entidad bancaria con el fin de hacer uso de la tarjeta que portan”, los actos ejecutados resultan a todas luces “baldíos y exentos de ese mínimo de peligrosidad exigible para considerarlos punibles”, siendo “prácticamente imposible atinar con la clave secreta de cuatro dígitos, salvo que la diosa fortuna se hubiese puesto de su parte y les hubiese iluminado, lo cual, como se infiere del relato fáctico, obviamente no tuvo lugar”. Para el órgano judicial, “la introducción de la tarjeta en la correspondiente ranura y las sucesivas pulsaciones aleatorias de números ni siquiera son de utilidad para valorar una peligrosidad en abstracto. En definitiva, el actuar de ambos acusados carece de esa mínima suficiencia para revelarse como parte integrante y necesaria del comportamiento típico enjuiciado”.

Consultado el Tratado de Derecho Penal que te referencié en “Sufrir se sufre y cuesta evitarlo”[4], el profesor S. Mir renombra esta tentativa inidónea, que trabaja la APP, como delito imposible y, siguiendo a H. Jescheck[5], lo entiende cuando “por inidoneidad del objeto, de los medios o del sujeto” no puede “llegarse a la consumación del delito efectivamente intentado”. El ejemplo que aporta Puig es el caso en el que “el sujeto vierte una cantidad insuficiente de veneno en la bebida de la víctima”. Es decir, constituirían una tentativa inidónea aquellas acciones que sí o sí “son incapaces de lesión desde un primer momento”. En el caso que nos ocupa, entiende la APP que los intentos de los acusados no podían causar punibilidad en ningún momento. Pregunto ¿Y si por "casualidad de la vida" hubieran acertado? Fuente de la información: CGPJ. Fuente de la imagen: kreatikar en pixabay.

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[1] Siglas inglesas de Personal Identification number, número de identificación personal.

[2] El Juzgado condenó a los dos acusados al entender que se había producido la tentativa de cuando ambos, haciendo uso de una tarjeta bancaria de otra persona “que tenían en su poder”, se dirigieron de madrugada a un cajero e intentaron en nueve ocasiones sucesivas conseguir reintegros, introduciendo la credencial y, a continuación, números de cliente erróneos.

[3] El fallo es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

[4] Velasco Carretero, Manuel. Sufrir se sufre y cuesta evitarlo. 2020. Sitio visitado el 07/10/2021.

[5] Jescheck, Hans-Heinrich. Wesen und rechtliche Bedeutung der Beindigung der Straftat. Welzel-Festschrify. 1974.

No aseguramiento del dolo

Comentaba ayer con el querubín si los ladrones podían asegurarse caso que tuvieran un accidente en el “ejercicio de su actividad”. Le trasladé que el Código Civil español (CC) ya acota lo de las obligaciones y los contratos en el Libro Cuarto, así como las referencias a los actos lícitos y los ilícitos. El artículo 1255 dice que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”[1]. Igualmente, el artículo 117 del Código Penal Español apunta que "los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda”[2]. 

Pero me acordé de la reciente y discutida Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de mi país, 659/2015, donde los actores demandaron a la compañía de seguros porque ésta no había atendido el accidente que había registrado un familiar, causándole la muerte, al llevar a cabo el asegurado un robo con fuerza en las cosas, sufriendo un corte en la zona pretibial de la pierna izquierda al pretender huir del lugar descolgándose por una ventana. Si quieres acceder al documento, te dejo link al alojo cortesía de sepin (clickea AQUÍ). El Alto Tribunal se centra, a mi modo de ver no tan acertadamente, en la conexión del ”nexo causal entre el accidente y el desgraciado resultado final”, y dado que el seguro de accidente fue contratado por los padres del fallecido, si bien el contrato sí se realizó conforme a derecho, entiendo que el TS no ha entrado a valorar el marco ilícito donde se produjo el accidente ni en el acto propio de la huida del asegurado que genera el accidente y posterior muerte.

Discrepo del Alto Tribunal, ya que entiendo que, con independencia que el acto primigenio del asegurado, que ha provocado el accidente, sea ilícito o no, precisamente ha sido el asegurado el que, con su huida del robo, acto propio y no ajeno, genera la situación que desemboca en el fatídico desenlace. Esta situación tampoco tiene nada que ver con la línea del mismo tribunal recogida en la Sentencia 188/98, donde reflexiona en el no aseguramiento del dolo y en el hacer o no frente a los perjuicios causados por actuación ilícita del asegurado. La aseguradora que deba subrogarse en la obligación indemnizatoria, tiene derecho a repetir sobre el asegurado culpable, de forma que pueda resarcirse del perjuicio registrado precisamente por esta conducta culpable. Obviamente, el tercero afectado es ajeno y ostentará el derecho a la acción directa contra la aseguradora (Fuente de la imagen: pixabay).

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[1] Jurisprudencia: STS 839/2014 (24/02/2014). Contencioso. Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1996. Procedimiento especial de fraude de ley. STS 3157/2014 (17/07/2014). Civil Aval a primer requerimiento. Contrato independiente. Garantía abstracta. STS 2569/2015 (18/06/2015). Civil Cláusula penal incorporada a dos contratos de compraventa para el caso de incumplimiento de los compradores. Improcedencia de su moderación.  STS 5689/2015 (30/12/2015). Civil Resolución de compraventa de parcela libre de cargas. Trascendencia resolutoria de los incumplimientos: incumplimiento del plazo para ejecución de obra y urbanización de parcela. Incomparecencia de la compradora al otorgamiento de escritura pública. STS 1897/2016 (04/05/2016). Civil. Resolución de contrato de compraventa de inmueble por incumplimiento del plazo de entrega por la vendedora. Cláusula resolutoria expresa. Incumplimiento en el marco de la Ley 57/1968. Incongruencia. STS 2136/2016 (18/05/2016). Civil. Compraventa de cosa futura. Demanda para cumplimiento de contrato y otorgamiento de escritura pública. Reconvención, resolución con devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Retraso en la entrega, carácter esencial del plazo. STS 859/2017 (13/03/2017). Civil Resolución de contrato de compraventa de vivienda en construcción. Incumplimiento del plazo de entrega. Cláusula abusiva por indeterminación del plazo, que se deja a la voluntad del vendedor. Condición resolutoria expresa. 

[2] Jurisprudencia.- STS 52/2014 (03/01/2014). Penal. Apropiación indebida. Renuncia a letrado con finalidad dilatoria. Responsabilidad civil de la aseguradora.

Falsificación tarjetas de crédito

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Si eres follower de este sitio, sabrás que en más de una ocasión he tratado el tema de las tarjetas de plástico y el uso que de ellas se hace en el ámbito financiero, desde el “De vueltas con el blanqueo”, hasta el reciente “El destino final del crédito”, pasando por “Interpretando lo accesorio” o el “tarjeta de plástico para todo”[1], donde te comentaba la noticia acerca de un señor que ostentaba el Récord Guiness de tarjetas de plástico/crédito, informada por I. García, “un californiano es el hombre con más tarjetas de crédito del mundo”[2], [3]. Obviamente, esta financiación o dinero de plástico es objeto de múltiples ataques para suplantar identidades, estafas y otras estratagemas delictivas. 

Hace ya tiempo, en "Intento de fraude”[4], actuaba de correa de transmisión de una información de la Hacienda española, sobre envío de comunicaciones por correo electrónico en el que se utilizaba engañosamente su nombre y su imagen. En el envío se hacía referencia a un reembolso de impuestos inexistente en la que el receptor del e-mail salía supuestamente beneficiado. Para poder disponer del dinero había que aportar datos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito[5]. Te comento lo anterior, porque en la tarde de ayer asistí a una clase magistral sobre Delitos de Falsedad en el Código Penal Español, impartida por el fiscal malagueño de infracciones monetarias, Francisco Montijano Serrano. 

Sobre la falsificación de tarjetas de crédito o débito, son acciones delictivas consistentes en su alteración, tráfico o, incluso, de aquéllos otros obtenidos por razón de hurto u otras formas de incautación ilícita. También, abarca la tenencia de los recursos técnicos utilizados en la adulteración o manejo de las tarjetas de crédito. España[6] tiene el compromiso de patrocinar todas las medidas legislativas y ejecutivas ineludibles para condenar esos delitos, mediante penas que sean proporcionadas y, a la vez, disuasorias, para perseguir conductas concernientes a hostigar y suplantar herramientas de pago particularmente protegidas, como pueden ser las tarjetas de crédito. 

Según el ordenamiento jurídico europeo de aplicación, las conductas que deben ser acosadas continuamente, son aquéllas relacionadas con la falsificación o manipulación, el tráfico de los instrumentos falsificados o manipulados o derivados de robo u otras formas de apropiación ilícita y la tenencia y el uso fraudulento de tales instrumentos, junto a los objetos o programas destinados a la falsificación o manipulación de los mismos. Inserto a continuación un vídeo, alojado en Youtube cortesía de Alta Densidad, sobre los pagos con tarjeta vía wifi o radiofrecuencia (Fuente de la imagen: mvc archivo propio).

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[1] Velasco Carretero, Manuel. De vueltas con el blanqueo (2012), El destino final del crédito (2015), Interpretando lo accesorio (2014), tarjeta de plástico para todo (2016). SItios visitados el 26/04/2017.

[2] García Juez, Israel. Un californiano es el hombre con más tarjetas de crédito del mundo. OKDiario. 2016. Sitio visitado el 26/04/2017.

[3] Se llamaba W. Cavanagh y disponía a la fecha de artículo de casi mil quinientas tarjetas, con una línea de crédito de 1,7 millones de dólares. Su cartera tenía más de 75 metros y pesaba más de 17 kilogramos.

[4] Velasco Carretero, Manuel. Intento de fraude. 2009. Sitio visitado el 26/04/2017.

[5] A continuación te dejo un vídeo, alojado en Youtube cortesía de Solem play, sobre cómo se hace una tarjeta de crédito.

[6] Como Estado miembro de la Unión Europea.

Justificada, necesaria y equilibrada

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Si eres follower de este sitio, conocerás que en algún que otro momento he comentado directa o indirectamente el tema de las escuchas y grabaciones telefónicas. Textos como “Conversaciones grabadas”[1], escrito hace más de diez años, son buena prueba de ello. En el post Intuitu personae Vs Ius gentium[2], te trasladaba mi impresión, en el sentido que parece como si el derecho a gestionar, conducir y difundir mi vida íntima o reservada, estuviera reñido con lo urbano, público o exterior, pero no tengo en cuenta que parte de esa intimidad se desarrolla en el ámbito de lo público. 

Cierto que el único titular del derecho a mi imagen e intimidad soy yo, "intuitu personae", pero igualmente debo ser consciente que también existe un “derecho social”, que pertenece a la ciudadanía, "ius gentium" como ente abstracto que se extiende después de esos espacios inclusivos de mi intimidad. En cuanto a las cámaras de grabación, pocas dudas albergaremos del poderoso medio de exploración jurídica que suponen en cuanto a su eficacia probatoria, tanto en la existencia del hecho en sí como en la averiguación de los autores y copartícipes en los actos grabados. 

Lo anterior implica una diligencia extrema en el cumplimiento de la ley por parte de las entidades que graban y por parte de la policía judicial que las utiliza en sus investigaciones. Te cuento lo anterior, porque la tarde de ayer la pasé escuchando a varios letrados parlamentar sobre la Sentencia 39/2016[3], acerca de la supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y a la protección de datos: despido basado en las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instalada sin comunicación previa a la trabajadora[4]. 

El Tribunal desestima el recurso de amparo interpuesto por la trabajadora, razonando que la medida de instalación de cámaras de seguridad que controlaban la zona de caja donde la trabajadora desempeñaba su actividad laboral, estaba justificada[5]; era idónea para la finalidad pretendida por la empresa[6]; necesaria[7]; y equilibrada[8], por lo que debía descartarse que se hubiera producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 de la Constitución Española (CE). Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Conversaciones grabadas. 2006. Sitio visitado el 26/07/2016.

[2] Velasco Carretero, Manuel. Intuitu personae Vs Ius gentium. 2014. Sitio visitado el 26/07/2016.

[3] Sentencia 39/2016, de 3 de marzo de 2016, Recurso de amparo 7222- 2013 (si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ).

[4] Aunque en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo.

[5] Ya que existían razonables sospechas de que alguno de los trabajadores que prestaban servicios en dicha caja se estaba apropiando de dinero.

[6] Verificar si algunos de los trabajadores cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes.

[7] Ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades.

[8] Pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja.

Esos manilargos sosegados

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La tarde la pasé con un empresario, que fue cliente del bufete de economistas y abogados en el que empecé a trabajar en esto de la consultoría estratégica[1]. Como muchos otros directivos de pymes, anda preocupado con los costes en su negocio y con el goteo de los presuntos pequeños hurtos que, poquito a poquito, llenan un nada despreciable depósito de esos de acero inoxidable. Le confesé que si no se dispone de una división de control específica, es muy complicado detectar a tiempo estas fugas así como aplicar las preceptivas medidas correctoras. Tienes que estar verificando de forma perenne los procedimientos de trabajo y concienciando a todo el personal de la necesidad de controlar el gasto como “un buen padre de familia numerosa”. 

Evidentemente, un refuerzo del control de los directivos y mandos intermedios (si no se dispone de auditoría interna), hasta la instalación de cámaras en sitios estratégicos, pueden ser otras medidas que atenúen ese riesgo. Las evasiones, esos “manilargos sosegados”, son de lo más variopintas, desde el pequeño robo[2] y que técnicamente se me ocurre catalogarlo como “hurto laborioso”, hasta el consumo eléctrico del aire acondicionado[3] que se queda toda la noche encendido, pasando, obviamente, por ese trato “indiligente” al cliente mediante pequeños desaires y otras improcedencias que desembocan en una no compra y pérdida comercial irreparable (Fuente de la imagen: sxc.hu). Imagen incorporada con posterioridad; fuente: mvc archivo propio.

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[1] Hace ahora unas décadas. 

[2] Que mi profesor de Derecho Penal lo definiría como hurto.

[3] U ordenador, pantalla, luz…

Quien rompe, paga

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Estoy pensando seriamente reforzar el Derecho. Me permitiría cosechar conocimientos técnicos en materia jurídica que me vendrían muy bien en mis actividades profesionales. Por otro lado, las convalidaciones me exonerarían de noventa y pico de créditos, por lo que en dos años o menos, especialización. Lo pensé ayer, mientras escuchaba al contacto Ignacio contarme la odisea por la que ha pasado un familiar notario. Sus dos oficiales le habían levantado la clientela de un plumazo. Según Ignacio, el dúo sacapuntas, con la ayuda del notario en el aspecto formativo, había montado una estructura que asistía técnicamente al fedatario público en las distintas labores de la notaría, de forma que el notario se limitaba a estudiar el trabajo de campo, dar fe de las operaciones, cobrar al cliente y pagar a la asistencia técnica. En mi opinión, mucho riesgo estaba corriendo el notario, al enseñar y delegar su saber hacer profesional, que está sujeto a una normativa especifica de aplicación y que no puede ejercer cualquier profesional, por no hablar de la responsabilidad civil, que era única y exclusivamente de él. Según Ignacio, para el fedatario este riesgo se compensaba con la plena confianza que tenía en los oficiales y la amistad que compartían. Pero parece que la estructura no funcionaba y el notario tenía que trabajar doblemente, haciendo su labor y el de la asistencia técnica, al tiempo que sus clientes le achacaban que cambiaba de criterio cada dos por tres, replanteaba las operaciones acordadas previamente con los oficiales… y, en resumidas cuentas, para los clientes él era el malo de la película, los otros unos santos. Así que decidió hablar con los “proveedores del servicio”, para replantear los acuerdos de trabajo. Los encuentros fueron infructuosos. Los susodichos intentaron argumentar que todo lo hacían bien y que el problema era del notario, amenazando con llevarse la clientela que, pensaban, era suya y no de quien daba fe y emitía las facturas. 

Ante tal perspectiva, decidió denunciar la situación. Los oficiales localizaron otro notario y se llevaron todos los contactos. Tras el tedioso camino en los juzgados, los jueces le dieron la razón al titular, tanto por daños y perjuicios como por lucro cesante. Lo del lucro cesante me trajo a la memoria el trabajo que realicé hace unas décadas para un bufete nacional. Me pidieron que en base a una información que se me facilitó, argumentara y calculara el beneficio que se dejó de obtener como consecuencia de la rescisión de un contrato de servicios por parte de un cliente. Recuerdo la máxima del ordenamiento jurídico que me dijo uno de los abogados: “Manuel, quien rompe, paga”, para seguidamente apuntarme el artículo 1106 del Código Civil. Me puse a trabajar. Estudié los ingresos de la campaña, los gastos, los ingresos medios, los contratos de clientes que volaron, muestras representativas del sector y de la competencia directa, actualizaciones financieras de las rentas que se dejaron de percibir… llegando a una cantidad estimada como indemnización por lucro cesante. Por suerte o por desgracia nunca se sabrá el resultado de la sala, ya que a la vista del informe, las partes llegaron a un acuerdo previo que satisfizo a ambas. Por lo visto, el notario lo tuvo más fácil que el trabajo que me encomendaron los abogados, debido a que solo se limitó a demostrar los ingresos de los clientes y los gastos directos consecuencia de las facturaciones de sus oficiales. La diferencia económica fue catalogada por el perito judicial como lucro cesante y es lo que el juez, a la vista de las pruebas, resolvió a favor del damnificado. Lo dicho: Si tu cliente rompe el contrato unilateralmente y tú no eres culpable, tiene que pagar la indemnización por daños y perjuicios que corresponda y por el beneficio que se ha dejado de recibir.  El vídeo que te dejo está subido a Youtube por cafefinanciero y recoge un ejemplo de lucro cesante. Fuente de la imagen: sxc.hu. Imagen incorporada posteriormente; fuente: mvc.

Ladrones de Networking

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Hace unas semanas, cambiaba impresiones con Santi acerca del feo uso en Internet, por parte de determinados individuos o perfiles virtuales, de apropiación de ideas ajenas. Al abrigo de la práctica de networking y otras estrategias, estos personajes, que se creen los fundadores de las redes sociales, por haber platicado en dos comunidades virtuales, despliegan una conducta premeditada, encaminada a atribuirse los pensamientos, las sugestiones empresariales o cualquier tipo de ingenio engendrado por terceras decentes personas, para luego exponerlas a bombo y platillo en foros, blogs, prensa, conferencias, seminarios, cursos y otros escenarios virtuales y reales, como si fueran propias. ¿Qué cuesta referenciar una foto, una idea, una noticia, un pensamiento? Para algunos, mucho. Enfrascados en la conversación, pensamos definir este tipo de conducta no ética. Después de darle vueltas a la cabeza, no del todo conformes, le asignamos un nombre: “Ladrones de Networking”. 

Ayer, recibí un e.mail de Santiago con un link al post que Félix Socorro publicaba[1], con una posdata: “No te comas el coco, el nombre-diagnóstico, ya existía”. Termina Félix el post con la siguiente reflexión: “Se puede decir que la conducta orientada a ganar prestigio con ideas ajenas, en cualquier cargo o nivel de conocimiento que se presente, es una enfermedad organizacional que debe ser identificada, combatida y erradicada en cualquier área o empresa donde se encuentre”. No te extrañe que dentro de unos días, o incluso horas, escuches o leas a tal o cual exasperado energúmeno, en determinado foro, prensa, curso o conferencia, ya sea real o virtual, hacer suyos los conceptos e ideas de Félix o las modestas aportaciones que hoy hacemos aquí, las cuales se han vinculado para escribir el post que ahora termino. La vida misma (símbolo del copyright "©", usado para indicar que una obra está sujeta al derecho de autor; fuente: Wikimedia Commons). Link actualizados. Imagen incorporada posteriormente[2]. 

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[1]  En noviembre de 2004 en sappiens.com, “El Síndrome de Anát: Ganar prestigio con ideas ajenas”. Socorro, Félix. El Síndrome de Anát: Ganar prestigio con ideas ajenas. degerencias.com. 2004. Sitio visitado el 18/06/2009.

[2] Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

La estúpida gerencia

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Según el Tribunal Supremo de España, la mala administración de la empresa, por parte de su representante o administrador, puede suponer apropiación indebida[1], por lo que sólo es necesario actuar ilícitamente sobre el bien, para que sea delito. La estúpida gerencia de algunos directivos, puede ser considerada infracción o fechoría. 

Un pequeño detalle que deben tener en cuenta todos aquellos gerentes[2] que caminan por el filo de la navaja de lo ilícito, ya sea en la administración de sus capitales propios o, sobre todo, de la gestión de los recursos de terceras figuras[3]. A poner las barbas a remojar (ilustración del MEC). Fuente de la imagen: sxc.hu.

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[1] leído en la pág. 40 de elEconomista de 13/11/07.

[2] Representantes, ejecutivos y administradores de empresas.

[3] Trabajadores, accionistas, administración pública, clientes, proveedores y entidades financieras, fundamentalmente.

Robo en maletas

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El verano del año 1996, de junio a septiembre, me lo tiré trabajando en la capital del reino, Madrid (España), en la Gran Vía. El lunes cogía el primer avión que salía de Málaga a Madrid y el viernes realizaba el trayecto contrario: Madrid – Málaga. Además del básico material de trabajo (la agenda y poco más), llevaba una maleta con la ropa para los cinco días (dos trajes, camisas, ropa interior, corbatas etc.). Una semana eché una corbata de seda, que me recomendó mi extinto amigo Luís en el año 1990, de una conocida marca de ropa italiana. También incorporé unos gemelos y un pisa corbatas de cierta calidad, a juego. Tenía un encuentro importante con la directiva confederal y me apetecía ponerme esos apreciados complementos. 

El viernes al mediodía, antes de irme para el aeropuerto, hice la maleta y metí la ropa usada así como los utensilios de vestir descritos. Al llegar a mi casa, en Málaga, deshice la maleta y no estaban ni la corbata, ni los gemelos ni el pisa corbata. Me sentí muy mal. El sábado me pasé por el aeropuerto y conté lo que me había pasado. Me insinuaron algo así como que realizara la reclamación pero que tenía que aportar pruebas. Me sentí inseguro, violado en mi intimidad. Me habían robado algo que para mí tenía un importante valor emocional. Ahora leo el reportaje Hurto invisible en las maletas de pasajeros[1], en El País, y he recordado esa triste, penosa, experiencia. Me he vuelto a sentir mal (Fuente de la imagen: sxc.hu)[2]. 

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[1] Gómez Luis (2007). Hurto invisible en las maletas de pasajeros. El País. Sitio visitado el 15/04/2007.

[2] Imagen incorporada con posterioridad; fuente: mvc archivo propio.