¿Sinónimo de dinamismo económico?

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Siguiendo a D. Stasavage[1], A. Alesina y otros[2], así como al FMI[3] y a la OCDE[4], conceptualizo la deuda pública de un país[5] como los pasivos financieros del sector gubernamental o público. Los cambios en la deuda pública a lo largo del tiempo reflejan principalmente el endeudamiento debido a déficits gubernamentales pasados, concurriendo déficit cuando los gastos de un gobierno exceden los ingresos. La deuda pública se puede adeudar a residentes nacionales, así como a residentes extranjeros[6]. En la actualidad, la deuda pública se ha relacionado con el surgimiento de la democracia, los mercados financieros privados y el crecimiento económico moderno, siendo la capacidad de un gobierno para emitir deuda fundamental para la formación y la construcción del propio Estado. Informa el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de mi país (MAEyTD), que el Tesoro Público español reducirá en 5.000 millones de euros el volumen de financiación neto previsto para 2023, con lo que la emisión neta de deuda pública será de 65.000 millones.

Parece que la supuesta prudencia en las estimaciones, así como el dinamismo y mayor crecimiento de la economía española, han permitido disminuir las necesidades de deuda pública y seguir financiando las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir la inflación[7], destacando el Ejecutivo que en un contexto de incremento de los tipos de interés y finalización de las compras netas por parte del Banco Central Europeo (BCE), el Tesoro mantiene una posición sólida en el mercado[8], con una demanda fuerte y diversificada, una elevada participación de inversores internacionales y una prima de riesgo estable en el entorno de los 110 puntos básicos, en línea con el comienzo de año y el período pre-Covid[9]. Igualmente, se ha realizado un importante esfuerzo por mantener la vida media de la deuda, que se sitúa actualmente cerca de los 8 años, lo que suaviza el efecto del alza de los tipos de interés y reduce los riesgos de refinanciación[10]. Fuente de la información: MAEyTD; FMI, OCDE y bibliografía referenciada. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

___________________

[1] Stasavage, David. Public Debt and the Birth of the Democratic State: France and Great Britain 1688–1789. Cambridge University Press. 2003.

[2] Alesina, Alberto; Drazen, Allan. Why Are Stabilizations Delayed?. The American Economic Review. American Economic Association. 1991.

[3] International Monetary Fund. Government Finance Statistics Manual. 2014. International Monetary Fund. "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users.

[4] OECD Data. "OECD General government debt". OECD.org. 2023. OECD Data. "General government deficit". OECD.org.

[5] También llamada deuda pública o deuda soberana.

[6] Si se adeuda a residentes extranjeros, esa cantidad se incluye en la deuda externa del país.

[7] Esta reducción está en línea con el compromiso del Gobierno de reducir el déficit y la ratio deuda/PIB que, según las últimas estimaciones, bajará hasta el 108,1% en 2023 y el 106,3% en 2024.

[8] El trabajo de anticipación realizado por el Tesoro durante los últimos años está permitiendo que, pese al rápido incremento de los tipos de interés desde el pasado año, los costes de financiación se mantengan en niveles contenidos en términos históricos. Así, el coste del conjunto total de la deuda se sitúa en el 2,06%, únicamente 33 puntos básicos superior al del pasado año, pese a la subida de 450 puntos básicos de los tipos de interés del BCE.

[9] Se ha seguido incrementando y diversificando la base inversora, gracias a la fluida e intensa interlocución con los inversores y la emisión de nuevos instrumentos de financiación, como los bonos verdes, que contribuyen a la financiación de proyectos públicos sostenibles, la reducción del coste de financiación y la promoción del mercado de finanzas sostenibles en el país.

[10] Esta política permitirá contener y estabilizar en los próximos años la carga de intereses sobre el PIB, reforzando la sostenibilidad de la deuda pública española.

La cifra de concursos más alta desde hace una década

Fuente de la imagen: INFORMA

Parte de la tarde del jueves la pasé hojeando el Estudio sobre Concursos y Disoluciones en España[1], realizado por INFORMA y del que me hice eco en el sitio Insolvencias, bajo el título “Estudio sobre Concursos y Disoluciones”[2]. Según el portal de información empresarial, en el año 2022 se han registrado 7.272 concursos de acreedores[3], la cifra más alta desde 2013, creciendo los procesos concursales un 24% respecto al año anterior. En cuanto a las disoluciones de empresas, han crecido un 10% y también hay que remontarse hasta el año 2013, para encontrar una cantidad superior[4]. En diciembre, la cifra de concursos se queda en 568, por debajo de los tres meses anteriores, aunque supera en un 47% a la del mismo mes en 2020. En el 86% de los casos se trata de microempresas. Sin embargo, las disoluciones suben por tercer mes consecutivo, hasta 3.284, la segunda cifra más alta del año, aunque se queda un 0,5% por debajo de la de diciembre de 2021[5].

Apunta Informa que las empresas que declararon concurso en 2022 daban trabajo a 44.155 personas y facturaban cerca de 8.200 millones de euros, por encima de los más de 5.600 millones de las que iniciaron este proceso los mismos meses en 2021. Las afectadas por las disoluciones en 2022 suman 81.597 empleados y unas ventas de 17.406 millones de euros, ligeramente por debajo de los 17.410 millones de euros que acumulaban las disueltas un año antes. Asimismo, todos los sectores ven crecer el número de concursos desde enero, salvo Hostelería, donde bajan un 6%, y Administración, que no ha registrado ningún proceso en todo el año. Comercio lidera los datos de 2022, con 1.722, y es el que más crece en valor absoluto, suma 475. Le siguen Construcción y actividades inmobiliarias, con 1.397, una subida del 26%, y, a pesar de su descenso, Hostelería, con 870[6].

Las disoluciones crecen en siete sectores en el acumulado anual: Agricultura (+7), Energía (+34), Construcción y actividades inmobiliarias (+9%), Comercio (+7%), Comunicaciones (+18%), Intermediación financiera (+119%) y Educación (+6%). Intermediación financiera es el que más suma en número, añade 1.209 disoluciones, por el incremento de los ceses de sicavs debido al cambio normativo[7]. Tres autonomías ven retroceder los concursos empresariales en 2022: Baleares, un 13%, Canarias, un 1% y La Rioja, un 4%[8]. Cataluña es la comunidad con más procesos en el conjunto del año con 1.834, un aumento del 14%, y Madrid es la segunda con 1.618, un 34% más. En diciembre sin embargo cambian el orden: Madrid encabeza los datos con 144 concursos y Cataluña registra 135[9]. Fuente de la información y de la imagen: INFORMA.

___________________

[1] Sitio visitado el 13/01/2023.

[2] Velasco carretero, Manuel. Concursos y Disoluciones en España en el año 2022. Sitio Insolvencias. Visitado el 13/01/2023.

[3] Las cinco empresas con más ventas en concurso en 2022 han sido: GM Fuel Service SL (839 millones de euros), Marillion SL (336 millones de euros), Gaslow Abastecimientos SL (289 millones de euros), Abengoa Energía SA (242 millones de euros) y Abengoa Agua SA (229 millones de euros).

[4] Las cinco empresas con más ventas disueltas son: Unión Fenosa Gas SA (619 millones de euros), Santander Tecnología y Operaciones España SLU (542 millones de euros), Mercedes-Benz Vans España SL (398 millones de euros), Vodafone Enabler España SL (328 millones de euros) y Pullmantur Cruises SL (244 millones de euros).

[5] El final de la moratoria concursal también ha supuesto la disminución de los concursos exprés. En 2020 y 2021 el número de empresas que presenta la solicitud conjunta de concurso y extinción, conocida como concursos exprés, se incrementó. El 2020 terminó con un 54% de media, en 2021 alcanzó el 65% y durante los ocho primeros meses del 2022 no bajó del 65,5%.

[6] En diciembre, los mismos sectores son los más afectados, Comercio registra 139, un 54% más, Construcción y actividades inmobiliarias 124, avanzando un 49%, y Hostelería 71, un crecimiento del 29% este mes.

[7] Construcción y actividades inmobiliarias, con 7.218, y Comercio, con 5.841, encabezan los procesos de disolución en 2022. Junto a los 4.377 de Servicios empresariales suponen el 57% del total. En diciembre también son los tres primeros con 794, 627 y 459 respectivamente.

[8] Solo Galicia, La Rioja y el País Vasco recortan el número de disoluciones en 2022, un 4,7%, un 2% y un 2,5% en cada caso, y Madrid es la que más añade este año, 1.485.

[9] Madrid es la comunidad con mayor número de disoluciones desde enero, 9.344, el 31% del total, y un aumento del 19%. Andalucía es la siguiente, con 4.152, un 12% más, y Valencia crece un 6%, hasta 3.611. En diciembre repiten como las comunidades que más procesos alcanzan: 1.050 para Madrid, 463 en Andalucía y 413 en Valencia.

La reforma de la normativa concursal ya está aquí!

Fuente de la imagen: mrapsch en pixabay

Si eres follower del sitio Insolvencia, sabes que desde el verano de 2021 he estado estudiando el Anteproyecto Ley de Reforma del texto refundido de la Ley Concursal de mi país (ALRTRLC)[1], que incluía la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, introduciendo otras reformas en el ámbito concursal. Con referencias desde el texto “Transposición Directiva reestructuración e insolvencia”[2], donde me hacía eco de la aprobación del ALRTRLC por el Gobierno de España, hasta “La reestructuración temprana que ordena la Directiva”[3], con esa probabilidad de insolvencia como un estado previo a la insolvencia inminente, lo que facilita que un deudor en tales circunstancias pueda utilizar los mecanismos que integran el derecho pre-concursal, pasando por el tratamiento de la “Venta de unidades productivas en el Anteproyecto”[4], “Los créditos públicos en el Anteproyecto Concursal”[5], “La protección sociolaboral en el Anteproyecto”[6], el “Procedimiento concursal especial para microempresas”[7], los “Mecanismos de alerta temprana”[8] o esa “Economía sumergida concursal”[9].

Pues bien. En el sitio Insolvencia, texto “Reforma de la Ley Concursal”[10], me hacía eco de la reciente aprobación por el Congreso de los Diputados de España (CDD), del proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, norma que supuestamente sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo. Para el Poder Ejecutivo (PE), el proyecto normativo tenía como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, introduciendo otras reformas en el ámbito concursal para intentar disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoraran los procedimientos de insolvencia y facilitaran el mantenimiento de empresas viables. Para el Gobierno de España (GE), constituye una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico, al tratarse de un texto dirigido a garantizar que las empresas viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad;

Igualmente, los empresarios o personas físicas insolventes pueden ver exoneradas sus deudas después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que el procedimiento concursal incremente su eficiencia reduciendo, entre otros factores, su duración. Según el PE, el proyecto de Ley presta especial atención a las microempresas, que supuestamente dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características, garantizando la asistencia letrada. La reforma es especialmente importante en el actual contexto económico, marcado por los efectos derivados de la pandemia y de la guerra en Ucrania, puesto que la disponibilidad de este tipo de instrumentos de reestructuración, eficientes y ágiles, contribuirá a minimizar los impactos sobre el tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios viables. En cuanto a los planes de reestructuración[11], son uno de los elementos centrales de la Directiva de insolvencia y de la reforma de la Ley Concursal[12].

Estos planes son como un instrumento pre-concursal, dirigido a empresas con dificultades, que favorece una reestructuración en caso de probabilidad de insolvencia, frente a la actual exigencia de que esta sea inminente. Constituye un mecanismo parece ser flexible, desde el punto de vista procedimental, que incorpora prácticas de otros modelos de derecho comparado para contribuir a su eficacia, incentivando una reestructuración más temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito, contribuirá a la descongestión de los juzgados mercantiles, liberará recursos y permitirá una mayor eficiencia del concurso. Asimismo, el proyecto de Ley introduce un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas viables y facilita la reasignación de recursos.

Este procedimiento se caracteriza por la simplificación del proceso concursal, su carácter modular y por ofrecer, tras un periodo de negociación con los acreedores de un máximo de tres meses, dos posibles itinerarios: O un plan de continuación rápido y flexible, si hay posibilidad de un acuerdo. O, en su defecto, por una liquidación ordenada, pero rápida, a través de una plataforma on line. Igualmente, se intenta reformar en profundidad el procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas y autónomos en concurso, con el objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial y posibilitando una segunda oportunidad realmente efectiva[13]. El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor. Asimismo, se amplía la relación de deudas exonerables y las cantidades de crédito público exonerable, eliminándose o relajándose ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones[14]. Fuente de la información: GE y CDD. Fuente de la imagen: mrapsch en pixabay.

_________________________

[1] Aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

[2] Velasco Carretero, Manuel. Transposición Directiva reestructuración e insolvencia. Sitio insolvencias. 2021. Visitado el 02/07/2022.

[3] Velasco Carretero, Manuel. La reestructuración temprana que ordena la Directiva. Sitio insolvencias. 2021. Visitado el 02/07/2022.

[4] Velasco Carretero, Manuel. Venta de unidades productivas en el Anteproyecto. Sitio insolvencias. 2021. Visitado el 02/07/2022.

[5] Velasco Carretero, Manuel. Los créditos públicos en el Anteproyecto Concursal. Sitio insolvencias. 2021. Visitado el 02/07/2022.

[6] Velasco Carretero, Manuel. La protección sociolaboral en el Anteproyecto. Sitio insolvencias. 2021. Visitado el 02/07/2022.

[7] Velasco Carretero, Manuel. Procedimiento concursal especial para microempresas. Sitio insolvencias. 2021. Visitado el 02/07/2022.

[8] Velasco Carretero, Manuel. Mecanismos de alerta temprana. Sitio insolvencias. 2021. Visitado el 02/07/2022.

[9] Velasco Carretero, Manuel. Economía sumergida concursal. Sitio insolvencias. 2021. Visitado el 02/07/2022.

[10] Velasco Carretero, Manuel. Reforma de la Ley Concursal. Sitio insolvencias. 2022. Visitado el 02/07/2022.

[11] Que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación.

[12] Para facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella.

[13] El proyecto de Ley introduce medidas adicionales a las previstas en la Directiva de insolvencia, entre las que destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad y con los bienes y derechos necesarios para ello.

[14] El proyecto de Ley también incluye la reforma del procedimiento concursal para incrementar su eficacia. Con este objetivo se introducen numerosas modificaciones dirigidas a agilizar el procedimiento y a facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable, facilitar la venta de unidades productivas o, en su caso, su liquidación.

¿Cómo va la deuda de las empresas y hogares?

Fuente del gráfico: Banco de España

La tarde del martes la pasé “hojeando” las cuentas financieras[1] de la economía de mi país (CFEE), recientemente publicadas por el Banco de España (BE)[2] que muestran que la deuda consolidada[3] de las empresas y de los hogares e ISFLSH[4] alcanzó 1.661 miles de millones (mm) de euros en el primer trimestre de 2021 (149,3 % del PIB), un 3,1% por encima de los 1.611 mm registrados un año antes (130,3 % del PIB). Según el BE, el repunte de la ratio de endeudamiento sobre PIB se debió al aumento de la deuda (numerador de la ratio) y, en mayor medida, al descenso del PIB (denominador de la ratio). En resumen: la deuda de empresas y hogares aumentó un 3,1% en el último año, alcanzando el 149,3 % del PIB.

El incremento de la deuda agregada de empresas y hogares es fruto de un comportamiento dispar de estos dos sectores, ya que la deuda consolidada de las sociedades no financieras aumentó desde los 906 mm a 963 mm, alcanzando un 86,6 % del PIB (si se incluyese la deuda interempresarial, la ratio sería un 109,7 %), mientras que la de los hogares e ISFLSH disminuyó de 705 mm a 698 mm (situándose la ratio en un 62,8 % del PIB). Esta edición de las CFEE actualiza las series trimestrales hasta el primer trimestre de 2021. La recepción de información de base para elaborar este trabajo se ha cerrado el 6 de julio de 2021. Fuente de la información y del gráfico: BE.

____________________________________________

[1] Las cuentas financieras proporcionan información de las operaciones financieras y de los activos y pasivos financieros de los sectores de la economía, valorados a precios de mercado de acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010). En este contexto, puede obtenerse un agregado de deuda que incluye los pasivos registrados en las categorías de Valores representativos de deuda y Préstamos.

[2] Los cuadros y series temporales completas de las Cuentas Financieras de la Economía Española pueden consultarse en la página web del Banco de España: https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/te_cf.html En esa misma página web se facilita toda la información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de las cuentas financieras. Sitio visitado el 14/07/2021.

[3] 1 Comprende préstamos y valores representativos de deuda, excluyendo los importes frente al propio sector.

[4] Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, tales como organizaciones no gubernamentales, asociaciones de carácter cultural o deportivo, entidades religiosas, etc.

Registro de Impagados Judiciales

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Ayer me comunicó el Colegio de Abogados donde me encuentro integrado, de la puesta en marcha del Registro de Impagados Judiciales (RIJ), fichero online de morosidad pionero en en España para recoger información sobre deudas superiores a 50 euros, líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme aportada por abogados y abogadas, previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro. El fichero estará gestionado por Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, empresa constituida por la sociedad Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española RedAbogacía y la mercantil Inversiones Colectivas en Red, ICIRED, con Informa D&B y Everis como socios de este proyecto. Para acceder al RIJ clickear AQUÍ. Si quieres acceder a más información, clickea AQUÍ. 

Según REdAbogacía, el RIJ nace como una herramienta al servicio de la justicia y del ordenamiento jurídico español que dota a los acreedores que han visto reconocido su derecho al cobro de una deuda en una resolución judicial firme, de mayores garantías para el cumplimiento de la misma, reforzando y garantizando su derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumpla la ejecución de la sentencia que reconoce sus derechos de crédito. Pretende acabar con las ejecuciones judiciales infructuosas tras largos años de litigio judicial en reclamación de una deuda, otorgando transparencia al tráfico mercantil y dotando de seguridad y confianza al sistema financiero y a los mercados, al ofrecer información veraz y relevante sobre solvencia y riesgo crediticio de personas físicas y jurídicas. Fuente de la información: REdAbogacía. 

El efecto Axe de los préstamos dudosos

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

El Banco Central Europeo (BCE), considera que un préstamo es dudoso cuando pasan más de 90 días sin que el prestatario pague el principal o los intereses. Los préstamos dudosos también se conocen como préstamos con incumplimientos (NPL). Mientras un préstamo normal proporciona a una entidad financiera los ingresos por intereses necesarios para obtener beneficios y conceder nuevos préstamos, cuando los prestatarios no cumplen los plazos acordados durante 90 días o más, la entidad debe provisionar más capital dando por supuesto que no se devolverá el préstamo. Esto reducirá su capacidad de conceder nuevos créditos. Para que a una entidad le vaya bien a largo plazo, y pueda seguir obteniendo beneficios con la concesión de nuevos créditos, tiene que reducir al mínimo sus préstamos dudosos. Si una entidad de crédito tiene demasiados préstamos dudosos en su balance, su rentabilidad se resentirá porque no podrá obtener suficiente dinero de su actividad crediticia. Además, necesitará reservar una cierta cantidad de dinero por si necesita sanear totalmente el préstamo en un momento determinado.

Al final, como diría el otro, el perverso "efecto Axe", puesto que la economía de la zona euro depende en gran medida de que las entidades concedan crédito, por lo que el BCE puede aumentar o recortar los tipos de interés que aplica a los préstamos que concede a las entidades, influyendo en el coste del crédito del sector privado y, de este modo, asegurarse que la inflación se mantiene en niveles inferiores[1] al 2 % a medio plazo. Pero si las entidades tienen demasiados préstamos dudosos no podrán conceder el crédito suficiente, por lo que la eficacia de este mecanismo para influir en los tipos de interés del sector privado será menor. El BCE anunció nuevos pasos en la definición de su enfoque supervisor para hacer frente al volumen de préstamos dudosos en la zona del euro. Este enfoque sigue[2] las estrategias de reducción de préstamos dudosos de las entidades de crédito y el apéndice sobre dotación de provisiones para préstamos dudosos nuevos. Se pretende crear un marco para abordar los préstamos dudosos mediante diálogo de supervisión a través de de expectativas supervisoras a nivel de cada entidad de crédito. 

El objetivo del BCE consiste en lograr un provisionamiento adecuado de los préstamos dudosos heredados, que refuerce la capacidad de resistencia del conjunto del sistema bancario en la zona del euro. Con este enfoque, la Supervisión Bancaria (SB) del BCE mantendrá contactos más estrechos con cada entidad para definir sus expectativas supervisoras. Dichas expectativas específicas se basan en referencias de entidades comparables (benchmarking) y en la ratio de préstamos dudosos y las principales características financieras de cada una de ellas. El fin no es otro que asegurar un progreso continuado en la reducción de los riesgos heredados en la zona del euro y lograr un mismo nivel de cobertura de los volúmenes y flujos de préstamos dudosos a medio plazo. En 2017, la SB publicó una guía sobre préstamos dudosos, que ofrecía a las entidades de crédito un instrumento eficaz para tratar dichos préstamo[3]. En 2018, la SB publicó un apéndice de dicha guía en el que se establecían las expectativas supervisoras sobre dotación de provisiones para préstamos dudosos nuevos (Fuente de la información: BCE).

__________________________

[1] Aunque próximos.

[2] El trabajo ya realizado en esta área.

[3] Donde se requería a las entidades con volúmenes elevados de préstamos dudosos que acordaran estrategias para reducir dichos volúmenes. 

El concurso de Sísifo

Porción del cuadro de Sisyphus, por Tiziano, 1549. La obra representa a Sísifo, rey de Éfira y condenado por Zeus a hacer rodar con su cabeza y empujando una gran roca cuesta arriba, que continuamente se precipitaba hacia abajo, por haber revelado que Zeus había secuestrado a Egina. Fuente de la imagen: wikimedia. Esta imagen forma parte del dominio público  en razón de la fecha de muerte de su autor, o de su fecha de publicación.

Si eres follower de “Administración Concursal”[1], sabes que de vez en cuando me gusta estrujarme el coco vía algún texto relacionado con esa especialidad, en la que estoy desde el año 2008, cuando era socio de la entidad malagueña de capital riesgo M Capital, en los proyectos Interempleo Andalucía, primero, y Sercoda después (estuve con ellos hasta 2010). Corría el año anterior cuando el secretario del consejo de administración me comentó el tema de la administración concursal, así que me leí la Ley Concursal española y me ilusioné con el espíritu de la normativa, en el sentido de posibilitar oportunidades a empresas con problemas financieros y opciones de salvamento (la realidad es distinta y el fin no es otro que pagar a la masa pasiva). Como reunía los requisitos, me inscribieron en las listas presentadas por el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales y por el Colegio de Economistas, respectivamente (entonces todavía ni había empezado Derecho). Al año siguiente el Juzgado me asigno un concurso y así hasta 2015, que decidí tomarme un tiempo de reflexión. Comentan que entre el 95% y el 98% de los concursos que se declaran en mi país, se encuentran abocados a la liquidación, por lo que debo considerarme un privilegiado, puesto que del 100% de los concursos que me han asignado, el 44% desembocó en propuesta de Convenio de Acreedores y el 100% de las Juntas de Acreedores que he presidido aprobó el convenio.

Te cuento lo anterior porque durante varias tardes he estado asistiendo a diversas ponencias en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Entre otros ponentes, he tenido la oportunidad de escuchar nuevamente a Dña. Catalina Cadenas de Gea, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga (España), que ya te la referencié en “La senda o el sendero” o más recientemente en “Compraventa Mercantil Vs Compraventa Civil”[2]. En esta ocasión, Catalina nos habló de la situación concursal y de la solicitud y declaración del concurso. Según Cadenas de Gea, la Ley 22/2003, Concursal (LC) ha ido perfilando en sus diversas reformas modos de evitar el concurso de acreedores, por lo que, ante una situación de insolvencia (actual o inminente), se puede optar por acudir a institutos preconcursales como pueden ser el acuerdo extrajudicial de pagos o la refinanciación (del artículo 71 bis LC). En cuanto a la declaración del concurso, para Catalina su solicitud no es electiva, configurándolo la LC “como una obligación para el deudor que se encuentra en situación de insolvencia”, aunque también “sus acreedores pueden solicitar que se declare a su deudor en concurso, lo que se denomina concurso necesario. Incluso el denominado Mediador Concursal está obligado a solicitar la declaración de concurso cuando no ha sido posible alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, o éste se ha incumplido o ha sido anulado”. 

Traigo a colación a la Letrada de la Administración de Justicia, porque suele contar el Auto de 26 de Octubre de 2010 de Juzgados de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, ponente Excmo. Sr. Magistrado D. José María Fernández Seijo. El caso consistía en la solicitud de unos concursados, pareja de pensionistas, de que se le exonerara de las deudas no satisfechas en la fase de liquidación. SS. denominó la situación por la que pasaban los concursados personas físicas, el mito de Sísifo (que da título a este texto), ya que, a pesar de que habían entrado en concurso y liquidado sus bienes, volvían a cargar con la pesada carga una y otra vez ¿hasta cuándo? Su Señoría decidió poner fin al concurso voluntario, extinguiendo las deudas no atendidas en la liquidación, motivando su decisión de la siguiente manera: “Parece acorde con una interpretación armónica de las normas citadas entender que, aunque la liquidación del concurso de persona física no permita la extinción de dicha persona física ni extinción física ni extinción moral por medio de la exclusión social o de dejar al sujeto al albur de la beneficencia pública o privada, haya de optarse por una interpretación de la norma que permita cumplir con los fines del concurso y garantizar sino la extinción de la personalidad, cuando menos la extinción de los créditos concursales, una vez que se han agotado todas las vías concursales para la satisfacción de los créditos”[3].

_________________________

[1] Velasco Carretero, Manuel. Administración Concursal. 2008. Sitio visitado el 28/03/2017.

[2] Velasco Carretero, Manuel. La senda o el sendero (2015), Compraventa Mercantil Vs Compraventa Civil (2016). Sitios visitados el 28/03/2017.

[3] A continuación te dejo un vídeo, alojado en Youtube por ICA Málaga, con una tertulia sobre la reforma de la ley concursal, en la que participa Catalina.

Ayuda a la falta de liquidez

Fuente de la imagen: pixabay

A principios de diciembre del año pasado, se publicó en el BOE de mi país el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptaban medidas en el ámbito tributario, dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social[1]. En el Preámbulo, el legislador expresaba que para consolidar el presunto crecimiento económico de la economía española, iniciado en 2013, se adoptaban "diversas medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas”, que “guiarán a la economía española por una senda de crecimiento y creación de empleo", fines parece que compatibles con el cumplimiento de los “compromisos de consolidación fiscal alcanzados en el ámbito de la Unión Europea”. El caso es que estamos ante alteraciones legislativas que, en la mayoría de los casos, ya ni intentan enmascarar recortes o ajustes, ya sean reformas tributarias para incrementar la recaudación, actualización de coeficientes y alguna que otra acción de orden social, como la actualización de los topes y bases máximas de cotización a la Seguridad Social. En el ámbito tributario, como se esperaba, se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, introduciendo una serie de modificaciones.

Uno de los dolorosos ajustes que va a sufrir el de siempre, es la eliminación de los aplazamientos o fraccionamientos de las siguientes deudas tributarias: “a) Aquéllas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta. c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa. d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley. e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades[2]”.

Te comento lo anterior, porque Javier García, CEO de Gedesco, me ha enviado una, a priori, interesante guía que ha elaborado su organización, para entender los últimos cambios aprobados por el Gobierno español, referentes al aplazamiento del pago del IVA y otros impuestos (Gracias). Coincido con Javier en que “las nuevas pautas han pillado por sorpresa a una gran mayoría de colectivos, que no contemplaban un cambio tan radical en la norma”. El documento redactado por Gedesco se centra en la eliminación del aplazamiento del pago del IVA, señalando las sensibles situaciones financieras, falta de liquidez, que, coyuntural o estructuralmente, viven las pymes en general y los autónomos en específico en esta crisis que nos ahoga. Asimismo, observa lo ineficaz de otras medidas legislativas, como el IVA de caja. La válvula de escape del aplazamiento que tenía el empresario, y que de alguna forma mitigaba el diferimiento de los cobros a sus clientes, puede saltar por los aires con este Real Decreto. No obstante, siendo justos hay que decir que la puerta puede no cerrarse del todo si se mantiene la posibilidad de fraccionamiento o aplazamiento siempre que se justifique el no cobro de las facturas emitidas[3].

Según el documento remitido por Javier, una de las alternativas a este nuevo apretón de la “bota de hierro” de la fiscalización en el pescuezo del autónomo español, podría ser el factoring, figura tradicional de financiación que recientemente me refrescó Bartolomé Cantarero Martínez (ver “Si el grifo no se abre, ni gota de agua”[4]) y que no deja de ser una fórmula financiera para obtener liquidez, al permitir a la empresa “cobrar la factura en el momento de su emisión, independientemente de cuándo pague su cliente”, solventando el desequilibrio de la gestión de tesorería. En cuanto al factoring, según datos de la Asociación Española de Factoring[5], en 2015 se realizaron en España operaciones bajo esta modalidad por valor de 58.750 millones de euros, registrándose un incremento del 4% respecto al ejercicio financiero anterior. Para la organización, la explicación de este aumento se encuentra precisamente en las ventajas que la solución aporta “en favor del equilibrio de caja”, consolidándose y extendiéndose su uso “más allá de límites al aplazamiento del IVA u otras cuestiones que puedan afectar, en general, a la liquidez de las empresas españolas”.

________________________

[1] Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ. Sitio visitado el 12/01/2017.

[2] Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

[3] Igualmente, parece que se está cocinando una Orden Ministerial que incluya excepcionalidades y permita a las Pymes y autónomos diferir el pago del IVA hasta un tiempo y un valor económico máximo.

[4] Velasco Carretero, Manuel. Si el grifo no se abre, ni gota de agua. 2016. Sitio visitado el 12/01/2017.

[5] Facilitados por Gedesco en su guía.

Cláusulas suelo cero

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

En esta década, con la crisis que está cayendo, entre los efectos colaterales con exiguo y, en todo caso, cuestionable, efecto positivo en los hombros de las clases que soportan todo este fraude económico y social, se encuentra la bajada de intereses por parte del Banco Central Europeo. En más de una ocasión, familiares, amistades y algún que otro tercero, me han preguntado si, llegado el caso que los intereses fueran lo suficientemente negativos, el hipotecado o prestatario recibiría rentabilidades a su favor[1]. Mi respuesta es que en un hipotético mercado perfecto, igual podría darse la situación financiera, pero en la farsa en la que vivimos eso es utopía para el “españolisto”. Triste guasa aparte, entiendo que la articulación de financiación parte de contextos contractuales en los que una parte necesita capital y la otra lo tiene. Obviamente, la parte que dispone de la pasta, la presta a cambio de un rédito, beneficio o plusvalía, según se tercie o corresponda, por lo que en ese marco de relaciones mercantiles no tiene cabida que el que toma el préstamo, reciba también rentas a su favor o que en la liquidación parcial o final, tenga que devolver menos principal[2]. 

Esta duda o polémica, ha resurgido recientemente en torno a las conocidas como “cláusulas suelo cero”, que ya me explicó hace unos meses José Marquina Sánchez, (te lo referencié en el texto “Cautividad del cliente de los Registros”[3]). Aprovechándome de los apuntes, estas estipulaciones se constatan cuando, de forma presuntamente disimulada, la entidad financiera sugestiona una disposición en la que se acuerda que el interés variable en ningún momento del contrato pueda generar intereses a favor del prestatario. La D.G.R.N.[4] ha señalado la necesidad de aportar también una expresión manuscrita[5] del prestatario, confirmando lo que acuerda. En este caso, coincido con la opinión de las entidades financieras, en el sentido que estas estipulaciones no constituyen una cláusula suelo del cero por ciento, sino que se tratan de explicaciones aclaratorias acerca de la naturaleza del contrato de préstamo que se introducen en las estipulaciones, pues aunque no existiera tal cláusula, como ya he reflexionado en al anterior párrafo, el contrato no podría generar intereses negativos durante ningún período de tiempo, ya que en tal caso se vería alterada la naturaleza jurídica del mismo[6].

La D.G.R.N. considera que, aprobado por el organismo regulador el interés variable negativo, ello en modo alguno debe alterar la naturaleza del préstamo en un depósito, porque carece de virtualidad para alterar la obligación del deudor de devolución del dinero recibido por cuotas en los plazos pactados, en una obligación de devolución íntegra a solicitud del depositante o prestamista[7], y porque cuando el depositario tiene permiso para servirse del dinero depositado, el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en un préstamo[8]. Para esta Dirección General, es el órgano judicial el que debe establecer si en el préstamo oneroso con interés variable, su propia naturaleza excluye la posibilidad de devengarse intereses negativos en ningún plazo de amortización o si, por el contrario, el precio final viene constituido por el montante neto de los intereses devengados al término del contrato, suma que en cualquier caso deberá ser siempre positiva. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

_____________________

[1] O devolver menos dinero.

[2] Es una reflexión básica pero hasta algunos “economistas” de las escuelas smithistas (Adam Smith), keynesienistas (John Maynard Keynes), friedmanistas (Milton Friedman)… nos cuesta cavilarla.

[3] Velasco Carretero, Manuel. Cautividad del cliente de los Registros. 2016. Sitio visitado el 10/01/2017.

[4] En resoluciones de 8 y 27 de octubre y 10 de diciembre de 2015.

[5] El art. 6 de la Ley 1/2013 no exige la cláusula manuscrita sólo para el caso de pactarse una cláusula suelo propiamente dicha, sino que su ámbito de aplicación abarca las escrituras públicas en que se estipulen «limitaciones a la variabilidad del tipo de interés», es decir, todas ellas, añadiendo a título de ejemplo «del tipo de las cláusulas suelo y techo», y en similares términos se pronuncian los artículos 25 L.C.G.C. y 30.3.b) de la Orden EHA 2.899/2011. 

[6] Configurado como un control de legalidad dirigido a comprobar, primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta sea comprensible de una forma real (no meramente formal) por el prestatario, de manera que el consumidor conozca y entienda las consecuencias jurídicas y económicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, resulten a su cargo. 

[7] Arts. 1.766 y 1.775 Código Civil Español (CC). 

[8] Art. 1.768 CC.

Tropezar más de dos veces

Fuente de la imagen: pixabay

Según el baúl de los dichos, refranes y otras sabidurías, los seres humanos somos los únicos que podemos tropezar más de dos veces con la misma piedra o, lo que es lo mismo, cometemos similares errores, bien por nuestra inocencia, distracción o, sencillamente, por el no reconocimiento o asunción de la situación. Me acordé de esa frase ayer, mientras escuchaba a la cliente de un amigo relatar cómo nuevamente su empresa había incurrido en desajustes financieros, reincidiendo en déficit similar al de hace una década. 

Sin darse cuenta y al abrigo de los mensajes y las previsiones económicas del gobierno de turno, relajó la mano de la concesión de crédito a sus compradores y, nuevamente, se había encontrado con una preocupante tasa de morosidad que la estaba ahogando, obligándola, a su vez, a incurrir en morosidad con sus proveedores mientras se partía el cobre negociando con las entidades financieras un crédito puente cuya aprobación por la dirección regional se retrasaba día sí y otro también.

Aproveché para comentarle sus obligaciones como administradora de su empresa, cuidando de no incumplir sus pagos y teniendo presente su deber de reconocer la insolvencia en sede judicial para, de esta forma, salvar su responsabilidad civil, mercantil, penal, tributaria y laboral, siendo representativos el artículo 1902 del Código Civil español que habla de “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

Pero más específico o directo es el artículo 236.1 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital: “1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo” (fuente de la imagen: pixabay).

Así que "cuidadín" con ese endeudamiento gradual, creciente, del negocio sin hacer nada, o confección de estados contables ilusorios dirigidos a las entidades financieras, o desvío de bienes y dinero y otro rosario de prácticas censurables que se ponen en marcha en el mar de la desesperación. Sugerí que visitara el sitio “Administración concursal” donde en el verano dejé algunos textos que le podrían interesar, en concreto ¿Incumplimiento o reinsolvencia? “Extemporaneidad en la solicitud de liquidación” y “Despiste de bienes en el concurso”[1].

__________________________

[1] Velasco Carretero, Manuel. ¿Incumplimiento o reinsolvencia? (2015), Extemporaneidad en la solicitud de liquidación (2015), Despiste de bienes en el concurso (2015). Sitio Adminstración Concursal.  Visitados el 16/10/2015.   

Argumentación desafortunada

Fuente de la imagen: Prawny en pixaay

En el marco de la disciplina de Derecho Procesal II, hace unas semanas estuve estudiando el juicio cambiario en mi país, configurado como el cauce procesal que merecen los créditos documentados en letras de cambio, cheques y pagarés, con el fin de proporcionar una eficaz protección del crédito cambiario mediante el inmediato embargo preventivo que se convierte en ejecutivo si el deudor no formaliza oposición o ésta es desestimada, otorgándose acción directa contra el aceptante o sus avalistas o acción de regreso contra cualquier otro obligado. Para la parte práctica sometí a la revisión del doctor Sergio la pública Sentencia del Tribunal Supremo (TS) 266/2011[1], síntesis del análisis que transcribo a continuación. Resumen de hechos.- En 2001 el “promotor” encargó al “constructor”, la ejecución de un edificio de viviendas, locales y garajes, estipulando que el pago del importe de la obra se efectuaría mediante el abono de certificaciones mensuales presentadas por el constructor, conforme a la costumbre y procedimiento mercantil al uso, estableciéndose entre las formas de pago la utilización de pagarés sin gastos. Para el pago de determinada certificación de obra, emitida en ejecución del contrato, el promotor libró a favor del constructor un pagaré estampando en el mismo la cláusula "no a la orden", que no fue atendido en tiempo y forma, por lo que el constructor solicitó mediante demanda la ejecución del referido pagaré en el correspondiente juicio cambiario, oponiéndose la demandada en base a que el pagaré no a la orden no es un título cambiario y la demandante había incumplido parcialmente el contrato de construcción.

La sentencia de la primera instancia desestimó la oposición formulada por el promotor. La sentencia de apelación estimó el recurso exclusivamente en cuanto al pronunciamiento sobre la condena en costas que dejó sin efecto, confirmando lo demás la sentencia recurrida. Contra la expresada sentencia de la AP, el promotor interpuso Recurso extraordinario por infracción procesal para la efectividad de un pagaré con cláusula "no a la orden" y Recurso de casación con base en la infracción de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque. La Sala de lo Civil del TS desestimó el recurso extraordinario y estimó el recurso de casación, señalando que no es equívoco que en los supuestos en los que la relación subyacente haya dado lugar al libramiento de pagarés y el constructor haya iniciado diferentes juicios cambiarios, “el conocimiento de excepciones causales opuestas en uno de ellos puede crear un precedente que podría proyectarse más allá de la cosa juzgada, pero la cognición sin limitación de excepciones queda acotada al examen de si el obligado cambiario debe o no la cantidad que se reclama, sin que quepa extenderla a cuestiones ajenas a la eficacia del título cambiario”. Análisis Técnico[2].-  En la sentencia se aborda el tema del pagaré no a la orden. A efectos de lo dispuesto en la LEC, la demandante (promotora) pretendía hacer valer lo dispuesto en el artículo 819, en el sentido que el título cambiario objeto de controversia debía equipararse con los calificados por la normativa como "títulos valores", que añaden la contingencia de poder circular mediante endoso con los efectos legales derivados de tal modalidad de transmisión, es decir “a la orden”. 

Pero la Sala del TS expresó que la teoría esgrimida por la promotora carecía de fundamento legal, debido a que los requisitos recogidos en la Ley Cambiaria y del Cheque operan sustantiva y procesalmente como condición necesaria y suficiente y el documento cubría las exigencias procesales para que el crédito incorporado al mismo pudiera ser reclamado por el cauce del juicio cambiario. Quisiera resaltar, también, la doctrina del TS respecto a que en nuestro ordenamiento jurídico la letra de cambio y el pagaré son títulos “naturalmente” a la orden, pero no “esencialmente” a la orden, por lo que la inserción de la frase “no a la orden”, o locución semejante, no son definitivas de que la letra de cambio o el pagaré dilapiden su entorno de título cambiario, debido a que la sola derivación de la referida cláusula facultativa es que el título no sea transmisible, sino en la firma y con unos efectos de una cesión ordinaria, por lo que, desde la configuración ortodoxa, podría debatirse si el título cambiario objeto de controversia reúne las exigencias que la disciplina jurídica reivindica para catalogarlo como “título valor”, pero no su aptitud para utilizarlo como modo de pago a efectos del juicio cambiario. Para finalizar, en mi opinión el promotor eligió una argumentación desafortunada ante el Poder Judicial, puesto que el art.94 de LCCH no nos habla para nada de la improcedencia de la frase “no a la orden”. Cuestión distinta hubiera sido el incumplimiento de algunos de los requisitos recogidos en el referido artículo y siguientes, con lo que el motivo de oposición hubiera tenido base jurídica (fuente de la imagen: sxc.hu). Imagen incorporada con posterioridad; fuente: Prawny en pixabay.

__________________________

[1] Roj: STS 266/2011 - ECLI:ES:TS:2011:266 Id Cendoj: 28079110012011100020 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Fecha: 18/01/2011 Nº de Recurso: 228/2007 Nº de Resolución: 894/2010 Procedimiento: CIVIL Ponente: RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS.

[2] Normativa de Aplicación: Ley 19/1985 de 16 julio 1985. Cambiaria y del Cheque: Artículos 14 a 24, 67 y 94 y art.95. Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC: Artículos 469, 477, 819, 827, 1464, 1465, 1467 y 1479. Real Decreto año 1885 del Código de Comercio: Artículos 444, 456, 461, 480, 521, 523, 531, 532 y 545.

Frugalidades históricas

Fuente de la imagen: El ansia de poder sin escrúpulos (Velasco, 2007)

Escuchaba en la radio a la escritora Matilde Asensi, hablar sobre el destino del oro de las Américas, que llegaba a espuertas a la España del siglo XVI. Por lo visto, basta mirar los bellos trabajos de los pintores de esa época, para deducir que los españolitos de entonces eran súper pobres. La élite de turno andaba todo el día de caza, de fiesta en fiesta y tiro porque me toca. El gobierno del país estaba en manos de pelotas sin escrúpulos y su corte de enchufados. Por su parte, Carlos V sólo pensaba convertirse en emperador a costa de guerras y sobornos. Y el rey lo consiguió, asumiendo una cuantiosa deuda debida a los banqueros alemanes que le financiaron. Y por si fuera poco, siguió guerreando a base de mercenarios que si no cobraban, no trabajaban. 

Su hijo, Felipe II, propició la bancarrota del estado español, dejando colgado a los mercenarios y a alguna que otra familia de banqueros ¿alemanes? ¿Te suena todo esto? ¿Quiénes se perjudican si Grecia, Portugal, España, Italia... no pagan sus deudas porque no generan excedentes suficientes? La crónica es mucho más rica y compleja que la frugalidad con la que he escrito el post a esta hora del alba, pero parece que por más que la Historia se repite, no aprendemos. Que esta semana te sea beneficiosa en lo profesional, laboral, empresarial o institucional, según proceda o te interese. La imagen es de una miniatura del siglo XIV, que muestra cómo un mozo de ciego le hurta a éste el vino de un jarrillo, mediante una larga paja (fuente: Wikimedia Commons).

Alegres, ligeras y libertinas

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Apunta el Banco de España, que han aflorado 484 millones de euros en créditos dudosos de las cajas de ahorro con los promotores inmobiliarios[1], lo que supone 2,5 veces más que los impagos del sector inmobiliario con los bancos. 

Era previsible ya que[2] a las cajas se las conocen como más alegres, ligeras y libertinas en cuanto a la concesión de hipotecas a los empresarios de la construcción, cuando deberían ser todo lo contrario, ya que su carácter es más social que el de los bancos[3].

_________________

[1] leído en elEconomista. Sitio visitado el 04/08/2007.

[2] En el corrillo crediticio.

[3] ¿No?

Deuda vs riqueza

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

La deuda de las familias españolas consigue un nuevo récord en el primer trimestre de 2007, rozando el 90% del PIB[1], si bien su ritmo de aumento desacelera, ya que pedimos menos préstamos hipotecarios y, a su vez, de menor cuantía. Mientras, el patrimonio de la unidad familiar acusa los efectos de la ralentización en el alza del precio de la vivienda y su riqueza financiera también registra una desaceleración.

__________________

[1] Leído en la pág. 35 de La Gaceta de de los Negocios de 24/7/07.

¡Dejen de endeudarse!

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Avisa el Banco de España (BE) de que las subidas de los tipos de interés terminarán afectando al endeudamiento de las empresas y a sus cuentas de resultados[1]. Lógico. ¡Dejen de endeudarse! fue la súplica que lanzó el gobernador de esta institución en el parlamento. Por otra parte, se repite el BE con la receta para seguir creciendo: moderación salarial, flexibilidad en el mercado laboral, contención del gasto público, rebajas de impuestos, liberalización de mercados y reformas de las pensiones. Como percibiréis, casi todos los ingredientes de esta pócima milagrosa afectan de forma directa al currito de a pie (Fuente de la imagen: sxc.hu).

____________

[1] Leído en la pág. 38 de elEconomista de 27/6/07.

Consumo responsable

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Será por los calores del verano o porque ando escaso de dinero, pero los exiguos momentos en los que conecto la tele, sobre todo para el noticiero de las siete de la mañana de TVE y Telecinco, no hago más que ver anuncios para concederme un crédito: ¿Necesita 6.000 euros? ¡En dos minutos le contestamos! ¿Ha pensado en arreglar la moto? ¡En prestadifícil se lo ponemos fácil! … Entro en un centro comercial, me desplazo unos metros y me verán los comerciales de las entidades financieras con cara de necesitar capital porque solicitan con fervor mi atención para ofrecerme la tarjeta “endeudesefácil”, con la que podré comprar todo, sin pagarlo y sin abrirme cuenta en ningún banco. Vuelvo a casa, abro el buzón y tenemos un rico legajo de correspondencia ofreciéndome una larga lista de créditos (me interrogo quiénes les da a estas empresas, sin mi consentimiento, los datos personales). En fin, cojo los sobres y directos a la bolsa de reciclado. Quedo con un amigo, me mira el coche y me pregunta que cuándo lo voy a cambiar, que no es el automóvil que me merezco por mi ¿estatus social? que hay unas ofertas interesantes en el concesionario X de la marca Y, que te lo financian todo, … El vehículo tiene unos años pero ¡tocaré madera! he tenido buena suerte con él, está bien de chapa y pintura, como le he pasado religiosamente las revisiones en el taller del concesionario, con sus buenos euros invertidos, ahora parece que esa costumbre me está dando los réditos. Gasta un poco más de gasoil del que me gustaría, pero, en conjunto, está decente. 

¡Claro que me encantaría disfrutar la carroza que habla mi amigo! Pero me da un no se qué entrar en una dinámica consumista con el endeudamiento como estrella invitada. Leo los periódicos y me dicen que se acercan años difíciles. Hablan que el alza de los tipos de interés, el euribor de junio se sitúa en el 3,51%, debe ralentizar el consumo futuro de las familias, aunque el principal perjudicado será el titular de una hipoteca. No estoy de acuerdo totalmente. Todos nos estamos autolesionando con nuestra mentalidad consumista 500%. ¿Vivimos por encima de nuestras posibilidades? Entramos en una peligrosa espiral que nos va arrastrando, no sólo en el aspecto mercantil, sino emocional, influyendo en nuestra vida personal, ¿en nuestra mentalidad? ya que si no tengo el último modelo de coche o no he visitado las ruinas de Acapulco o no he estado en la fiesta de Rotardo, no entro en ese selecto mundo, etc. Me refugio en firmas como Jesús García, Fernando Fernández, Raimundo Ortega… que procuran no venderme un crédito o un coche y orientarme en este mar endeudado. Curioso, sean economistas conservadores o liberales progresistas, casi todos están conformes en que el sistema financiero estadounidense funciona muy bien y eso a pesar de que es muy preocupante la financiación de la titánica inestabilidad exterior entre su ahorro y su inversión. Colofón, que también me cuesta entender que dado el funcionamiento idóneo de la máquina de gestionar finanzas, pues no hay que inquietarse con el gigante desequilibrio de ese país ¿o será que los demás países están peor?

El FMI piensa que el sistema financiero español es altamente dinámico y competitivo, sujeto a una cierta supervisión prudencial y regulación. El elevado grado de intervención financiera presente en el mismo es compatible con bajos márgenes de intermediación, elevada capitalización de las instituciones y una gestión profesional de las mismas. Según E. Ontiveros[1], los mayores riesgos potenciales a los que se enfrentan las empresas bancarias españolas vienen por el intenso crecimiento del crédito, vinculado a la destacada inversión residencial[2]. En síntesis que las recomendaciones de los organismos internacionales, los nacionales, los locales, las rebajas, los amigos… parece que van más en la línea de animarnos a seguir consumiendo, a que no nos preocupemos de nuestro micro y macro endeudamiento porque el crack económico y financiero nos lo emplazan para dentro de tres años. Sólo nos dicen que perfeccionemos nuestro sistema crediticio, es decir, que nos acerquemos al perfecto sistema financiero norteamericano. Desde este modesto blog, pido prudencia al consumidor, que compre lo que necesite pero con cabeza, que si ha entrado en un bucle de endeudamiento procure salir de él con soluciones como liquidación de activos, refinanciación de la deuda, etc., que se prepare para los años de vacas flacas y que se eche por la espalda los consejos del amigo, las rebajas, las presiones de los círculos de convivencia, los organismos nacionales y hasta los internacionales, en el sentido de que siga consumiendo alegremente, sin ton ni son, vamos, sin cabeza. Yo le digo que, como mínimo, ¡consuma responsablemente! (Formato cambiado posteriormente. Fuente de la imagen: sxc.hu).

__________________

[1] Ontiveros, Emilio (2006). Dinámico y competitivo. El País. Sitio visitado el 08/07/2006. 

[2] Vaya, tuvo que salir de nuevo el ladrillo.