viernes, 30 de junio de 2017

De "agorero" nada de nada

Si eres follower de este sitio, conoces mis reflexiones acerca de la situación económica de mi país. Desde finales de 2005 estaba barruntando los nubarrones de lo que presentía iba a llegar. Textos como “Mediocridad, inhibición y corruptela” o “No es oro todo lo que reluce”, son buena prueba de ello. Ya entrando en la crisis, verano de 2007, en el texto ¿Los agoreros no acertaron? cuestionaba con ironía lo afirmado en el artículo publicado en Financial Time (FT), acerca del supuesto tiro fallido de los agoreros de la debacle inmobiliaria en España, que según el medio de comunicación no acertaron, ya que, habiendo entonces transcurrido dos meses desde que fue anunciado a bombo y platillo el final oficial del boom inmobiliario español, pues no había pasado nada. Me preguntaba con deplorable sarcasmo ¿Nada? Como si una crisis se gestara en un día o en un mes. Me extrañaba lo que decía un periódico como el FT, que lo consideraba, y aún lo considero, serio. ¿Eran dos meses suficientes cuando, desde hace tiempo, se había establecido el verano de 2008 como el principio del fin? 

Por lo visto, los economistas hacía meses avisaron que un país en el que la construcción significaba un 18% del PIB, estaba caminando sobre la cuerda floja (no hay que ser economista para deducir eso). Conforme la demanda de casas nuevas se redujera, el desempleo crecería, el gasto del consumidor se reduciría y se podría producir una caída generalizada. Pero eso no era suficiente para el FT, que, por el contrario, se fijaba en que por aquellos tiempos la Bolsa había rebotado de tal forma que alcanzó máximos históricos (también, antes de la crisis del 29 se alcanzaron máximos) o que JP Morgan sólo prevía una caída de 2,5 puntos porcentuales en la contribución de la construcción al PIB español hasta alcanzar el 7% ¿No era suficiente? ¿Tampoco eran suficientes los sucesivos avisos de la Unión Europea sobre el referente español? Si hubiera dispuesto de presupuesto, no te quepa la menor duda que hubiera invitado al redactor de ese artículo (que, por cierto, está descatalogado en la versión web del periódico), a una semana de investigación en Valencia, Madrid o Andalucía, porque me daba la impresión de que se había intoxicado de los medios “agoreros” (ésos sí: agoreros en el sentido peyorativo del término) afín al negocio y debería haber profundizado unas capas informativas más.

Hoy, entiendo que el común de los mortales “españolistos”, aún no ha salido de la crisis. Me remito a los datos y a la inmensa brecha generada entre los que tienen más y los que tienen poco o nada. Sin embargo, en esta semana, de la conclusión de dos reuniones distintas, los interlocutores trasladaban que se está notando cierta mejoría en la economía de la masa, tímida, pero al fin y al cabo recuperación. El Banco de España opina (si quieres acceder al informe, clickea AQ), que la evolución del fortalecimiento de la economía mundial, viene acompañada de un aumento del grado de sincronía cíclica entre las principales áreas geográficas, lo que abarca, con algunas excepciones, las principales economías avanzadas y emergentes, si bien persisten todavía algunas dudas acerca de la intensidad de la recuperación, en un contexto en el que la traslación de la mejora de los indicadores de naturaleza cualitativa a los de carácter cuantitativo sigue siendo incompleta. En el área del euro, el crecimiento del producto se aceleró en el primer trimestre del año hasta el 0,6%, en un contexto en el que la recuperación se ha ido extendiendo a un número creciente de economías. 

Según el Banco de España, en mi país el ritmo de avance de la actividad se ha intensificado a lo largo de la primera mitad del año. Concretamente, se estima que el PIB habría crecido un 0,9% en el segundo trimestre. La información disponible indica que, tras la pérdida de empuje observada en los primeros meses del año, el consumo privado habría recuperado un mayor vigor durante la primavera, apoyado en la continuación del proceso de genera‑ción de puestos de trabajo y en la prolongación de condiciones financieras favorables. La inversión en construcción podría haber acentuado también el tono positivo mostrado en el primer trimestre, de acuerdo con la información procedente de los indicadores contemporáneos. Por el contrario, el gasto en bienes de equipo habría moderado su ritmo de avance, tras mostrar un crecimiento muy elevado al comienzo del año. En cuanto a la tasa de variación interanual de los precios de consumo, que en los meses de enero y febrero había alcanzado un máximo del 3%, ésta se ha desacelerado con posterioridad, hasta situarse en el 1,9% en mayo, como consecuencia de los efectos base asociados al componente energético. 

Como en el área del euro, los ritmos de avance del IPC no energético y del IPSEBENE se han mantenido en el entorno del 1%, con el trasfondo de las trayectorias opuestas de los precios de los servicios (que han tendido a acelerarse) y de los precios de los bienes industriales no energéticos (que se han ralentizado). No se aprecian, por tanto, señales concluyentes de que el repunte, que transitoriamente pudo observarse en el componente energético a partir del verano de 2016, se esté trasladando a los precios de otros bienes y servicios de consumo, ni tampoco que la reducción del grado de holgura cíclica esté dando lugar a un aumento apreciable de las presiones inflacionistas. En resumen, discurro que existe una tímida recuperación consecuencia de factores exógenos, como pueden ser las acciones terroristas en terceros países desarrollados o el declive de zonas tradicionalmente turísticas, que están siendo afectadas por las involuciones consecuencias de la guerra. ¡Ah! "Como no tengo boca prestada", te diré que "de agorero nada de nada", sencillamente interpretación de los descarados datos económicos y sociales (Fuente de la imagen: pixabay).

jueves, 29 de junio de 2017

Alianza para el Gobierno Abierto

Hace unos años, en el explícito “Gobierno Abierto de Calidad”, te escribía sobre esa doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben encontrarse abiertos a todos los niveles posibles, en cuanto a transparencia, que debe ir unido a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. También, se entiende por gobierno abierto esa corriente que aboga por una evolución del actual sistema de democracia representativa hacia un modelo de democracia participativa, mediante el establecimiento de mecanismos de transparencia de los gobiernos, así como espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. El objetivo final es la mejora de la democracia y de la calidad de vida de los habitantes. Te comento lo anterior porque recientemente el Gobierno español, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha presentado el Tercer Plan de acción de Gobierno abierto, que compromete al Gobierno a desarrollar 20 medidas en transparencia y participación en el periodo 2017-2019 y que enviará a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), máximo órgano internacional que regula esta materia y que engloba a 70 países. 

El plan se estructura en cinco grandes ejes: colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación, y para el desarrollo del mismo se contará con la participación de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y la sociedad civil. Entre las medidas del plan, figura el compromiso de mejorar y ampliar los contenidos del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado así como acometer el desarrollo reglamentario en esta Legislatura de la Ley de Transparencia. Se fortalecerá el programa Aporta, de apertura a la información del sector público, para lo que se desarrollará la Ley sobre reutilización de la información del sector público y se ampliará el catálogo nacional de datos abiertos en un mínimo del 20%. En el ámbito de la Justicia, se pretende mejorar el acceso a la información judicial con medidas como la puesta a disposición de los ciudadanos de mayor información sobre vistas orales, documentos de expedientes judiciales, entre otros, así como ofrecer el servicio de retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales.

Igualmente, se formará a los empleados públicos en los principios, y estrategias de gobierno abierto, se sensibilizará a la sociedad civil a través de recursos informativos abiertos y gratuitos, y se incluirán medidas de educación en Gobierno abierto con actividades en los colegios. Para desarrollar todas las medidas se ha constituido una Comisión sectorial para trabajar con las Comunidades Autónomas y una Red de entidades locales para promover las políticas de transparencia en el ámbito local. Además, se pondrá en marcha un Foro de Gobierno Abierto para trabajar en consenso con los actores implicados de la sociedad civil: representantes del mundo académico, de las organizaciones de consumidores y usuarios, de las asociaciones sin ánimo de lucro y organizaciones del Tercer Sector. Si quieres acceder al documento de noventa páginas, clickea AQUÍ (Fuente de la información: Gobierno de España. Fuente de la imagen: pixabay).

miércoles, 28 de junio de 2017

¡Cuidadín con los chiringuitos financieros!

Si eres follower de este sitio, probablemente recuerdes que en más de una ocasión he escrito sobre las estafas financieras. Textos como como ¡Ponga un sello en su vida!, “Que me lo expliquen” o “El calvario de los sellos” son buena prueba de ello. Pues bien, ayer estuve charlando con Antonio acerca de los chiringuitos financieros, que por mucho presunto control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de mi país (CNMV), parece que siguen campando a "diestro y siniestro", ya sean tipo estafas piramidales, intentando imitar a ¿La madre de todas? o “Desde un colchón hasta un jamón”, por no hablar de “Indecentes” o el denostado “Network Marketing” financiero. En fin. No hace mucho, en el sitio “Prevención Blanqueo”, texto “Guía sobre chiringuitos financieros”, difundía la publicación de la CNMV de una guía sobre chiringuitos financieros (si quieres acceder al documento, clickea el siguiente link, cortesía de la CNMV: Guía de Chiringuitos de la CNMV), 

Según la Comisión, "los chiringuitos financieros son entidades que prestan servicios de inversión sin estar autorizadas". Con el fin de protger al inversor y ayudarle a distinguirlos, se ha creado un decálogo de consejos a tener en cuenta. Por su interés, se transcriben a continuación. Sobre la naturaleza de las entidades. CONSEJO 1.- Verificar que la entidad está autorizada y que la empresa no ha sido objeto de advertencia por parte de la CNMV ni de otros supervisores. En caso de duda, consultar a la CNMV. CONSEJO 2.- Recordar que los “chiringuitos” son peligrosos e intentan engañarnos. Si se sospecha, a preguntar toca. Adoptar una actitud activa. Hacer preguntas sobre las características del servicio y de la inversión que nos estén proponiendo. Obtener información por escrito.

Sobre las técnicas de captación de inversores. CONSEJO 3.- Desconfíar ante las siguientes señales de alarma y técnicas frecuentes: - Llamadas o correos inesperados. - Urgencia de la inversión. - Afinidad personal. - Bonificaciones de entrada. - Esquemas piramidales en los que pidan que también captemos clientes. - Presión psicológica tendente a adoptar una decisión inmediata.- Mención o utilización del logo de la CNMV. Recordar que la CNMV nunca me invitará a realizar una inversión. CONSEJO 4.- Ojo al fraude a través de internet y redes sociales. No dejarnos engañar por la sofisticación de algunas páginas web. Mantenerse alerta ante ofertas no solicitadas a través de nuestros perfiles de redes sociales. No dejarnos engañar por la afinidad de nuestros “seguidores” sociales.

Sobre los productos comercializados. CONSEJO 5.- Desconfíar de altas rentabilidades sin riesgo. Desconfíar de productos complejos. No invertir en lo que no comprendamos. CONSEJO 6.- Prestear atención a comisiones y gastos. CONSEJO 7.- Asegurarnos de que los productos que nos ofrecen existen y contrastar la información que nos aportan sobre la cotización de los valores que nos quieren vender. Sobre el perfil y la educación del inversor. CONSEJO 8.- Todos estamos expuestos a ser objeto de fraude. Desconfiar si no nos solicitan información: los intermediarios financieros autorizados que nos ofrezcan un producto deben evaluar su conveniencia (experiencia y conocimientos) o idoneidad (experiencia y conocimientos, situación financiera y objetivos de inversión) a través de un perfil o cuestionario.

Si no se puede recuperar el dinero. CONSEJO 9.- Si no logramos que nos devuelvan nuestro dinero, no continuar realizando aportaciones. Denunciar. CONSEJO 10.- Poner en conocimiento de la CNMV cualquier incidente sospechoso de fraude y denunciar lo ocurrido en la Policía o el Juzgado correspondiente. Para más información, llamar al teléfono de atención al inversor de CNMV 902 149 200. Enviar una consulta a través del formulario o revisar la Guía de Chiringuitos de la CNMV, las advertencias sobre entidades no registradas que publica la CNMV (Fuente de la información: finanzasparatodos, plan de educación financiera de la CNMV. Fuente de la imagen: pixabay).

martes, 27 de junio de 2017

Ciudadanía española y Protección de Datos

Realmente, a estas alturas de la película, ¿Sabe la ciudadanía española qué es un dato de carácter personal? Después de escuchar una conversación en el autobús, sobre entidades eléctricas ofreciendo seguros, no percibo con nitidez que los ciudadanos y ciudadanas de mi país tengan tan claro esa y otras preguntas sobre la protección de datos de carácter personal. Hace un mes y pico, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó una guía, de la que informé en el sitio “Protección de Datos", bajo el título “Guía para el Ciudadano”, que en foros virtuales algún presunto “experto” en estas lides la renombró como “Guía sobre protección de datos para pánfilos”, desafortunado comentario puesto que, en mi opinión, es básica pero clara y, por supuesto, útil. Y es que, como se escribe en su introducción, “en nuestra vida cotidiana, en las relaciones que entablamos tanto en el mundo real como en el virtual, utilizamos nuestros datos de carácter personal, que deben ser tratados de forma respetuosa cumpliendo una serie de principios y requisitos”. 

Define la AEPD los datos de carácter personal como aquella “información referente a personas físicas identificadas o identificables, pudiendo ser identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse mediante un identificador (por ejemplo, un nombre, un número de identificación, datos de localización o un identificador en línea) o mediante el uso de uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de las personas. Dependiendo del tipo de datos que se traten, éstos pueden ser, por ejemplo, identificativos (nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad), referidos a tu situación laboral, financiera o de salud. También existen los denominados datos especialmente protegidos, en los que además de los datos de salud, se encuentran los que hagan referencia a tu ideología, religión, origen racial, vida sexual, y comisión de infracciones penales y administrativas” (si quieres acceder al documento clickea el siguiente link: 'Protección de Datos: Guía para el Ciudadano').

Este documento fue presentado por la AEPD en el marco de la 9ª Sesión Anual. El trabajo recoge de forma práctica las claves necesarias para que los ciudadanos conozcan qué derechos les amparan y cómo ejercerlos, y qué obligaciones deben cumplir aquellos que traten sus datos personales. Los datos que maneja la Agencia respecto a las consultas recibidas constatan la importancia que los ciudadanos conceden a la protección de sus datos personales y a su privacidad. Así, en 2016 la AEPD recibió cerca de 237.000 consultas, casi un 9% más que en 2015. Por su parte, el Barómetro del CIS de febrero de 2017 también destacó esa importancia al señalar que al 76% de los españoles les preocupa la protección de datos personales y el posible uso de su información personal por terceros.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018, implica cambios respecto a la normativa actual. Por ello, la Guía para el ciudadano contiene numerosas referencias a la nueva normativa, incluyendo las principales novedades respecto al ejercicio de derechos, detallando qué se puede solicitar en cada uno de los casos. La Guía repasa los tradicionales derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), la forma de ejercerlos y los plazos legales en los que el ciudadano debe obtenerse una respuesta, incluyendo también aspectos relacionados con el nuevo derecho a la portabilidad, en qué consiste y cómo ejercer el derecho al olvido, o cómo solicitar la eliminación de fotos y vídeos de internet.

Asimismo, la Guía contiene ejemplos de los tratamientos de datos que más repercusión pueden tener en los ciudadanos, como ocurre con los llamados ficheros de morosos, describiendo los requisitos que deben cumplirse para que los datos de una persona puedan ser incluidos en uno de estos ficheros. En este sentido, la inclusión indebida en ficheros de morosidad produce unos efectos especialmente negativos para los afectados, por lo que es imprescindible que las empresas extremen su diligencia antes de comunicar una información inexacta. Por otro lado, el documento recoge otros ámbitos concretos en los que se efectúan tratamientos de datos, como las comunidades de vecinos, la videovigilancia o la publicidad.

‘Protección de Datos: Guía para el Ciudadano’ ofrece ejemplos de casos concretos y enlaces con información adicional disponible en la web de la Agencia para que el ciudadano pueda profundizar sobre las garantías de su derecho a la protección de datos. Además, contempla un glosario con los términos y definiciones utilizadas, así como un listado de recursos on line para facilitar el ejercicio de derechos, incluyendo la posibilidad de interponer una denuncia o solicitar una tutela de derechos (Fuente de la información: Nota de Prensa de la AEPD. Fuente de la imagen: portada de la guía).

lunes, 26 de junio de 2017

Calentando motores

Escuchando la música que te conté vía el texto “En mi camino”, en el fin de semana pasado he estado hojeando el “Estudio Declaración de Sociedades 2016 y novedades 2017”, elaborado por el Servicio de Estudios del REAF-REGAF, Asesores Fiscales del Consejo General de Economista y que hace unas semanas me remitió el Presidente del Consejo General de Economistas, D. Valentín Pich, noticia que difundí en el sitio “Contable y Fiscal”, texto “Estudio sobre Declaración de Sociedades 2016”. Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ, cortesía del REAF-REGAF.

Según la nota de prensa del Consejo, los asesores fiscales del REAF-REGAF han advertido que la información sobre las operaciones vinculadas sale del modelo 200 y pasa a uno específico –el nº 232–, y han resaltado las principales novedades de esta declaración: la obligatoria reversión por quintas partes de los deterioros de cartera anteriores a 2013 o las nuevas limitaciones a la compensación de pérdidas y de deducciones por doble imposición para medianas y grandes empresas. 

Respecto a ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2017, consideran que el principal problema para las entidades, además de los anteriores y de la anticipación del tributo a través de los desproporcionados pagos fraccionados, será la limitación al cómputo de pérdidas en la transmisión de participaciones significativas. Así que ya están las empresas españolas calentando motores para la declaración de 2016 y planificando adecuadamente el impuesto de sociedades de 2017 (Fuente de la información: estudio del REAF. Fuente de la imagen: pixabay).

domingo, 25 de junio de 2017

En mi camino

Vía Linkedin, hace unas horas me preguntaba Gustavo “qué tal mi semana”. Antes de venir a este encuentro contigo, le he contestado con el símbolo de una manita con el pulgar para arriba, pero ahora que lo pienso más tranquilamente, te reconozco que ha sido otra semana bastante ajustada y densa, que empezó con desatinos profesionales y terminó con revuelta y espesa prueba pedagógica y, en medio, triste descubrimiento de vacíos y tierra de por medio en relaciones con personas que respeto y aprecio. Como dice Gustavo: "yo de lucha tengo una vida”. Pero no todo ha sido pesadez de agenda; reconfortan las sonrisas, acciones, miradas, caminar juntos, la gente que quiero… o estos momentos contándote mis tonterías, que me levantan el ánimo sobremanera (Fuente de la imagen: elaboración propia).
También, me ha acompañado (y sigue a estas horas del alba) la cantante canadiense Shania Twain (pronunciado “Sha-na-ia”, palabra ojibwa que significa "en mi camino"), música que conocí allá por el año 1993, cuando trabajaba de director de auditoría interna en Euromarket (ver “Ni seguratas ni chivatos ni detectives”) y su colección de canciones debut del mismo nombre “Shania Twain”. Sin embargo, mi predilecto es el que he estado escuchando estos días, Up! (¡Arriba!), cuyo corte que da título al álbum te he dejado después del primer párrafo, cortesía de ShaniaTwainVEVO en Youtube. Y de ese trabajo, el que ha machacado más mis oídos (y la sufrida familia) ha sido Ka-Ching! (en referencia al sonido de una caja registradora). Te dejo el vídeo a continuación, cortesía de ShaniaTwainVEVO. Si quieres ver y escuchar el concierto completo que dio en Chicago, clickea AQUÍ.

sábado, 24 de junio de 2017

La industria del turismo

Como hace tiempo le expliqué al querubín la diferencia entre el sector industrial y el sector servicios o terciario, frunce el ceño cada vez que me escucha “la única industria que nos queda en España es el turismo”, porque dice que utilizo inadecuadamente los términos "industria" y "turismo". El caso es que estuve viendo el programa de Equipo de Investigación, de La Sexta, que trató el tema de la turistificación o masificación del turismo en mi país (si quieres acceder al documento, cortesía de La Sexta, clickea AQUÍ). Según estos periodistas, “casi la mitad de los turistas que llegan a España lo hacen en vuelos de bajo coste y 40 millones que también buscan alojamiento barato. Su opción preferida para pagar menos son los llamados hostels, que ahorran recortando en trabajadores”. Se llega a situaciones que rayan lo absurdo, por ejemplo, el alquiler de ·un sofá, una hamaca y hasta una furgoneta para dormir en temporada de verano”. En algunas comarcas de Andalucía estamos casi igual y las tradicionales zonas turísticas como La Costa del Sol ni te cuento.

En mi comunidad autónoma, a nivel legislativo contamos con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía (si quieres acceder al documento clickea AQUÍ). Coincido con el legislador cuando dice en el preámbulo que “se configura como la actividad del sector servicios que mayores repercusiones, en términos de renta y empleo, genera en Andalucía, constituyendo un recurso de primer orden que se encuentra en constante dinamismo y siendo, durante las últimas décadas, una de las principales palancas dinamizadoras de nuestro crecimiento y desarrollo socioeconómico”. El objetivo de la normativa es “alcanzar una calidad integral en los diversos servicios, establecimientos y destinos turísticos, incorporando la accesibilidad como objetivo a alcanzar en las estrategias de actuación”. Igualmente, el nivel de satisfacción viene determinado por “la experiencia global que se obtiene, no sólo de los servicios turísticos prestados sino, junto a ello, de todo el conglomerado de elementos relativos al entorno; la ordenación del turismo tiene, pues, una significativa dimensión territorial, ambiental y paisajística”.

En relación al alquiler de viviendas por particulares (viviendas, habitaciones o lo que se tercie), desde el año pasado disponemos del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos (si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ). El artículo 1 expresa que su objeto es la ordenación de las viviendas con fines turísticos como un servicio de alojamiento turístico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 28 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía”, antes referenciada. Me parece bien que el alojamiento en viviendas con fines turísticos sea considerado como un servicio turístico, por lo que deberá cumplir con las prescripciones de la Ley, sometiéndose estas viviendas con fines turísticos, a la normativa sectorial que, en su caso, le sea de aplicación. Cuando las personas usuarias incumplan alguna de las obligaciones que establece la Ley, especialmente las relativas a las reglas de convivencia, las personas o entidades explotadoras podrán denegar la permanencia de las personas usuarias y requerir el abandono de la vivienda, en el plazo de veinticuatro horas (Art. 2).

Otro matiz importante es que “la persona o entidad explotadora de la vivienda con fines turísticos no podrá contratar plazas que no pueda atender en las condiciones pactadas”. Para el inicio de la prestación del servicio de alojamiento en la vivienda con fines turísticos, la persona o entidad que explota este servicio, tendrá que “formalizar la correspondiente declaración responsable ante la Consejería competente en materia de turismo, en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, pudiendo publicitarse a partir de este momento como vivienda con fines turísticos”. Finalmente, los servicios de inspección de la Consejería competente en materia de turismo, ejercerán las funciones de comprobación y control del cumplimiento de la normativa. Quienes cometan infracciones por incumplimiento de lo señalado en el presente Decreto, incurrirán en responsabilidad administrativa. El régimen sancionador se regula en la Ley 13/2011 (Fuente de la imagen: pixabay).

viernes, 23 de junio de 2017

Conocimiento imprescindible

Desde el visitado “Corrupción en Marbella”, publicado hace más de once años (2006), hasta el reciente “Consumidores y Clausulas Abusivas”, han sido varios los textos que han tenido como protagonista directo o indirecto al sector inmobiliario. Atrás quedan ¡El que calla, otorga!Una realidad”, “La moneda bin laden”, “Tierra quemada”, “Lo extemporáneo y lo constructivo”… Hace más de dos años, en “Costumbres arrendaticias”, apuntaba la reflexión de Antonio Gallardo sobre que los cambios en la fiscalidad de la vivienda en 2015 afectaban especialmente al mercado de alquiler. Finalmente, “En modo formación termino el año”, comentaba mi experiencia formativa de final de año en el mercado inmobiliario. Sin embargo, poco he tratado la fiscalidad en ese importante sector de mi ámbito territorial de actuación: la Costa del Sol, “Hacienda y el alquiler de viviendas turísticas” y poco más (Fuente de la imagen: pixabay). 

Es por ello que brevemente quiero escribirte sobre la ponencia a la que asistí el jueves de la semana pasada, sobre fiscalidad inmobiliaria en mi país, impartida por Félix, que ya te lo referencié en el texto “No puede resultarnos ajeno”. Aprovechándome de los apuntes, para el ponente, “tradicionalmente, los inmuebles siempre se han visto acompañados de una importante fiscalidad que ha sido y sigue siendo un recurso permanente de la Hacienda estatal, autonómica y local” española. De un vistazo a la extensa normativa fiscal, puede comprobarse fácilmente que “todos los impuestos tienen relación con los inmuebles”. Por otro lado, “tanto a la persona física que desarrolle una actividad económica o no, como a una persona jurídica, le afectará en el día a día la fiscalidad inmobiliaria”, pudiendo afirmar sin tapujos que "en cualquier asesoramiento legal referido a inmuebles”, se verá “acompañado de una fiscalidad que, normalmente, afectará a más de un tributo”. 

En opinión de Félix, son muchos los gremios profesionales en España en general y en Andalucía en particular, para los que “el conocimiento de esta materia, se hace imprescindible”. A su modo de ver, la actuación del profesional que asesora a un particular o empresario en un asunto referido a inmuebles, debe tener un doble objetivo, desde un punto de vista fiscal: cumplir adecuadamente con las normas fiscales y detectar, planificar y formalizar operaciones con ahorro fiscal. Discriminando previamente si se es residente o no, para los impuestos que les resulte de aplicación, esta distinción puede tener el mismo tratamiento (no siempre en los impuestos indirectos y locales ) o distinto en los impuestos directos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Patrimonio o Impuesto Renta No Residentes). En síntesis, durante la ponencia fue desgranando Félix aquellos aspectos más relevantes de la fiscalidad en el sector mobiliario, por ejemplo, la tributación de los arrendamientos en las viviendas turísticas, que ya en mayo te avancé en el texto “Hacienda y el alquiler de viviendas turísticas”.

jueves, 22 de junio de 2017

En modo Prejudicial

En mayo de 2015, en el texto “Micheletti y Otros”, reflexionaba sobre la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la conocida como "Sentencia Micheletti"[1], que tuvo el fruto de conferir preeminencia al ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea frente a la normativa de los estados miembros sobre nacionalidad, al discutir el carácter propio y absolutista ancestralmente imputado a los “imperios nacionales”. Siguiendo a Pilar Juárez Pérez[2], el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea encumbró a la condición de principio general una consideración efectuada con anterioridad en el asunto Auer[3], donde ya había declarado que ninguna disposición del Tratado admitía discriminaciones en el trato otorgado a los nacionales de un Estado miembro en función del momento o modo de adquisición de su nacionalidad. En diciembre del año pasado, escribía sobre otra cuestión prejudicial, texto “Prejudiciales Propiedad Intelectual”, Sentencia del TJUE, de 14 de julio de 2016[4], que trataba de un litigio respecto a la anulación de una marca de la que era titular la demandante, petición de decisión prejudicial que tenía por objeto la interpretación de los artículos 22, punto 4, y 71 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

Te comento lo anterior porque ambas sentencias las he vuelto a referenciar en un trabajo que, en el marco de un máster jurídico que estoy realizando, tema Derecho Comunitario, ponentes AugustoRafael, fue propuesto por este último. Para la Unión Europea[5], el modo prejudicial es un “procedimiento que se ejerce ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" que permite a un "órgano jurisdiccional nacional consultar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación o validez del Derecho europeo, por lo que suele garantizar la seguridad jurídica mediante la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea”. A diferencia de otros procedimientos jurisdiccionales, el procedimiento prejudicial “no es un recurso interpuesto contra un acto europeo o nacional, sino una consulta sobre la aplicación del Derecho europeo”, facilitando la “cooperación activa entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia y la aplicación uniforme del Derecho europeo en toda la UE”. 

En cuanto a su naturaleza, siguiendo con la fuente europea antes referenciada, expresar que “todo órgano jurisdiccional nacional que esté conociendo de un litigio en el cual la aplicación de una norma de Derecho europeo plantee cuestiones (litigio principal) podrá decidir consultar al Tribunal de Justicia para resolverlas. Existen dos tipos de procedimiento prejudicial: la solicitud de interpretación de la norma europea (fuentes primarias y fuentes derivadas): el juez nacional solicita al Tribunal que especifique un punto de interpretación del Derecho europeo para poder aplicarlo correctamente; la cuestión sobre la validez de un instrumento europeo de Derecho derivado: el juez nacional solicita al Tribunal que controle la validez de un acto del Derecho europeo”. Finalmente, hay que tener siempre presente los Reglamentos Internos y de Procedimiento del tribunal de Justicia[6] (Fuente de la imagen: pixbay).

[1] SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. de 7 de julio de 1992. Asunto C-369/90. Acceso al pdf en el siguiente link: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97581&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2946046 Sitio visitado por última vez el 22/06/2017. 
[2] Juárez Pérez, Pilar. Profesora titular de Derecho Internacional Privado. Universidad Carlos III de Madrid. “Dieciocho años de ciudadanía de la Unión. Cuadernos de Derecho Transnacional. 2010. Universidad Carlos II de Madrid. 
[3] Asunto 136/78 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Ministère Public v. Vincent Auer, Rec. 1979, p. 437. 
[4] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 22, punto 4 — Competencia judicial respecto de los litigios en materia de propiedad intelectual — Artículo 71 — Convenios celebrados entre Estados miembros sobre materias específicas — Convención del Benelux sobre propiedad intelectual — Competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux - CBPI — Artículo 350 TFUE. 

miércoles, 21 de junio de 2017

Incorporación del Reglamento IMI

En el texto “Tarjeta Profesional Europea”, te comentaba el reconocimiento de cualificaciones profesionales recogido en el Boletín Oficial de Estado Español (BOE), Real Decreto (RD) 581/2017 (Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ). El RD fue aprobado en la sesión previa del Consejo de Ministros, del viernes nueve de junio de 2017 (si quieres acceder a la referencia, clickea AQUÍ). También, se procedía a la adaptación al Ordenamiento Jurídico Español de lo relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior, conocido como Reglamento IMI (Para acceder al documento, clickea AQUÍ). 

Apunta el legislador en el preámbulo que en orden a incrementar las garantías hacia los ciudadanos, la norma crea los “Centros de Asistencia”, cuya actividad principal será proporcionar asesoramiento y asistencia a los ciudadanos, incluso mediante entrevistas individuales, a fin de garantizar que la aplicación cotidiana de las normas del mercado interior en los casos particulares complejos sea objeto de un seguimiento a escala nacional. Los centros de asistencia actuarán de enlace con las autoridades competentes y los centros de asistencia de otros Estados miembros.

Asimismo, se establece un “mecanismo de Alerta”, que regula la obligación de advertir por propia iniciativa a las autoridades competentes de los demás Estados miembros sobre los profesionales que ya no están autorizados a ejercer su profesión. A través de este mecanismo, debe alertarse a todos los Estados miembros cuando, debido a una medida disciplinaria o a una condena penal, un profesional ya no esté autorizado a ejercer, incluso con carácter temporal, sus actividades profesionales en un Estado miembro. La alerta debe incluir toda la información disponible acerca del período definido o indefinido al que se aplica la restricción o prohibición. 

Esta alerta debe activarse a través del sistema IMI. La obligación de emitir una alerta solo debe imponerse a los Estados miembros en los que tales profesiones estén reguladas. El mecanismo de alerta específico para los profesionales de la salud en virtud de la Directiva 2005/36/CE, debe aplicarse también a los veterinarios, así como a los profesionales que ejercen actividades relacionadas con la educación de los menores, incluida la educación y la atención a la primera infancia (Fuente de la información: BOE. Fuente de la imagen: Pixabay).

martes, 20 de junio de 2017

No puede resultarnos ajeno

La tarde del miércoles pasado, la pasé asistiendo a la ponencia sobre Fiscalidad Internacional y No Residentes, impartida por el economista Félix Diego Barquín, experto fiscal, que tal vez no se acordara de mí, pero lo saludé alguna que otra vez cuando trabajaba en PriceWaterhouse (hoy pwc). Durante cuatro horas estuvo comentándonos acerca de la fiscalidad internacional en general y el supuesto de no residentes en específico. Aprovechándome de los apuntes, para Félix, una persona física o jurídica con intereses económicos en España queda sujeta a tributación en este país, de manera distinta, según sea su condición de residente o no residente. En particular, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades (IS), para las personas jurídicas e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) e Impuesto sobre el Patrimonio (IP), debe analizarse, en primer lugar, si la persona cumple con la cualidad de ser residente, en cuyo caso, le será aplicable la normativa de dichos impuestos (Fuente de la imagen: pixabay). 

Obviamente, si no se es residente, se tiene la cualidad de “no residente”, en cuyo caso, Según Barquín, le resultará de aplicación la normativa del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Y en el caso del ISD e IP, en la denominada regla especial “obligación real”. Por tanto, la primera cuestión a analizar respecto a un cliente (y personas físicas o jurídicas con las que jurídicamente se relacione), es su calificación de residente o “no residente”, provocando la conclusión, que su escenario impositivo sea uno u otro. Coincido con Félix en que este tema adquiere una notable importancia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en especial, la Costa del Sol, por ser zona geográfica de indudable atractivo para personas de otra nacionalidad, parte de las cuales, pueden convertirse en Residentes o continuar como No Residentes. Diría más y ahora que no me escucha el querubín, diré la frase que no le gusta que repita, si la única “industria que tenemos es el turismo”, coincido con Barquín en que para algunos de nosotros, el estudio del IRNR no puede resultarnos ajeno.

En fin. Una aclaración más. Para la Agencia Tributaria española, una entidad se considerará residente en España cuando cumpla cualquiera de los siguientes criterios: que se hubiese constituido conforme a la Ley española; que tenga su domicilio social en territorio español; que tenga su sede de dirección efectiva en territorio español. Se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades. En el caso de que se produzca un cambio de residencia, el período impositivo concluirá cuando tenga lugar dicho cambio. La Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en un país o territorio de nula tributación o calificado como paraíso fiscal, tiene su residencia en territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en éste, salvo que se acredite que su dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país o territorio así como que la constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la simple gestión de valores u otros activos.

lunes, 19 de junio de 2017

Propuestas para reducir el fraude fiscal

Escuchando el rock electrónico que te comenté en “Música para las masas”, en el fin de semana pasado he estado hojeando el texto “Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones. 20 propuestas para reducirlo”, elaborado por el Servicio de Estudios del REAF-REGAF, Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas español, que ya referencié en el sitio “Contable y Fiscal”, bajo el título “Reflexiones sobre el fraude fiscal en España” y que hace unos días me remitió el Presidente del Consejo General de Economistas, D. Valentín Pich (Gracias). Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ, cortesía del REAF-REGAF. Los redactores han partido del análisis de diferentes estudios que tratan de dimensionar la economía sumergida y el fraude fiscal, para pasar a continuación a examinar las estimaciones sobre el tamaño del fraude fiscal en nuestro país, reflexionar sobre las variables que inciden en él y plantear 20 propuestas para intentar reducirlo. 

La cuantificación de la economía sumergida y del fraude fiscal –conceptos no equivalentes, aunque a veces se empleen como sinónimos– se realiza por distintos métodos que dan resultados muy diferentes, siendo relativamente fiables únicamente si se complementan y corrigen. Por ejemplo, algunos estudios cifran la economía sumergida en España en más de 200.000 M€, y otros consideran que supera por poco los 120.000 M€ y que la recaudación perdida está en torno a los 40.000 M€. Para los expertos del Consejo General de Economistas, después de realizar los necesarios ajustes por las simetrías y duplicidades, esta pérdida de recaudación podría rondar –con todas las cautelas– los 26.000 M€.

Para el presidente del Consejo General Economistas, Valentín Pich, el importe del fraude fiscal es el resultado de una función multivariable. Según Pich, “en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales –como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos–, y otros más tangibles –como la fortaleza de las agencias tributarias, las consecuencias de las comprobaciones administrativas o de la regularización para declaraciones fuera de plazo, la claridad normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios interpretativos–”.

Teniendo en cuenta que para la disminución del fraude fiscal no existen recetas mágicas, los expertos del Consejo General de Economistas han realizado 20 propuestas para intentar reducirlo, entre las que destacan las siguientes: mejorar la forma de trabajar de las agencias tributarias, facilitar las regularizaciones de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión, tutelar de forma especial a los nuevos empresarios, hacer una rápida difusión de criterios interpretativos e intensificar la relación cooperativa (Fuente de la información: Nota de prensa del REAF. Fuente de la imagen: pixabay).

domingo, 18 de junio de 2017

Una mata, toda buena

Sobre la hierbabuena escribe el almeriense Francisco Córdoba Felices, en “Poesías de Papico”: “Una mata campera, que por los campos se cría, una mata, toda buena, aliviando así las penas, a quienes le toca y la mira”. Junto al perejil (ver ¡Aquella brizna!), la mentha spicata, distinguida popularmente como hierbabuena o yerbabuena, es una hierba aromática que me ha acompañado desde pequeño. Te dejo en el encabezado del texto una instantánea de un manojo, obsequio de Alonso (Gracias) y proveniente de su fértil huerto (que, por cierto, ya no lo tiene en Molière: ver “El huerto de Molière”).

Leo en la inmensa biblioteca virtual, que el uso medicinal de esta planta es arcaico. Parece que Carlomagno, en su orden Capitulare de villis vel curtis imperii, reclamaba a sus gobernadores para que se cultivara en el imperio una serie de hierbas y condimentos, entre los que se encontraba la hierbabuena. El caso es que contiene propiedades medicinales ventajosas, como pueden ser antiespasmódicas, carminativas, antisépticas, analgésicas, antiinflamatorias y estimulantes. También, parece que se utiliza en tratamiento leve de hirsutismo. ¡Ah! Sus propiedades antiandrogénicas someten a la testosterona.

Decía Federico (poema “Balcón”): “Entre la albahaca y la hierbabuena, la Lola canta saetas”. En la cultura popular se dice que relaja, facilita la digestión, atenuando los gases, y es buena como expectorante. En cuanto a la gastronomía ¡Cómo no voy a rememorar la hoja de yerbabuena que mi madre apostaba en la sopa del cocido! Ya te escribía sobre ello en “Sopa de pan con hierbabuena para el alma”. Además de su sabor en el puchero, me gusta junto al té ¡Y qué decir de los mojitos preparados por Manuel! A continuación, inserto un vídeo, alojado en Youtube cortesía de autoviacatodica, con impresiones de la hierbabuena.

sábado, 17 de junio de 2017

Música para las masas

En el texto “Esperando la noche” te referencié Waiting for the night de Depeche Mode, mientras disfrutaba de un atardecer playero en Torremolinos (España). Pues bien, la tarde de ayer, después de otra semana mejorable, la pasé escuchando el álbum Music for the masses, “Música para las masas” de esta banda británica de sonido electrónico, que según la BBC, son los padres del rock electrónico, precursores del uso del sintetizador y del sampler. Te dejo vídeo, alojado en Youtube cortesía de Warner Bros. Records, con la canción Never Let Me Down Again.
Si bien escuché algo del grupo a principios de los ochenta del siglo pasado, no fue hasta final de esa década cuando me enganché a su música. El vinilo que te dejo en el encabezado, lo compré en Málaga (España), en 1988 (fue publicado en 1987), engendrado dentro de la época de su éxito intensivo y los años más siniestros del grupo, con temas como "Strangelove", "Behind the Wheel" o el ya anotado "Never Let Me Down Again", A continuación inserto el vídeo, alojado en Youtube cortesía de Warner Bros. Records, de la canción Behind the Wheel (Fuente de la imagen: elaboración propia).

viernes, 16 de junio de 2017

O lo hizo bien o acertó cual pelícano

Si eres follower de este sitio, conocerás que en más de una ocasión he escrito sobre expropiación en mi país. En “Visión y oportunidad”, después de contarte mi odisea (en compañía de otros compañeros y compañeras) en un trabajo sobre investigación y desarrollo, te dejaba un flujograma doméstico del procedimiento expropiatorio aplicable en aquellos momentos (año 2015). En “Expropiación y Reversión”, apuntaba los pormenores de la participación en un foro, propuesto por Andrea, sobre los límites que tenía la actuación de la Administración, si ésta puede en todo caso hacer uso de sus potestades ablatorias, cuándo y por qué o qué medios de defensa dispone el administrado frente al abuso de poder de la Administración. Igualmente, en “Expropiación viviendas del SAREB”, te preguntaba ¿Por qué no se expropian las viviendas del SAREB, financiadas con nuestros impuestos, vía rescate, cuando más flagrante aún es el pisoteo de otros derechos, no menos importantes, del pueblo español? Finalmente, en el explícito “Expropiación forzosa” estudiaba la exposición de motivos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, esa colisión entre el interés público y el privado, acto administrativo dictado en el ejercicio de una potestad, que otorga poder de actuación concreto a sus titulares, derechos subjetivos de las personas privadas y de las personas públicas, donde el expropiado, persona privada, tiene el derecho a recibir una indemnización por el bien mueble o inmueble expropiado y la Administración Pública, persona pública, tiene el derecho a que se le entregue el bien objeto de expropiación.

Te comento lo anterior porque, a final de mayo de este año, asistí a una ponencia sobre Expropiación Forzosa en mi país, impartida por Manuel, socio director del Departamento de Derecho Administrativo de Martínez-Echevarría Abogados, que ya te referencié en el texto “En clave Administrativo” y que nos recomendó el libro que te insinué en “Tecnología y Procedimiento Administrativo”. Ya en la justificación de la reforma que se consolidó con la Ley de 16 de diciembre de 1954, se decía que la expropiación se regía en España por una Ley promulgada en diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve y que eso justificaba por sí solo la preocupación en torno a un posible y grave desajuste entre el orden real de fines y medios que enmarcaba en 1956 —casi setenta y cinco años más tarde— la acción de la Administración y el sistema de preceptos que integraban la normativa vigente. Pues bien, más de sesenta años de vigencia de esa reforma, seguimos teniendo ese texto como base o referencia a la expropiación forzosa en mi país, lo que me hace pensar que el legislador de esa ley hizo bien su trabajo o acertó por casualidad, cual pelícano ¿No te parece? Hoy, cuando observamos, por ejemplo en las leyes 39/2015 y 40/2015 sobre Procedimiento Administrativo, que se vuelve a las filosofías administrativas de etapas preconstitucionales, el legislador actual debería reflexionar sobre la importancia de anteponer los intereses de la ciudadanía a los suyos doctrinales, partidistas o personales. A buen entendedor… 

Y es que, como bien apunta el legislador de 1956 en el preámbulo, junto a la preocupación por alcanzar los horizontes de aquellas fechas respecto a la expropiación, la Ley fue concebida bajo el signo de la eficacia, teniendo en cuenta que “el imperativo del interés público que gobierna toda la institución no se agota en la transmisión imperativa del derecho o bien expropiado, sino que da por supuesto que esto ha de conseguirse en plazo que no perjudique la oportunidad de la medida”. Las dificultades en ese orden procedían de que la Ley de Expropiación debía de concebirse en forma que proporcionara al particular interesado un adecuado sistema de garantías, lo que exigía medios procesales proporcionados. Una solución simplista, que sacrificara ese último aspecto, venía a ignorar el hecho de que no luchar el interés público, que impulsa a consumar la expropiación, y el interés privado, que tiende a demorarla. “Planteada de esta forma la oposición de intereses, no se ofrecería duda acerca del criterio llamado a prevalecer. Mas, en realidad, el legislador ha de arbitrar aquí entre las exigencias del ritmo de la ejecución de la obra o servicio y las de no menor interés público, ni inferior rango, de conseguir la justa indemnización que por principio se reconoce al particular afectado”. La Ley procuraba eliminar todos los obstáculos procesales que pudieran alzarse, siquiera fuera lateralmente, contra el hecho de la expropiación; moderando los utilizables contra la necesidad de ocupación y, finalmente, tendía a asegurarse contra un empleo malicioso de los medios reconocidos, evitando su utilización con ánimo meramente perturbador” (fuente de la imagen: pixabay).

jueves, 15 de junio de 2017

Nuevos Modelos Depósito Cuentas Anuales

He recibido nota informativa del Colegio de Economistas de Málaga (España), remitida por su secretaria (Gracias), donde se me informa de la aprobación en mi país de nuevos modelos de cuentas anuales del ejercicio 2016 para su depósito en el Registro Mercantil. Hace unas semanas, en el sitio “Contable y Fiscal”, publiqué el texto “Hojas obligatorias IDA2 e IDP2”, donde sectorialmente (consultoría mercantil y fiscal, fundamentalmente) informaba de la publicación en el Boletín Oficial del Estado español (BOE), de la Orden del Ministerio de Justicia JUS/471/2017, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación (si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ). Entre las novedades que se incluyen en los nuevos modelos, en relación a los anteriores aprobados en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, y posteriores modificaciones introducidas por resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, se encuentran la inclusión de nuevas hojas de cumplimentación obligatoria, IDA2 e IDP2, que contienen la información relativa a aplicación de resultados, dentro del documento “Datos generales de identificación e información complementaria requerida en la Legislación española”. ¡Ojo! porque si no se cumplimentan estas hojas, el Registrador Mercantil calificará las cuentas como defectuosas. En la página web http://www.registradores.org/descargas/, del colegio de registradores español, está disponible el nuevo programa D2 para las cuentas anuales del citado ejercicio 2016 para su presentación digital, e igualmente, están disponibles los nuevos formularios (modelos normalizados) para la presentación en papel de dichas cuentas (Fuente de la imagen: pixabay).

El legislador expresa en el preámbulo de la Orden, que para facilitar su utilización por las empresas de informática, que desarrollan los programas de base para la llevanza de la contabilidad, el Ministerio, en colaboración con el de Economía y Hacienda, promovió en su día y desarrolló, junto con instituciones públicas y empresas privadas, el desenvolvimiento de la taxonomía XBRL correspondiente a los modelos que se aprueban en esta orden ministerial, base necesaria para la implementación del estándar, que anualmente se actualizan y se les da difusión pública en la página Web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Aunque no formen parte de los documentos contables, las mismas razones aconsejaron unificar el modelo de solicitud reglamentaria para el depósito de las cuentas así como de otros documentos que han de ser objeto de depósito junto con aquéllos, lo que se reitera en la Orden. Igualmente, para facilitar que las empresas informen sobre los detalles que requiere la memoria de las cuentas anuales, la orden ministerial publicada, sigue normalizando buena parte de su contenido, con el fin de que las empresas que lo deseen puedan utilizar los cuadros normalizados que se anexan, si bien no hace obligatorio su uso en el depósito para flexibilizar en lo posible el cumplimiento legal del depósito de cuentas. Adicionalmente, en armonía con la cooficialidad constitucional con el castellano de las demás lenguas propias de las Comunidades Autónomas, dentro de los respectivos territorios, es necesario que los citados modelos sean bilingües, lo que queda también contemplado en el articulado de esta orden ministerial. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, ha sido redactada con la finalidad de simplificar las obligaciones contables de las pequeñas empresas. 

El primer paso de este nuevo proceso de armonización contable se ha dado con la aprobación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, siendo un ulterior paso para su transposición al ordenamiento español, la aprobación del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en su disposición final tercera, recoge la habilitación al Ministro de Justicia para que mediante orden ministerial pueda fijar el contenido estandarizado y separado de la información que, al margen de las cuentas anuales, deban presentar en el Registro Mercantil los empresarios obligados a depositar sus cuentas anuales, cuando por imperativo legal u otras razones idóneas de política legislativa sea obligatorio o conveniente el suministro de la información que hasta la fecha se venía exigiendo en la memoria por disposiciones mercantiles o de otra índole. De acuerdo con dicha disposición final se modifica la hoja de datos generales de identificación del depósito de cuentas en los modelos abreviado y pymes. Sigue apuntando el legislador que ha de hacerse referencia a lo establecido en los artículos 365 y 366 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil que definen, respectivamente, los sujetos obligados a la presentación de las cuentas anuales y su depósito en el Registro Mercantil con aportación de la certificación acreditativa de su aprobación. La orden contiene tres anexos. El I establece los modelos de presentación de las cuentas anuales. El anexo II recoge el formato de los depósitos digitales y el anexo III define el doble juego de corrección de errores para las cuentas presentadas en soporte informático.

miércoles, 14 de junio de 2017

¿Urbanismo plegado a la Sostenibilidad?

Si eres follower de este sitio, conoces que en más de una ocasión he reflexionado sobre cuestiones que directa o indirectamente han tenido que ver con el urbanismo en mi país. Textos como “Expertos en urbanismo”, “Los retos: la energía, el urbanismo y el agua”, “La fuerza de la ciudadanía”, “Urbanismo Transitable”, ¿Urbanismo depravado en la Red?El embaucado vapuleado” o ¡El que calla, otorga!, son buena prueba de ello. Incluso, en el texto ¿La habitación como solución? insinuaba las posibles competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, para resolver los sensibles problemas de la ciudadanía en materia de desahucios (Fuente de la imagen: pixabay). 

Pues bien, hace unas semanas, asistí a una ponencia sobre planificación urbanística, impartida por Gonzalo, que ya te lo referencié en los textos “Briconsejos para contencioso-administrativa” y “Serias dudas de hecho o de derecho”, donde se estuvo tratando desde terminología urbanística básica hasta aspectos del planeamiento general y de desarrollo, así como situaciones básicas del suelo en mi país, todo ello bajo el paraguas del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ), que integra la derogada Ley de Suelo, RD 2/2008, y los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava; así como las disposiciones finales decimonovena y vigésima y la disposición derogatoria, de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

El legislador español nos recordaba en la Exposición de Motivos de la derogada Ley 8/2007, de Suelo, que la historia del Derecho urbanístico español contemporáneo se forjó en la segunda mitad del siglo XIX, en un “contexto socio-económico de industrialización y urbanización, en torno a dos grandes tipos de operaciones urbanísticas: el ensanche y la reforma interior, la creación de nueva ciudad y el saneamiento y la reforma de la existente”. El urbanismo español contemporáneo es una “historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente". 

Por otro lado “el suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha-tiene asimismo un valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso”.

Finalmente, el objeto de la actual ley del suelo y rehabilitación urbana viene recogido en su artículo primero, que no es otro que regular para todo el territorio estatal las condiciones básicas que garanticen “a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relacionados con el suelo. b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Asimismo, establece esta ley las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia”.

martes, 13 de junio de 2017

Tarjeta Profesional Europea

El sábado pasado se publicó en el Boletín Oficial de Estado Español (BOE) el Real Decreto (RD) 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) (Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ), que ya referencié en el sitio "Formación para el Empleo", bajo el título "Reconocimiento europeo de las Cualificaciones". El RD fue aprobado el día anterior (viernes) en la sesión del Consejo de Ministros (si quieres acceder a la referencia, clickea AQUÍ).

Apunta el legislador en el preámbulo que entre las medidas que se incorporan se encuentra el establecimiento de una "Tarjeta Profesional Europea", destinada a facilitar la movilidad temporal a través de la aplicación, según los casos, del sistema de reconocimiento automático o de un procedimiento simplificado en el marco del sistema general. La tarjeta se expedirá a petición de un profesional previa presentación de los documentos necesarios y habiéndose cumplido los procedimientos correspondientes de comprobación por las autoridades competentes. Cuando se expida a efectos de establecimiento, debe constituir una decisión de reconocimiento y ser tratada como cualquier otra decisión de reconocimiento con arreglo a la Directiva 2005/36/CE. El funcionamiento de la tarjeta profesional europea debe apoyarse en el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) introducido por el Reglamento (UE) 1024/2012. 

Esta regulación viene a introducir también un concepto nuevo, el "Acceso Parcial", para solucionar aquellos casos en que en el Estado miembro de acogida las actividades cuyo ejercicio se pretende son parte de una profesión cuyo ámbito de actividad es mayor que en el Estado miembro de origen. De forma específica, la nueva normativa incorpora también novedades respecto de las condiciones mínimas de formación establecidas para determinadas profesiones. Así, las relativas al número mínimo de años de la formación básica de médico; la posibilidad de dispensas relativas a ciertas partes de la formación de médico especialista, cuando se cuente con una especialidad médica anterior en un Estado miembro o la revisión puntual de ciertos aspectos relativos a los programas de formación de enfermería a fin de lograr una garantía mejor definida y más orientada hacia la obtención de resultados que asegure que el profesional ha adquirido determinados conocimientos y capacidades durante la formación.

Otras condiciones de formación son las referidas a los requisitos de admisión a la formación de matrona, que deben aumentarse a doce años de enseñanza general o exigir la superación de un examen de nivel equivalente, excepto en el caso de los profesionales que ya posean un título de enfermero responsable de cuidados generales; el establecimiento de nuevos principios respecto a las especialidades médicas y odontológicas que gozarán de reconocimiento automático cuando éstas sean comunes para al menos dos quintos de los Estados miembros; y, finalmente, en cuanto a las condiciones mínimas de formación de los arquitectos se incluye la necesidad de completar la formación universitaria con una experiencia profesional, bajo la supervisión de un arquitecto o un estudio de arquitectos.

En otro orden de cosas, la nueva Directiva 2005/36/CE, mediante la introducción de principios comunes de formación, promueve un carácter más automático del reconocimiento de cualificaciones profesionales en el caso de profesiones que no gozan actualmente de éste. Dichos principios comunes de formación deben adoptar la forma de «Marcos Comunes de Formación» basados en un conjunto común de pruebas de formación normalizadas sobre conocimientos, aptitudes y competencias. Los marcos comunes de formación también deberían poder incluir especialidades, que en la actualidad no se acogen a las disposiciones sobre reconocimiento automático. Los marcos comunes de formación relativos a dichas especialidades, en particular las especialidades médicas, deben ofrecer un elevado nivel de protección de la salud pública y la seguridad de los pacientes.

Asimismo, aunque la Directiva 2005/36/CE ya establecía la obligación para los profesionales de disponer de los conocimientos lingüísticos necesarios, la nueva ordenación prevé la posibilidad de que las autoridades competentes procedan a su verificación efectiva tras el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales posibilitando, en particular, en el caso de las profesiones con implicaciones para la seguridad de los pacientes que dicha comprobación de competencia lingüística se efectúe antes de que el profesional empiece a ejercer la profesión en el Estado miembro de acogida (Fuente de la información: BOE. Fuente de la imagen: Pixabay).

lunes, 12 de junio de 2017

Parentalidad, Corrección y Psicosocial

Fuente de la imagen: archivo propio
Durante los días ocho y nueve de junio de 2017 se ha celebrado en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (España), la XI Jornadas de Derecho de Familia, organizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y que fueron inauguradas por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. El programa contempló cinco ponencias: “Qué pedir, dónde buscar y qué buscar en la documentación fiscal, contable y societaria”, a cargo de Juan Manuel Toro, economista y auditor de cuentas; “Cambio de la custodia individual por la compartida: Aspectos sustantivos y procesales”, por Javier Pérez magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Córdoba.; “Los inmuebles en la liquidación del patrimonio ganancial”, impartida por Juan Miguel Carreras, magistrado de la Audiencia Provincial de Palencia; “La audiencia de los menores en los procesos de Familia”, de la juez decana de Barcelona, Mercedes Caso; y “La maternidad subrogada en España”, con Rosalía Fernández, magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Fuente de la imagen: elaboración propia).

Entre los entes colaboradores se encontraba la editorial jurídica Sepin, que tuvo la amabilidad de obsequiarme con el Cuaderno Jurídico 119 “Familia y Sucesiones” (Gracias), que he estado hojeando el fin de semana pasado, mientras escuchaba la música que te conté en “Cargando pilas”. En relación al contenido de esta edición, en la presentación del cuaderno, escribe Natalia acerca de “la relevancia que tiene la aportación de un plan de parentalidad, no sólo en los supuestos de custodia compartida”, que ha llevado a la editorial a plantear la cuestión acerca del contenido mínimo que debería incorporar el plan de parentalidad, o plan contradictorio, sobre la forma y el ejercicio de la guarda y custodia. En cuanto a la Ley 54/2007 de Adopción Internacional y la modificación que propició en los artículo 154 y 268 del Código Civil español, así como la supresión del derecho de los padres y tutores a corregir razonable y moderadamente a sus hijos o tutelados, el Magistrado Eduardo Estelles Arolas afronta esa situación jurídica del derecho de corrección de los padres a los hijos, desde una perspectiva actual, insinuando la necesidad de su regulación.

Respecto a la doctrina fijada por la Sala Primera del Tribunal Supremo y el Pleno en materia de familia y sucesiones a través de las distintas resoluciones dictadas en 2016, apunta la dirección técnica de la revista la inclusión en el texto de una recopilación de autos y sentencias que sientan, fijan o reiteran doctrina, al margen de que no hayan sido dictados por el Pleno de la Sala, incluyendo cuestiones como pueden ser la retroactividad de los alimentos, la atribución del uso de las segundas viviendas, la custodia compartida o la competencia en materia de modificación de medidas. Finalmente, el apartado de Jurisprudencia al Detalle, se ha centrado en el informe psicosocial en las visitas y estancias; y es que el interés del menor, para el consejo editorial, pasa por el fomento de la relación con el progenitor no custodio, siendo determinante el informe en el momento de valoración de “la voluntad de los menores, su ampliación, restricción, suspensión, supresión, supervisión, estancias con a vuelos y otros allegados”, sin olvidar los supuestos de violencia, de visitas en centros penitenciarios o “el aconsejado sometimiento a terapia”.

domingo, 11 de junio de 2017

¡Satélite ruso a la deriva!

Tanto que alardeo de mis orígenes campestres y luego me dan un corte cuando menos me lo espero. Me pregunta Alonso el nombre de la planta que nos ha obsequiado (Gracias) y cuya imagen te dejo en el encabezado de este texto. ¡Ni idea! “Colirrábano”, me dice con su pícara sonrisa. Ahí queda eso. También conocida como colinabo o col rábano, se me viene a la mente la imagen de un satélite artificial, de esos artilugios rusos que pululaban por la órbita terrestre. Para justificar en parte mi incultura, tengo que decir que es una planta, digamos, artificial, creada mediante cruce de la col silvestre con el rábano salvaje. A continuación te dejo una instantánea, del huerto de Alonso, cortesía suya.
Leo en la biblioteca global virtual que se puede comer tanto crudo como cocido, disponiendo de un alto contenido de elementos nutritivos como el selenio, vitamina B, ácido fólico, vitamina C, potasio, magnesio y cobre, lo que propicia un interesante abanico de beneficios para el cuerpo humano, entre los que se encuentran sus propiedades anticancerígenas y para controlar el peso, al disponer de muchos nutrientes junto a exiguas calorías. Para terminar, te dejo un vídeo, subido a youtube cortesía de Coloreser, con unas imágenes de su cultivo (Fuente de la primera imagen: elaboración propia; fuente de la segunda imagen: Alonso).