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La cuantificación de la economía sumergida y del fraude fiscal[6] se realiza por distintos métodos que dan resultados muy diferentes, siendo relativamente fiables únicamente si se complementan y corrigen. Por ejemplo, algunos estudios cifran la economía sumergida en España en más de 200.000 M€, y otros consideran que supera por poco los 120.000 M€ y que la recaudación perdida está en torno a los 40.000 M€. Para los expertos del Consejo General de Economistas (CGE), después de realizar los necesarios ajustes por las simetrías y duplicidades, esta pérdida de recaudación podría rondar[7] los 26.000 M€. Para Pich, el importe del fraude fiscal es el resultado de una función multivariable.
Según Pich, “en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales[8] y otros más tangibles[9]”. Teniendo en cuenta que para la disminución del fraude fiscal no existen recetas mágicas, los expertos del CGE han realizado 20 propuestas para intentar reducirlo, entre las que destacan las siguientes: mejorar la forma de trabajar de las agencias tributarias, facilitar las regularizaciones de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión, tutelar de forma especial a los nuevos empresarios, hacer una rápida difusión de criterios interpretativos e intensificar la relación cooperativa (Fuente de la información: Nota de prensa del REAF-CGE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio).
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[1] Velasco Carretero, Manuel. Música para las masas. 2017. Sitio visitado el 19/06/2017.
[2] Elaborado por el Servicio de Estudios del REAF-REGAF, Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas español.
[3] Velasco Carretero, Manuel. Reflexiones sobre el fraude fiscal en España. Sitio Contable y Fiscal. 2017. Visitado el 19/06/2017.
[4] Presidente del Consejo General de Economistas.
[5] Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ, cortesía del REAF-REGAF. Sitio visitado el 19/06/2017.
[6] Conceptos no equivalentes, aunque a veces se empleen como sinónimos.
[6] Con todas las cautelas.
[6] Como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos.
[7] Como la fortaleza de las agencias tributarias, las consecuencias de las comprobaciones administrativas o de la regularización para declaraciones fuera de plazo, la claridad normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios interpretativos.