Hace unos meses, con entusiasmo, compartía el inicio de la participación como alumno en el I Certificado de Extensión Universitaria en Introducción a las Metodologías de Investigación Digital en el Ámbito de las Humanidades (M. Velasco, 2025)[1], una iniciativa de la Cátedra Telefónica-UMA (Universidad de Málaga)[2], coordinada por la Catedrática de Historia del Arte, de la Universidad de Málaga, Sra. Dña. Nuria Rodríguez Ortega. Hoy, con la misma satisfacción, puedo anunciar la culminación exitosa de esta enriquecedora formación. Ya tengo en las manos el certificado adelantado por su directora, un documento que he subido al DAD (Registro de Actividades del Doctorando), pero que, más allá del trámite, simboliza un valioso paso adelante en el desarrollo como investigador y docente. Y es que, este tipo de formación, que se sumerge en las fronteras digitales de la investigación humanística, es, a mi parecer, profundamente necesaria y cada vez más indispensable para los docentes e investigadores en el ámbito universitario, puesto que en un mundo donde las metodologías digitales y computacionales están redefiniendo cómo abordamos el conocimiento, comprender y aplicar estas herramientas no es una opción, sino una exigencia para mantenernos relevantes y a la vanguardia. El curso me ha familiarizado con el software y las herramientas que hacen posible la investigación digital, al tiempo que ha fomentado una actitud crítica hacia estos sistemas tecnológicos, un componente esencial que distingue el rigor humanístico.
Asumir que sólo desde la práctica se comprenden las oportunidades y limitaciones inherentes a estos métodos, es una lección invaluable y este certificado ha ofrecido precisamente esa inmersión práctica. La autonomía en el estudio, el apoyo de materiales en el campus virtual, las sesiones síncronas que se adaptaban a nuestras necesidades y la constante disposición del profesorado para resolver dudas, crearon un ambiente de aprendizaje excepcionalmente colaborativo y eficaz. Por todo ello, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Catedrática Nuria Rodríguez Ortega por su brillante coordinación y visión al impulsar este certificado, así como a todo el equipo docente y organizador. La oportunidad que se me ha brindado de explorar estas metodologías digitales y fortalecer mis competencias en un área tan crucial para la investigación contemporánea ha sido inmensa. Estoy convencido de que esta formación potenciará la propia investigación doctoral y enriquecerá la práctica docente, permitiéndome guiar a futuras generaciones en este apasionante cruce entre las humanidades y la era digital. Es una inversión en el futuro de la universidad y en la calidad de la investigación. Esta formación especializada se une a la que ya realicé en el marco de las Enseñanzas Propias de la Universidad de Málaga (M. Velasco, 2024)[3], I Certificado de Formación Continua en el Uso Ético y Eficiente de Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa, Procesos y estrategias de Investigación en la Elaboración de TFGS Y TFMS. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
[2] Programa: 1. Introducción y conceptos generales. Nuria Rodríguez Ortega. 2. Investigación con datos. Bárbara Romero Ferrón y María Ortiz Tello. Los estudiantes aprenderán cómo aplicar técnicas de ciencia de datos para analizar grandes volúmenes de información, identificando patrones y tendencias relevantes en textos y otros tipos de datos. 3. Tecnologías de georreferenciación. María Marcos Cobaleda. Se introducirá el uso de tecnologías de georreferenciación para contextualizar datos históricos y culturales en mapas y cartografías complejas, facilitando una comprensión espacial de los fenómenos estudiados. 4. Fotogrametría y Tecnologías 3D. Pedro Luengo Gutiérrez y Leticia Crespillo Marí. Los estudiantes aprenderán de qué modo la fotogrametría y las tecnologías 3D pueden utilizarse para la reconstrucción y visualización de objetos y sitios históricos, proporcionando nuevas perspectivas en el estudio del patrimonio cultural. 5. Métodos computacionales para el procesado de lenguas. Antonio Moreno Ortiz. Este bloque abordará las tecnologías del lenguaje y el procesamiento de lenguaje natural (PLN), capacitando a los estudiantes para el análisis automático de textos y la extracción de información significativa. 6. Visión por computadora e inteligencia artificial generativa. Nuria Rodríguez Ortega y Alejandro Quesada Mozo. Se explorarán tanto las técnicas de IA discriminativa como generativa, con un enfoque especial en la visión por computadora y los modelos multimodales. Los estudiantes aprenderán a utilizar estas tecnologías para interpretar y generar contenidos visuales y textuales.
En el ámbito de mis relaciones profesionales, especialmente dentro de la comunidad universitaria, he tenido ocasión de conversar sobre la experiencia de implantar canales de denuncias en diversas entidades, tanto privadas como públicas. Me sorprendió un comentario que reflejaba una visión quizás demasiado simplificada: la idea de que un canal de denuncias no era más que un pie de correo electrónico o un enlace a un formulario en la página web. Esta perspectiva, si bien comprensible por lo extendido de ciertas prácticas, difiere enormemente de lo que realmente implica la creación y el funcionamiento de un sistema de denuncia verdaderamente eficaz, algo que la Ley 2/2023, de 20 de febrero, viene a reforzar al proteger a los informantes y combatir la corrupción (M. Velasco, 2023)[1]. La esencia de un canal de denuncias robusto yace mucho más allá de su mera existencia legal; reside en su capacidad para convertirse en un verdadero pilar de integridad y transparencia, una herramienta activa que detecta y previene irregularidades, y que, fundamentalmente, fortalece los valores intrínsecos de una organización. Es decisivo, por tanto, discernir entre un procedimiento de implantación serio y el simple "maquillaje", un "paripé" que se limita a cumplir formalmente sin un respaldo operativo real. Un canal genuinamente efectivo se distingue por adherirse a una serie de principios básicos que van mucho más allá de una dirección de correo o un formulario superficial. Pensemos, por ejemplo, en la accesibilidad universal; es primordial asegurar que cualquier persona, sea interna o externa, con o sin diversidad funcional, pueda comunicar una denuncia de manera fácil y clara. Esto no implica solo considerar formularios online, sino también opciones como buzones físicos, líneas telefónicas, mensajería de voz o incluso reuniones presenciales, siempre con las adaptaciones necesarias para personas con discapacidades o de otras nacionalidades. En este sentido, un simple enlace sin estas consideraciones se convierte más en una barrera que en una vía de comunicación efectiva. Igualmente, esenciales son la transparencia, la seguridad y la confidencialidad. Un sistema eficaz debe definir y hacer público qué tipo de informaciones se pueden comunicar, cómo se procesarán y quién será el encargado de cada fase.
Críticamente, se deben implementar medidas de seguridad[2] para proteger los datos personales y la identidad tanto del informante como de terceros, limitando estrictamente el acceso a esta información sensible. La experiencia nos dice que un correo electrónico como sistema principal no es en absoluto ideal para garantizar la confidencialidad, ya que presenta altos riesgos para el anonimato y la identificación del remitente. Por ello, las aplicaciones informáticas especializadas emergen como la opción más recomendable, ofreciendo mayores garantías de seguridad, confidencialidad, anonimato y trazabilidad. Un canal que no es capaz de asegurar estas protecciones fundamentales solo conseguirá generar desconfianza y desincentivar su uso. Además, un sistema verdaderamente robusto garantiza la ausencia de represalias contra quienes informan de buena fe y permite el anonimato. El temor a las consecuencias es una barrera fundamental que los canales de "paripé" jamás logran superar, impidiendo que informaciones valiosas salgan a la luz. La imparcialidad es también vital, con procesos claramente regulados para evitar conflictos de interés, asegurando que las personas encargadas de la investigación y la resolución actúen de manera independiente. Incluso se detallan protocolos sobre cómo proceder cuando el propio responsable del sistema se encuentra en una situación de conflicto de interés, lo que subraya la seriedad con la que debe abordarse este aspecto. La diferencia básica entre una mera declaración de intenciones y una implementación real se observa en la estructura y los procedimientos. Un sistema eficaz cuenta con roles y responsabilidades definidos con claridad: el Órgano de Gobierno asume la responsabilidad de la implantación y supervisión general; el Responsable del Sistema Interno de Información (RSII), designado por el Órgano de Gobierno, gestiona el sistema de forma independiente y autónoma, siendo además responsable de la protección de datos y de supervisar el proceso completo; y finalmente, el Equipo Investigador, nombrado por el RSII, se encarga de verificar los hechos, recopilar evidencias y elaborar informes detallados con independencia, diligencia e imparcialidad. Cada uno de estos roles posee funciones específicas que demuestran un compromiso profundo y estructurado.
Un canal verdaderamente funcional sigue fases de gestión rigurosas: desde la comunicación de la denuncia[3], pasando por un registro obligatorio y confidencial de todas las denuncias recibidas, hasta un análisis preliminar que determina la pertinencia de la denuncia, diferenciándola de simples quejas o sugerencias y aplicando criterios de verosimilitud y relevancia. A esto le sigue una investigación formal, que debe contar con todas las garantías procesales y plazos claros[4], culminando con la emisión de un informe detallado, la resolución y el cierre con la propuesta de medidas, y la comunicación a la autoridad competente si los hechos pudieran constituir un delito. Esta secuencia metódica es la antítesis de un canal que solo existe en papel o de forma meramente testimonial. En contraste, un "maquillaje" de canal de denuncias omite o simula estos elementos trascendentales. Un enlace de correo electrónico genérico sin un protocolo de gestión definido, sin personal capacitado para análisis preliminares o investigaciones, y sin garantías efectivas de confidencialidad y protección contra represalias, es simplemente una fachada, no cumpliendo con la Ley 2/2023 en su espíritu y limitándose a su mínima expresión formal[5]. Un canal así no fomenta la confianza, desincentiva las denuncias de buena fe y, en última instancia, no contribuye a la detección ni prevención de irregularidades, sino que, de hecho, podría incluso dificultar que salgan a la luz. En conclusión, la relevancia de los procedimientos de implantación de los canales de denuncia reside en la creación de un verdadero SII que sea plenamente operativo, confiable y eficaz. No se trata, en absoluto, de cumplir con una mera normativa de forma “paripé”, sino de establecer una cultura de cumplimiento y ética que trascienda las exigencias mínimas legales, ampliando su ámbito de aplicación para incluir cualquier conducta contraria al código ético de la organización. Una entidad que invierte en un proceso de implementación riguroso[6], demuestra un compromiso real y tangible con la transparencia y la integridad. Esto la distancia claramente de aquéllos que se conforman con una simple apariencia de cumplimiento, invirtiendo en un activo que refuerza su reputación, su estabilidad y la confianza de todos sus grupos de interés. A continuación, te dejo un video tutorial, alojado en mi canal de Youtube.
La inspección de turismo (M. Velasco, 2012)[1] en Andalucía constituye un elemento dentro del marco del Derecho Administrativo Turístico, cuyo propósito principal es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en el sector, proteger los derechos de los consumidores y promover la calidad y la seguridad en los servicios turísticos. Esta función, ejercida por el personal funcionario habilitado, permite verificar que los establecimientos y actividades turísticas operen conforme a los requisitos legales establecidos, favoreciendo así un entorno competitivo leal y sostenible. La inspección de turismo se define como un procedimiento administrativo de control y tutela llevado a cabo por órganos específicos y competentes, que puede realizarse de forma planificada o motivada por indicios, denuncias o incidencias, con la finalidad de comprobar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en actividades económicas, sociales o administrativas relacionadas con el sector turístico. Las funciones atribuidas a la inspección en este ámbito son variadas y esenciales para mantener la calidad del servicio, entre ellas destacan la comprobación del cumplimiento de la normativa, la persecución de actividades clandestinas, la clasificación y el registro de establecimientos, así como la emisión de informes técnicos solicitados por la Administración, ejerciendo un papel educativo, asesorando y orientando a los titulares de establecimientos y actividades sobre sus derechos y obligaciones.
Asimismo, contribuyendo a la promoción de buenas prácticas y a la mejora continua del sector. Para ello, los inspectores realizan visitas in situ, levantando actas de inspección en las que se recogen datos identificativos del establecimiento, hechos constatados, posibles infracciones y las sanciones que, en su caso, podrían imponerse. El ejercicio de estas funciones se encuentra regulado por un marco jurídico consolidado, destacando la Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía, el Decreto 144/2003 de la Inspección de Turismo, y la normativa específica sobre planificación y procedimientos de inspección, instrumentos que establecen los requisitos que deben cumplir los inspectores, quienes deben ostentar la condición de agentes de la autoridad, con facultades para requerir documentación, solicitar apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, e incluso, en casos necesarios, actuar en defensa de la legalidad bajo la protección y facultades que les confiere la ley. Asimismo, se establece que la actuación de la inspección debe respetar los derechos y libertades de los interesados, garantizando un proceso justo y transparente. El procedimiento de inspección sigue una planificación previa mediante planes de inspección programada, que aseguran la eficiencia y la legalidad de las actuaciones. Durante las visitas, si los inspectores no encuentran la documentación en el momento, pueden conceder plazos para su entrega o citar a los responsables para comparecer y facilitar la información.
La notificación de las actas de inspección se puede realizar en el mismo acto o en un plazo de diez días hábiles, y estas actas tienen valor probatorio respecto a los hechos constatados de manera personal por el inspector, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las partes interesadas en su defensa. En caso de detectar irregularidades, la Administración puede proceder a requerir la subsanación de las deficiencias y, si procede, iniciar procedimientos sancionadores, que deben seguir las garantías del proceso administrativo, incluyendo la audiencia del interesado y la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones. Es importante señalar que los inspectores de turismo actúan en el ejercicio de sus funciones con respeto y consideración hacia los interesados, y en ocasiones pueden solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar el cumplimiento de sus actuaciones. Asimismo, deben comunicar cualquier hecho que pueda constituir delito o falta penal a las autoridades competentes para que puedan actuar en consecuencia. De esta manera, la inspección de turismo se constituye como un mecanismo de control y un instrumento de protección y mejora del sector turístico, promoviendo un mercado más transparente, equitativo, seguro y sostenible en Andalucía. Fuente de la información: normativa y texto referenciados. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2012). La inspección de turismo. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 19/06/2025.
Una vez más, el foco de la atención pública en mi país se posa sobre la corrupción, esta vez con el mediático caso Koldo acaparando titulares. Las noticias se desglosan en detalles sobre presuntos sobornos, malversación y la figura de quienes supuestamente se dejaron corromper. Es una narrativa familiar, casi un guion preestablecido que se repite con cada nuevo escándalo: se señalan a los intermediarios, a los funcionarios, a los políticos que supuestamente sucumbieron a la tentación del dinero ilegal. Sin embargo, en medio de este clamor, una sombra persistente se cierne sobre la escena: el silencio y la impunidad de los corruptores. La paradoja es sangrante. Mientras se persigue con cierto y presuntamente subjetivo ahínco a uno de los eslabones de la cadena, a aquéllos que aceptaron las "mordidas" o facilitaron los tejemanejes, las empresas que ofrecieron las comisiones, las que idearon las tramas para conseguir contratos o licencias, las que regaron el dinero ilícito, a menudo parecen esfumarse del escrutinio público, o al menos de la condena efectiva.
Y lo más inquietante es que casi siempre son los mismos actores o estructuras corporativas que ya aparecieron en casos de corrupción pasados. Como si el dramatis personae de la ilegalidad tuviera un elenco fijo de entidades que, pase lo que pase, logran surfear la ola de los escándalos, reinventarse y volver a las andadas. Aquí surge la pregunta obligada: ¿de qué sirven entonces los espléndidos órganos de compliance de esas empresas? Esas sofisticadas estructuras, esos códigos éticos relucientes, esas auditorías internas que, se supone, deberían garantizar el cumplimiento normativo y prevenir justamente estos deslices. Parecen meras fachadas, un adorno institucional que se desmorona ante la mínima presión del beneficio ilícito. ¿Es que son ineficaces, son ignorados deliberadamente o, peor aún, son cómplices tácitos de una cultura empresarial que prioriza la ganancia rápida sobre la legalidad? La teoría nos dice que un programa de compliance robusto debería proteger a la empresa de ser utilizada para fines delictivos y, en última instancia, atenuar o eximir su responsabilidad penal.
Pero si las empresas corruptoras se van de rositas una y otra vez, ¿Qué mensaje está enviando la Justicia? Y esto nos lleva directamente a interpelar a los órganos judiciales y a esa judicatura supuestamente experta en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con una legislación cada vez más desarrollada en esta materia, ¿por qué la balanza de la justicia parece inclinarse de forma tan notoria hacia el castigo de los individuos, mientras que la entidad corporativa que se benefició de la corrupción, que probablemente la instigó o la permitió, rara vez recibe el golpe que le corresponde? ¿Dónde está la ejemplaridad en la sanción a la persona jurídica? Es una pregunta que resuena con amargura cada vez que un nuevo caso de corrupción sale a la luz, dejando la sensación de que, al final del día, los corruptores, esos invisibles pero poderosos titiriteros del dinero ilegal, siguen operando con una impunidad desoladora. Y mientras esa dinámica persista, la batalla contra la corrupción estará condenada a ser una lucha con un solo brazo. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
En relación con el texto ¿El interés propio forja el bien común? (M. Velasco, 2025)[1], el amigo Antonio me escribe diciendo que es el marco económico en el que se mueve la política de Trump. Le contesto que no estoy de acuerdo porque pienso que las políticas económicas del presidente Donald Trump, si verdaderamente existen, estarían lejos de enmarcarse en la teoría de Adam Smith o en corrientes económicas posteriores más contemporáneas, navegando más bien y salvando las distancias, por las aguas del mercantilismo, sistema, prevalente en Europa entre los siglos XV y XVIII, anterior a las ideas liberales de Smith y que abogaba por una fuerte intervención estatal. Para entender por qué las políticas de Trump resuenan con el mercantilismo, es necesario comprender sus principios básicos. Para los mercantilistas, la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos (oro y plata) que poseía, lo que llevaba a una obsesión por la balanza comercial. El objetivo primordial era exportar más de lo que se importaba para asegurar una entrada neta de oro y plata al país. Esto, a su vez, implicaba que el Estado debía jugar un papel central para lograr esta balanza, fomentando las exportaciones a través de subsidios a la producción nacional y la búsqueda de mercados externos, y restringiendo las importaciones mediante aranceles, cuotas y otras barreras comerciales (proteccionismo) para proteger la industria doméstica de la competencia extranjera. Esta visión se apoyaba en un fuerte nacionalismo económico, donde la prioridad era el enriquecimiento y el fortalecimiento de la propia nación, a menudo a expensas de otras.
Adam Smith, en su trabajada obra "La Riqueza de las Naciones", criticaba duramente el sistema mercantilista. Su teoría se basaba en principios opuestos al mercantilismo. Para Smith, la verdadera riqueza de una nación no residía en la acumulación de metales, sino en la capacidad productiva de su población y en la división del trabajo, defendiendo que el comercio internacional, sin barreras, beneficiaría a todas las partes, ya que cada país se especializaría en aquello que realmente produce de manera más eficiente y el intercambio de bienes y servicios (guiado por la "mano invisible" del mercado) abocaría a una mayor prosperidad global. En contraposición a la intervención pública, Smith abogaba por un "Estado limitado" que se encargara de la justicia, la defensa y las obras públicas esenciales, pero que permitiera a los mercados operar libremente. Creía que la búsqueda del interés propio individual, en un entorno de competencia, conduciría al bienestar colectivo sin necesidad de una planificación centralizada. Las políticas de Donald Trump durante su presidencia reflejan una clara inclinación hacia el mercantilismo, en contraposición directa a los principios de Smith y a las corrientes económicas globales predominantes desde la Segunda Guerra Mundial. La imposición masiva de aranceles a productos de China, Europa y otros socios comerciales presumiblemente es una de las estrategias centrales de Trump. Su objetivo explícito es reducir el déficit comercial de Estados Unidos, un objetivo puramente mercantilista de favorecer las exportaciones y penalizar las importaciones, incluso a costa de relaciones comerciales internacionales.
Su lema "Make America Great Again" y la política de "America First" tiene toda la pinta de ser un enfoque ultranacionalista de la economía con la finalidad de proteger las industrias y los empleos estadounidenses por encima de todo, incluso si esto implica romper acuerdos comerciales multilaterales o generar fricciones con aliados. Además, dicen que se presiona a empresas estadounidenses para que vuelvan a producir en suelo americano, penalizando a aquéllas con producción deslocalizada, forma de intervención estatal para controlar la ubicación de la producción, algo ajeno al libre flujo de capitales que defiende el liberalismo. Prioriza los acuerdos comerciales bilaterales y utiliza una retórica agresiva contra los "malos acuerdos" o los países que, a su juicio, se están "aprovechando" de EEUU. A diferencia de las corrientes económicas posteriores a Smith, que han explorado desde el keynesianismo[2] hasta el monetarismo o las teorías neoclásicas (con sus matices sobre fallos de mercado y el papel de las instituciones), las políticas de Trump parece que no buscan corregir fallos de mercado con mecanismos sofisticados o promover la eficiencia a través de la desregulación global, sino proteger la producción nacional mediante barreras y una visión transaccional y conflictiva del comercio. En síntesis, mientras Adam Smith abogaba por la libertad y la competencia como motores de prosperidad, parece que las políticas de Trump se apoyan en la coerción, el proteccionismo y una visión de la riqueza como un juego de ¿ganar/perder? entre naciones, muy en línea con los antiguos principios mercantilistas. Presumible viaje al pasado económico con implicaciones muy presentes.
En el fin de semana pasado he estado rehojeando “La mano invisible” (reseñado en M. Velasco, 2013)[1] de A. Smith (1776)[2]. A menudo citado, a veces malinterpretado y pocas veces leído en su contexto original, el concepto "La Mano Invisible" es una de las ideas influyentes en la historia del pensamiento económico y social. Señalar que realmente no es el título de un libro, sino una metáfora central desarrollada por Smith, principalmente en su obra cumbre, "Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones"[3], publicada en 1776. En esencia describe cómo el interés propio individual, cuando opera dentro de un marco de mercados libres y competencia, puede conducir involuntariamente a un beneficio colectivo y social. El economista argumenta que, al buscar cada individuo su propio bien económico (su beneficio personal, la maximización de su riqueza), se ve "guiado por una mano invisible a promover un fin que no formaba parte de su intención". Este "fin" es el bienestar general de la sociedad. Esta metáfora sugiere que no es por la benevolencia del panadero, el cervecero o el carnicero que obtengo la cena, sino por su propio interés en generar un beneficio. Al producir y ofrecer bienes y servicios que la sociedad demanda (y por los que está dispuesta a pagar), los individuos, aunque sólo persigan su ganancia, contribuyen a la satisfacción de las necesidades de otros y al funcionamiento eficiente de la economía. El mercado, con sus mecanismos de precios y competencia, actúa como esa fuerza invisible que coordina estas acciones individuales hacia un resultado beneficioso para todos. La importancia de esta mano reside en su provocación a las teorías económicas de la época[4] y en su defensa de los mercados libres y la mínima intervención gubernamental.
Smith postulaba que la intervención excesiva del Estado podría distorsionar esta coordinación natural y obstaculizar el crecimiento de la riqueza. Su argumento sentó las bases del liberalismo económico y ha sido la piedra angular del capitalismo moderno. Más allá de la economía, el concepto tiene implicaciones filosóficas, sugiriendo una armonía inherente en el sistema social, donde incluso las acciones egoístas pueden tener resultados socialmente deseables bajo las condiciones adecuadas, visión optimista de la capacidad de los mercados para auto-regularse y generar prosperidad. Pero, a pesar de su influencia, "La Mano Invisible" no ha estado exenta de críticas, argumentándose que el modelo de Smith asume condiciones de competencia perfecta y mercados eficientes que rara vez se dan en la realidad. Los fallos de mercado, las externalidades, las desigualdades y las crisis económicas son fenómenos que la "Mano Invisible" a menudo no logra corregir por sí misma, justificando en muchos casos la necesidad de una regulación y una intervención estatal. Algunos críticos también señalan que Smith no idealizaba el egoísmo desmedido y que sus escritos previos, como "La Teoría de los Sentimientos Morales", enfatizaban la importancia de la simpatía y la ética en el comportamiento humano. No obstante, la fuerza de la metáfora y su impacto en la formación del pensamiento económico son innegables, por lo que sigue siendo un punto de partida para entender el funcionamiento de los mercados y el debate perenne sobre el equilibrio entre la libertad individual, la búsqueda del beneficio y el papel del Estado en la economía. Es un concepto que, más de dos siglos después, continúa provocando reflexión y discusión en el análisis de nuestras sociedades. Fuente de la información reseña y texto referenciado.
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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2013). La mano invisible. Sitio book—post. Visitado el 16/06/2025.
[2] Smith. Adam (1776). Adaptación "La mano invisible". Ed. Taurus. 2012.
[3] Comúnmente conocida como La Riqueza de las Naciones.
[4] Como el mercantilismo, que abogaba por una fuerte intervención estatal.
Fuente de la imagen: captura de pantalla perfil investigador, mvc archivo propio
En el dinámico ecosistema de la universidad pública malagueña, mi breve trayectoria como profesor interino (PSI) durante dos cursos universitarios, ha encontrado un camino particularmente gratificante en el ámbito de la investigación aplicada, especialmente a través de los trabajos amparados por la LOSU[1] y los Estatutos de la Universidad de Málaga (UMA), gestionados con el apoyo invaluable de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI-UMA). Consciente, a veces con cierta humildad, de que mi perfil académico quizás no rivaliza con la trayectoria de los brillantes compañeros y compañeras del Departamento de Derecho Público al que estoy adscrito, siempre he buscado contribuir desde una visión práctica y de conexión con el entorno. Recientemente, la perspectiva sobre mi labor como investigador principal cobró un nuevo significado. Un destacado miembro de la comunidad universitaria malagueña, que parece que se ha leído con interés los textos Docencia VS Paper: El Reto (M. Velasco, 2025)[2] y Más Allá de la Disertación supuestamente Magistral (M. Velasco, 2025)[3], y cuya opinión valoro profundamente, puso encima de la mesa mi trabajo de una manera que me emocionó y reafirmó. Sus palabras fueron un eco potente: expresó que si tan solo el 10% de los docentes lograran anualmente suscribir alguno de los tipos de contratos de transferencia que he conseguido, "otro gallo cantaría" y "otro giro se daría", tanto en el ámbito de la investigación como en las finanzas de la UMA.
Aquella apreciación la catalogué no como un simple elogio, sino como la validación de un modelo de contribución que a menudo se subestima en el ámbito puramente académico, mirándome algún que otro docente "por encima del hombro"[4]. Mi trabajo y mi esfuerzo diario se centra en la aplicación directa del conocimiento universitario a necesidades y problemas concretos del tejido económico y social, generando proyectos de transferencia que, además de su valor intrínseco en la resolución de problemas reales, tienen un impacto tangible en los ingresos de la universidad. Es una labor que conecta la teoría con la práctica, transformando la investigación en soluciones y la inversión en retorno, algo esencial en un contexto donde las universidades buscan cada vez más fuentes de financiación diversificadas y un impacto social medible. Las palabras de este miembro de la comunidad universitaria subrayaron la importancia de estas colaboraciones, revelando que la investigación no se limita a las publicaciones de alto impacto en revistas indexadas, sino que se enriquece y se fortalece también con la capacidad de trasladar ese conocimiento a la sociedad, demostrando su utilidad práctica y generando recursos. Esta experiencia refuerza mi convicción en la pertinencia de este tipo de perfil y en la necesidad de seguir impulsando la transferencia del conocimiento como un contrafuerte básico de la misión universitaria. Te dejo enlace[5] al hoy escueto perfil como investigador de la UMA.
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[1] Artículo 60 de la Ley Orgánica 2/2023, del 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU)
[4] En mi país, la expresión "mirar por encima del hombro" se utiliza para describir una actitud de desprecio, superioridad o falta de consideración hacia la otra persona. Implica que alguien se considera mejor o más importante que esa otra persona, mirándola con altivez y desdeñándola.
Con la excusa de la reflexión sobre el complejo entramado de la justificación de subvenciones públicas en mi país (M. Velasco, 2024)[1], expresar que, a menudo, me encuentro inmerso en una dinámica que, a la larga, puede resultar agotadora. Desde mi posición en el staff de la comisión económica de una corporación de derecho público, asesoramiento técnico al amparo del artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y en los Artículos 165 y 166 de los Estatutos de la Universidad de Málaga (OTRI), ayudando técnicamente en la justificación de subvenciones, he sentido una y otra vez la singular sensación de estar inmerso en un debate sin fin con quienes verifican u orientan. La escena es recurrente: ante guías de justificación desactualizadas, opiniones desubicadas, dictámenes provisionales descaminados de entes auditores, órganos fiscales, instancias laborales, asesorías jurídicas o incluso organismos nacionales, nos vemos en la necesidad de argumentar continuamente para convencer y reorientar. No se trata de una simple aclaración, sino de una labor persistente y, a menudo, en un sentido metafórico y, a veces, literal, de "enmendarles la plana" a quienes, por su función, se presumen como la autoridad última en el ámbito de sus especialidades o competencias profesionales. La tarea es la de argumentar técnicamente nuestro criterio administrativo, respaldado por la legalidad, la eficiencia y el conocimiento profundo del contexto en el que operamos. Esta constante necesidad de poner en valor el enfoque desplegado, este tener que desglosar cada normativa, decisión y cada cifra para la comprensión de terceros que, supuestamente, es su función, es un trabajo que, admitámoslo, cansa. Nos obliga a operar en lo que denomino el "tiempo de descuento": ese margen apremiante donde la energía se agota, pero la misión de defender la gestión no cesa. Es una lucha contra el reloj y, en ocasiones, contra inercias arraigadas. Sin embargo, a pesar de la fatiga, no debemos caer en el aburrimiento, sino todo lo contrario: seguir caminando con ánimo, responsabilidad y fortaleza, junto a equipos proactivos.
El panorama lanza un mensaje contundente: soplan tiempos distintos que necesitan soluciones distintas. Los órganos administrativos se transforman a un ritmo vertiginoso, adaptándose a nuevas realidades, tecnologías y demandas sociales, pero no siempre todos los actores de este ecosistema avanzan al mismo paso. El verdadero "problema", en muchos casos, no reside en la gestión interna de la entidad, sino en esos otros órganos de verificadores y de staff que, presumiblemente, se encuentran anquilosados en otros tiempos y en otros modos. Sus marcos de análisis, sus criterios y sus procedimientos no siempre evolucionan al ritmo de las nuevas prácticas y las complejidades de la gestión de estos “tiempos modernos”, insistiendo en aplicar paradigmas que, aunque válidos en su contexto, resultan insuficientes o incluso restrictivos ante la agilidad y la especificidad que exige la realidad hoy. Esta brecha entre agilidad e inercia, gestión y control, es un desafío, sí, pero también una oportunidad. Nos exige una resiliencia inquebrantable y un compromiso aún mayor con la excelencia técnica. Debemos seguir construyendo nuestros argumentos con la solidez del conocimiento y la claridad de la evidencia, siempre, por supuesto, desde el respeto y teniendo presente el ordenamiento jurídico aplicable. Es nuestro deber hacer las cosas bien, pero, también, demostrar que se hacen bien, educando en el proceso a quienes nos supervisan sobre la realidad de una administración en constante evolución. La persistencia en defender con criterio técnico lo ejecutado y justificado, lejos de ser una carga, se convierte en un acto de defensa de la modernidad y la eficiencia. Es un recordatorio de que la inercia puede ser el mayor enemigo del progreso y que nuestra labor, a pesar de llegar a ese “tiempo de descuento", es básica para forjar una organización más ágil, transparente y, en última instancia, más eficaz al servicio de la sociedad. Texto dedicado a Vanessa y a Borja (un placer colaborar con vosotros) y a Juan por su cumple. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
El régimen de autorizaciones (M. Velasco 2007)[1], infracciones (M. Velasco, 2013)[2] y sanciones (M. Velasco, 2013)[3] en el ámbito del derecho administrativo turístico es básico para garantizar el orden, la legalidad y la calidad en la prestación de servicios y actividades turísticas. Desde la etapa previa, la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios se presenta como un requisito indispensable para el desarrollo legal de cualquier actividad del sector. La falta de autorización o su invalidez puede acarrear sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión temporal o definitiva de la actividad, reflejando la importancia que la normativa concede a la observancia de los procedimientos y requisitos establecidos. Las infracciones en el ámbito turístico son variadas, abarcando desde incumplimientos administrativos como no registrar un establecimiento, no cumplir con las normas de higiene o seguridad, hasta conductas que afectan la protección del consumidor, la competencia leal o la calidad del servicio. La calificación de estas conductas como infracción depende en gran medida de su gravedad, sus efectos y la intención o negligencia de quien las comete. Es importante señalar que la ley establece criterios objetivos para la graduación de las sanciones, teniendo en cuenta aspectos como la reincidencia, la gravedad de la infracción, los perjuicios causados y la trascendencia social de la conducta. Las sanciones, que en muchos casos tienen un carácter pecuniario, deben ser proporcionales a la infracción cometida, alineándose siempre con los principios de legalidad y proporcionalidad que rigen en el derecho administrativo. Asimismo, es crucial que las sanciones sean individualizadas y que explícitamente reflejen la gravedad y las circunstancias particulares del caso, para evitar sanciones desproporcionadas o arbitrarias.
La ley también contempla la posibilidad de sancionar conductas en función de su impacto en el sector y en la protección de los derechos de los consumidores, promoviendo así un equilibrio entre la sanción ejemplar y la protección de los derechos del infractor. En cuanto a las funciones del órgano inspector, estas van desde verificar el cumplimiento normativo, solicitar documentación y acceder a los establecimientos, hasta elaborar actas que recogen los hechos constatados y las infracciones presuntas. Estas actas son instrumentos esenciales y contienen datos identificativos, detalles del incumplimiento y la expresión de la infracción, sirviendo como base para la imposición o impugnación de sanciones posteriores. Asimismo, la ley prevé mecanismos de instrucción que permiten a los responsables subsanar determinadas irregularidades durante la tramitación del procedimiento, facilitando la correcta aplicación del régimen sancionador. El ejercicio de esta potestad sancionadora debe respetar siempre los principios constitucionales y legales, garantizando el derecho a la defensa, la publicidad y la participación en el procedimiento. Los responsables tienen la posibilidad de presentar alegaciones, aportar pruebas e impugnar las resoluciones sancionadoras ante los órganos correspondientes y, en última instancia, ante los tribunales de justicia. La finalidad de este sistema no es solo coactiva, sino también preventiva, buscando promover un sector turístico moderno, seguro y respetuoso con las normas. En conclusión, el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en el sector turístico funciona como un sistema equilibrado que favorece el cumplimiento normativo, protege los derechos de los viajeros y mantiene la confianza en el mercado turístico. Fuente de la imagen: esquema desarrollado en la clase de Derecho Administrativo Turístico (DAT).
En un mundo empresarial cada vez más interconectado y exigente, los modelos tradicionales de gestión financiera, a menudo aislados y dependientes de procesos manuales, se quedan cortos. La contabilidad, esa disciplina fundamental para la salud de cualquier organización, ha evolucionado para abrazar un paradigma que promueve la sinergia y la transparencia: la contabilidad colaborativa (M. Velasco, 2014)[1]. Lejos de ser una mera tendencia tecnológica, se trata de una filosofía de trabajo que transforma la gestión financiera en un esfuerzo conjunto, en tiempo real, entre todos los actores implicados. Pero ¿Qué es la Contabilidad Colaborativa? Básicamente es un enfoque organizativo que aprovecha las herramientas digitales y las plataformas en la nube para permitir que múltiples usuarios, con roles y permisos definidos, accedan y trabajen simultáneamente sobre la información financiera de una entidad, rompiendo con las situaciones tradicionales donde el departamento de contabilidad operaba de forma independiente, o donde la información se actualizaba con un desfase temporal considerable. En esencia, se trata de construir un entorno donde la entrada de datos, la revisión, el análisis y la toma de decisiones financieras no son la prerrogativa exclusiva de unos pocos, sino un proceso compartido y en constante actualización. El objetivo es claro: democratizar el acceso a la información financiera relevante y asegurar que cada persona involucrada en un proyecto o en la gestión de una empresa disponga de la visión contable necesaria para un desempeño óptimo. Las ventajas de adoptar un modelo de contabilidad colaborativa son múltiples y significativas: Información en tiempo real, eliminándose los retrasos en la actualización de datos y donde las transacciones, los gastos, los ingresos… todo se registra y refleja casi instantáneamente, lo que permite una toma de decisiones más ágil y fundamentada; mayor precisión y menos errores, al permitir que diferentes ojos revisen y validen la información desde el origen, reduciéndose las posibilidades de errores y discrepancias, mientras que la trazabilidad de cada acción mejora la calidad de los datos; optimización de recursos y procesos, eliminándose tareas redundantes y agilizándose flujos de trabajo, generando menos tiempo dedicado a la reconciliación de datos y más a su análisis estratégico; transparencia mejorada, donde todos los usuarios autorizados tienen acceso a la misma versión de la verdad financiera[2]; y mejor Relación con Clientes y Stakeholders[3].
A continuación, te voy a poner dos ejemplos que he vivido de cerca. El primero trata de la experiencia en el periodo en el que trabajé en un bufete de economistas y abogados. Era una firma donde la complejidad de los casos de los clientes, a menudo con implicaciones legales y económicas entrelazadas (como reestructuraciones empresariales, fusiones y adquisiciones, o litigios económicos), exigía una coordinación impecable entre ambos departamentos. En el modelo tradicional, el equipo de abogacía podía avanzar en una fase de un litigio, mientras que el equipo de economía y contabilidad trabajaba en la valoración de daños o en el análisis de estados financieros de forma paralela, a menudo con intercambios de documentos vía email o reuniones programadas que ralentizaban el flujo de información crítica. Los datos financieros decisivos para un argumento legal podían no estar actualizados al instante o una proyección económica podía basarse en cifras que el equipo legal ya había modificado. Cuando se implementó un sistema de contabilidad colaborativa, la dinámica cambió absolutamente. Utilizamos una plataforma en la nube que permitía a los economistas cargar y actualizar proyecciones financieras, balances y análisis de flujo de caja en tiempo real. Los abogados, a su vez, podían acceder a esta información de inmediato, visualizarla a través de paneles personalizados y, en algunos casos, incluso introducir datos preliminares de gastos o ingresos que el cliente les había proporcionado en una reunión. La sinergia era palpable. Los abogados podían preparar sus alegatos con la certeza de que los datos económicos más recientes estaban integrados. Los economistas, al ver las actualizaciones legales, podían ajustar sus modelos con una agilidad sin precedentes. Si surgía una nueva evidencia financiera en un litigio, el equipo legal estaba informado en minutos, no en horas o días. Las reuniones se volvieron más estratégicas, menos dedicadas a la puesta en común de datos y más a la discusión de acciones futuras. Se reducían los errores de transcripción y se aseguraba que todos trabajaban con la misma versión de la información, fortaleciendo la coherencia de nuestras estrategias y, en última instancia, el éxito de los casos de nuestros clientes. Aquella experiencia fue un testimonio de cómo la colaboración, aplicada a la contabilidad mejoraba la eficiencia interna a la par que generaba un valor añadido tangible para el servicio que ofrecíamos.
Otro caso ilustrativo en el ámbito de las corporaciones de derecho público lo encontramos en los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, entidades que supervisan y controlan la producción y comercialización de productos protegidos (como vinos, aceites o quesos) para garantizar su calidad y procedencia. Sus miembros, que son los productores y comercializadores asociados, deben realizar periódicamente declaraciones de producción y de existencias. En un sistema de contabilidad colaborativa, cada miembro incorporaría telemáticamente sus declaraciones de producción y comercialización en una plataforma unificada. El sistema recopilaría estos datos y, de manera automática, realizaría las liquidaciones de las cuotas correspondientes que cada operador debe abonar al Consejo Regulador, proponiendo directamente el pago. Esto transformaría radicalmente la gestión administrativa del Consejo, beneficiándose éste enormemente de esa trazabilidad y gestión automatizada. Obtendría una visión en tiempo real de la producción y comercialización de la Denominación de Origen, con datos actualizados y verificados. Su personal ya no tendría que introducir manualmente estas declaraciones en sistemas contables internos ni realizar los complejos cálculos de liquidación. En su lugar, podrían centrarse en la revisión del procedimiento técnico de declaración, supervisando que las incorporaciones de datos sean correctas y que las liquidaciones automáticas se ajusten a la normativa. El sistema generaría la contabilidad de manera autónoma, integrando los ingresos de las cuotas y permitiendo al Consejo centrarse en sus funciones de control y promoción de la Denominación de Origen, optimizando recursos y minimizando errores manuales. Ciertamente, la implementación de la contabilidad colaborativa no está exenta de retos, requiriendo una inversión inicial en plataformas y formación, la definición de roles y permisos claros, y un cambio cultural hacia una mayor transparencia y confianza. Sin embargo, los beneficios a largo plazo, en términos de eficiencia operativa, precisión financiera y, sobre todo, la capacidad de tomar decisiones ágiles y bien informadas, la convierten en una estrategia indispensable en el panorama empresarial contemporáneo. La contabilidad ya no es un fin en sí misma, sino un potente catalizador de la colaboración y el éxito y puente hacia la eficiencia y la transparencia. Y recuerda: "El rey contable ha muerto. Viva el rey cuántico" (M. Velasco, 2020)[4].
[2] Fomentando la confianza y la alineación de objetivos.
[3] En el caso de despachos profesionales, permite una comunicación más fluida con los clientes, que pueden tener acceso a sus propios informes o aportar documentación de forma directa y segura.
Corregir exámenes podría ser para cualquier docente una tarea mas bien rutinaria, a menudo teñida de la objetividad y el rigor académico, pero no lo es, al menos para mí. La acometo con tensión y compromiso. La experiencia evaluando pruebas universitarias en la tarde del martes me recordó la profunda humanidad que subyace en la relación entre docente y alumno o alumna, incluso en el formal ambiente universitario. Al llegar al final de uno de los exámenes de la primera convocatoria, un párrafo inesperado me detuvo, me conmovió y, debo admitirlo, me emocionó sobremanera. El mensaje, que, obviamente, no puedo transcribir, básicamente recogía una sincera disculpa, por no haber estado a la altura de las circunstancias, y un compromiso para afrontar con éxito la venidera segunda convocatoria, dentro de unas semanas. A lo largo de los dos cursos universitarios en los que he tenido el privilegio de trabajar como profesor sustituto interino (PSI) en la Universidad de Málaga —impartiendo asignaturas tan diversas como Derecho Administrativo Parte Especial en la Facultad de Derecho, Derecho Administrativo Turístico en la Facultad de Turismo o Administración y Legislación Ambiental en la Facultad de Ciencias—, he recibido comentarios y correos electrónicos.Todos los guardo con cariño en mi corazón y en los archivos documentales. Sin embargo, jamás, en todo este tiempo, había recibido un mensaje de esta naturaleza. Lo que hace este recado tan particular es la inusitada confianza, sinceridad y cercanía que demostró la persona que lo escribió. En un contexto donde la relación suele ser asimétrica y formal, este estudiante se atrevió a bajar la guardia, a mostrar inmediación y a expresar una contrición genuina por no haber rendido como esperaba.
No se justificó, no buscó excusas, asumió su responsabilidad y manifestó una promesa de esfuerzo futuro dirigida directamente a quien tenía la misión de evaluarle. Este acto de apertura es un recordatorio poderoso de que, más allá de los contenidos programáticos y las notas, en el aula se tejen relaciones humanas. El alumno, la alumna, ve un evaluador, una evaluadora, pero, también, una persona que le brinda oportunidades, que confía en su potencial y a quien no quiere "decepcionar". Esa nota al final de un examen fallido era un acto de conexión, un reconocimiento del vínculo pedagógico-humano. Mi emoción al leerla fue instantánea y profunda, punzada de honestidad y confirmación de que, incluso en un sistema que a veces parece deshumanizar, el contacto directo, el esfuerzo por ayudar y la vocación de guía sí generan un impacto. Este mensaje, que ahora atesoro con especial significado, es un faro que ilumina el camino que debo seguir transitando, recordatorio palpable de que, si la vida me brinda en un futuro nuevamente la oportunidad de ser docente universitario, debo seguir esforzándome incansablemente por el alumnado, reafirmándome en la convicción de que cada compendio, cada recurso pedagógico adicional, cada tutoría y cada palabra de aliento, por pequeña que parezca, contribuye a construir esa confianza y esa cercanía que, en última instancia, son el verdadero motor del aprendizaje y del crecimiento personal. Más que una disculpa por un examen; el mensaje es una lección de vida y un testamento[1] al poder de la honestidad. Y para mí, como docente, es la confirmación más valiosa de que el impacto de la labor trasciende las calificaciones y se anida en el corazón y la consciencia de los actores: alumnado y docente.
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[1] Prueba, un testimonio, una manifestación o una demostración duradera y contundente del poder de la honestidad.
A la vista de lo que sucede en la política a nivel global, con un preocupante avance de los extremismos, se hace imperativo reflexionar sobre los cimientos mismos de la convivencia: la democracia y su antítesis, el autoritarismo. En un panorama donde las certezas se difuminan y las libertades parecen ponerse en entredicho, es básico recordar una verdad inmutable: el autoritarismo, bajo ninguna circunstancia, es democracia. Su avance la pone en peligro y mina los valores que sostienen las sociedades libres. Y es que la democracia es mucho más que un mero sistema de gobierno; es una filosofía de vida, un compromiso con la dignidad humana y un entramado de valores que garantizan la coexistencia pacífica y justa. En su corazón reside la soberanía popular, la idea de que el poder emana del pueblo y reside en él, manifestándose a través de elecciones libres y justas, donde cada voz cuenta y el disenso es tolerado y valorado como motor de progreso. Asimismo, los pilares de la democracia son innegociables: el Estado de Derecho, que garantiza que nadie está por encima de la ley; la separación de poderes, que establece contrapesos para evitar la concentración de autoridad; el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales[1]; la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de los gobernantes. La democracia es un diálogo constante, una búsqueda de consensos, un espacio para la diversidad y el debate constructivo. Es un sistema imperfecto, sí, pero su grandeza radica en su capacidad de autocrítica y mejora continua. Por el contrario, el autoritarismo es la negación misma de estos principios, caracterizándose por la concentración de poder en una sola persona o un grupo reducido, sin mecanismos efectivos de control o contrapeso. La voluntad del líder, o de la élite gobernante, se impone sobre la ley y la voluntad popular. En los regímenes autoritarios, las libertades individuales se restringen severamente. La disidencia es acallada, la prensa es controlada o suprimida, las elecciones (si es que existen) son meras fachadas sin garantías, y los derechos humanos son violados impunemente. La transparencia brilla por su ausencia, y la rendición de cuentas es una quimera. A menudo, el autoritarismo se alimenta de la polarización, del miedo al "otro" y de narrativas que demonizan a los oponentes, construyendo muros en lugar de puentes.
El objetivo del autoritarismo no es gobernar con el pueblo - demo kratos = el poder del pueblo (M. Velasco, 2025)[2], sino gobernar sobre el pueblo, utilizando la coerción y la propaganda como herramientas principales. Resulta alarmante observar cómo, en los últimos años, las tendencias autoritarias están ganando terreno a nivel global, incluso en democracias consolidadas, avance que no siempre se manifiesta a través de golpes de estado o revoluciones violentas; a menudo, es un proceso gradual, una erosión silenciosa que mina las instituciones democráticas desde dentro, presentándose bajo diversas formas: la polarización extrema que paraliza el diálogo y fomenta la intolerancia; la manipulación de la información y la propagación de fake news que socavan la confianza en los medios y la verdad; la instrumentalización de la justicia para perseguir a oponentes políticos; la represión de la protesta social y la limitación de la libertad de expresión; y el ataque a las instituciones independientes que actúan como guardianes de la democracia. Este resurgimiento del autoritarismo es una amenaza directa para la paz, la estabilidad y el desarrollo humano, poniendo en jaque los consensos mínimos que permiten la convivencia, reduciendo la capacidad de las sociedades para afrontar retos complejos y, en última instancia, empobreciendo la vida de la ciudadanía al privarla de voz, elección y derechos. Ante este panorama, la defensa de la democracia no es una tarea exclusiva de los políticos o las instituciones; es una responsabilidad colectiva. Requiere una vigilancia constante, una ciudadanía crítica y comprometida, dispuesta a defender sus libertades y a participar activamente en la vida pública. Por tanto, es básico educar en los valores democráticos, promover el pensamiento crítico, fomentar el diálogo respetuoso y fortalecer los lazos de cohesión social. De esta forma se podrán construir sociedades más resilientes frente a las sirenas del autoritarismo, recordando siempre que la democracia, aunque a veces ruidosa y compleja, es el único sistema que permite ser verdaderamente libres. Recuerda, no es una guerra entre conservadurismo y progresismo, no es un conflicto entre derecha e izquierda, es un enfrentamiento desgarrador entre autoritarismo y democracia: Es perentorio que elijas bando y luches. Fuente de las imágenes: mvc archivo propio.
Hubo un tiempo[1] en que la justicia se vestía de arbitrariedad y el castigo se teñía de una crueldad que hoy nos estremece. En ese escenario, donde el poder solía dictar sentencia sin mesura y la tortura era un método aceptado para arrancar confesiones, emergió una voz que, por su valentía, prefirió el anonimato. Era 1764, y el mundo recibía "De los delitos y de las penas" (reseñado por M. Velasco, 2009)[2] de C. Beccaria (1764)[3], una obra que, a pesar de su discreta aparición, resonaría como un trueno en los cimientos del derecho penal. Y es que Beccaria, con una lucidez asombrosa para su época, señaló los fallos y propuso una revolución en el pensamiento jurídico, alzándose su pluma con firmeza contra la pena de muerte, calificándola de práctica ineficaz y profundamente inhumana, un residuo de barbarie que no tenía cabida en una sociedad civilizada. De igual modo, desenmascaró la falacia de la tortura, revelando su ineficacia para obtener la verdad y su intrínseca aberración moral[4]. En el corazón de su propuesta latía la idea de la proporcionalidad de las penas. Beccaria clamaba por un sistema donde el castigo se ajustara milimétricamente a la gravedad del delito cometido, desterrando la desmesura y la arbitrariedad que tanto desfiguraban la administración de justicia, no siendo concebible que la misma ofensa recibiera condenas radicalmente distintas según el capricho o el criterio de un juez.
Pero su visión iba más allá del castigo, debido a que fue un ferviente defensor de los derechos del acusado, abogando por un proceso donde la persona señalada tuviera plenas garantías de defensa, donde la justicia operara con imparcialidad y su desarrollo fuera transparente, lejos de los oscuros laberintos de los juicios secretos y donde la presunción de inocencia, aunque no formulada con la precisión actual, era un espíritu que impregnaba su pensamiento. Un contrafuerte básico de su propuesta era la importancia de la ley escrita y clara, sin recovecos, puesto que para el autor el ordenamiento jurídico aplicable no podía ser un terreno fértil para la interpretación caprichosa, sino un faro, nítido y accesible para todas las personas, de modo que cada ciudadano, cada ciudadana, supiera qué acciones eran delito y cuáles serían sus consecuencias. Solo una ley así, publicada y entendible, podía asegurar la equidad y prevenir la tiranía judicial. Detrás de cada pena, Beccaria veía una finalidad trascendente: la disuasión. El castigo no debía ser un acto de venganza, sino una herramienta para persuadir a otros de no cometer delitos y su eficacia no radicaba en su brutalidad, sino en su celeridad y certidumbre. Una pena moderada, pero inevitable, era para él mucho más poderosa que una cruel e incierta. Y en esta cruzada por una justicia más humana, Beccaria entendió el poder de la opinión pública.
Beccaria convocó a la sociedad a ser parte activa del proceso judicial, a estar informada y a participar, ejerciendo de esta forma un control social sobre el poder judicial que reforzara la transparencia y la imparcialidad. La resonancia de la obra de Beccaria fue inmediata y, afortunadamente, encontró un poderoso aliado en la figura de Voltaire. El célebre intelectual de la Ilustración abrazó las ideas del joven pensador italiano y las amplificó con su agudeza y su vasto alcance, dedicando un famoso comentario que sirvió para enfatizar y difundir aún más los argumentos de Beccaria. Voltaire, con su incisiva crítica a las injusticias de su tiempo, encontró en "De los delitos y de las penas" un eco a sus propias luchas. El impacto de esta obra fue, sencillamente, revolucionario, sentando las bases para el derecho penal moderno e influyendo de manera decisiva en movimientos y reformas legales por toda Europa y América. Su legado se materializa en la abolición de la pena de muerte y la tortura en un sinfín de países, así como en la promoción incansable de los derechos de los acusados. El "De los delitos y de las penas" de Cesare Beccaria, iluminado por el apoyo de Voltaire fue un grito por la humanidad en la justicia, una semilla que germinó en la conciencia colectiva y transformó para siempre la forma en que las sociedades conciben el crimen y el castigo. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
Semana un tanto ajustada en lo docente e investigador, por lo que el sábado incurrí en el pecado del egoísmo (que no sé si existe) y me di un homenaje a base de Cepas Viejas Godello (M. Velasco, 2024)[1], obsequio de Paco (Gracias, amigo) y procedente de Viñedos y Bodegas Dominio de Tares, S.A, vino blanco que encarna la esencia de su lugar de origen: el Bierzo Alto en el noroeste de España. Esta comarca, perteneciente a la Denominación de Origen (D.O.) Bierzo, se caracteriza por su orografía de pendientes pronunciadas y una altitud que alcanza hasta los 700 metros sobre el nivel del mar. El clima es Atlántico-continental en altura y los suelos son una mezcla de arcilla, caliza, pizarra y esquistos.
La viticultura para este vino se centra exclusivamente en la variedad Godello, cubriendo el 100% de la composición, con vides notablemente viejas. Visualmente presenta un color dorado brillante que deja una gran cantidad de lágrimas en la copa. En nariz, es intenso y complejo, con notas de cítricos, pastel de manzana, flor de sauco y almendra fresca. En boca, muestra una gran estructura, una acidez refrescante y una textura cremosa, culminando en un complejo post-gusto de cítricos y frutos secos tostados. Para su disfrute óptimo, se recomienda maridarlo con pescados al horno, carnes blancas, pastas rellenas y risottos. Fuente de la información: experiencia propia y sitio vinopost.
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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2024). Cepas Viejas Godello. Sitio vinopost. Visitado el 08/06/2025.
