Compliance Penal en Ecuador: Retos y Oportunidades

Fuente de la imagen: mvc; captura de pantalla del Portal de la Investigación

En “El deporte nacional de no citar fuentes” (M. Velasco, 2019)[1], te trasladaba el descubrimiento de referencias “al otro lado del Charco” de algunos de los textos publicados en este sitio[2]. Pues bien, vía el perfil de investigador, disponible en el Portal de la Investigación, en el que la Universidad de Málaga me ha dado de alta y en el que poco a poco voy incorporando aquellas publicaciones que reúnen los requisitos de ese repositorio digital[3], comienzo a detectar referencias a esos textos por parte de miembros de comunidades universitarias, como, por ejemplo, la que hace G. Y. Suqui (2021)[4], del libro Compliance Penal (M. Velasco, 2018)[5], en su tesis doctoral “Sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en Ecuador”, en el marco del Programa Oficial de Doctorado en Derecho de la Universidad de la Coruña. Si eres follower de este sitio, conoces la curiosidad que me mueve, así que en la tarde del miércoles estuve hojeando el trabajo de Suqui, que te recomiendo si te interesa el compliance, en general, y en el ámbito territorial del Ecuador, en específico. Para el ya doctor, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador cobra relevancia en la discusión legal contemporánea. Con la implementación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se procura establecer un marco normativo que sancione debidamente a las personas jurídicas por conductas delictivas que se cometen en su nombre. 

La tesis tiene como objetivo analizar esta temática desde un enfoque crítico. El COIP establece que los sujetos jurídicos pueden ser considerados responsables penalmente, lo que implica que pueden enfrentar sanciones por actos delictivos. Sin embargo, existen preocupaciones acerca de la ambigüedad en la redacción de algunas disposiciones, las cuales pueden generar confusión en su aplicación. Por ejemplo, el artículo que se refiere a la colaboración de los sujetos en las investigaciones puede resultar poco claro respecto a las expectativas en cuanto a la implementación de programas de cumplimiento normativo. Asimismo, las sanciones que se imponen deben ser revisadas críticamente. Si bien el COIP contempla diferentes tipos de sanciones, es fundamental reflexionar sobre si éstas realmente cumplen con los objetivos de prevención y reintegración que se propugnan en el ordenamiento jurídico. La falta de claridad en la categorización de las sanciones puede llevar a que no se apliquen de manera efectiva, generando desconfianza en el sistema penal. En lo que respecta a los agravantes y atenuantes en la responsabilidad penal, es esencial que la legislación sea precisa para evitar interpretaciones erróneas. La reincidencia o la utilización de otras entidades para la comisión de delitos son aspectos que requieren una regulación más clara, de modo que se garantice la justicia y la equidad en la aplicación de las leyes.

La promoción de programas de cumplimiento es un aspecto primordial en la prevención de conductas delictivas en los sujetos jurídicos. Estos programas deberían actuar como un mecanismo de defensa ante posibles infracciones y podrían ser considerados como atenuantes a la hora de evaluar la responsabilidad penal. Fomentar la implementación de normas de cumplimiento dentro de las organizaciones contribuiría a crear un ambiente empresarial más ético y comprometido con la legalidad. En conclusión, según el doctorando, el compliance penal en Ecuador requiere una revisión crítica y propositiva, siendo necesario avanzar hacia un marco legal que contemple de manera efectiva la responsabilidad y el cumplimiento normativo, promoviendo una cultura de legalidad en el ámbito empresarial. Este enfoque garantizaría la integridad del sistema penal a la vez que contribuiría al bienestar de la sociedad en su conjunto. Se insta a las organizaciones a jugar un papel activo en la creación, por ejemplo, de espacios laborales inclusivos y responsables, asegurando que su funcionamiento se alinee con los principios de ética y legalidad. A través de estos esfuerzos se podrá aspirar a un futuro más justo y equitativo en el contexto jurídico y social del país. Fuente de la información: Reseña realizada a partir del contenido de la Tesis Doctoral de G. Y. Suqui, referenciada. Fuente de la imagen: captura de pantalla del sitio Portal de la Investigación.

________________________

[1] Velasco-Carretero, Manuel (2019). El deporte nacional de no citar fuentes. Sitio visitado el 06/03/2025.

[2] En Tatiana Maribel Pozo Quelal. “La aplicación del principio de proporcionalidad de la pena en los delitos contra el medio ambiente y la naturaleza, tipificados en el Código Orgánico Integral Penal”, Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes, Tulcán, 2017). Si quieres acceder al trabajo, clickea AQUÍ, cortesía de Uniandes.

[3] Cuando en un futuro acepten las publicaciones de textos técnicos en blogs, seguramente reventaré el sistema.

[4] Suqui Romero, Gabriel Yovany. Sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en Ecuador. Tesis Doctoral dirigida por D. Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín y tutorizada por Dña. Ana María Neira Pena. Universidade Da Coruña. Sitio visitado el 06/03/2025.

[5] Velasco-Carretero, Manuel (2018). Negocio editorial al otro lado del Charco. Sitio visitado el 06/03/2018.