martes, 3 de marzo de 2020

El derecho a comprender el lenguaje jurídico

Fuente de la imagen: MarCuesBo en pixabay
Si eres follower de este sitio, conocerás de sobra mi interés por la expresión y la comunicación en general y por la argumentación y la oralidad en temas jurídicos, perenne asignatura que intento aprobar. Textos como “Sobre oratoria y negociación” , “A improvisar toca”, “Como un cubo de rubik”, “El valor de la norma”, “Técnicas básicas”, “Recursos retóricos”, “Lógica y racionalidad de la ponderación” o ¿Tecnolecto o ininteligible?, son prueba de ello. Por ejemplo, en ¿Menos presunción y más agresión? referenciaba la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, en su momento promovida por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España (MJ), que en su estudio “Lenguaje Jurídico en los Medios”[1] y en relación al uso de “presunto”, apuntaba que “la mayoría de las noticias acuden a la fórmula presunto autor[2] en la creencia de que con ese recurso satisfacen la exigencia de respetar la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, se cubren ante eventuales demandas o querellas promovidas por los aludidos. La aceptación del término presunto ha sido tal que su uso no es sólo común en los medios de comunicación sino que lo encontramos incluso en resoluciones judiciales”. Más adelante, la Comisión llamaba “la atención sobre el hecho de que, desde el punto de vista de su significado jurídico, es del todo inadecuado calificar de “presunta” la autoría de un delito no enjuiciado. Ello es así porque, en el Derecho, lo que se presume es la inocencia y no la culpabilidad. Se produce, de este modo, la paradoja de que un término jurídico que debería afianzar el derecho del encausado a que se le considere inocente conduce al significado contrario: la expresión “presunto autor del delito” lo que presume es la culpabilidad. Desde una perspectiva jurídica, es incorrecto aplicar el término “presunto” a cualquier otra realidad que no sea la inocencia del encausado”. 

Pues bien, refresco los apuntes anteriores porque recientemente el titular del MJ, durante su participación en las jornadas sobre lenguaje jurídico organizadas por el Colegio de Registradores de España, se ha comprometido a retomar "con determinación e inmediatez" el trabajo realizado por la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico[3], que ya avanzó hace unas semanas en la presentación de las líneas del Plan de Justicia 2030 para la transformación del servicio público. Para el MJ, "la modernización de la Justicia exige una adaptación del lenguaje jurídico para romper los muros que la separan de la ciudadanía", En relación al binomio Justicia-Ciudadanía, entiende el MJ que "una justicia eficaz, equivale a una ciudadanía convertida en protagonista y centro de la actividad económica y social; y una ciudadanía fuerte genera necesariamente, una justicia cada vez más eficiente". Decidido a que el lenguaje no se convierta en un límite, el MJ reivindica "la comunicación como un bien público", sosteniendo que "debe estar a disposición de todos, ser universal y accesible". "La claridad de la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho incrementa la seguridad jurídica, permite que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, sepan cómo y ante quién hacerlos valer e incrementa la confianza y participación en las instituciones". Finalmente, sobre el derecho a comprender, reiteración de la exigencia de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de 2002 reconociendo que "muchos de los derechos ahí reconocidos son, hoy por hoy, meras aspiraciones". "Eso ocurre con el derecho a comprender, hasta ahora solo aparece expresado en una Ley”. Fuente de la información: MJ. Fuente de la imagen: MarCuesBo en pixabay. 
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[1] Estudio de Campo: “Lenguaje Jurídico en los Medios”. http://lenguajeadministrativo.com/wp-content/uploads/2015/10/CMLJ-Lenguaje-en-los-medios.pdf Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, promovida por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Última vez visitado: 03/03/2020. 
[2] De tal o cual delito.
[3] Dicho trabajo ya se impulsó en 2011 durante su etapa como secretario de Estado y cuyas conclusiones apenas tuvieron desarrollo tras el cambio de Gobierno.