Descubre el Tesoro de la Información Pública

Fuente de la imagen: Más bolos que la Piquer (M. Velasco, 2021)

La posibilidad de que cualquier persona o empresa pueda usar la información que generan las instituciones públicas es básica para la sociedad española. Imagina la cantidad de datos que produce el gobierno, desde estadísticas económicas hasta mapas geográficos o datos meteorológicos. Toda esta información del sector público tiene un gran potencial, tanto para aumentar la transparencia y la participación ciudadana, como para impulsar el crecimiento económico y la creación de nuevos negocios y empleos. Por ejemplo, una empresa podría desarrollar una aplicación móvil innovadora utilizando datos públicos de transporte o de turismo. Con la finalidad de aprovechar este potencial, se estableció un marco legal, principalmente a través de la Ley 37/2007 sobre la reutilización de la información del sector público, y posteriormente desarrollado por el Real Decreto 1495/2011 para el ámbito estatal (M. Velasco, 2012)[1]. Estas normativas buscan que la información pública se ponga a disposición de todos bajo condiciones claras, justas y no discriminatorias, fomentando la libre competencia. Ahora bien, cuando hablamos de "documentos" en este contexto, nos referimos a cualquier tipo de información, sin importar su formato, ya sea escrita en papel, digital, sonora o visual, incluyendo los datos más detallados y sus metadatos (información sobre la información). Esto incluye una vasta gama de datos de interés como información social, económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística, sobre empresas, patentes y educación.

Pero seguro que te surge en la mente la siguiente pregunta ¿Quién puede reutilizar esta información? Pues es fácil contestar: cualquier persona física o jurídica, es decir, tanto la ciudadanía como las empresas pueden hacerlo bien para fines comerciales o no comerciales. Y ¿Quiénes son los encargados de ponerla en circulación? Los encargados de ponerla a disposición son las diferentes administraciones públicas (AAPP): la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas (CCAA), las entidades locales (EELL), así como diversos organismos y entidades del sector público institucional, e, incluso, algunas sociedades mercantiles públicas que operan en sectores específicos. No obstante, ten en cuenta que no toda la información puede ser reutilizada. Hay ciertas excepciones para proteger intereses importantes. Por ejemplo, no se pueden reutilizar documentos que afecten la defensa nacional, la seguridad del Estado o la seguridad pública, ni aquéllos que contengan secretos comerciales o profesionales. Tampoco la información sujeta a derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, como las patentes o marcas registradas de otras empresas. Es necesario destacar que los documentos que contienen datos personales solo pueden ser reutilizados si se someten a un proceso de anonimización, es decir, si se transforman para que no se puedan asociar a ninguna persona identificada o identificable. En otras palabras, la ley busca un equilibrio entre la apertura de datos y la protección de la privacidad y otros derechos.

Para facilitar la reutilización, las entidades públicas deben esforzarse por ofrecer sus documentos por medios electrónicos, en formatos abiertos, accesibles y legibles por máquina, y con el mayor nivel de detalle posible[2]. Asimismo, se promueve la creación de catálogos de información pública reutilizable que funcionen como puntos únicos de acceso, donde los usuarios puedan encontrar fácilmente lo que buscan. Los datos dinámicos, como la información de tráfico en tiempo real, deben ponerse a disposición de forma inmediata a través de interfaces de programación de aplicaciones (APIs). En cuanto a las condiciones de reutilización, la norma general es que la información sea gratuita. Aunque en algunos casos se puede aplicar una tarifa, ésta debe limitarse a cubrir los costes marginales de reproducción, difusión o, por ejemplo, la anonimización de datos personales. Las bibliotecas, museos y archivos también pueden aplicar tarifas para cubrir sus costes de conservación y compensación de derechos, pero siempre de forma razonable. Es un principio clave que los conjuntos de datos de alto valor, aquéllos que tienen un gran potencial para generar beneficios socioeconómicos y medioambientales, así como los datos de investigación financiados públicamente, sean gratuitos en la mayoría de los casos. Aun cuando la información se facilite de forma gratuita, existen condiciones generales que deben respetarse. Por ejemplo, no se debe alterar el contenido de la información ni desnaturalizar su sentido, es decir, no se puede tergiversar. 

Siempre es obligatorio citar la fuente de los documentos y, si está disponible, mencionar la fecha de su última actualización. Igualmente, se prohíbe dar a entender de cualquier manera que la institución pública que facilita la información patrocina o apoya la reutilización que se hace de ella. Generalmente, no se pueden conceder derechos exclusivos sobre la reutilización de documentos públicos, lo que significa que la información debe estar disponible para todos los posibles interesados, incluso si ya hay alguien que la esté usando para crear productos o servicios. Solamente en casos muy excepcionales, como la prestación de un servicio de interés público o la digitalización de recursos culturales, se podrían permitir acuerdos exclusivos, y siempre con límites de tiempo y con la obligación de hacerlos públicos. Recuerda que la persona o entidad que reutiliza la información lo hace bajo su propia responsabilidad. Esto representa que los organismos públicos no son responsables del uso que se le dé a su información ni de los daños o pérdidas económicas que puedan derivarse de ella. De hecho, el mal uso de la información reutilizada puede conllevar sanciones, que van desde multas económicas hasta la prohibición de reutilizar documentos durante un tiempo determinado[3]. Concluyendo, la finalidad de toda esta regulación es fomentar la apertura y el acceso a la vasta riqueza de información del sector público, convirtiéndola en un motor de innovación y transparencia, pero siempre con respeto a los derechos y la privacidad de las personas.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2012). Reutilización de la Información del Sector Público español. Sitio Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Visitado el 16/1/2026.

[2] Por ejemplo, en lugar de un PDF, se prefiere un archivo de datos que una aplicación pueda leer y procesar automáticamente. 

[3] Por ejemplo, alterar gravemente el contenido de la información o reutilizarla sin la licencia necesaria son infracciones que acarrean consecuencias.