Sociedades: El Tablero Fiscal de Juego

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El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un tributo importante para el Estado español, que busca que las personas jurídicas contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. La Ley 27/2014, junto con su reglamento, el Real Decreto 634/2015 (M. Velasco, 2016)[1], trajo consigo una revisión de esta figura impositiva con el objetivo de modernizar el sector empresarial y aumentar su competitividad. La estructura básica se mantuvo: la base sobre la que se calcula el impuesto sigue partiendo de las cuentas y resultados de la empresa[2] y se corrige aplicando las normas fiscales. Uno de los cambios más destacados fue la reducción del tipo de gravamen general[3], lo que se consideró un elemento primordial para favorecer la competitividad de nuestra economía y situar a España en un nivel de tributación inferior respecto a otros países de nuestro entorno. No obstante, no todas las empresas tributan igual[4]. Asimismo, se pensó en apoyar a quienes se atreven a emprender: las entidades de nueva creación que realizan actividades económicas disfrutan de un tipo reducido para el primer periodo fiscal en el que obtienen beneficios y el siguiente. Además, se buscó simplificar el impuesto, eliminando distintos tipos de gravamen para acercar el tipo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al general. Para calcular la base del impuesto[5], hay que tener en cuenta cómo se contabilizan los gastos y los ingresos[6]. Un punto de la reforma fue intentar que las empresas se financien más con sus propios recursos (capital) que con deuda (préstamos), un objetivo tras la crisis económica. Para ello, se incluyeron incentivos como la Reserva de Capitalización, que permite a las entidades reducir su base imponible[7] siempre que doten una reserva que se mantenga indisponible por ese importe durante al menos tres años. 

Para las pequeñas y medianas empresas[8], se creó además la Reserva de Nivelación, que les permite minorar su base imponible hasta en un 10%[9] para anticipar la compensación de futuras pérdidas que puedan generar en los cinco años siguientes. En cuanto a la deducibilidad de los gastos, se establecieron límites más estrictos. Por ejemplo, los gastos financieros netos[10] solamente son deducibles hasta el límite del 30% del beneficio operativo, aunque siempre se garantiza una deducción mínima de 1 millón de euros. En un esfuerzo por aumentar la recaudación y la estabilidad de los recursos públicos, se limitó la capacidad de deducir ciertos gastos, como las pérdidas por deterioro de activos fijos[11]. Esto significa que las empresas no pueden restar estas pérdidas hasta que realmente venden o dan de baja esos bienes, si bien se considera una excepción para los deterioros de existencias y ciertos créditos por insolvencias. Un aspecto central en la modernización y lucha contra el fraude fue el tratamiento de las operaciones vinculadas, es decir, aquellas transacciones que tienen lugar entre empresas que pertenecen al mismo grupo o están relacionadas. La ley exige que estas operaciones se valoren por su valor de mercado, como si se hubieran acordado entre partes independientes, respetando el principio de libre competencia. Para que la Administración pueda comprobar esto, se requiere que las empresas mantengan una documentación específica muy detallada, si bien se simplifica el contenido de esta documentación para las empresas más pequeñas[12]. En este marco de transparencia internacional, el Reglamento introdujo la obligación de informar "País por País" para los grandes grupos multinacionales que superen los 750 millones de euros de facturación, una medida destinada a permitir la evaluación de riesgos de fraude fiscal. 

Igualmente, se abordaron las asimetrías híbridas, que son operaciones que se califican de manera distinta a efectos fiscales en diferentes países y que pueden generar una deducción de un gasto que no se corresponde con un ingreso en la otra parte vinculada; estas prácticas se limitan para evitar el fraude. En lo relativo a las pérdidas de ejercicios anteriores (Bases Imponibles Negativas o BINs), se estableció que éstas se pueden compensar con beneficios futuros sin límite de tiempo, lo cual puede ser una ventaja para la seguridad jurídica de las empresas, pero para los grandes contribuyentes se introdujo una limitación cuantitativa: solamente se puede compensar el 70% de la base imponible positiva en cada ejercicio, aunque siempre se permite compensar al menos 1 millón de euros. Finalmente, la Ley introdujo un nuevo sistema para evitar la doble imposición internacional sobre los beneficios que una empresa española trae del extranjero (como dividendos o ganancias por la venta de participaciones). En lugar de aplicar una deducción, se opta por un sistema de exención general para aquellas participaciones significativas (al menos el 5% del capital, mantenido por un año) si la entidad extranjera ha estado sujeta a un impuesto similar en el extranjero con un tipo nominal de al menos el 10%. Esta exención es un mecanismo para intentar fomentar la competitividad y la internacionalización de esas empresas. La ley fue un cuerpo normativo extenso que abarcó desde la determinación de la base imponible y los tipos de gravamen, hasta los regímenes especiales para grupos de empresas (consolidación fiscal) y las complejas normas de reestructuración (fusiones y escisiones), buscando un equilibrio entre el fomento de la actividad económica y el aseguramiento de la recaudación fiscal. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2016). Impuesto de Sociedades: ¿Más transparencia? Sitio contable y Fiscal. Visitado el 13/1/2026.

[2] El resultado contable.

[3] Que pasó del 30% al 25%

[4] Por ejemplo, las entidades de crédito tienen un tipo más alto, del 30%.

[5] La cantidad sobre la que se aplica el porcentaje.

[6]  Siguiendo generalmente el principio de devengo.

[7]  En un 20% del aumento de sus fondos propios.

[8]  Aquéllas con una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros.

[9] Con un límite de 1 millón de euros.

[10] El exceso de gastos sobre ingresos por intereses.

[11] Inmuebles, maquinaria o intangibles, como el fondo de comercio.

[12] Con una cifra neta de negocios inferior a 45 millones de euros.