viernes, 18 de mayo de 2018

Informando a la UE sobre Contrata Pública

Si eres follower de este sitio, conoces mi interés por todo lo que rodea a la contratación pública en mi país. Textos como “No aprendemos”, “Cláusulas sociales y ambientales”, “Contratos del Sector Público español” o “A licitar toca” son prueba de ello. En “Sistema eficiente, transparente e íntegro” te referenciaba la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en España, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ). 

El Ejecutivo español está trabajando en la aplicación de las nuevas obligaciones en materia de gobernanza en la contratación pública, que derivan de las nuevas directivas comunitarias de contratación y que se recogen en la Ley referenciada. Dentro de dichas obligaciones, cuenta con un papel destacado el deber de cada Estado Miembro de remitir a la Comisión Europea un Informe sobre su contratación pública referido al ejercicio de 2017. 

Pues bien, la tarde de ayer la pasé hojeando el informe sobre la contratación pública en España, referido al ejercicio de 2017 que se ha remitido a la Unión Europea (si quieres acceder a él, clickea AQUÍ). Recoge información cualitativa y estadística de los contratos realizados por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales el año pasado, recogiendo por primera vez datos en materia de contratación que no se encuentran accesibles de forma estandarizada y que provienen de la información que han suministrado a la Dirección General del Patrimonio del Estado las entidades contratantes de toda España. 

Se trata de información sobre toda la contratación pública cubierta por las Directivas Comunitarias números 23, 24 y 25 de 2014, lo cual, en el caso español, se refiere a la contratación pública celebrada en el ámbito general del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, y a la contratación pública celebrada en el ámbito de la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (Fuente de la información: MHyFP. Fuente de la imagen: pixabay).