Proteger el Pasado, Disfrutar el Futuro

Fuente de la imagen: En torno a la capitalidad y la centralidad (M. Velasco, 2021)

El pasado histórico de mi país es un tesoro de la ciudadanía, un gran libro de historias que cuenta quiénes somos y de dónde venimos. Cada castillo, cada cuadro, cada herramienta antigua o cada canción tradicional es un testigo de la historia y la creatividad de las personas que nos precedieron. Proteger y enriquecer esta herencia es una responsabilidad compartida, una misión que nos une para asegurar que las futuras generaciones también puedan disfrutarla y aprender de ella. Para cumplir con este objetivo, existe una ley que actúa como el gran guardián de la memoria colectiva: la Ley del Patrimonio Histórico Español (M. Velasco, 2004)[1]. Y es que cuando pensamos en patrimonio a menudo se nos viene a la mente grandes monumentos, como una catedral imponente o un palacio real. Pero la ley sugiere ampliar la mirada y comprender que la herencia es mucho más rica y diversa. El patrimonio histórico lo integran tanto los edificios como los objetos que podemos mover de un sitio a otro, ya sea una escultura, una moneda antigua o un manuscrito medieval. Pero no se detiene ahí. También forman parte de este legado los yacimientos arqueológicos que duermen bajo tierra o, incluso, bajo el mar; los jardines históricos, que son obras de arte creadas con la naturaleza; y el llamado patrimonio etnográfico, que es la memoria viva de las tradiciones. Por ejemplo, un hórreo tradicional, las herramientas de un antiguo oficio artesano o los conocimientos para elaborar un tipo de cerámica que está a punto de desaparecer son tan valiosos como una fortaleza medieval. La normativa protege igualmente el patrimonio documental y bibliográfico, como archivos históricos y libros únicos, incluido las primeras películas o fotografías que se crearon. Para cuidar de forma eficaz una herencia tan amplia, se establecen diferentes niveles de protección, como si se tratara de círculos de cuidado concéntricos. La categoría más importante y que recibe la máxima protección es la de Bien de Interés Cultural, conocida por sus siglas BIC.

Fuente de la imagen: Tierra de buena gente (M. Velasco, 2014)

Podríamos pensar en ello como la lista de honor de ese patrimonio. Obtener esta declaración es un proceso riguroso que requiere informes de personas expertas y, en el caso de un edificio, se da la oportunidad a la ciudadanía y al ayuntamiento de participar. Un bien declarado BIC, como puede ser la Alhambra de Granada o el cuadro de Las Meninas, queda bajo una tutela especial. De hecho, desde el mismo momento en que se inicia el expediente para declararlo, ya se aplican las medidas de protección de forma provisional, para que no sufra ningún daño mientras dura el proceso. Ser una persona propietaria o responsable de uno de estos tesoros es un gran orgullo, pero también conlleva importantes deberes. El ordenamiento jurídico establece que quienes poseen estos bienes tienen la obligación de conservarlos, cuidarlos y mantenerlos adecuadamente. No se trata de una posesión exclusivamente privada, sino que son custodios de una parte de la memoria colectiva. Por eso, deben permitir que el personal cualificado inspeccione su estado y que las personas dedicadas a la investigación puedan estudiarlos. Además, una de las obligaciones más significativas para los Bienes de Interés Cultural es que deben abrirse a la visita pública y gratuita al menos cuatro días al mes, para que toda la ciudadanía pueda disfrutarlos. Una de las áreas más fascinantes que protege la ley es la arqueología. Si una persona, por pura casualidad, encuentra restos antiguos mientras trabaja en el campo o durante unas obras, esos hallazgos no le pertenecen, sino que son considerados un bien de dominio público. La ley entiende que son un fragmento de la historia común. Quien realiza el descubrimiento tiene el deber de comunicarlo a las autoridades en un plazo de treinta días. A cambio de su honestidad y colaboración, tanto la persona que lo encuentra como la propietaria del terreno reciben un premio en metálico: la mitad del valor de tasación del objeto, repartido a partes iguales.

Fuente de la imagen: ¿Qué se pretende con un Corporate Compliance? (M. Velasco, 2024)

¿Qué es lo que se busca con este sistema? Este planteamiento administrativo pretende incentivar que nadie oculte un hallazgo por miedo a perderlo. Pero la norma, además de exigir obligaciones y prohibiciones, entiende que cuidar el patrimonio requiere un gran esfuerzo y por eso incluye medidas de apoyo y fomento. Una de las más conocidas es la del "% cultural", que establece que al menos un un porcentaje del presupuesto de las obras públicas financiadas por el Estado debe destinarse a trabajos de conservación del patrimonio o a fomentar la creatividad artística. Así, la construcción de una nueva autovía puede contribuir a financiar la restauración de una ermita cercana. Además, existen beneficios fiscales, como deducciones en los impuestos para quienes invierten en la conservación de un bien protegido, o incluso la posibilidad de pagar una deuda con Hacienda entregando una obra de arte de valor equivalente. Por supuesto, se establece un régimen estricto para evitar la pérdida y el daño de estos bienes. Sacar del país un Bien de Interés Cultural está terminantemente prohibido y para cualquier otro bien con más de cien años de antigüedad se necesita un permiso especial del Estado. Intentar exportar una pieza del patrimonio sin autorización se considera un delito muy grave. Del mismo modo, realizar obras no autorizadas en un edificio protegido o, peor aún, su demolición, conlleva multas muy elevadas, que pueden llegar a ser hasta cuatro veces el valor del daño causado. Concluyendo, la normativa recuerda que el patrimonio histórico es mucho más que piedras o lienzos antiguos, es una riqueza colectiva que identifica y conecta. Su protección no tiene como fin encerrar estos bienes en una vitrina, el objetivo es todo lo contrario: la finalidad última es garantizar que toda la ciudadanía pueda acceder a ellos, disfrutarlos y sentirse parte de esa gran historia compartida. Porque, como sabiamente recoge la propia ley, el acceso a la cultura es un camino seguro hacia la libertad. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.