¡Basta de ecocidio! Lucha contra delitos ambientales
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En el ámbito de la asignatura Administración y Legislación Ambiental, del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA), la tarde la pasé acometiendo la primera clase presencial del tema sobre delitos contra el medio ambiente, cuestión que considero muy importante para la prevención de quebrantamientos y agresiones. Y es que la protección del medio ambiente ha escalado posiciones en la agenda global y nacional. En mi país la legislación penal ha evolucionado significativamente para abordar los delitos que atentan contra el entorno natural. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos en la aplicación efectiva de la ley. El Código Penal español[1] tipifica una gama de conductas que dañan el medio ambiente, desde la construcción en áreas protegidas hasta la contaminación de suelos y aguas. Delitos como los incendios forestales, la explotación ilegal de recursos naturales o el maltrato animal han sido objeto de especial atención por parte del legislador. Asimismo, la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente es un paso fundamental para combatir estos ilícitos. Pero, ciertamente, aún queda mucho por hacer.
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La evolución de la legislación española en materia ambiental ha estado influenciada por directivas europeas, como la derogada 2008/99/CE[2], que estableció un marco común para la protección penal del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos normativos, el número de condenas por delitos ambientales sigue siendo bajo. Las estadísticas revelan una brecha entre la incidencia de estos delitos y la respuesta judicial, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la persecución penal. Uno de los principales desafíos es la dificultad de probar los delitos ambientales. A menudo, los daños causados al medio ambiente son graduales y difíciles de cuantificar. Además, la complejidad de los ecosistemas y la falta de especialistas en la materia dificultan la investigación y la persecución de estos delitos. Otro factor que incide en la baja tasa de condenas es la percepción social de los delitos ambientales. A diferencia de otros delitos, como los robos o las agresiones, los delitos contra el medio ambiente no suelen generar una alarma social tan inmediata, lo que puede dificultar la movilización de recursos y la asignación de prioridades por parte de las autoridades.
Para mejorar la protección penal del medio ambiente es necesario adoptar medidas tanto a nivel legislativo como a nivel de aplicación de la ley. Entre ellas, la doctrina destaca fortalecer la legislación, actualizando y ampliando el catálogo de delitos ambientales, estableciendo penas más severas para los infractores; incrementar los recursos, dotando a las autoridades de los medios necesarios para investigar los delitos ambientales; promoción de la colaboración interinstitucional, fomentando la coordinación entre las diferentes administraciones públicas implicadas o sensibilizar a la sociedad mediante el impulso de campañas de educación ambiental para concienciar a la población sobre la importancia de proteger el entorno. En conclusión, la protección del medio ambiente es un desafío complejo que requiere una respuesta integral, por lo que el Derecho Penal es una herramienta fundamental para combatir los delitos ambientales, si bien su eficacia depende de una combinación de factores legales, institucionales y sociales, siendo necesario continuar trabajando para garantizar que el entorno natural esté protegido. Te dejo un video tutorial, alojado en mi canal de Youtube.
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[1] Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Publicado en: «BOE» núm. 281, de 24/11/1995.Entrada en vigor:24/05/1996.
[2] Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
