Equidad sin Exclusión: El Viaje hacia el Aula Inclusiva

Fuente de la imagen: Equidad y Gobernanza en el Aula Española.
Sitio Educación, Formación y Empleo (M. Velasco, 2021)

La educación, un contrafuerte básico de la sociedad española y una condición necesaria para la prosperidad y el progreso de la ciudadanía, ha sido objeto de profundas regulaciones en mi país (M. Velasco, 2021)[1] con un supuesto objetivo: garantizar que todas las personas tengan acceso a una formación básica, obligatoria y gratuita que les permita desarrollar plenamente su personalidad. Desde sus inicios, la legislación educativa ha reconocido un sistema mixto, donde conviven centros públicos y centros privados sostenidos con fondos públicos (los concertados), buscando un marco de concordia y compromiso que equilibrara el derecho a la educación con la libertad de enseñanza. Históricamente, este sistema dual tuvo sus inconvenientes, pues se lamentó que la regulación del régimen de conciertos fue a menudo irregular y carente del control necesario, generando incertidumbre y arbitrariedad. No obstante, los esfuerzos legislativos, especialmente con la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) y las modificaciones introducidas en 2020 (LOMLOE), han puesto el foco en dos principios inseparables: la calidad y la equidad. La educación debe llegar a todo el alumnado, sin exclusiones ni discriminaciones por razones de origen, sexo, discapacidad, orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal o social. El sistema actúa, por lo tanto, como un instrumento para compensar las desigualdades económicas, sociales y culturales que puedan existir. Para que esta promesa de equidad sea real, se ha reforzado la garantía de gratuidad en los centros sostenidos con dinero público. La ley es muy clara: los centros concertados tienen la obligación de impartir las enseñanzas sin coste alguno, prohibiendo taxativamente que perciban cantidades de las familias, impongan aportaciones obligatorias a fundaciones o establezcan servicios complementarios obligatorios que impliquen un cargo económico. Un aspecto central de las últimas reformas ha sido la lucha directa contra la segregación en las aulas. Para evitar que el alumnado más vulnerable se concentre en ciertos centros por motivos socioeconómicos, las administraciones deben establecer las mismas áreas de escolarización tanto para los centros públicos como para los concertados. Además, es necesario garantizar una distribución adecuada y equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, asegurando que todos los centros subvencionados asuman su compromiso social con la inclusión. 

Este enfoque de inclusión educativa es un principio que rige toda la enseñanza básica, implicando que las atenciones especializadas se proporcionen, preferentemente, en el marco de los centros ordinarios, buscando que cada estudiante alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades. En cuanto a lo que se aprende, el currículo[2] se ha orientado hacia el desarrollo de competencias que preparan al alumnado para una ciudadanía activa y democrática, lo que incluye trabajar de forma transversal la competencia digital, asegurando que todas las personas se inserten plenamente en la sociedad digital, promoviendo un uso seguro y ético de las tecnologías y fomentando la eliminación de estereotipos de género que limitan a estudiantes en áreas como las ciencias y la tecnología. Asimismo, se ha añadido la materia obligatoria de Educación en Valores Cívicos y Éticos en la enseñanza básica, con contenidos  sobre la Constitución, los Derechos Humanos y de la Infancia, el desarrollo sostenible, la justicia fiscal y la igualdad entre mujeres y hombres, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia. Para asegurar que estos principios se cumplan, se promueve la participación activa de toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y personal no docente. El Consejo Escolar del centro es el órgano clave que canaliza esta participación, gozando de competencias para aprobar el proyecto educativo y las normas de convivencia, así como para intervenir en la admisión del alumnado y proponer medidas que favorezcan la convivencia, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos. Igualmente, se han fortalecido los mecanismos de profesionalización, exigiendo que la dirección de los centros conjugue la gestión administrativa con un fuerte liderazgo pedagógico y que quienes asumen esta responsabilidad superen un programa de formación específica. El profesorado, por su parte, tiene el derecho y el deber de seguir una formación continua que debe actualizarse en temas de inclusión, atención a la diversidad y prevención de cualquier tipo de violencia, incluido el acoso escolar y la violencia de género. En esencia, el desarrollo normativo ha buscado consistentemente modernizar y racionalizar el sistema, desde la primera Ley que sentó las bases (LODE) hasta las más recientes, que exigen que la educación sea el motor de la cohesión social, garantizando una educación inclusiva, de calidad, y libre de costes o discriminación para toda la ciudadanía. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2021). Equidad y Gobernanza en el Aula Española. Sitio Educación, Formación y Empleo. Visitado el 21/1/2026.

[2] El conjunto de objetivos, contenidos y métodos.