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No cabe duda de que el desastre de la DANA en Valencia ha evidenciado la necesidad de contar con recursos económicos suficientes para hacer frente a situaciones de emergencia, permitiendo los impuestos poner en marcha un dispositivo de ayuda a las víctimas y financiar las labores de reconstrucción y recordándonos que esos impuestos hoy más que nunca no son una carga sino una inversión en el futuro de la ciudadanía española, en general, y de la valenciana, en específico, por lo que un sistema fiscal justo y eficiente es fundamental para garantizar la protección de todo el pueblo español ante eventos extremos. Igualmente, es de cajón que los impuestos además se necesitan para el funcionamiento del Estado de bienestar, financiando servicios públicos de calidad, como la sanidad, las pensiones o la educación.
Realizo la reflexión porque también he escuchado lemas como “Menos impuestos y más ayudas directas de la ciudadanía” o preguntas del tipo ¿En desastres puesta en valor de acciones individuales de la ciudadanía en detrimento del pago de impuestos? Imagino que todo ello debido al cabreo del pueblo por la censurable gestión de esos mal llamados gobernantes, que tienen asumidas las competencias. Pero esas frases tampoco deben esconder la necesaria cavilación sobre la relación entre acción individual y colectiva en momentos de crisis. A pesar de la incompetencia de parte de la clase política, es el Estado el que tiene que liderar la ayuda al afectado, utilizando para ello la solidaridad colectiva, materializada vía recaudación de impuestos, frente a las iniciativas individuales, por muy buenas intenciones que se tengan.
Ciertamente, las acciones individuales también desempeñan un papel crucial, puesto que alcanzan espacios desamparados donde la ayuda pública, por distintas razones, aún no ha llegado, y mientras esta ayuda estatal alcanza, pero siempre en modo coyuntural porque los poderes públicos, una vez detectado cada nuevo desajuste, deben acometer su función mediante la eficiencia y la transparencia en el uso de los fondos públicos, percibiendo la ciudadanía como justa la prioridad de los impuestos, garantizando la legalidad y la eficacia en la aplicación de las haciendas gubernamentales destinadas a la gestión de crisis. Por ello, mientras en el marco de lo cotidiano o normal existan parcelas existenciales a las que la aplicación de los impuestos aún no ha llegado, coyunturalmente será necesario encontrar un equilibrio entre ambas formas de acción.