Accesibilidad a información y justicia ambiental

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Invitado por Juan (Gracias), parte de la tarde la pasé asistiendo a una web-conferencia donde, entre otras cuestiones medioambientales, se trataron las distintas trabas que algunos países ponen para el acceso a la información que pueda interesar a la ciudadanía sobre cuestiones ambientales. De interés fue la información linkeada y comentada por un participante de la mesa redonda, acerca de la investigación periodística en un país de América Latina, que ha destapado vínculos entre la carne que se vende en los supermercados y la deforestación de la Amazonía (D. Guzmán y otros, 2024)[1].Uno de mis turnos de intervención lo centre en la Ley española 27/2006 (M. Velasco, 2006)[2], que establece un marco jurídico que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, respondiendo a aspectos tales como pueden ser los compromisos internacionales asumidos por España, como el Convenio de Aarhus buscando fortalecer la democracia y la transparencia en la gestión ambiental. El primer título se centra en los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia, reconociendo que toda la ciudadanía tiene el derecho a acceder a la información ambiental que poseen las autoridades públicas, lo que incluye datos sobre la calidad del aire, el agua, la biodiversidad y otros aspectos críticos del medio ambiente, acceso que se articula a través de un suministro activo y pasivo de información, donde las administraciones están obligadas a informar proactivamente a los ciudadanos sobre sus derechos y a facilitar la búsqueda de información relevante. Asimismo, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de elaborar listas de las autoridades que poseen información ambiental, asegurando accesibilidad para la ciudadanía.

También, se establece un plazo de respuesta de un mes para las solicitudes de información, que solo puede ampliarse en casos de complejidad o volumen significativo de datos, planteamiento que busca eliminar las barreras que anteriormente dificultaban el acceso a la información y garantizar que los ciudadanos puedan actuar de manera informada en cuestiones ambientales. El Título IV se ocupa de la participación pública y el acceso a la justicia, asegurando a la ciudadanía que pueda recurrir cualquier acto u omisión de las autoridades que vulnere sus derechos en materia ambiental, introduciendo mecanismos específicos para que las organizaciones sin ánimo de lucro que protegen el medio ambiente puedan actuar en defensa de intereses difusos[3]. Igualmente, esta normativa se alinea con las directivas europeas, adaptando el ordenamiento jurídico español a las disposiciones del Convenio de Aarhus y las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, lo que fortalece el marco legal nacional y promueve una mayor coherencia con las políticas ambientales de la Unión Europea, facilitando la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Concluyendo, con esta legislación se instituye un marco robusto para la protección del medio ambiente en España, garantizando derechos fundamentales de acceso a la información y participación pública, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas, empoderando a los ciudadanos y ciudadanas y contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y sostenible, siendo crucial su implementación para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros, asegurando que todos tengamos un papel activo en la protección de nuestro entorno. Fuente de la información: texto referenciado y Ley 27/2006. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Guzmán Rodríguez, Diana Esther; Mendoza Pulido, Fabián Eduardo; Martínez Osorio, Margarita ; Annear Camero, Isabel Cristina (2024). Acceso a información de interés público ambiental en manos de particulares: presentamos intervención a la Corte Constitucional. Dejusticia. Sitio visitado el 13/11/2024.

[2] Velasco-Carretero, Manuel (2006). Ley 27/2006 acceso a información ambiental. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 13/11/2024.

[3] Lo que refuerza la legitimación de estas entidades en la tutela de los recursos naturales.