¿Y si hubiera existido un canal de denuncias?

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Si eres follower de este sitio sabes que en más de una ocasión he escrito sobre whistleblowing. Textos como “Proteger al denunciante corporativo”, “Reforzando la formación en canal de denuncias”, “Ayudando a las empresas a implantar compliance” o el explícito “Whistleblowing”[1] son prueba de ello. En el texto “Garganta Profunda”[2], reflexionaba sobre el desamparo de aquellos ciudadanos y ciudadanas de mi país que, armándose de mucho valor, afrontan, en pro de un futuro distinto y mejor para nuestros hijos e hijas, el escabroso camino de sinsabores que conlleva la denuncia de ilegalidades, prevaricaciones, fraudes, vulneración de derechos… percibidas en sus lugares de trabajo o entornos profesionales o laborales, ya sean perpetrados y consumados por la clase política española, la clase empresarial o por otros grupos de presión religiosos, sociales o pseudoculturales diversos.

¿Por qué el Estado español no protege a los "garganta profunda" (Deep Throat; nombre asignado a la acción del agente del FBI W. Mark Felt, en el Escándalo Watergate)[3]? En el texto referenciado apuntaba que a estas personas se les debería garantizar por ley el sustento durante el periodo de investigación y, como mínimo, el derecho a recibir durante toda su vida la retribución que tenían en el momento de la denuncia, además de los preceptivos honores y condecoraciones del máximo nivel, puesto que el beneficio que con sus acciones recibe el pueblo español sería infinitamente mayor, por no decir impagable, que el insignificante coste de la pensión. Igualmente, este enfoque debería extenderse también al sector privado, si bien en este caso, serían las organizaciones empresariales, las sindicales, las fundaciones y resto de ONGs, las que dotarían un fondo para cubrir esas indemnizaciones a esos “trabajadores de la verdad”.

Ahora escuchamos y leemos noticias desgarradoras[4] de sospechosas comisiones, insultantes para todas las personas de bien, por presumibles trapicheos en la compra de mascarillas, test antígenos y otros productos y equipos sanitarios para combatir la pandemia. Con independencia de la catadura moral de los presuntos intermediarios, cabe preguntar qué hubiera pasado si en los momentos más traumáticos de la COVID-19, hubiera existido un efectivo marco legal de protección al whistleblower que posibilitara la práctica segura del whistleblowing. Colaboro con organismos públicos y no me cabe la menor duda que existen funcionarios y funcionarias decentes y comprometidos con una gestión lícita de los fondos públicos[5]. Finalmente, el anteproyecto de ley que protege al denunciante a duras penas se abre paso a pesar de la escasa voluntad de la política española. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Proteger al denunciante corporativo (2019), Reforzando la formación en canal de denuncias (2020), Ayudando a las empresas a implantar compliance” (2020), Whistleblowing (2017). Sitios visitados el 08/04/2022.

[2] Velasco Carretero, Manuel. Garganta Profunda. 2015. Sitio visitado el 08/04/2022.

[3]  Agente del FBI de los Estados Unidos que que en 2005 confesó haber sido él el denunciante sin rostro del Escándalo Watergate, Deep Throat (Garganta Profunda).

[4] Búsqueda parcial en Google de los términos "comisiones, mascarillas". Realizada el 08/04/2022.

[5] También hay algunos individuos, presuntos servidores de lo público, que están "pa echarles de comer aparte".