¿Llueve sobre mojado?

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

En esta semana he observado la tardía referencia, en distintas redes sociales, al plan de medidas antifraude (PMA), del Servicio de Empleo Público de mi país (SEPE), noticia de la que me hice eco en el sitio Compliance, bajo el título “Plan de Medidas Antifraude del SEPE”[1]. Trata de la publicación del PMA[2] como entidad ejecutora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), base para el desembolso de la contribución financiera de la Unión Europea (UE), en el marco del Reglamento (UE) 2021/241[2], que destaca como fin último de las medidas contra el fraude e irregularidades, la de prevenir riesgos derivados de la existencia de unos recursos adicionales importantes. Tiene relación con la Orden HFP/1030/2021 (OM), referenciada en “Recuperación, Transformación, Resiliencia y Compliance”[3], que incluye en su ámbito de aplicación a todas las entidades del Sector Público[4] y a cualesquiera otros agentes implicados en la ejecución de este Plan como perceptores de fondos, pretendiendo proteger los intereses financieros de la UE, obligando a las entidades decisoras y ejecutoras a incorporar a su ámbito interno de gestión y control los principios o criterios de gestión específicos del citado PRTR.

La OM establece que el órgano responsable, gestor o beneficiario de las ayudas debe manifestar “el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados". Sin embargo, no es la primera vez que el Legislador español apunta la necesidad de luchar contra la corrupción y prevención de los conflictos de interés. En "Artículo 64 Ley Contratos del Sector Público"[5], relacionaba la Ley 9/2017 (LCSP)[6], que en su artículo 64, apunta que “los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores”.

La LCSP acota el concepto de conflicto de intereses a “cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación”. Finalmente, expresa que “aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación”. En mi opinión el contenido de este artículo, salvo honrosas excepciones registradas en alguna que otra corporación local, no se cumple. Cabe preguntarse si no llueve sobre mojado. Esperemos que con la gestión de los Fondos Next Generation EU no suceda lo mismo y esta vez, por la presumible seriedad de la UE, gestionemos las ayudas con las debidas garantías en cuanto a gestión y cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable. A continuación te dejo el vídeo tutoríal que he confeccionado, alojado en el canal de Youtube. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

_____________________________

[1] Velasco Carretero, Manuel. Plan de Medidas Antifraude del SEPE. Sitio Compliance. 2022. Visitado el 03/02/2022.

[2] Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ.

[3] Velasco Carretero, Manuel. Recuperación, Transformación, Resiliencia y Compliance. 2021. Sitio Compliance. Visitado el 03/02/2022.

[4] De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

[5] Velasco Carretero, Manuel. Artículo 64 Ley Contratos del Sector Público. Sitio Compliance. 2021. Visitado el 03/02/2022.

[6] Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. BOE núm. 272, de 09/11/2017.