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El agua que fluye bajo los pies, aunque no la veamos, es una de las mayores riquezas naturales de España, ya que cubre aproximadamente el setenta por ciento del territorio y actúa como un salvavidas para el abastecimiento y el campo durante los periodos de sequía (López y Vargas, 2020). Legalmente, este recurso no pertenece al dueño de la finca donde se encuentra, forma parte del "dominio público hidráulico", lo que significa que es un bien de todos gestionado por el Estado bajo el principio de que el agua es un recurso único que debe subordinarse al interés general (BOE, 2001). Desde la entrada en vigor de las normativas europeas en el año 2000, el enfoque de las leyes españolas ha cambiado: ya no se trata solamente de extraer agua para la economía, el
quid de la cuestión se encuentra en asegurar que todas las masas de agua alcancen un "buen estado" (Directiva 2000/60/CE), lo que obliga a las autoridades a vigilar que no se saque más agua de la que la naturaleza puede reponer mediante la lluvia y a proteger la limpieza de los acuíferos, evitando que se contaminen por el uso excesivo de fertilizantes en la agricultura o por vertidos industriales que pondrían en riesgo nuestra salud y la de los ecosistemas (Velasco, 2023; RD1514/2009; MITERD, 2021).
A pesar de contar con un sólido escudo legal, la gestión de este "tesoro invisible" se enfrenta a grandes retos, como la falta de datos exactos sobre cuánta agua se gasta realmente en muchas zonas rurales. Por esta razón, las reformas del ordenamiento jurídico español introducen la digitalización obligatoria para que los consumos se informen de manera electrónica y transparente, eliminando la antigua y lenta gestión basada en el papel (BOE, 2023). Estas reglas también ponen el foco en la seguridad ambiental, exigiendo el sellado de pozos abandonados que, si se dejan abiertos, funcionan como túneles que llevan la contaminación de la superficie directamente a las reservas profundas (BOE, 2023). Pero la ley no funciona sola; el éxito real depende de la "gobernanza colaborativa", donde los propios usuarios se organizan en comunidades para vigilar el estado de su agua y decidir juntos cómo repartirla de forma justa (López Gunn y Vargas Amelin, 2020). Este sistema de gestión compartida ha demostrado ser la herramienta más eficaz para frenar la sobreexplotación en zonas críticas, en el sentido de que el agua es un patrimonio inalienable que debemos cuidar entre todos para que nunca deje de ser el motor de nuestra vida (Embid Irujo, 2021).
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Bibliografía
BOE. (2001). Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Boletín Oficial del Estado.
BOE. (2023). Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Boletín Oficial del Estado.
Directiva 2000/60/CE. (2000). Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.
Embid Irujo, A. (2021). El agua como bien de dominio público: inalienabilidad y mercado de derechos de uso en España. Universidad de Zaragoza.
López Gunn, E., y Vargas Amelin, E. (2020). La gobernanza del agua subterránea y la seguridad hídrica en España. Estudios sobre la Economía Española, FEDEA.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico [MITERD]. (2021). Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas. Dirección General del Agua.
Real Decreto 1514/2009. (2009). Real Decreto por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Boletín Oficial del Estado.
