El Plan del Agua: Estrategia Vital

Fuente de la imagen: El río, la mujer y los monjes (M. Velasco, 2015)

En España, donde el agua es un recurso preciado y a veces escaso, existe una norma importante, la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 (M. Velasco, 2003)[1], que actúa como un gran plan para gestionar el agua en todo el país. Cavila que España fuera como una casa grande con muchas habitaciones (las diferentes cuencas de los ríos, como la del Ebro o la del Tajo). Algunas habitaciones tienen mucha agua, mientras que otras sufren sequías a menudo. Se pretendía poner orden en cómo se repartía y se usaba el agua para que tanto las personas como la naturaleza, tuvieran lo suficiente. Uno de los objetivos principales era que todos los ríos, lagos y aguas subterráneas estuvieran en buen estado, lo que significaba que el agua no debe estar contaminada y los ecosistemas que dependen de ella deben encontrarse sanos. Para lograrlo, la normativa se inspiró mucho en el ordenamiento jurídico europeo que buscaba una meta similar: la Directiva Marco del Agua. Esto implica que, por ejemplo, si una industria contamina un río, debe pagar por ello y que la gente debe poder saber cómo se gestiona el agua. Asimismo, se encarga de coordinar todos los planes de agua que ya existen en cada una de las grandes cuencas de los ríos. Es como si cada habitación de la casa tuviera su propio plan para su agua, pero la Ley del Plan Hidrológico Nacional se asegura de que esos planes encajen entre sí y funcionen bien a nivel nacional. Por ejemplo, se establecen normas para gestionar los acuíferos compartidos, que son depósitos de agua subterránea que están debajo de varias cuencas a la vez. Un caso sería el acuífero de Almazán-Aranda de Moncayo, que se reparte entre las cuencas del Duero y del Ebro y la ley asigna cuánta agua le corresponde a cada una.

Una parte en debate es la que permite las transferencias de agua, es decir, llevar agua de una cuenca a otra cuando hay una necesidad justificada. Pero esto no se hace a la ligera; se establece que las cuencas que ceden agua deben tener siempre garantizadas sus propias necesidades presentes y futuras y el medio ambiente no debe sufrir por la transferencia. De hecho, estas transferencias no pueden usarse para crear nuevos regadíos o ampliar los ya existentes, sino para cosas muy concretas, como asegurar el agua para beber en las ciudades, consolidar riegos que ya existen, pero tienen poca agua[2] o ayudar a recuperar el medio ambiente en zonas con problemas. Un ejemplo muy conocido es el Trasvase Tajo-Segura, donde se establece que no se puede trasvasar agua si los embalses de cabecera del Tajo, como Entrepeñas y Buendía, tienen menos de unos determinados hectómetros cúbicos de agua, para proteger los usos de la cuenca del Tajo. Además de las transferencias, se promueven otras maneras de conseguir y usar el agua de forma más inteligente. Por ejemplo, anima a desalar agua del mar o de pozos con agua salobre y a reutilizar el agua de las depuradoras (esa que ya hemos usado y limpiado). Igualmente, busca que la ciudadanía española sea más eficiente en el uso del agua en casa y en la industria, instalando contadores individuales o utilizando tecnologías que ahorren agua. Se promueven campañas de sensibilización para que todos, incluidos los escolares, aprendan a usar el agua de forma sostenible. La protección del medio ambiente es clave, permitiendo la normativa crear lo que se llaman "reservas hidrológicas" en ríos o acuíferos importantes para mantenerlos en su estado natural, asegurando que siempre exista un "caudal ambiental" en los ríos[3].

Lo anterior tiene prioridad sobre muchos otros usos del agua, excepto el abastecimiento a poblaciones. Para hacer frente a las sequías, que son un problema recurrente en mi país, el ordenamiento jurídico aplicable obliga a disponer de planes de actuación especiales para preverlas y minimizar sus efectos. También exige planes de emergencia para ciudades a partir de un determinado número de habitantes, como si tuvieran un "kit de primeros auxilios" para el agua en caso de escasez. Se aborda la protección de zonas inundables, delimitando las áreas donde las crecidas de los ríos pueden ser peligrosas y fomentando la eliminación de construcciones en estas zonas para proteger a las personas y los bienes. Se busca un mejor conocimiento y protección de las aguas subterráneas. Para que todo esto funcione se prevé un registro oficial de datos hidrológicos al que cualquiera puede acceder para saber cuánta agua hay en los embalses o cuál es su calidad, impulsando la investigación para encontrar nuevas y mejores formas de gestionar el agua. Y, por supuesto, se establecen inversiones públicas en obras hidráulicas, como la construcción de presas para almacenar agua, modernizar regadíos o mejorar las depuradoras en diferentes cuencas como la del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar o Ebro, entre otras muchas regiones de España. En conclusión, la normativa es como la hoja de ruta de España para gestionar su bien más preciado, el agua, buscando un equilibrio entre las necesidades humanas y la salud de los ecosistemas naturales, siempre con la idea de que todos los territorios se desarrollen de manera armónica y sostenible. Fuente de la imagen: El río, la mujer y los monjes (M. Velasco, 2015).

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2003). Planificación Hidrológica en España. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 3/10/2025.

[2] Siempre y cuando la usen de forma eficiente.

[3] Es decir, un mínimo de agua que circula constantemente para que los ecosistemas fluviales sobrevivan y estén sanos.