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Hay verdades que, al estudiarlas en la Facultad de Derecho, se me grabaron a fuego en la mente como axiomas innegociables. Para mí, uno de los más importantes, en el que el profesorado insistía con vehemencia, era la máxima de la "apariencia de imparcialidad": esa obligación ¿tácita? ("expresa", diría) de que el juez, la jueza o el tribunal no solamente fuese justo, justa, sino que su conducta pública y privada proyectara una rectitud inmaculada. La frase "la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino, además, parecerlo" (M. Velasco, 2016)
[1] era, según me explicaban, el requisito funcional para que el sistema judicial no colapsara bajo el peso de la sospecha. La imparcialidad era una cuestión de ética interna—que es invisible—, pero, también, de legitimidad externa. Aprendí que sin la confianza de la ciudadanía en que la balanza está nivelada, la sentencia más brillante o correcta pierde su fuerza. Interioricé esta idea como uno de los contrafuertes del Estado de Derecho: un contrato social donde el Poder Judicial actúa como un árbitro sagrado, cuya autoridad emana, entre otros, de su neutralidad. Este principio, la apariencia, que consideraba infranqueable, aseguraba que la justicia era ciega ante el poder político, la ideología o las amistades, permitiendo que las decisiones judiciales fuesen aceptadas y respetadas por todos, incluso por el perdedor.
Por eso, el profundo desconcierto y la desorientación que siento ahora, al ver las noticias sobre el supuesto quebranto de esta máxima por parte de miembros del Tribunal Supremo de mi país en un caso tan sensible como el del Fiscal General del Estado, es una crisis de fe en lo que mis profesores me enseñaron. Lo que inculcaron no era una norma procesal menor, sino uno de los cimientos morales de la judicatura. Presenciar cómo la sombra de las conexiones personales, las relaciones de miembros del Tribunal con los acusadores y letrados, los vínculos ideológicos o las animadversiones previas pueden eclipsar la objetividad, me hace cuestionar la robustez del sistema en su nivel más alto. Esta situación daña a los juzgadores en cuestión y debilita sobremanera el mensaje que yo mismo creí y defendí: que el rigor formal es inseparable del rigor ético. Si aquéllos que ocupan el pináculo de la pirámide judicial no se autoimponen la estricta auto-restricción que exige la apariencia de imparcialidad, ¿Qué les queda a las instancias inferiores? Mi confusión nace de la colisión entre el ideal que estudié
[2] y la realidad que se expone en los medios. Para recuperar la brújula, necesito que se reafirme con contundencia que este principio no es negociable; que la justicia, para ser efectiva, debe primero volver a ser incuestionablemente ejemplar en su apariencia.
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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2016). Poco honorable. Sitio visitado el 5/12/2025. [2] El órgano judicial impasible y ajeno a toda influencia.
