Proteger a infancia y adolescencia en el entorno digital

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Informa la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de su apoyo a la propuesta de Pacto de Estado para la protección de los menores de edad en internet y las redes sociales que han presentado la Asociación Europea para la Transición Digital, promotora de la iniciativa, Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale la Vuelta y UNICEF[1]. El punto de partida[2] ha sido la preocupación compartida sobre los riesgos que afrontan niños, niñas y adolescentes en estos entornos, al utilizar servicios diseñados para adultos, que pueden afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual[3]. Además, los dispositivos móviles se han convertido en una puerta a contenidos pornográficos, lo que genera una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz y exposición a contenidos inapropiados. Por último, los firmantes también advierten sobre la captación masiva de datos de menores, con vistas a su perfilado para la venta a terceros.

Las medidas propuestas inciden en la necesidad de asumir el problema, formar a profesionales para afrontarlo, y desarrollar la legislación vigente para que todos los actores implicados asuman su responsabilidad ante una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes. Las propuestas atañen a varios niveles de la Administración Pública. La propuesta del Pacto de Estado está abierta a adhesiones de empresas, entidades sociales y fundaciones[4]. Entre las principales medidas de consenso para un Pacto de Estado se encuentran la necesidad de obligar a que los algoritmos y sistemas de tratamiento automático estén auditados por terceros independientes y autoridades de control, con relación a la protección de la privacidad, la inexistencia de sesgos discriminatorios, la manipulación, etc. Además[5], deberán dar información clara y comprensible a los adultos: a quién va dirigido el servicio, quién no debe usarlo, que contraindicaciones tiene en casos especiales, cómo ha de usarse y con qué limites, cómo actuar ante problemas, quién ha verificado su correcto funcionamiento, etc.

Otras medidas son el refuerzo de la capacidad de control de los organismos responsables de la aplicación de la Digital Services Act[6] en lo que atañe a los menores, como son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la AEPD; establecimiento de un marco de rendición de cuentas para los directivos responsables de las plataformas de intercambios de vídeos y distribuidores de contenidos que incumplan con el establecimiento de la obligación de verificación de edad; promover la regulación en las Comunidades Autónomas para limitar el uso de los móviles en los centros educativos, y para adecuar el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula a pautas por edades; implementar en los sistemas de Atención Primaria recursos para detectar, prevenir y afrontar el consumo problemático de internet, redes sociales y pornografía por parte de menores de edad; fomentar las Escuelas de Padres y Madres para dotarles de herramientas que les permitan educar a sus hijos e hijas en un uso responsable de internet y las redes sociales[7].

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[1] La iniciativa se enmarca en el inicio de la presidencia de la UE por parte de España, y ante la próxima celebración de las elecciones generales del 23-J, que darán lugar a una nueva legislatura.

[2] la primera de este calado en la que participan las organizaciones más representativas de protección a la infancia.

[3] Hasta el momento, ya se han adherido más de 70 entidades de la sociedad civil como la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Asufin, Club Abierto de Editores (CLABE), el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la Fundación FAD Juventud, el Instituto Hermes o la Fundación Atresmedia.

[4] Que pueden manifestar su interés preliminar en la web https://digitalforeurope.eu/pacto-menores-online donde también se puede consultar el manifiesto.

[5] De la misma forma que se hace con los medicamentos.

[6] Ley de Servicios Digitales, aprobada por la UE en 2022.

[7] El documento desarrolla quince medidas como estas, puntos de partida de consenso en los que trabajar conjuntamente por encima de las diferencias entre partidos políticos y los distintos colectivos y grupos de interés.