sábado, 14 de noviembre de 2020

Consumidores y transición ecológica y digital

Fuente de la imagen: geralt en pixabay
No hace mucho que la Unión Europea (UE) adoptó el Nuevo Marco para los Consumidores de 2018. Pues bien. La Comisión Europea (CE) informa de la puesta en marcha de la Nueva Agenda del Consumidor[1] con el fin de capacitar a los consumidores europeos para que desempeñen un papel activo en las transiciones ecológica y digital, abordando también cómo aumentar la protección y la resiliencia de los consumidores durante y después de la pandemia de COVID-19, por ejemplo, definiendo prioridades y puntos de actuación fundamentales que deben adoptarse en los próximos cinco años, junto con los Estados miembros, a nivel europeo y nacional, incluyendo, entre otras cosas, una nueva propuesta legislativa destinada a proporcionar mejor información sobre la sostenibilidad a los consumidores[2]

Según la CE, se trate de estafas en línea o cancelaciones de viajes, la pandemia de COVID-19 ha afectado a muchos ámbitos de la vida de los consumidores, por lo que seguirá luchando contra las estafas en línea en colaboración con la red de cooperación en materia de protección de los consumidores y en concertación con las plataformas y todos los agentes pertinentes. Además, la Comisión seguirá garantizando la protección de los derechos de los viajeros y pasajeros de la UE en las cancelaciones de viajes. La Comisión analizará el impacto a largo plazo de la COVID-19 sobre las pautas de consumo de los europeos, y sus conclusiones serán la base de futuras iniciativas políticas. 

Asimismo, esta Agenda del Consumidor presenta una visión de la política de los consumidores de la UE de 2020 a 2025, centrada en cinco ámbitos prioritarios. Por un lado, la transición ecológica, pretendiendo garantizar que los consumidores dispongan de productos sostenibles en el mercado de la UE y de mejor información para poder elegir con conocimiento de causa. El próximo año, la Comisión presentará una propuesta para dotar a los consumidores de mejor información sobre la sostenibilidad de los productos y luchar contra prácticas como el blanqueo ecológico o la obsolescencia temprana. La Comisión también promoverá la reparación y fomentará productos más sostenibles y circulares[3]

Por otro, la transformación digital, que está cambiando radicalmente la vida de los consumidores al ofrecerles nuevas oportunidades, pero también plantearles desafíos. La Comisión pretende combatir las prácticas comerciales en línea que no tienen en cuenta el derecho de los consumidores a tomar decisiones informadas, abusan de sus sesgos de comportamiento o distorsionan sus procesos de toma de decisiones, como los patrones oscuros o la publicidad encubierta. Además, los intereses de los consumidores deben tenerse debidamente en cuenta a la hora de establecer las normas reguladoras de la economía digital y los requisitos de la inteligencia artificial (IA)[4]

Otros ámbitos prioritarios lo constituyen el respeto efectivo de los derechos de los consumidores, la cooperación internacional[5] o las Necesidades específicas de determinados grupos de consumidores[6], desempeñando un papel de coordinación y apoyo a los Estados miembros en la aplicación y ejecución oportunas del Derecho de los consumidores, en particular a través de la red de cooperación a la protección de los consumidores. La Comisión también apoyará a las autoridades nacionales[7]. Finalmente, la CE presentará las iniciativas anunciadas en la agenda y espera mantener un amplio diálogo con todas las partes interesadas sobre las prioridades y acciones. Fuente de la información: CE. Fuente de la imagen: geralt en pixabay. 
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[1] Se basa en la Agenda del Consumidor de 2012 y es el resultado de intensos preparativos y debates con las partes interesadas. En junio de 2020, la Comisión puso en marcha, a escala de la UE, una consulta pública abierta sobre la nueva política europea de los consumidores para el próximo período. La consulta pública ha proporcionado valiosas aportaciones al establecimiento de la nueva Agenda del Consumidor y ha mostrado un apoyo general a sus principales prioridades, en particular la necesidad de responder a la pandemia de COVID-19. La agenda complementa otras iniciativas de la Comisión, como el Pacto Verde y el Plan de Acción para la Economía Circular, y también garantizará que la aplicación del Marco Financiero Plurianual tenga en cuenta las prioridades de los consumidores. 
[2] Adaptando la legislación vigente a la transformación digital, así como un plan de acción con Chin sobre la seguridad de los productos. 
[3] La transición ecológica no puede producirse sin las empresas:: la Comisión está decidida a trabajar con los operadores económicos para fomentar sus compromisos en apoyo del consumo sostenible, más allá de lo que exige la legislación. 
[4] Para adaptar las normas actuales a la digitalización en curso y al aumento de los productos conectados, la Comisión también revisará la Directiva relativa a la seguridad de los productos. Como es necesario reforzar la protección de los consumidores ante la digitalización de los servicios financieros al por menor, se revisarán las Directivas sobre crédito al consumo y comercialización de servicios financieros
[5] En un mundo globalizado en el que las compras en línea trascienden las fronteras, la cooperación con los socios internacionales se ha vuelto crucial. La Comisión elaborará un plan de acción con China en 2021 para mejorar la seguridad de los productos vendidos en línea. A partir de 2021, la Comisión también desarrollará apoyo normativo, asistencia técnica y desarrollo de capacidades para las regiones asociadas de la UE, en particular en África. 
[6] Determinados grupos de consumidores pueden ser especialmente vulnerables en determinadas situaciones y necesitan salvaguardias específicas, como los menores, las personas mayores o las personas con discapacidad. La Comisión estudiará los requisitos de las normas relativas a los artículos de puericultura. En lo que respecta a las personas con vulnerabilidades financieras, exacerbadas por la crisis de la COVID-19, la Comisión aumentará la financiación para mejorar el asesoramiento en materia de deuda en los Estados miembros. La Comisión también respaldará iniciativas que ofrezcan asesoramiento local sobre cómo acceder a la información, tanto en línea como fuera de línea. 
[7] por ejemplo, desplegando un conjunto de herramientas electrónicas innovadoras para reforzar la capacidad de las autoridades nacionales de luchar contra las prácticas comerciales ilegales en línea y detectar productos inseguros.