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| Fuente de la imagen: marsjo en pixabay |
No hace mucho, en “Sector esencial y sensible en tiempos de COVID-19”, te recordaba mi interés por el sector del transporte, trasladándote las reflexiones del amigo acerca del transporte de viajeros y su incierto futuro. Sector esencial pero también sensible, por la caída de la movilidad, con la correspondiente afectación de los ingresos y otras ayudas consecuencia de la adhesión de los operadores a los marcos tarifarios integrados, lo que implica irremediablemente una reordenación de los servicios cardinales, estudios de nuevos modelos híbridos de pago, reestructuración del mapa concesional, ajustar costes… por no hablar de la necesidad de incrementar la oferta, a pesar de reducirse la demanda, o la transición ecológica. Recientemente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España (Mitma), ha informado del proceso de participación en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano[1].
Proyecto que parece ser ambicioso en cuanto a su contenido, transversal y con impacto directo en el resto de políticas de carácter económico, social y ambiental, que prevé abarcar fiscalidad del transporte, financiación del transporte urbano y otras subvenciones y ayudas al transporte, planificación y financiación de las infraestructuras de transporte, regulación para el fomento de la movilidad sostenible, regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible, investigación e innovación en transporte y movilidad, regulación de la logística y distribución urbana de mercancías, digitalización y automatización del transporte y datos abiertos, mejora de la competitividad del transporte y otras medidas sectoriales e instrumentos para la gobernanza y participación pública, pudiéndose remitir aportaciones sobre cualquier otro aspecto relacionado con la movilidad que sea susceptible de abordarse en la nueva ley.
Según Mitma, el espíritu es considerar la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico. Ello implica dar respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos que enfrenta nuestro país, colocando al ciudadano y a la movilidad cotidiana en el centro de las decisiones. Entre los distintos objetivos a alcanzar por la futura norma, destacan: avanzar hacia una fiscalidad verde en el transporte; establecer un sistema de financiación del transporte público basado en criterios estables, predecibles y proporcionales; desarrollar un modelo de gobernanza que permita un diseño coherente de las políticas de movilidad; impulsar la innovación y digitalización en el transporte y la logística; y, en definitiva, avanzar hacia un modelo de transporte y movilidad sostenible como factor clave para el futuro de nuestro país[2]. Fuente de la información: Mitma. Fuente de la imagen: marsjo en pixabay.
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[1] a través de la convocatoria de consulta pública previa publicada en la web del Ministerio.
[2] La consulta pública previa estará disponible hasta el 30 de octubre, muestra de la firme voluntad de establecer un verdadero canal de comunicación a través de la participación pública, logrando así una norma que cumpla con las aspiraciones y las necesidades reales de la sociedad en materia de movilidad.