Por un trabajo digno

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El Gobierno de mi país ha aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, con el fin de recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica.  Informa el Ejecutivo que el impacto económico estimado es de 30 millones de euros durante su vigencia, lo que supone un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde 2012. Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MTMMySS), el Plan se dirige contra aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente, lo que provoca una merma en la competitividad y productividad de la economía española, y ataca los derechos fundamentales de los trabajadores.

Las medidas de refuerzo de los recursos humanos contemplan la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores[1]. El Plan Director se enmarca en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la Organización Internacional del Trabajo: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el diálogo social. Además, el Plan refuerza la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales. Una vez valorados los principales problemas detectados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Plan recoge 75 medidas operativas y organizativas, orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, e incumplimientos en materia salarial[2]. 

El Gobierno prevé que todas las medidas que incluye el Plan no van a solucionar la precariedad y la explotación laboral, siendo necesario, adoptar reformas normativas y otras estrategias de choque. En esta línea, hay dos Planes de choque previstos, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas[3]. Finalmente, el Plan prevé la realización de un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector, y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se evaluarán los Planes de choque[4] y del Plan Director en su conjunto, en julio de 2020 (Fuente de la información: MTMMySS).

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[1] Lo que supone un incremento estimado del 23% del total de la plantilla. 

[2] Asimismo, promoverá la igualdad, la regularización de los falsos autónomos, entre otras figuras.

[3] Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienza el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. 

[4] En enero de 2019.