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El caso es que un profesional de la auditoría, un
administrador concursal, un experto independiente… comienza a ser una rara
avis en la importante actividad de consultoría regulada o formalizada, ya que las leyes que regulan su función o
actividad parece que están diseñadas para excluirlo de ese mercado de trabajo,
más que potenciar su labor reglada o normalizada y posibilitar su acceso en igualdad de condiciones que una gran firma de consultoría.
Mientras, se escucha en mentideros de buena tinta que los concursos,
las auditorías y las consultorías importantes asignados a esas firmas protegidas por la Ley, en muchos casos son realizados por equipos de
becarios o en prácticas, eso sí, supervisados o coordinados por socios y gerentes de esas
firmas presuntamente number one. Sí, las que luego escurren el bulto ante
tremendos fracasos o estafas, como Enron, Bankia, etc., o se embolsan
suculentos aranceles y asignaciones complementarias, cuando menos "alegales".
Al profesional independiente o pyme, sólo le queda el
consuelo de las migajas que le caen, ya sean vía concursos deficitarios, contrataciones
excepcionales de corporaciones locales o empresas que por una u otra razón se
encuentran fuera de ese círculo vicioso que la Ley obliga. Vía una de las corporaciones de profesionales en las que me
encuentro integrado, este fin de semana he llegado al artículo de Carlos Puig de Travy, presidente del Registro
de Economistas Auditores, del Consejo General de Colegios de Economistas, en el
medio de comunicación Cinco Días, que me ha servido de motivación para el post
de esta mañana: “Auditoría en el sector público”[1].
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[1] Puig, Carlos. Auditoría en el sector público. Cinco Días. 2013. Sitio visitado el 21/01/2013.