En España, la normativa General de Subvenciones, Ley 38/2003, y su reglamento, el Real Decreto 887/2006, establecen un marco para regular cómo las administraciones públicas conceden ayudas económicas. Su objetivo principal es asegurar una gestión eficiente del dinero público y garantizar la transparencia en el proceso de concesión (M. Velasco, 2023)
[1]. Pero ¿Qué es una subvención?
[2] Es como una entrega de dinero por parte de una administración pública (AP) a personas o entidades, sin que haya una contraprestación directa por parte de los beneficiarios. Para que se considere una subvención, esta entrega debe cumplir un objetivo específico, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad o la adopción de un comportamiento particular, siempre buscando el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social. La ley aplica a las subvenciones otorgadas por la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas (CCAA) y las entidades locales (EELL), así como por organismos públicos vinculados a ellas. Sin embargo, excluye ciertas operaciones como prestaciones de la Seguridad Social, premios sin solicitud previa, o subvenciones a partidos políticos, que se rigen por su propia normativa. La gestión de estas subvenciones se basa en principios clave como la publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, además de buscar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para ello, es obligatorio elaborar un plan estratégico de subvenciones que detalle los objetivos, efectos esperados, costes previsibles y fuentes de financiación, asegurando la coherencia con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El procedimiento general para conceder subvenciones es la concurrencia competitiva, que significa que se comparan las solicitudes presentadas y se adjudican las subvenciones a aquéllas que obtienen mayor valoración según criterios establecidos previamente. Excepcionalmente, las subvenciones pueden concederse de forma directa, como las que están específicamente previstas en los Presupuestos Generales del Estado o donde existen razones de interés público, social, económico o humanitario que impidan una convocatoria pública. Los beneficiarios de las subvenciones tienen varias obligaciones, como cumplir el objetivo para el que se les concedió la ayuda, justificar el uso de los fondos, someterse a controles y comunicar la obtención de otras ayudas. También, deben dar publicidad al carácter público de la financiación, contemplando la Ley la figura de las entidades colaboradoras, que actúan en nombre y por cuenta del órgano concedente para entregar y distribuir los fondos o colaborar en la gestión, y también están sujetas a obligaciones y controles. Para aumentar la transparencia y combatir el fraude, existe una Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), administrada por la Intervención General de la Administración del Estado, que recoge información relevante sobre las subvenciones concedidas, incluyendo beneficiarios, importes y finalidad. El incumplimiento de las obligaciones puede llevar al reintegro de las cantidades percibidas, junto con los intereses de demora. Además, la ley tipifica infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) y establece un régimen de sanciones. En el ámbito europeo, el Reglamento (UE) 2022/2560 aborda las distorsiones causadas por subvenciones extranjeras en el mercado interior de la Unión Europea.
Este reglamento se aplica a empresas que realizan actividades económicas en el mercado interior de la UE, incluidas las empresas públicas controladas por Estados no miembros de la UE. ¿Qué es una subvención extranjera? Es una contribución financiera otorgada directa o indirectamente por un tercer país (no perteneciente a la UE) que confiere una ventaja a una empresa y que está limitada a una o varias empresas o sectores. Estas contribuciones pueden incluir aportaciones de capital, préstamos, garantías, incentivos fiscales o compensación de pérdidas. La Comisión Europea (CE) es la única autoridad competente para investigar y corregir estas distorsiones. Una subvención extranjera puede distorsionar el mercado interior si mejora la posición competitiva de una empresa y perjudica o puede perjudicar la competencia en dicho mercado. La evaluación de la distorsión considera factores como el importe y la naturaleza de la subvención, la situación de la empresa y del mercado, y el nivel de su actividad en la UE. Generalmente, las subvenciones extranjeras de menos de 4 millones de euros en un período de tres años consecutivos se consideran poco propensas a causar distorsiones. Sin embargo, ciertas categorías, como las garantías ilimitadas o las ofertas indebidamente ventajosas en licitaciones públicas, se consideran muy propensas a distorsionar el mercado. Las empresas que se benefician de subvenciones extranjeras deben cumplir con requisitos de notificación previa a la CE en casos de concentraciones (fusiones y adquisiciones) y en procedimientos de contratación pública que superen ciertos umbrales.
La Comisión puede iniciar investigaciones por su propia iniciativa o a partir de información recibida de Estados miembros o terceros. Si la Comisión determina que una subvención extranjera distorsiona el mercado, puede imponer medidas correctoras. Estas medidas pueden ser estructurales o no estructurales, e incluso pueden incluir el reembolso de la subvención extranjera con intereses. En el contexto de concentraciones, si la distorsión es grave, la Comisión podría exigir la disolución de la operación. La empresa investigada también puede ofrecer compromisos para corregir la distorsión. Concluyendo, tanto la legislación española como la europea buscan asegurar un uso justo y transparente de los recursos económicos y mantener una competencia equitativa, la primera regulando cómo se otorgan las subvenciones nacionales y la segunda cómo se abordan las influencias de las subvenciones de países no miembros de la UE en el mercado único. Fuente de la información: texto referenciado y ordenamiento jurídico enumerado en dicho texto. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[2] En España, la definición legal de subvención está recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Según esta ley, se considera subvención toda disposición dineraria (o, en ciertos casos, entrega de bienes, derechos o servicios) realizada por las Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas que cumpla con los siguientes requisitos: Sin contraprestación directa: La entrega se realiza sin que el beneficiario tenga que entregar algo de valor equivalente o directo a cambio. A diferencia de un contrato, no hay un intercambio de bienes o servicios. Sujeta a un objetivo: La subvención está condicionada al cumplimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento específico, o la existencia de una situación determinada. El beneficiario debe cumplir con ciertas obligaciones materiales y formales. Fin de interés público: El propósito del proyecto, acción o situación financiada debe ser el fomento de una actividad de utilidad pública, interés social, o la promoción de una finalidad pública. Es decir, la subvención busca beneficiar a la sociedad en su conjunto.
