Administración Clara: Conoce Tus Derechos y Trámites

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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (M. Velasco, 2016)[1], es una legislación que se diseñó con el propósito de modernizar y simplificar la manera en que la ciudadanía española se relaciona con el sector público, con la finalidad de establecer un marco común para todos los procedimientos administrativos, incluyendo los sancionadores y los de reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones, además de fijar los principios que rigen la creación de nuevas leyes y reglamentos. Es de aplicación amplia, abarcando la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el sector público institucional en general, que incluye organismos públicos y entidades de derecho público, así como algunas entidades de derecho privado y universidades públicas cuando ejercen potestades administrativas. Una de las transformaciones más significativas que introdujo fue la digitalización completa de la Administración Pública. La meta era que la tramitación electrónica fuera la forma habitual de trabajar, buscando aumentar la eficiencia, reducir costes para ciudadanía y empresas y mejorar la transparencia y las garantías para los interesados o administrados. Aunque las personas físicas generalmente pueden elegir cómo comunicarse con la Administración (electrónica o no), se establece que ciertos sujetos están obligados a usar medios electrónicos. Esto incluye a las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales con colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad, quienes representen a un interesado que ya esté obligado a la vía electrónica y los empleados públicos en sus trámites laborales. Además, las Administraciones pueden extender esta obligación a otros colectivos de personas físicas para determinados procedimientos si se demuestra que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

La normativa refuerza los derechos de la ciudadanía en su interacción con las Administraciones, destacando el derecho a comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico, a recibir asistencia para el uso de medios electrónicos, a utilizar las lenguas cooficiales en su territorio, y a acceder a la información pública, archivos y registros. También tienen derecho a un trato respetuoso, a exigir responsabilidades, y a la protección de sus datos personales. Un aspecto clave es la simplificación de los sistemas de identificación y firma electrónica. Para la mayoría de las actuaciones, basta con acreditar la identidad. La firma se requiere sólo para acciones que demuestren la voluntad y el consentimiento del interesado, como la formulación de solicitudes, la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones, la interposición de recursos, el desistimiento de acciones o la renuncia a derechos. Valida diversos sistemas de firma electrónica, incluyendo aquéllos basados en certificados electrónicos cualificados, garantizando la coherencia con la normativa europea. Para asegurar que nadie quede excluido de la vía electrónica, las Administraciones están obligadas a ofrecer asistencia, permitiendo incluso que un funcionario público realice la identificación o firma electrónica en nombre del interesado si este no dispone de los medios, siempre con su consentimiento expreso. En relación con la documentación, se establece que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por ella, salvo excepciones. Las copias de documentos presentadas por los ciudadanos son válidas y, solamente en casos excepcionales y justificados, la Administración podrá solicitar el cotejo con el original. Se introdujo la obligación para cada Administración de mantener un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos ya finalizados, asegurando su autenticidad, integridad y conservación a lo largo del tiempo. 

Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos, enviando avisos a los dispositivos o direcciones de emails proporcionadas por el interesado para informarle de la disponibilidad de una notificación en la sede electrónica. ¡Ojo! La falta de este aviso no invalida la notificación. Si la notificación electrónica es obligatoria o el interesado la ha elegido expresamente, se considera rechazada si no se accede a su contenido en un plazo de diez días naturales desde que fue puesta a su disposición. En cuanto a los plazos, se incorporó la novedad del cómputo por horas para periodos de menos de 24 horas, estableciendo que los sábados son días inhábiles a efectos de cómputo, al igual que domingos y festivos. Los plazos comienzan a contar a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto o al día siguiente de la fecha en que se produce el silencio administrativo. Si el último día del plazo es inhábil, se prorroga automáticamente al siguiente día hábil. Un concepto importante es el relativo al silencio administrativo, que se produce cuando la Administración no emite y notifica una resolución expresa dentro del plazo legal establecido. Para los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si no hay respuesta en plazo, la solicitud se entiende estimada por silencio administrativo (silencio positivo), salvo en ciertas excepciones donde el silencio tiene un efecto desestimatorio. Estas excepciones incluyen el ejercicio del derecho de petición, casos donde se transfieran facultades sobre el dominio público o servicios públicos, actividades que puedan dañar el medio ambiente y procedimientos de responsabilidad patrimonial. En los procedimientos iniciados de oficio por la Administración, si no hay resolución expresa y pudieran derivarse derechos favorables, las pretensiones se entienden desestimadas; mientras que, en los procedimientos sancionadores o de intervención, la falta de resolución en plazo produce la caducidad del procedimiento. 

Asimismo, integró los anteriores procedimientos especiales en materia sancionadora y de responsabilidad patrimonial como especialidades del procedimiento administrativo común, con el fin de simplificar la normativa y aumentar la seguridad jurídica. Además, se creó un procedimiento administrativo común de tramitación simplificada, aplicable cuando el interés público lo aconseje o el procedimiento no sea complejo, con un plazo máximo de resolución de treinta días. En lo que respecta a la revisión de los actos en vía administrativa, se mantuvieron los recursos tradicionales de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. Sin embargo, un cambio notable fue la supresión de las reclamaciones previas en vía civil y laboral, al considerarse que tenían una escasa utilidad práctica. Finalmente, puso un énfasis particular en los principios de buena regulación para la elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, exigiendo que las iniciativas normativas estuvieran justificadas por el interés general, fueran proporcionales, coherentes con el ordenamiento jurídico (seguridad jurídica), transparentes y eficientes, lo que incluía la obligación de recabar la opinión de ciudadanía y empresas en una consulta pública previa a la elaboración de la norma, así como la mejora de la planificación y evaluación de la normativa en vigor para asegurar que cumplen sus objetivos sin imponer cargas innecesarias. Concluyendo, esta normativa administrativa en su momento representó una reforma que buscaba una Administración Pública moderna, eficiente, accesible y transparente, centrada en la garantía de los derechos de la ciudadanía y la seguridad jurídica en todas sus interacciones. Fuente de la información normativa y texto referenciado. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2016). Reforma Integral del Procedimiento Administrativo Común. Sitio Gestión Empresarial. Visitado el 4/9/2025.