Motivación y Efecto: El Espíritu del Acto Administrativo

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En el marco de la asignatura Derecho Administrativo Turístico (DAT), del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA, el lunes me centré en el acto administrativo, esa piedra angular del derecho administrativo, que se manifiesta como la expresión de la voluntad de la administración pública, una acción que despliega efectos jurídicos directos sobre los derechos e intereses de la ciudadanía. Esta herramienta, esencial en la interacción entre el Estado y quienes lo componen, abarca un amplio espectro de decisiones y acciones, todas ellas encaminadas al cumplimiento de las funciones y deberes públicos. Y es que la naturaleza formal del acto administrativo exige el cumplimiento de requisitos normativos específicos, garantizando así su legalidad y legitimidad. Cada acto, emanado de un órgano competente, debe estar debidamente motivado y registrado por escrito, otorgando transparencia al proceso y seguridad jurídica a la ciudadanía. La motivación, en particular, se erige como un pilar fundamental, detallando los fundamentos jurídicos y los porqués que sustentan la decisión, permitiendo comprender las razones subyacentes y previniendo abusos de poder.

La eficacia del acto administrativo, su capacidad para generar efectos jurídicos desde su emisión se presume válida hasta que se demuestre lo contrario. La notificación a las personas interesadas asegura el conocimiento de las decisiones que les incumben, permitiéndoles ejercer su derecho a recurrir. Los actos administrativos se clasifican según su naturaleza y función, distinguiéndose entre aquéllos de alcance general, aplicables a toda la ciudadanía en determinadas circunstancias, y los de carácter particular, que afectan individualmente a personas específicas. El control de legalidad, ejercido a través de la impugnación ante los tribunales, salvaguarda los derechos de la ciudadanía ante posibles irregularidades o abusos. Este mecanismo judicial fomenta una administración responsable y receptiva. En su esencia, refleja la función del Estado en la regulación de la vida social. Su correcta aplicación, basada en los principios de legalidad, motivación y eficacia, fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas, estableciendo un vínculo donde la transparencia, la responsabilidad y la justicia son pilares de una sociedad equitativa. Fuente del esquema: mvc archivo propio.