El Greco aprueba la regulación de la Fiscalía

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Sí, como lo lees, según el Ministerio de Justicia de mi país (MJ), el conocido como Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), en la Adenda al Segundo Informe de Cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación de España que versa en torno a la "Prevención de la Corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales", destaca importantes avances en el régimen de la Fiscalía General del Estado español (FGE), con la aprobación del Real Decreto 305/2022[1]. Parece que España ha implantado satisfactoriamente siete de las once recomendaciones que se hacían en el primer Informe de Evaluación, estando tres parcialmente cumplidas[2].

Estima el GRECO que se ha introducido de manera satisfactoria un régimen disciplinario para los fiscales, estableciendo un procedimiento para la determinación de responsabilidad, así como, en su caso, el establecimiento de sanciones que, según la gravedad, van desde una advertencia hasta la separación del servicio[3]. La nueva norma consagra el principio de imparcialidad por el que el Ministerio Fiscal no está sujeto a instrucciones o indicaciones y el principio de publicidad de las resoluciones del fiscal general relativas a los nombramientos, remociones y destacamentos, convocatorias o avisos[4].

¿Y con lo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no nos felicita? Con respecto a los jueces, el GRECO ha considerado preocupante que la designación de los miembros del CGPJ lleve cuatro años paralizada. Por ello, ha instado a España a abordar este asunto de manera prioritaria, así como a seguir avanzando en la percepción de independencia del órgano de gobierno de los jueces. En el plano parlamentario, nos tira de la oreja con la pendiente regulación de la relación entre diputados, senadores y lobbies, regulación en la que se está trabajando en la actualidad[5]. Fuente de la información: MJ. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal.

[2] El GRECO ha considerado cumplida la recomendación XI, en la que instaba a España a desarrollar un marco normativo específico para asuntos disciplinarios en el Ministerio Fiscal, para que esté investido de las garantías apropiadas de equidad y eficacia, y sujeto a una revisión independiente e imparcial.

[3] Destaca que este procedimiento contiene todas las garantías de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables, proporcionalidad, derecho a ser oído o posibilidad de recurso, entre otros aspectos.

[4] El GRECO ha apremiado a España a seguir avanzando y reforzando la autonomía de la Fiscalía, al ser un tema que sigue suscitando la preocupación de la opinión pública.

[5] Sigue existiendo opacidad en lo que tiene que ver con los contactos de los diputados con los grupos de interés. A su vez, se hace eco del Informe Anual de la Oficina de Conflictos de Interés de las Cortes Generales emitido el pasado julio, en el que se señala que 207 miembros de la Cámara Baja no han hecho pública su agenda, y tan solo 78 han hecho pública su agenda parlamentaria y su agenda personal.