Menos Alumnos y Menos Jornada de los docentes

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Hace unos años, se establecieron una serie de medidas relacionadas con el sector de la educación en mi país, con el fin de racionalizar el gasto público en el ámbito educativo[1]. Según el legislador de turno, el objetivo perseguido no era otro que intentar proporcionar a las Administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitieran conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. En aquella coyuntura económica se hacía necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos para contribuir a la consecución del “inexcusable” objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea, pero a costa de medidas tales como el incremento de la ratio alumno/aula o de la jornada de los docentes. 

Las medidas afectaban a todos los niveles educativos (universitarios y no universitarios) y combinaban acciones de carácter excepcional, cuya aplicación se justificaba por la coyuntura económica en aquellos momentos, con otras de carácter estructural que introducían "novedades" para mejorar la eficiencia del sistema educativo español. Así, por ejemplo, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, se fijaba con carácter mínimo el horario lectivo que debería impartir el profesorado en los centros docentes públicos en garantía del cumplimiento de los objetivos, competencias básicas y contenidos de las distintas enseñanzas, concretados en los currículos; posibilitando un "grado razonable" de flexibilidad en el número de alumnos por aula, en tanto subsistieran en la normativa básica en materia de oferta de empleo público las medidas limitativas de incorporación de personal de nuevo ingreso. 

Pues bien, el actual Ministerio español de Educación y Formación Profesional (MEyFP), tiene intención de promover una normativa que revertirá los recortes educativos introducidos mediante el Real Decreto Ley 14/2012 antes referenciado. Las tres medidas que el anteproyecto quiere suprimir son: la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula; el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes[2] y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja. En cuanto a la eliminación del incremento de la jornada lectiva de los docentes, si bien no será una medida obligatoria, según el Ministerio, cada Administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno, devolviendo, de esta manera, a las comunidades la capacidad de determinar la carga lectiva de sus docentes[3]. Fuente de la información: MEyFP. 

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[1] El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Publicado en el BOE núm. 96, de 21/04/2012. Entrada en vigor: 22/04/2012. Referencia: BOE-A-2012-5337. 

[2] Como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria. 

[3] Estas medidas entrarían en vigor para el curso 2019/2020, salvo en el caso de la relativa a las sustituciones, que entrará en vigor con la vigencia de la ley.