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Andan cabreados algunos de los profesionales de la Justicia en mi país ante los sensibles desajustes que se han registrado en el aplicativo Lexnet. Basta repasar la noticia en los medios de comunicación para cerciorarse de este disgusto consecuencia de un fallo crítico en el sistema[1]. Si bien el Ministerio de Justicia es el primer responsable de esta situación, por lo que su máximo representante debería dar explicaciones lo antes posible, no es menos cierto que detrás de estos temas tecnológicos siempre están entidades privadas que cobran ingentes cantidades por los desarrollos informáticos. M, Méndez publicó hace unos días en el Confidencial la relación de empresas que en distintos momentos han participado en la creación de este presunto monstruo (Si quieres acceder al artículo te dejo linK "Desastre LexNet”). Como dice un amigo, las de siempre en este sector: Avalon, Sermicro, Satec, Indra, Iecisa o Novasoft. En fin. Rasques por donde rasques… Así nos va a los “españolistos”.
El caso es que las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración del Estado (AGE) son temas muy sensibles en el que todos somos responsables, desde el propio Gobierno hasta el usuario de a pie, pasando, obviamente, por los desarrolladores de los procedimientos y el resto de economías de escala y, sobre todo, esos intereses políticos, empresariales y mediáticos que pululan alrededor. Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España ha publicado el Informe Reina 2017[2]. Se lee en su presentación que[3] se creó en mi país la Comisión de Estrategia TIC, a la que le correspondía, entre otras, la función de “actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital”. Con tal fin, la Comisión de Estrategia TIC realiza la recogida de “información de los recursos tecnológicos, humanos, económicos y de contratación relacionados con las tecnologías de la información” y publica en el Portal de Administración Electrónica (PAe) informes periódicos presentando los resultados de estos estudios.
En el estudio, es interesante el desglose de los servicios informáticos en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones., así como el estudio del personal TIC basada principalmente en la utilización de datos de número de efectivos en lugar de número de dotaciones y en la revisión por parte de las unidades informantes de la selección de puestos TIC extraídos del Registro Central de Personal. El informe describe los gastos informáticos, las inversiones en equipo físico, gastos de software, servicios informáticos, estructura del parque, antigüedad de éste, distribución de los equipos por marcas, software y personal TIC. El ámbito del informe comprende: las Organizaciones Central, Territorial y Exterior de la Administración General del Estado; los Organismos Autónomos dependientes de los Departamentos Ministeriales; las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; las Agencias Estatales y Entidades Públicas Empresariales[4] (Fuente de la información: MHyFP; Fuente de la imagen: pixabay).
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[1] Más problemas para el sistema telemático de Justicia: caídas y ..., El Confidencial; El Ministerio de Justicia pide disculpas por el fallo de LexNET, Noticias Jurídicas; La chapuza de LexNET: Catalá debería dimitir, Vozpópuli; Exigen comparecencia urgente al Ministro de Justicia por la crisis ..., Diario16; La plataforma LexNet vuelve a funcionar tras un fin de semana de.., 20minutos.es; «El fallo de Lexnet afecta al honor de las personas»; La Rioja. Sitios visitados el 02/08/2017.
[2] Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ. Sitio visitado el 02/08/2017.
[3] Tras la última modificación normativa mediante Real Decreto 806/2014, de 26 de septiembre.
[4] Y otros Organismos Públicos, como ADIF, AENA, AEPD, Agencia Tributaria, IDEA o CNMV.