Del Papel a la Calle

Fuente de la imagen: mvc realizado con el recurso notebook

Invitado por institutos académicos ecuatorianos, este verano he estado colaborando virtual y sincrónicamente en varios fórums y tertulias universitarias para compartir reflexiones sobre la economía circular del país. La propuesta de participación girada por los comités científicos fue consecuencia o derivación de algunas de mis publicaciones sobre su transformación productiva (Velasco, 2021, 2023, 2024, 2026). En una de las intervenciones expuse que, si bien la adopción del concepto del Buen Vivir o Sumak Kawsay y el diseño del Libro Blanco representan esfuerzos loables para desligar el crecimiento económico del consumo material, la realidad empírica plasmada en resultados macroeconómicos devela que el crecimiento del producto interno bruto ha llegado en algunos periodos al 127% frente a una mejora de solamente el 15.7% en el desarrollo humano, es decir, la riqueza material ecuatoriana continúa sustentada sobre la extracción de recursos no renovables con elevados costes socioambientales. A pesar de que los documentos oficiales destacan un proceso participativo de co-creación multisectorial, de todos modos es visible que los talleres virtuales realizados durante la emergencia de salud generaron un sesgo de representación que marginó a las comunidades agrícolas e informales sin acceso estable a internet, limitando la integración de conocimientos ancestrales de conservación material. Para que el marco sistémico deje de ser un esquema teórico abstracto, resulta indispensable reconfigurar las bases del diálogo, trasladando las mesas de consulta presenciales directamente al territorio rural para que las directrices de conservación de suelos y reducción de desperdicios respondan a las realidades locales.

Fuente imagen: Hoja de Ruta Economía Circular en Ecuador. Sitio Economía Sostenible (Velasco, 2021)

Durante otros segmentos de las distintas mesas redondas, centré la exposición en las presumibles debilidades operativas de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva y en la difícil situación de los gobiernos locales. Conviene examinar cómo el texto legal traslada deberes complejos de separación domiciliaria obligatoria y valorización a los municipios, de todas maneras, más del sesenta por ciento de los cabildos del país carece de sistemas funcionales de recolección diferenciada en el origen, viéndose obligados a subsidiar hasta cerca del ochenta por ciento del costo total del servicio. Esta asimetría presupuestaria vacía de contenido la obligatoriedad de la ley, puesto que la mayoría de los cantones carece de infraestructura básica de medición, como balanzas digitales, imposibilitando el registro estadístico exacto de los flujos de descarte. Aun así, la ley previene sanciones débiles que consisten únicamente en la exclusión de un registro voluntario para las corporaciones que incumplan sus reportes, o multas basadas en el daño ambiental cuya cuantificación económica es sumamente compleja. Además, permitir la importación de residuos no peligrosos bajo la premisa de abastecer a la industria manufacturera nacional, cuando los sistemas públicos digitales de trazabilidad y el Registro Único aún se proyectan de manera progresiva a cuatro años, expone a las aduanas nacionales a un escenario de nulo control sobre materiales post-consumo de dudoso origen. Esta falta de coherencia también afecta el amparo social de los recicladores de base, ya que su afiliación especial al régimen de seguridad social se encuentra condicionada a la ejecución de estudios demográficos futuros, postergando un derecho laboral impostergable.

Fuente imagen: Ley de Economía Circular Inclusiva en Ecuador. Sitio Economía Sostenible (Velasco, 2021)

En el último foro, propuse un conjunto de reformas operativas de viabilidad técnica para superar estos vacíos y aterrizar las metas nacionales. Planteé condicionar los incentivos fiscales previstos en el Código Orgánico de la Producción a la firma de acuerdos de logística inversa vinculantes entre las grandes corporaciones y los municipios, forzando a las marcas comerciales a financiar la recolección de sus envases y enseres al final de su vida útil. Para solventar las carencias estadísticas municipales, se requiere un programa público de pesaje digital que viabilice la ejecución de auditorías de marca en los rellenos sanitarios, fijando metas de Responsabilidad Extendida del Productor basadas en el volumen real de descarte de cada empresa. En lugar de diseñar costosas megaplantas centralizadas de tratamiento químico, es oportuno instalar tecnologías de base biológica descentralizadas, tales como filtros de microalgas, para cerrar de forma local el ciclo hídrico en cantones rurales, recuperando nitrógeno y fósforo para generar biofertilizantes que sustituyan a los importados. Asimismo, la formalización laboral debe ensanchar su espectro e incorporar a la economía popular y solidaria, amparando mediante microcréditos y formación técnica a los artesanos, mecánicos y reparadores locales para desincentivar la obsolescencia de los bienes. Estas reformas operativas, complementadas con directrices de arquitectura de opciones que establezcan por defecto alternativas de consumo reutilizables en los locales comerciales, asegurarán que la transición de los flujos de materiales se traduzca en una transformación económica justa, equitativa y plenamente compatible con los derechos consagrados de la naturaleza. Fuente de las imágenes: mvc archivo propio.