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A.
García (2019), en su análisis sobre el cumplimiento normativo en el sector de la economía social, integra la visión que esgrimí en “
Responsabilidad Social y Compliance” (Velasco, 2018)
[1] para fundamentar la necesaria convergencia entre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el
compliance dentro de las cooperativas (García, 2019)
[2]. Sitúa esta referencia dentro de su taxonomía de "riesgos corporativos", específicamente en el apartado dedicado a los peligros derivados de la ausencia de medidas preventivas en materia de responsabilidad social. El autor utiliza mi doctrina para advertir que las cooperativas, a pesar de su naturaleza solidaria, no están exentas de ser instrumentalizadas para fines ilícitos si carecen de controles adecuados sobre sus aportaciones económicas. Esta cita explica que el
compliance no es un concepto aislado, es un sistema transversal que debe velar por que la ética y la transparencia no sean solamente declaraciones de principios, también realidades operativas que protejan la estabilidad y la existencia misma de la entidad.
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Supongo que el motivo de esta referencia doctrinal radica en la identificación de vulnerabilidades éticas en la gestión de fondos destinados a fines sociales, tales como ayudas, subvenciones o aportaciones. García, apoyándose en mi artículo publicado en Diario Responsable, detalla que sin un programa de cumplimiento sólido, estos recursos pueden ser utilizados para ocultar sobornos, cohechos, actos de corrupción o incluso conductas discriminatorias y violentas, permitiéndole argumentar que el "
corporate compliance" debe ser multidimensional, abarcando el cumplimiento de leyes externas, pero, también la gestión de los impactos que la actividad cooperativa genera en sus empleados, miembros y la sociedad en general. En última instancia, la referencia subraya que la legitimación social de una cooperativa hoy en día depende de un engranaje entre la ética, la sostenibilidad y el cumplimiento, evitando así que la "identidad solidaria" se pierda o sea utilizada como fachada para el blanqueo de capitales (lavado de activos) o las infracciones monetarias.
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[2] García Müller, A. (2019). El Compliance en las Coooperativas. Anuario CIRIEC.
