Toda organización comprometida con la ética y la transparencia tiene la obligación de establecer un cauce interno seguro y confidencial para que las personas puedan informar sobre posibles infracciones o irregularidades; este mecanismo es conocido popularmente en mi país como Canal de Denuncias o, formalmente, Sistema Interno de Información (SII). Poner en marcha esta herramienta es un proceso que arranca con una etapa importante de diagnóstico y planificación: el Análisis Preliminar o Fase 1. Dentro de esta etapa, la Asignación Estratégica de Recursos se convierte en el contrafuerte que sostiene todo el sistema (M. Velasco, 2023)[1]. Esta asignación, más que un simple trámite administrativo, es una decisión de alto nivel que conecta directamente la intención de cumplimiento de la entidad con la disponibilidad real de medios para llevarla a cabo. Si la dotación de recursos es inadecuada —por ejemplo, si no se asigna un presupuesto realista o si el equipo es insuficiente— se compromete la viabilidad misma del SII. Una dotación pobre puede generar ineficacia operativa, como largos plazos de tramitación e, incluso, inseguridad jurídica al poner en riesgo el cumplimiento de plazos establecidos para la respuesta. Lo más perjudicial es la pérdida de confianza por parte de la plantilla y terceras personas, quienes podrían optar por no usar el canal interno si perciben desinterés corporativo o falta de medios. Por esta razón, la normativa exige que la persona designada como Responsable del Sistema Interno de Información (RSII) cuente con los medios personales y materiales necesarios para ejercer su función con la debida autonomía e independencia. Este mandato eleva la dotación de recursos a un requisito de cumplimiento ineludible que debe ser ratificado por la máxima dirección de la entidad. Para que el Canal de Denuncias funcione de manera robusta, transparente y eficiente, la planificación inicial debe centrarse en la triada de recursos: financieros, humanos y tecnológicos. En el plano financiero, el presupuesto asignado debe ser suficiente, realista y, sobre todo, plurianual, ya que el SII debe operar de forma permanente.
Este capital debe cubrir partidas como la adquisición y el mantenimiento recurrente de la plataforma tecnológica; el salario y la formación especializada tanto para el RSII como para su equipo de apoyo; y los costes de servicios externos, como la asesoría legal para adaptar la política del sistema o las auditorías periódicas. Justificar esta inversión es clave, pues actúa como una estrategia de mitigación de riesgos que puede limitar el daño económico mediante la detección precoz de irregularidades y minimizar la imposición de multas y sanciones. Respecto a los recursos humanos, el RSII necesita un equipo de apoyo multidisciplinar cuya dedicación sea proporcional al tamaño y la complejidad de la organización. Idealmente, este equipo debería incluir profesionales del área Legal o Compliance (para la calificación de las denuncias), de Recursos Humanos (para gestionar temas laborales) y de Tecnología y Seguridad de la Información (IT) (para garantizar la integridad de las pruebas electrónicas). Finalmente, la asignación de recursos tecnológicos es imprescindible para una gestión eficaz. La herramienta digital debe cumplir rigurosas especificaciones de seguridad, incluyendo el cifrado de extremo a extremo para proteger el contenido y el anonimato técnico, evitando que se recopilen metadatos como direcciones IP que puedan identificar a la persona informante. Además de la trazabilidad procesal, la plataforma debe facilitar un canal bidireccional y seguro de comunicación entre el RSII y quien informa para solicitar aclaraciones, incluso si el informe fue anónimo. La correcta conjunción de dinero, personal cualificado y tecnología segura es lo que convierte el mero cumplimiento en un sistema que genera confianza y protege a quienes alzan la voz. Podemos entender la asignación de recursos al Canal de Denuncias como la construcción de un puente: se necesita el diseño (la política del sistema), el hormigón, el acero y los ingenieros cualificados (la triada de recursos) para asegurar que el puente sea lo suficientemente fuerte y seguro para que las personas que informan (los usuarios) confíen en cruzarlo sin miedo a caerse. Si falta material, la estructura colapsa.
