La piedra angular de la Administración Pública

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El principio de legalidad guía y limita todas las acciones realizadas por las Administraciones Públicas (AAPP), que, al ser personas jurídicas, no actúan por sí mismas, sino que lo hacen a través de sus órganos y de las personas que forman parte de ellos. Las actividades que estas Administraciones llevan a cabo en el día a día son variadas, incluyendo, por ejemplo, la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, el transporte, la educación o los museos y la realización de obras públicas como carreteras, aeropuertos o edificios. Asimismo, abarcan la toma de decisiones concretas que afectan a la vida de la ciudadanía. Algunas de estas disposiciones buscan beneficiar a las personas[1]. Otras, en cambio, pueden ser perjudiciales, como la imposición de una multa o una sanción, o la denegación de una autorización. Lo fundamental es que cualquier cosa que haga la Administración Pública (AP) debe estar expresamente permitida por las normas; a esto se le llama el principio de legalidad, y se encuentra recogido en los artículos 9.3 y 103 de la Constitución Española (CE), lo que implica que la ley funciona como un límite negativo, evitando que la Administración actúe contradiciéndola, y establece un condicionamiento positivo: es la ley la que dicta exactamente lo que la AP puede y debe hacer. Si la Administración actúa sin esta autorización legal previa o si incumple los términos específicos de esa autorización, su actuación será ilegal.

La razón de ser de este principio es clara: dado que la AP existe para defender los intereses generales y no posee soberanía por sí misma, debe ser la ley[2] la que defina esos intereses y respalde sus acciones. Además, si una actuación administrativa tiene la capacidad de restringir o limitar la libertad de las personas ciudadanas, solamente la ley puede autorizar que tal restricción se lleve a cabo. Para cumplir con sus fines, las normas otorgan a las AAPP ciertos poderes o potestades. A veces, las normas son sumamente detallistas sobre cómo debe actuar la AP, regulando cuándo y cómo debe hacerlo; éstas son las potestades regladas[3]. Otras veces, las normas le conceden a la AP un margen de libertad más amplio para decidir cuándo y cómo actuar, lo que conocemos como potestades discrecionales. Por ejemplo, la capacidad del presidente del Gobierno para nombrar a una ministra o un ministro, o la normativa general de carreteras, son potestades donde la Administración cuenta con mayor margen de maniobra. A pesar de que pueda existir este margen de maniobra, toda decisión de la AP debe estar orientada hacia los intereses generales, debiendo realizar lo que sea mejor para la ciudadanía en su conjunto. De hecho, se considera ilegal, y podría constituir un acto de corrupción o desviación de poder, si se utiliza el poder público para beneficiar a unas pocas personas o causar un daño sin justificación[4]. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] como cuando se concede una subvención, una beca, una autorización o una nota positiva en un examen

[2] Como manifestación de la voluntad popular.

[3] Un ejemplo de potestad reglada es el ejercicio de la autoridad sancionadora o tributaria o el otorgamiento de becas a estudiantes, donde la ciudadanía puede anticipar la decisión y, si ésta no se ajusta a la norma, tiene derecho a recurrirla.

[4] Adicionalmente, la AP debe respetar los principios de "buen gobierno" establecidos en la legislación de Transparencia.