Las Venas de la Tierra: La Ley de Minas al Descubierto

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El ordenamiento jurídico de la Minería en mi país (M. Velasco, 2014)[1], trata del modo en que se gestionan los recursos minerales y geológicos en España. Conjetura que la ley anterior, de 1944, era como un coche fiable, pero que con el tiempo se quedó un poco anticuado para las nuevas carreteras y tecnologías. Por eso, a principios de los años 70, se vio que era necesario actualizarla para que la minería española estuviera al día con los avances técnicos y económicos. No se trataba de cambiarlo todo de golpe, sino de modernizar y pulir lo que ya existía, manteniendo los principios que habían funcionado bien durante años. Lo primero y más importante que esta ley deja claro es que todos los yacimientos de minerales y otros recursos que hay bajo tierra, en el mar o en la plataforma continental son propiedad de todos, es decir, del dominio público del Estado. Esto significa que el Estado puede decidir explotarlos directamente o dar permiso a empresas privadas para que lo hagan, siempre bajo ciertas condiciones. Pero hay excepciones: los hidrocarburos (como el petróleo y el gas natural) se rigen por otras normas. Los minerales radiactivos tienen sus propias reglas, pero esta Ley de Minas también les afecta en lo que no esté cubierto por su legislación específica. Para organizar mejor todos estos recursos, la ley los clasifica en cuatro grandes grupos, que llama secciones (A, B, C y D), abandonando las antiguas y a veces confusas subdenominaciones. La Sección A es para aquellos materiales que no tienen un valor económico muy alto y que se suelen vender en un ámbito más cercano. Aquí encontraríamos, por ejemplo, la grava o la arena que se usa directamente para construir carreteras o edificios, sin grandes transformaciones. Normalmente, los dueños de los terrenos donde se encuentren estos materiales tienen preferencia para explotarlos, pero siempre con una autorización y siguiendo un plan. La Sección B incluye cosas como las aguas minerales y termales, que pueden ser minero-medicinales (para balnearios) o minero-industriales (para extraer sustancias útiles). 

Entran las estructuras subterráneas[2] y los yacimientos formados por residuos de otras actividades mineras que aún pueden ser útiles. Para aprovechar esto, también se necesita un permiso especial. La Sección C es la más amplia y quizás la que la mayoría de la gente asocia con la minería: aquí están todos los yacimientos de minerales importantes que no se encuentran en las otras secciones, como el cobre, el hierro, el oro, la plata. Para investigar y explotar estos minerales, se necesitan permisos más complejos. Y, finalmente, la Sección D es para recursos que son de interés energético, como el carbón, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos[3] o las rocas bituminosas. El Gobierno tiene la potestad de cambiar un recurso de una sección a otra si las circunstancias cambian, para evitar que la clasificación sea demasiado rígida. El Estado clasifica, teniendo un papel activo en la minería, programando la investigación de minerales y la revalorización de la minería en general. Puede, incluso, reservarse ciertas zonas del territorio para sí mismo si considera que los recursos que hay allí son de especial interés para el país o la defensa nacional. Estas reservas pueden ser especiales, provisionales o definitivas y el Estado decide cómo investigarlas o explotarlas[4]. Si ya hay alguien con derechos en esa zona, la ley intenta proteger esos derechos[5]. Para que las empresas y particulares puedan buscar y extraer minerales de la Sección C, hay un camino a seguir. Primero, pueden pedir un permiso de exploración, que es como un reconocimiento rápido de grandes áreas por poco tiempo para ver si hay algo prometedor. Si lo encuentran, tienen preferencia para pedir el siguiente permiso. Luego vendría el permiso de investigación, que ya implica un trabajo más profundo para ver qué recursos hay y dónde están. Aquí, la ley fue innovadora porque ya no valía solo con ser el primero en pedir un terreno, sino que el solicitante debía demostrar que tenía la capacidad científica, técnica y económica para llevar a cabo la investigación de forma seria, evitando la especulación que a veces ocurría antes. 

Si los terrenos que estaban reservados vuelven a estar libres, se abre un concurso público para ver quién es el mejor para investigarlos. Si la investigación da buenos resultados y se demuestra que hay un recurso que se puede aprovechar bien, se obtiene la concesión de explotación, que es el permiso para extraer el mineral. Estas concesiones se otorgan por un periodo de 30 años, que se puede alargar varias veces hasta un máximo de 90 años, siempre que se siga demostrando que hay recursos y que se utilizan las mejores técnicas. Una de las grandes novedades de la ley fue cambiar la forma de medir los terrenos mineros. Antes se usaban las "pertenencias", pero la ley de 1973 introdujo la "cuadrícula minera". Imaginen el terreno dividido en cuadrados perfectos en un mapa, cada uno de un tamaño fijo[6]. Esta "cuadrícula" facilita enormemente el registro de datos, ayuda a encontrar terrenos libres y evita problemas de mediciones incorrectas o solapamientos. Los permisos y concesiones se otorgan sobre estas cuadrículas, que deben estar agrupadas y no separadas. También se preocupa por el impacto de la minería. Por eso, el Ministerio de Industria debe realizar estudios para establecer cómo proteger el medio ambiente, y estas condiciones son obligatorias para todas las actividades mineras. Además, los que hacen trabajos profundos en el subsuelo, como perforaciones de más de 25 metros, tienen que informar al Ministerio y al Instituto Geológico y Minero de España, y permitirles acceder para revisar la información. Los derechos mineros no son para siempre si no se usan o se usan mal. La ley establece claramente las causas de "caducidad", es decir, cuándo se pueden perder esos permisos o concesiones. Por ejemplo, si una empresa no empieza a trabajar en el plazo establecido, o si paraliza las labores sin permiso durante mucho tiempo, o si no presenta los planes de trabajo anuales, o si incumple de forma grave las condiciones impuestas, puede perder sus derechos. La idea es evitar que haya terrenos mineros inactivos o que se usen para especular. 

Los derechos mineros se pueden vender, alquilar o hipotecar, pero siempre con el control de la Administración, que debe asegurarse de que el nuevo titular también tiene la solvencia económica y técnica necesaria, especialmente para los permisos de investigación y las concesiones de explotación de la Sección C. Incluso se permite que una concesión de explotación se alquile por partes[7] si la Dirección General de Minas lo autoriza. Si una empresa necesita usar terrenos que no le pertenecen para llevar a cabo sus trabajos mineros, la ley le permite recurrir a la ocupación temporal o la expropiación forzosa, siempre que se declare la utilidad pública de la actividad minera. Esto significa que, aunque el terreno sea de otro, la empresa puede usarlo si es imprescindible para la mina, pero siempre indemnizando justamente a los dueños. Para fomentar una minería más eficiente, la ley promueve la creación de "cotos mineros". Esto es como cuando varias minas cercanas se unen o agrupan para compartir servicios como el desagüe, la ventilación o el transporte de materiales, o incluso para usar conjuntamente las instalaciones de procesamiento de los minerales. De esta manera, se busca reducir el "minifundismo"[8] y aumentar la productividad. El Estado incluso puede obligar a formar estos cotos si se considera de interés nacional. Finalmente, la ley establece quién es el responsable de qué en la administración y qué ocurre si se incumplen las normas. El Ministerio de Industria es el encargado de inspeccionar y vigilar las actividades mineras. Y si se cometen infracciones, se establecen sanciones económicas que pueden ir desde multas leves, graves o muy graves, teniendo en cuenta factores como el peligro para las personas o el medio ambiente, la magnitud del daño, el beneficio obtenido o la intención, exigiendo que los proyectos y la dirección de los trabajos mineros sean llevados a cabo por profesionales cualificados, como Ingenieros de Minas o Licenciados en Ciencias Geológicas. Todo esto se hizo para asegurar una minería más ordenada, segura y provechosa para el país.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2014). Ordenamiento Jurídico de la Minería. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 24/10/2025.

[2] Como cuevas o cavidades que se pueden usar para almacenar algo, protegiendo el entorno.

[3] El calor de la tierra.

[4] Ya sea directamente o con ayuda de empresas.

[5] Agilizando la actuación del Estado si es necesario.

[6] Definido por paralelos y meridianos.

[7] Por ejemplo, solo para un nivel de profundidad o para un tipo de recurso específico.

[8] Muchas explotaciones pequeñas y poco eficientes.