Las Reglas Claras del Empleo Público

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El Real Decreto Legislativo 5/2015, es una normativa que establece las reglas básicas para todos los empleados públicos en España (M. Velasco, 2016)[1]. Al ser un "texto refundido” reúne en un solo documento la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público original de 2007 y todas las modificaciones y otras normas que se habían ido añadiendo desde entonces, con la finalidad de hacer este ordenamiento jurídico más claro, sencillo y coherente, lo que se llama seguridad jurídica, para que todo el mundo pueda entender mejor los derechos y deberes del personal público. También conocido como TREBEP[2], afecta a un amplio grupo de personas, desde funcionarios de carrera, que son la columna vertebral de la administración, hasta los funcionarios interinos (contratados temporalmente), al personal laboral (con contrato de trabajo) y al personal eventual (de confianza o asesoramiento especial). Se aplica en todas las Administraciones Públicas (APP), incluyendo la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas (CCAA), las ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales (como los ayuntamientos) y las universidades públicas, pero para algunos colectivos, como el personal de investigación, el personal docente o el de los Servicios de Salud, este Estatuto actúa como una base general, y ellos se rigen por su propia legislación específica. La filosofía detrás de esta ley se basa en varios principios éticos y de conducta que deben guiar a todos los empleados públicos. Por ejemplo, el servicio público debe estar siempre orientado a la ciudadanía y a los intereses generales, y la forma de acceder a un puesto o de ascender debe basarse en la igualdad, el mérito y la capacidad, no en favoritismos. 

Lo anterior significa que, si alguna persona quiere ser funcionaria, debe demostrar que es la más adecuada para el puesto, tanto por sus conocimientos como sus habilidades para el puesto público al que opta, no por quien conoce. Otros principios clave incluyen el respeto a la ley, la imparcialidad, la transparencia y la búsqueda de la eficacia en la gestión de los recursos humanos públicos. Por ejemplo, un funcionario de carrera tiene opción o disfrute de la inamovilidad, lo que garantiza que su trabajo sea objetivo y no esté sujeto a cambios políticos, ya que no puede ser despedido fácilmente. El Estatuto detalla los derechos y deberes de los empleados públicos. Entre los derechos individuales, además de la inamovilidad para los funcionarios de carrera, que ya mencionamos, tenemos el derecho a un salario justo y a las indemnizaciones correspondientes. Asimismo, se reconoce la importancia de la formación continua, el respeto a la intimidad y la dignidad en el trabajo y el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Un ejemplo de esto último es la cuestión del teletrabajo, que permite trabajar desde casa siempre que las necesidades del servicio lo posibiliten, siendo una opción reversible. Además, se contemplan numerosos permisos, como los de maternidad, adopción o por cuidado de familiares en situaciones graves. Por ejemplo, una funcionaria embarazada tiene derecho a un permiso retribuido. En cuanto a la provisión de puestos y la carrera profesional, la ley establece que el acceso al empleo público se realiza mediante procesos selectivos que aseguren la igualdad, el mérito y la capacidad. Esto se logra a través de oposiciones y concursos, que incluyen pruebas para evaluar a los candidatos. 

Para las personas con discapacidad, se reserva una cuota de las plazas en las ofertas de empleo público, buscando una integración progresiva. Una vez dentro, los empleados pueden progresar en su carrera, ya sea ascendiendo a puestos de mayor responsabilidad (carrera vertical) o mejorando su categoría sin cambiar de puesto (carrera horizontal). La normativa aborda las situaciones administrativas en las que puede encontrarse un funcionario, como el servicio activo, los servicios especiales (por ejemplo, si ocupa un cargo político), o diversas modalidades de excedencia. Estas situaciones regulan cuándo un funcionario está trabajando activamente, cuándo está en una pausa profesional y cómo afectan sus derechos. Por ejemplo, una excedencia por cuidado de hijos o familiares permite un periodo para dedicarse a estas tareas, y el tiempo cuenta a efectos de trienios y carrera. Igualmente, se contempla un régimen disciplinario que establece las faltas (muy graves, graves o leves) y las sanciones correspondientes para garantizar el buen funcionamiento del servicio público. Finalmente, el Estatuto promueve la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, de forma que las políticas de empleo público sean coordinadas y eficientes en todo el territorio español, y se hace a través de órganos como la Conferencia Sectorial de Administración Pública o la Comisión de Coordinación del Empleo Público. Concluyendo, es un decreto que unifica las reglas del juego para todas las personas empleadas públicas en España, con la finalidad de construir una administración profesional, transparente y que preste un mejor servicio a la ciudadanía, al tiempo que garantiza los derechos y deberes de quienes la integran, desde el acceso al empleo hasta la jubilación de la persona empleada.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2016). Estatuto Básico del Empleado Público Sitio iurepost. Visitado el 8/10/2025.

[2] Texto Refundido Estatuto Básico del Empleado Público.